¿Abuso de poder? El FBI quiere conservar la fortuna en efectivo, oro y joyas capturadas en redada de Beverly Hills
Cuando los agentes del FBI pidieron permiso para extraer cientos de cajas de seguridad de las paredes de un negocio de Beverly Hills y llevárselas, el magistrado estadounidense Steve Kim estableció algunos límites estrictos a la redada.
La empresa, U.S. Private Vaults, había sido acusada en una imputación sellada de conspirar para vender drogas y lavar dinero. Sus clientes no fueron involucrados en ello.
Así, el FBI podía confiscar las cajas por sí mismo, decidió Kim, pero tenía que devolver el contenido del interior a los debidos propietarios. “Esta orden no autoriza un registro criminal o incautación del contenido de las cajas de seguridad”, declaró el documento de incautación de Kim, del 17 de marzo.
Sin embargo, el FBI ahora intenta confiscar $86 millones en efectivo, y millones de dólares más en joyas y otros objetos de valor, que los agentes encontraron en 369 de las cajas.
Los fiscales afirman que el decomiso está justificado porque los titulares anónimos de las cajas participaron en actividades delictivas. Sin embargo, no revelaron pruebas que respalden la acusación.
Los propietarios de cajas y sus abogados denunciaron la estratagema como un abuso descarado de las leyes de decomiso, alegando que los fiscales y el FBI intentan pisotear los derechos de aquellos que pensaban que contaban con un lugar seguro para guardar documentos confidenciales, reliquias, oro, monedas raras y efectivo.
Si el FBI quería registrar las casillas, afirman los abogados, primero debía cumplir con el estándar de obtener una orden emitida por un tribunal: detallar una causa probable por la cual podrían encontrarse pruebas de delitos específicos.
El gobierno “no puede tomar cosas sin pruebas con la esperanza de obtenerlas más tarde”, afirmó Benjamín Gluck, un abogado que representa a los poseedores de cajas que demandan al gobierno para recuperar sus propiedades. “La Cuarta Enmienda y las leyes de decomiso exigen lo contrario: que primero tenga la evidencia, para luego poder tomar la propiedad [de que se trate]”.
Las leyes de decomiso permiten al gobierno confiscar activos vinculados a actividades delictivas. El nivel de prueba generalmente bajo lo convierte en una herramienta atractiva para los fiscales, quienes en los juicios penales deben demostrar su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
La vocera del FBI, Laura Eimiller, remitió las preguntas a la oficina del fiscal de Estados Unidos en Los Ángeles.
Thom Mrozek, un portavoz de la oficina, negó que el gobierno estuviera abusando de sus poderes al intentar confiscar las pertenencias de los portadores de cajas.
“Tenemos alguna base para creer que los artículos están relacionados con la actividad delictiva”, señaló.
En general, añadió Mrozek, una serie de factores llevarían al FBI a perseguir la confiscación del contenido de las cajas, como grandes montones de dinero en efectivo guardados por una persona con antecedentes penales, o sin una fuente de ingresos conocida.
La posesión de efectivo en cualquier monto es legal.
Más allá de los $86 millones en efectivo, el FBI busca confiscar miles de barras de oro y plata, relojes Patek Philippe y Rolex, y aretes, pulseras y collares con gemas, muchos de ellos en bolsas de fieltro o terciopelo. El FBI también quiere llevarse los $1.3 millones de dólares en fichas de póquer de un titular de la caja del casino Aria en Las Vegas.
El dinero y los bienes se encuentran entre el contenido de unas 800 cajas de seguridad que el FBI incautó a fines de marzo durante una redada de cinco días en la tienda U.S. Private Vaults, en un centro comercial de Olympic Boulevard conocido por su restaurante tailandés vegano y kosher.
El FBI devolvió el contenido de unas 75 cajas y planea retornar los artículos encontrados en al menos 175 más, porque no había evidencia de criminalidad, señaló Mrozek. Los agentes federales no determinaron quiénes son los propietarios de lo que estaba almacenado en muchas otras cajas.
La acusación establece que U.S. Private Vaults se publicitaba para atraer a criminales que querían almacenar objetos de valor de forma anónima y mantener a raya a las autoridades fiscales. Un propietario y un gerente de U.S. Private Vaults estuvieron involucrados en la venta de drogas, resalta, y los co-conspiradores ayudaban a los clientes a convertir efectivo en oro para evadir las sospechas del gobierno.
Entre los atrapados en la red del gobierno estaba Joseph Ruiz, quien perdió los ahorros de toda su vida en la redada: $57.000 en efectivo. Ruiz, de 47 años, un trabajador del servicio de alimentos desempleado que vive cerca de Crenshaw Boulevard y la Autopista 10, desconfía de los bancos y ve la situación mundial como profundamente inestable, por lo cual guardaba su dinero en U.S. Private Vaults.
Ruiz obtuvo ese dinero después de dos acuerdos legales, uno como indemnización por una lesión en la columna en un accidente automovilístico y otro por violaciones crónicas del código de vivienda en su edificio de apartamentos, relató.
