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ICE usa Interpol para deportar a inmigrantes que podrían ser acusados de delitos injustamente

Leonor Gomez, with some of her detained husband's files
Leonor Gómez ha estado haciendo campaña para la liberación de su esposo desde su detención en 2019, en el centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Adelanto, California. El caso de Hugo Gómez depende de si ICE debería usar las “notificaciones rojas” de Interpol como base para la deportación.
(Myung J. Chun / Los Angeles Times)

Hugo Gómez pasa sus días acostado en la litera inferior de la cama de un dormitorio, leyendo la Biblia bajo luces fluorescentes en un centro de detención de inmigrantes un par de horas al noreste de Los Ángeles.

Vuelve una y otra vez al Salmo 40: 1: “Esperé pacientemente al Señor; se volvió hacia mí y escuchó mi llanto”.

Gómez ha estado detenido en el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto desde agosto de 2019, antes de que las preocupaciones sobre la pandemia del COVID-19 vaciaran las instalaciones de la mayoría de los detenidos, dejando solo a aquellos a quienes un juez federal decidió que eran demasiado peligrosos para dejarlos salir mientras continuaban los procedimientos de deportación.

Un pastor evangélico y paisajista de Guatemala, Gómez, de 61 años, ha vivido en Estados Unidos desde 1987 y crio a tres hijas con su esposa en su casa de Hawthorne. Su única condena penal fue por conducir bajo la influencia de alcohol en 1989.

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Durante los últimos dos años, su esposa, Leonor, también pastora, ha estado involucrada en una cruzada para liberarlo.

“La verdad debe salir a la luz”, comenta con frecuencia. Cuando llama, dos veces al día, sus discusiones están llenas de “Te amo”.

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Debbie, la hija de Leonor Gómez, mira por encima del hombro el mes pasado. Hugo, el esposo de Leonor, un pastor evangélico y paisajista de Guatemala, ha vivido en Estados Unidos desde 1987. Criaron a tres hijos en su casa de Hawthorne.
(Myung J. Chun / Los Angeles Times)

Pero hay otra versión más oscura de Gómez, distribuida por el gobierno guatemalteco. Se sostiene que estuvo involucrado en la desaparición forzada, en 1984, de un venerado activista laboral y la detención ilegal de otro, cuando trabajaba para la Policía Nacional de Guatemala, mientras la nación centroamericana atravesaba una guerra civil genocida.

En 2009, después del descubrimiento de millones de registros policiales abandonados, Guatemala envió una solicitud a las fuerzas policiales de todo el mundo para localizar a Gómez para que pudiera ser juzgado. La Organización Internacional de Policía Criminal, abreviado como “Interpol”, emitió una “notificación roja” con una foto que mostraba a un Gómez más joven, con bigote, el pelo negro muy corto y un pliegue entre las cejas.

La Interpol, que sirve principalmente como un registro de información para sus 194 países miembros, no es una agencia de aplicación de la ley, y las naciones no están obligadas a actuar sobre las notificaciones rojas porque no son órdenes de arresto.

Pero Gómez, quien insiste en que es inocente de cualquier delito, no está detenido a la espera de una extradición formal. En cambio, las autoridades de inmigración de Estados Unidos quieren deportarlo a Guatemala. El pastor cree que regresar allí terminaría en un juicio injusto debido a la notoriedad que rodea su caso y, de ser declarado culpable, posiblemente derivaría con su muerte en prisión.

Su caso depende de si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas debería usar notificaciones rojas como base para cualquier deportación, particularmente cuando hacerlo prevalecería sobre los derechos constitucionales del debido proceso.

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Leonor Gómez creó una página de Facebook para su esposo Hugo Gómez. La Organización Internacional de Policía Criminal, o Interpol, emitió una notificación roja con una foto de Hugo, a quien el gobierno guatemalteco acusó de estar involucrado en la desaparición forzada de un activista en 1984 y la detención ilegal de otro cuando trabajaba para la Policía Nacional de Guatemala.
(Myung J. Chun / Los Angeles Times)

ICE ha acusado a Gómez de mentir para obtener su tarjeta de residencia, lo que es motivo automático de deportación. La agencia no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.

