ICE ordenado a detener redadas masivas y concentrarse en empleadores sin escrúpulos
A través de un memorando que ha dejado a algunos irritados y a otros contentos, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, le ha ordenado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detener las redadas masivas en los lugares de trabajo.
Mayorkas dijo que la administración Biden se centraría en cambio, en perseguir a los empleadores que contratan y se aprovechan de los inmigrantes sin autorización para trabajar en EE.UU.
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La guía inmediata dice que la meta es “cesar las operaciones masivas en el lugar de trabajo”, ya que “el despliegue de operaciones masivas en el lugar de empleo, a veces resulta en el arresto simultáneo de cientos de trabajadores, que no se han enfocado en el aspecto más pernicioso del desafío del empleo no autorizado de nuestro país: empleadores explotadores”.
Poco después de la noticia, grupos antiinmigrantes criticaron la acción de Mayorkas alegando que pone en peligro al país.
“Una vez más, la administración Biden-Harris está ignorando la ley y reemplazándola con sus propias políticas impulsadas bajo el disfraz de ‘establecer prioridades’”, dijo Dan Stein, presidente de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR), una organización en contra de la migración.
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“Desde que asumió el cargo, la administración esencialmente ha destruido la aplicación de la ley de inmigración, no solo en la frontera, sino en comunidades de todo el país”, dijo Stein refiriéndose a que recientemente el DHS anunció que detendría la aplicación de la ley contra todos los extranjeros ilegales en el país que no sean delincuentes violentos o que se consideren amenazas a la seguridad nacional.
“Ahora están dando luz verde a los empleadores para contratar y emplear a extranjeros ilegales, y ordenan que se detenga casi toda la aplicación de la ley en el lugar de trabajo”, manifestó Stein enfatizando que la acción podría alentar a los extranjeros sin documentos a viajar a Estados Unidos.
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No obstante, los activistas proinmigrantes no ven el memorado de esa forma, ya que los trabajadores sin documentos ya laboran en vario sectores.
Nadia Marín-Molina, dijo que el DHS, al contrario, ha comenzado a reconocer el conflicto directo entre la aplicación de la ley de inmigración y la protección de los derechos de los trabajadores en Estados Unidos.
“Ya es hora de que el DHS deje de permitir a los empleadores que utilizan la amenaza de deportación como una herramienta para facilitar la explotación y evadir la rendición de cuentas”, dijo.
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“Al poner fin a las redadas en los lugares de trabajo y reconocer que los trabajadores no deberían tener que soportar la amenaza de deportación cuando se presentan valientemente a denunciar violaciones laborales, esta política comienza a mover al país en la dirección correcta”, agregó.
No obstante, a juicio de Marín-Molina, se debe hacer más, como mínimo, para garantizar que la aplicación de leyes de inmigración racistas y obsoletas no continúe socavando las normas laborales para todos los trabajadores.
“Particularmente porque el Congreso parece incapaz de lograr una reforma legal, el DHS y el Departamento de Trabajo deben laborar juntos para ofrecer un proceso claro e inequívoco a fin de incentivar y proteger a los denunciantes inmigrantes en el lugar de trabajo”, dijo.
Los trabajadores de la construcción en Las Vegas, los trabajadores avícolas en Mississippi y los jornaleros y trabajadores domésticos en todo el país que han estado planteando estos problemas, han dicho que continuarán presionando para que llegue el día en que puedan acceder a los derechos laborales básicos sin temor, independientemente de su estatus migratorio.
Sergio Gonzales, director ejecutivo del Immigration Hub, dijo que el memorando del DHS es una “gran victoria para los trabajadores y las familias”.
“Más que solo las medidas de seguridad tan necesarias para los lugares de trabajo, este es un cambio de política significativo que centra los derechos de todos los trabajadores y reconoce que ya no podemos ser un país que separa familias”, expresó Gonzales.
“La redada de Mississippi de 2019, en la que 680 personas fueron arrestadas en un solo día, sirve como un recordatorio crudo y desgarrador del miedo y el caos que sufren los trabajadores indocumentados y sus familias que se quedan sin sus seres queridos o respuestas”, dijo.
Además, los nuevos cambios descritos en el memo proporcionarían protección contra la deportación para los trabajadores que denuncian violaciones laborales, lo que significa mayores repercusiones para los empleadores que se aprovechan de la condición de indocumentados de sus trabajadores para robar salarios u obligarlos a trabajar en condiciones inseguras.
Por ahora, el DHS está pidiendo a ICE, a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que presenten planes dentro de los 60 días para abordar el trato abusivo de los empleadores a los empleados inmigrantes sin documentos.
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