El FBI lo confiscó, rechazó sus peticiones de devolución y ahora avanza para confiscarlo sin explicación “Simplemente me robaron el dinero”, resaltó Ruiz, cuyo trabajo más reciente fue en Gate Gourmet, una empresa de catering de aerolíneas.
Cuando pasó por U.S. Private Vaults, durante la redada del FBI, para reclamar su dinero, un agente federal le preguntó si pertenecía a un cártel de la droga, relató. “Me trataron como un delincuente y no hice nada”, destacó Ruiz, hijo de un policía retirado de Los Ángeles. “Soy un ciudadano respetuoso de la ley”.
Ruiz se unió a Jennifer y Paul Snitko, una pareja de Pacific Palisades que guardaba joyas y certificados de bautismo en su caja de Bóvedas Privadas de EE.UU, para presentar una demanda colectiva contra Tracy L.Wilkison, la fiscal estadounidense interina en Los Ángeles, y Kristi Koons Johnson, quien dirige la oficina de campo del FBI en la ciudad.
Se trata de una de las 11 demandas interpuestas por los inquilinos de las cajas, que buscan la devolución de sus bienes y órdenes judiciales que declaren inconstitucionales las incautaciones. “Colocan a personas como Joseph en este revés. Ellos no hicieron nada malo, pero se ven obligados a litigar contra el gobierno solo para recuperar su propiedad y demostrar su inocencia”, expresó Robert Frommer, abogado de Ruiz y los Snitko.
Frommer es un abogado sénior en el libertario Institute for Justice, en Virginia, donde se especializa en desafiar las confiscaciones del gobierno.
La confiscación es una herramienta polémica utilizada en gran medida en las últimas décadas por las agencias policiales federales, estatales y locales en todo el país. Según los defensores, disuade el crimen con la amenaza de que se confisque dinero en efectivo, automóviles y otras propiedades adquiridas ilegalmente o utilizadas con fines ilícitos.
Los críticos, sin embargo, exponen que, a menudo, la policía y los fiscales abusan de ella y pueden confiscar propiedades de personas incluso si carecen de pruebas que demuestren la culpabilidad de éstas en un juicio penal. Muchas jurisdicciones se han enfrentado a acusaciones de uso excesivo del decomiso para sostener operaciones de la ley.
De 2000 a 2019, las confiscaciones generaron 46.000 millones de dólares para el gobierno federal, según un informe del Institute for Justice.
En el caso de U.S. Private Vaults, el aviso de decomiso del FBI, del 20 de mayo pasado, contra 369 cajas de seguridad, marcó una escalada importante de lo que ya era una demostración pura de poder por parte del FBI y la oficina del fiscal de EE.UU en Los Ángeles.
“Esto definitivamente no huele bien”, señaló el ex fiscal federal David B. Smith, autor de “Prosecution and Defense of Forfeiture Cases”. “No pueden decir, ‘muéstrame que esto es dinero legítimo’. Así no es la ley, y ningún juez les permitirá hacer eso”.
Los poseedores de cajas que no reclamen su propiedad en las próximas semanas la perderán automáticamente. Aquellos que desafían la confiscación tienen dos opciones.
Una vía es admitir que el FBI tiene derecho a tomar el dinero u objetos de valor y solicitar la devolución de, al menos, una parte. La otra es impugnar el decomiso antes del 24 de junio, lo cual requeriría que el gobierno muestre evidencia en la Corte que vincule la propiedad con el delito. El riesgo de altos honorarios legales a menudo disuade a las personas de presentar reclamos.
Jeffrey B. Isaacs, otro abogado de los usuarios de cajas, señaló que los fiscales estaban tratando de “extorsionar a las personas para que expongan sus identidades a fin de investigarlas”. “Esto no tiene precedentes y creo que es muy peligroso”, remarcó.
En sus demandas, los titulares de las cajas afirman que el FBI los está obligando a renunciar a su protección de la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones irrazonables o su derecho de la Quinta Enmienda a no incriminarse a sí mismos.
La intención del gobierno desde el primer día, remarcan los abogados, era registrar todas las cajas -desafiando las órdenes del magistrado- en busca de pruebas contra los clientes.
Desde el principio, la redada planteó desafíos para el FBI.
El caso que los agentes construyeron contra la empresa pareció ofrecer motivos suficientes para que un tribunal autorizara la incautación de las computadoras, cámaras de seguridad y otros equipos comerciales de la compañía, incluidas las cientos de cajas de seguridad que recubren sus paredes.
Al intentar obtener órdenes judiciales para la requisa, los fiscales y los agentes del FBI reconocieron que no tenían poder legal para registrar cada caja en busca de pruebas de delitos, y le aseguraron al magistrado que no sobrepasarían los límites constitucionales.
“Las órdenes autorizan la incautación de las cajas en sí, no su contenido”, expresó la agente del FBI Lynne Zellhart a Kim, subrayando “no” en su declaración jurada solicitando órdenes de registro e incautación. “Al apoderarse de los casilleros de las cajas de seguridad, el gobierno necesariamente terminará con la custodia de lo que hay dentro de ellas”.