Si bien ICE deporta a cientos de miles de personas cada año, por visas excedidas, por ingresar ilegalmente al país, asi como por haber sido sentenciadas por delitos graves o ciertos delitos menores, el caso de Gómez es uno de varios miles en la última década impulsados por notificaciones rojas. Entre 2009 y 2016, la institución deportó a casi 1.800 personas que fueron buscadas por presuntos delitos en sus países de origen.

Muchos expertos legales liberales y conservadores comentan que la práctica es una forma de extralimitación del gobierno y un medio para perseguir a los inmigrantes con un pretexto legalmente defectuoso.

“La razón por la que encuentro este proceso tan objetable es que subcontrata el juicio sobre quién es un criminal a algún gobierno extranjero”, señaló Ted Bromund, investigador principal de la Heritage Foundation, un grupo conservador de expertos en Washington, DC, quien ha estudiado ampliamente la Interpol. “No tengo ningún problema con la deportación de criminales genuinos de Estados Unidos. Pero eso supone que la otra nación en realidad está identificando a los asesinos como asesinos y no a los disidentes políticos como asesinos”.

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Gómez nació en 1959 en Puerto Barrios, una ciudad del golfo cerca de la frontera con Honduras. Se mudó a la capital como estudiante de preparatoria y se graduó de la universidad como contador antes de convertirse en oficial de policía unos años más tarde.

Un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en 1954 contra el presidente electo democráticamente, Jacobo Árbenz, marcó el comienzo de un gobierno militar autoritario y preparó el escenario para la Guerra Civil guatemalteca de 1960 a 1996, entre las fuerzas gubernamentales y varios grupos guerrilleros de izquierda. Fue un conflicto brutal caracterizado por violaciones a los derechos humanos y que mató a más de 200.000 personas, la mayoría de ellos indígenas mayas. El país sigue afectado por la corrupción gubernamental.

El 18 de febrero de 1984, el líder estudiantil izquierdista, Edgar Fernando García, fue secuestrado, torturado y asesinado, mientras que su compañero activista Danilo Chinchilla Fuentes fue detenido ilegalmente, baleado y herido.

Kate Doyle, analista principal del Archivo de Seguridad Nacional, que ayudó a examinar millones de registros de la Policía Nacional de Guatemala que fueron descubiertos en 2005, le mencionó a Intercept en 2019 que los partidarios decidieron no restringir los documentos.

“Fue controvertido entre los archiveros”, indicó a la publicación. “Aunque los documentos están absolutamente repletos de información privada, en parte cierta, en parte absolutamente inventada por la policía, tomaron la decisión de que no podían ser responsables de censurar información que sentían que los guatemaltecos tenían derecho a conocer”.

Esos archivos contienen documentos que nombran a Gómez en relación con la operación que apuntó a los activistas. En uno, del 17 de febrero de 1984, el jefe del Centro de Operaciones Conjuntas de la Policía Nacional ordenó a miembros del Cuarto Cuerpo, unidad a la que estaba asignado Gómez, realizar un operativo de “limpieza”.

Otro documento de dos meses después del operativo afirma que el ahora pastor y tres de sus colegas fueron nominados a un premio por su “acción heroica”, luego de ser atacados por dos rebeldes, a quienes les confiscaron propaganda y armas de fuego. Desde entonces, dos de esos hombres han sido procesados por la desaparición de García y sentenciados a 40 años de prisión.

“Incluso si los funcionarios de alto nivel en Guatemala se benefician de la impunidad, esto no significa que los funcionarios de nivel bajo o medio no sean responsables penalmente por sus acciones”, escribió la abogada de ICE, Ingrid Abrash, en los argumentos finales del caso en enero.

En su sentencia contra los dos oficiales procesados, el tribunal de sentencia en Guatemala señaló que Gómez estaba “en compañía” de otros oficiales cuando García, el activista estudiantil, fue detenido. El mismo documento establece que el operativo perteneció a un grupo de élite dentro de la unidad del ahora pastor y que “las estructuras fueron diseñadas de manera que no toda la policía supiera lo que estaba sucediendo”.

Gómez señaló que trabajó para la policía nacional de 1981 a 1986, pasando de secretario a inspector y, después, a “tercer oficial”. Agregó que nunca arrestó a nadie sin una orden de un juez y nunca disparó un arma de fuego mientras estaba en servicio. Pasó sus días escribiendo informes policiales u ocasionalmente ayudando a otros oficiales con la vigilancia del vecindario, indicó.

