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Aprueban extensión de moratoria de desalojo en el condado de Los Ángeles

Además de extender la moratoria, la moción comienza a eliminar gradualmente la prohibición de los desalojos.
(Los Angeles Times)

Se extiende la moratoria de desalojo del condado de Los Ángeles hasta el 30 de septiembre de 2021 tras un hito de la junta de supervisores, cubriendo a más personas para que no queden fuera de su hogares.

La moratoria entró en vigor por primera vez en la primavera de 2020 en respuesta a la pandemia de COVID-19, y desde entonces se ha estado extendiendo para darle a la comunidad que renta la oportunidad de permanecer en sus viviendas.

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“Nuestra responsabilidad ahora es eliminar gradualmente esta moratoria de una manera que garantice que no sacrificaremos nuestro éxito ganado con tanto esfuerzo al mantener a las familias en sus hogares, mientras aliviamos cuidadosamente las reglas sobre los propietarios y regresamos a la normalidad”, dijo la supervisora Sheila Kuehl, autora del movimiento.

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La moratoria del condado incluye protecciones que van más allá de las disposiciones estatales actuales, extendiendo la protección a los desalojos comerciales; prohibir desalojos sin culpa, desalojos para ocupantes no autorizados, mascotas, molestias o para inquilinos que razonablemente niegan la entrada a sus propietarios durante la crisis de salud pública. Las protecciones de alquileres comerciales también se ampliaron en otra moción, según el comunicado del condado.

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Además de extender la moratoria, la moción comienza a eliminar gradualmente la prohibición de los desalojos. Como primer paso, la moción crea una separación limitada para las mudanzas de propietarios de viviendas unifamiliares que se compraron el 30 de junio de 2021 o antes.

La moción también instruye al abogado del condado, en colaboración con el Departamento de Asuntos Comerciales y del Consumidor y los Tribunales, para informar en 30 días sobre la viabilidad y el impacto de exigir a los propietarios que soliciten asistencia para el alquiler antes de emprender acciones legales contra un inquilino que ha sido golpeado financieramente por COVID-19; e inquilinos para documentar el impacto financiero de COVID-19 y mostrar buena fe al solicitar asistencia de renta para pagar el alquiler atrasado.

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“La extensión de tres meses de la moratoria de desalojo y la transición gradual de las protecciones actuales para inquilinos garantizarán que las familias vulnerables y los residentes que experimentaron dificultades financieras puedan permanecer alojados a medida que salimos de la pandemia”, compartió la presidenta Hilda L. Solís.


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