Zellhart prometió que el FBI haría un registro cuidadoso del contenido de cada caja, siguiendo sus políticas de inventario escritas para proteger al gobierno contra reclamos de robo o daño y para garantizar que no se almacenara nada peligroso.
También le dijo al magistrado que los agentes “inspeccionarían la propiedad según sea necesario para identificar a sus dueños y la preservarían para su custodia”. Según la política del FBI, escribió, la inspección “no debería extenderse más de lo necesario para determinar la propiedad de ésta”.
El manual legal del FBI para agentes describe las búsquedas de inventario como una función de vigilancia. Los agentes no deben utilizarlos como una artimaña para una “búsqueda generalizada” con el fin de encontrar pruebas de delitos, según dictaminó la Corte Suprema.
Se les permite confiscar contrabando o pruebas que claramente puedan derivar en la detención y condena de un sospechoso por un delito específico. Se encontraron fentanilo, OxyContin y armas en cajas de U.S. Private Vaults, según el FBI.
Sin embargo, Gluck indicó que un “inventario en video”, de 44 minutos de duración, donde se ve a agentes del FBI rebuscando en la caja de una clienta de 80 años “desmiente” las promesas del gobierno al magistrado. En el primer minuto, señaló en documentos judiciales, los agentes sostienen un documento con la información de contacto de la mujer a la cámara, luego abren una serie de sobres sellados y “fotografían cuidadosamente cada página y nota de tipo Post-It en la caja”.
Además, remarcó, el inventario “caótico y descuidado” del FBI de sus objetos de valor no incluyó $75.000 en monedas de oro, que ahora ella intenta recuperar a través de una demanda.
El gobierno, que afirmó haber devuelto todo lo demás que había en su caja, cuestiona el reclamo de monedas faltantes, indicó Mrozek. Al menos dos agentes del FBI estuvieron presentes para todas las inspecciones, y cada caja fue fotografiada o grabada en video, agregó.
“Creemos que hemos hecho el mejor trabajo posible en la contabilidad de todos los elementos”, señaló.
Los perros detectores de narcóticos en la tienda durante la redada alertaron sobre rastros de drogas en la mayor parte del dinero encontrado en las cajas, afirmó el agente del FBI Justin Palmerton en una declaración judicial. Las cajas que contienen ese efectivo están sujetas a investigación criminal, añadió.
La confiabilidad de los perros que olfatean efectivo en busca de residuos de drogas es una fuente de disputas judiciales desde hace mucho tiempo. La alerta de un animal por sí sola no es prueba suficiente de un delito para justificar la confiscación de efectivo, dictaminó la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU en 1994. La Corte citó testimonios de que el 75% de la moneda que circulaba en Los Ángeles estaba contaminada con cocaína u otras drogas ilegales.
El efectivo que el gobierno intenta confiscar fue tomado de 353 cajas en montos que van desde $5.000 a $2 millones, según el FBI. Mrozek se negó a decir si alguna de las acusaciones de actividad delictiva se basó únicamente en alertas de perros.
Daniel Paluch, de 38 años, vivía cerca de U.S. Private Vaults hace un par de años cuando decidió que era un buen lugar para guardar su pasaporte, tarjeta de Seguro Social, registros de vacunación y algunos tesoros familiares.
Una semana después de la redada, le dijo al fiscal federal adjunto Andrew Brown, quien procesa a la compañía, que estaba ansioso por recuperar un brazalete que su abuela había escondido de los nazis durante su confinamiento en el campo de concentración de Majdanek.
“Será difícil para mi familia y para mí soportar el daño o la pérdida de la mayoría de los artículos en mi caja”, escribió Paluch en un correo electrónico. Brown respondió: “Tenga la seguridad de que el contenido de su caja está a salvo y protegido, y que queremos devolver todos los artículos legítimamente retenidos a sus propietarios”. También le dijo a Paluch que el FBI estaba examinando todos los reclamos de los titulares de cajas y lo instó a recopilar registros de lo que había almacenado allí.
Paluch, un abogado de Century City, no tenía un recibo del brazalete, y le respondió a Brown que estaba “un poco perdido en cuanto a qué registros necesitaba” para recuperarlo. Solicitó una copia de la orden judicial que los agentes habían utilizado para confiscar su propiedad, y del recibo de lo que se habían llevado, ambos documentos estándar en cualquier requisa del gobierno.
Brown respondió que Paluch no tenía derecho a una copia de la orden entregada a U.S. Private Vaults, y que tendría que presentar su caso ante el FBI. “No me ofrecí a ser un enlace entre usted y el FBI”, le escribió. “Mi sugerencia de que recopile registros relevantes fue meramente por sentido común. No sé qué procedimientos empleará el FBI para examinar las reclamaciones; sus ideas son tan buenas como las mías”.
El FBI finalmente devolvió los objetos de valor de Paluch. Pero, al igual que Ruiz, se sintió violado. Si bien no tiene nada que ocultar, dijo: “No me gusta que la lupa del gobierno esté sobre mí”.
“Fueron a ‘ver qué encontraban’”, reflexionó Paluch. “Nos pintaron, a todos en general, como criminales”.
Maloy Moore, reportera de The Times, contribuyó con este artículo.
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