Fue despedido por abandonar su puesto para ir a beber. Explica que simplemente entendió mal el protocolo y no se registró en la estación de policía para ser relevado de su deber.

Gómez puntualizó que se convirtió más en un blanco de la violencia guerrillera como expolicía que como oficial con protección institucional. Desde el interior de su casa, la pareja y sus hijos pequeños escuchaban gritos por la noche y se despertaban para ver quién había sido asesinado.

La familia huyó a los Estados Unidos en 1987. Años más tarde, recibieron tarjetas de residencia a través de la Ley de Ajuste de Nicaragua y Ayuda a Centroamérica.

Los abogados de Gómez, cuya práctica legal se centra en las víctimas de persecución, señalan que buscaron una razón para no tomar su caso, pero no pudieron encontrar ninguna “prueba irrefutable”.

“Este no es un asunto de inocencia, es un caso de debido proceso”, indicó la abogada Monia Ghacha.

Bromund, de Heritage Foundation, analizó el caso de Gómez y concluyó que la notificación roja no cumple con los requisitos administrativos de Interpol porque no describe el papel de la persona nombrada en el delito.

En febrero, un juez de inmigración ordenó la deportación del ahora pastor y encontró que había pruebas suficientes para creer que había participado en la operación. Los abogados de Gómez apelaron y el caso sigue pendiente.

“Si bien el Demandado pudo haber estado, o no, presente cuando el Sr. García fue finalmente torturado, era un oficial de policía activo en febrero de 1984 y estaba en la compañía inmediata de dos oficiales que secuestraron al Sr. García”, escribió el juez Nathaniel Walker en su orden.

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El uso de notificaciones rojas por razones predominantemente políticas, militares, raciales o religiosas va en contra de la constitución de Interpol. Pero algunos países, incluidos Rusia, Venezuela y China, son conocidos por desplegar notificaciones rojas contra opositores políticos que huyen de la persecución, detalló Sandra Grossman, abogada de inmigración que se especializa en casos de abuso por parte de Interpol.

A través de los procedimientos civiles de inmigración, los gobiernos extranjeros logran lo que no sería posible bajo el escrutinio de los procedimientos formales de extradición en un tribunal federal.

“ICE hace lo que les corresponde al poner a estas personas en procedimientos de deportación”, señaló.

El historial de Guatemala en el sistema de Interpol no es lo suficientemente sustancial como para concluir que se debe presumir que sus solicitudes son abusivas, argumentó Bromund. Pero al menos un caso de abuso de Interpol, de alto perfil, ha involucrado a Guatemala.

“Generalmente ocurre que las naciones que luchan, o fracasan, para mantener el imperio de la ley a nivel nacional son también las naciones que abusan de las reglas de Interpol”, explicó.

Según la ley federal, las notificaciones rojas por sí solas no proporcionan suficiente evidencia de criminalidad para arrestar a alguien. Un gobierno extranjero puede emitir una solicitud diplomática para el arresto provisional de un sospechoso, pero la oficina del fiscal de Estados Unidos finalmente decide si emitirá, o no, una orden de extradición.

Rachael Billington, portavoz de Interpol, comentó que una notificación se publica solo si cumple con la constitución de la institución. Un grupo de trabajo lleva a cabo revisiones de cumplimiento legal para todas las solicitudes de notificación roja, indicó, y está en proceso de revisar decenas de miles autorizadas antes de 2016.

Billington no respondió directamente a una pregunta sobre el uso indebido de notificaciones rojas, excepto para decir que Interpol revisa constantemente los procedimientos para garantizar “el mayor nivel posible de integridad en el sistema”.

“Cada vez que se trae información nueva y relevante a la atención de la secretaría general, después de que se ha publicado una notificación roja, el grupo de trabajo vuelve a examinar el caso”, señaló.

Desde su detención, Gómez ha escrito anotaciones en su diario detallando su experiencia. El año pasado contrajo el coronavirus, virus que ha impedido que su esposa e hijas lo visiten desde febrero de 2020.

“Mi miedo es fuerte”, escribió en abril, “porque 20 meses encerrados en este centro de detención no solo me han provocado problemas de salud física, emocional y psicológica, sino que la soledad así como el abuso me han llevado a pensamientos suicidas”.

En una entrevista telefónica desde las instalaciones de Adelanto, Gómez comentó que sus problemas comenzaron en abril de 2009, después de que el residente permanente legal iniciara su naturalización para la ciudadanía estadounidense.

A woman holds a framed, black-and-white photo of herself and her husband.
Una foto de Hugo y Leonor Gómez en 2007. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha acusado a Hugo de mentir para obtener su tarjeta de residencia, lo que es motivo automático de deportación. Su caso, sin embargo, es uno de varios miles, durante la última década, impulsados por notificaciones rojas.
(Myung J. Chun / Los Angeles Times)

Unas semanas después, miembros de la familia en Guatemala llamaron para decir que habían comenzado a circular noticias de que se le buscaba para su extradición y arresto. Él cree que fue culpado de manera equivocada al haber sido confundido con otro oficial en un plan con motivaciones políticas para obtener dinero de restitución del gobierno guatemalteco por los crímenes.

Un lunes por la mañana, una década después, Gómez acababa de irse a trabajar cuando seis vehículos de ICE lo detuvieron a dos cuadras de su casa.

ICE comenzó a enfocarse sistemáticamente en las personas con notificación roja alrededor de 2015, a través de un programa llamado Proyecto Rojo. Bromund explicó que sospecha que el deseo de la administración de Obama de parecer rígida con los criminales extranjeros alentó a los funcionarios a confiar más en las notificaciones. Ese deseo se extendió a lo largo del gobierno de Trump.

La circulación de notificaciones rojas se ha multiplicado a lo largo de los años. En 1998, Interpol publicó 737 documentos de este tipo, subrayó Bromund. En 2019, la organización publicó más de 13.000.

Las notificaciones rojas pueden impugnarse directamente a través de la Comisión de Control de Archivos de Interpol (CCF por sus siglas en inglés) que es independiente. Pero ese proceso puede llevar varios meses, y el tiempo no está del lado de los inmigrantes que luchan contra la deportación.

En mayo, los senadores estadounidenses Roger Wicker (republicano por Misisipí) y Ben Cardin (demócrata por Maryland) reintrodujeron un proyecto de ley de 2019 para combatir el supuesto abuso de Interpol que había sido descarrilado por la pandemia. La Ley de Rendición de Cuentas y Prevención de la Represión Transnacional evitaría que cualquier agencia de Estados Unidos arreste a alguien basándose únicamente en una notificación de Interpol sin una orden de arresto adjunta. También evitaría que las agencias federales utilicen estas notificaciones como la única base para detener, deportar o negar la ciudadanía u otros beneficios de inmigración sin pruebas independientes creíbles.

“Los estados autocráticos como Rusia y China durante años han abusado de las notificaciones rojas de Interpol para castigar a sus enemigos políticos”, señaló Wicker en un comunicado de prensa. “Estados Unidos y otras democracias no deberían tener que seguir siendo cómplices de este asalto global al Estado de derecho”.

La instalación de Adelanto, que tiene capacidad para casi 2.000 personas, ha mantenido una población restringida después de que los defensores demandaron por las condiciones de la pandemia y un juez federal ordenó la liberación de decenas de detenidos. Los abogados de los detenidos restantes argumentan que quienes quedan se dividen principalmente en dos categorías: inmigrantes con condenas penales graves o con notificaciones rojas. Dos mujeres que eran buscadas en Egipto y Nicaragua por malversación de fondos fueron puestas en libertad en julio después de que su abogado presentara impugnaciones ante la CCF.

En el teléfono con su esposa, Leonor, la primavera pasada, Gómez comentó que pronto estaría allí con ella, si Dios quiere.

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Leonor Gómez, pastora de la Iglesia de Cristo Lluvias de Paz en Gardena, lleva a cabo un grupo de oración en mayo. “Abra las puertas de Adelanto”, mencionó un feligrés en oración por la liberación del pastor Hugo Gómez del centro de detención de ICE.
(Myung J. Chun / Los Angeles Times)

A principios de mayo, Leonor se reunió con una docena de feligreses en la iglesia de Hawthorne Gardena que ella y su esposo comenzaron en 2019, la Iglesia de Cristo Lluvias de Paz. La mayoría de los 60 feligreses son compañeros inmigrantes guatemaltecos.

Uno por uno, los feligreses tomaron el micrófono para suplicar el regreso de su pastor.

“Abre las puertas de Adelanto”, señaló uno. “Tú eres el Dios de lo imposible. La vida de nuestro pastor está en tus manos”.

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