Mientras trabaja para despejar los campamentos de la ciudad, Kevin de León libra una lucha creciente con los activistas
Durante el último año, Kevin de León, concejal de la ciudad de Los Ángeles, centró gran parte de su energía en reducir la cantidad de campamentos en su distrito del lado este, trabajando con agencias locales para sacar a las personas de las calles y trasladarlas a viviendas temporales u otros refugios.
La primavera pasada, señaló, su oficina logró trasladar a 74 personas desamparadas de una franja mediana en El Sereno a dos moteles reconvertidos. Seis meses después, decenas más fueron reubicadas de una sección de dos cuadras de Main Street en el centro. Y desde el Día de Acción de Gracias, su equipo, en conjunto con trabajadores comunitarios, trasladaron a otras 90 fuera de los campamentos que han rodeado durante mucho tiempo el Monumento Histórico El Pueblo de Los Ángeles a viviendas temporales.
Corrección:
3:15 a.m. en. 19, 2022A previous version of this article mentioned the group Jtown Action. The group’s name is J-Town Action and Solidarity.
Esos esfuerzos pusieron a De León -un político veterano conocido por su desafío de centro izquierda a la senadora estadounidense Dianne Feinstein en 2018- en conflicto directo con algunos de los defensores de las personas sin hogar más abiertos de la ciudad, quienes dicen que sigue una política de “destierro” para los desamparados de Los Ángeles.
De León, candidato a alcalde, respondió la semana pasada contra esos críticos. En una reunión del concejo y en entrevistas acusó a los activistas de El Pueblo de tratar de persuadir a las personas sin hogar para que permanezcan en la banqueta, donde “no tienen plomería, ni calefacción, ni servicios de ningún tipo”.
“Estamos invirtiendo decenas de millones de dólares de los contribuyentes para conectar a nuestros vecinos sin hogar con viviendas”, remarco. “Y ver a la gente sabotear y socavar este trabajo debería enfurecer a todos los angelinos”.
Los activistas han denunciado esos comentarios, alegando que son falsos y no están respaldados por ninguna evidencia. Mientras tanto, las declaraciones de De León representan solo un ejemplo de los mensajes agresivos que están adoptando los candidatos a alcalde sobre la crisis de personas desamparadas.
El concejal Joe Buscaino prometió durante meses que buscaría una medida electoral que prohíba acampar en los espacios públicos de Los Ángeles. La representante Karen Bass (D-Los Ángeles) dio a conocer su plan la semana pasada para eliminar los campamentos callejeros, que dice que la ciudad no puede tolerar el “tráfico de drogas al aire libre” y la violencia que “se esconde detrás de tiendas de campaña”.
La semana pasada, De León acusó a Street Watch Los Ángeles, un grupo formado en parte por la sede local de Democratic Socialists of America, de intentar disuadir a las personas de aceptar habitaciones en LA Grand, un hotel convertido en un refugio temporal para desamparados, en respuesta al COVID-19. Esos activistas, declaró en una entrevista, también han aconsejado a gente en El Pueblo de no aceptar habitaciones en Hilda L. Solis Care First Village, una instalación de vivienda provisional cerca de Union Station.
De León contó que, el mes pasado, su personal le informó de al menos dos personas sin hogar a las que se les había ofrecido 20 dólares para quedarse en la acera de El Pueblo. Una de esas ofertas de “soborno”, detalló, la hizo el mes pasado alguien que se identificó como representante de Street Watch. Ese incidente fue presenciado por dos de sus asistentes, pero se negó a revelar sus nombres.
Los defensores de las personas sin hogar respondieron con furia, alegando que De León miente sobre los voluntarios que entregan agua, mantas y otros suministros esenciales a los más necesitados de la ciudad.
Miguel Camnitzer, un organizador de Street Watch, calificó la acusación de sobornos de 20 dólares como “evidentemente absurda”, y consideró que tales declaraciones deberían descalificar a De León para convertirse en alcalde.
Los organizadores de Street Watch no les dicen a las personas sin hogar que rechacen las ofertas de habitaciones de hotel u otro albergue, añadió. “Lo que sucede es que los empleados de Kevin de León […] están obligando a la gente en contra de su voluntad a ubicarse en refugios temporales que no siempre son adecuados para ellos”, destacó Camnitzer, un escritor que vive en el centro. “Queremos recordar a todos que los ciudadanos sin vivienda merecen la autodeterminación sobre sus propias vidas y deberían poder elegir lo que es mejor para ellos”.
Después de escuchar algunas de las acusaciones de De León, la semana pasada, los activistas publicaron su número de teléfono celular privado en Twitter y movilizaron a sus aliados para bombardearlo con llamadas y mensajes.
“No hay paz para los políticos corruptos que cometen violencia contra nuestra gente”, escribió Steven Chun, organizador de Jtown Action y otros grupos.
En un correo electrónico, Chun acusó a De León de intentar silenciar a los activistas que luchan por la supervivencia de aquellos sin hogar de Los Ángeles. El público no necesitaría una “línea directa” al celular de De León, expresó, “si realmente hiciera su trabajo y fuera receptivo y responsable”.
De León, a su vez, consideró que sus críticos intentan silenciarlo recurriendo al acoso. Esa campaña, destacó, es la razón por la que no ha proporcionado los nombres de los empleados que presenciaron los sobornos. “Cuando quieren intimidar, cuando desean acosar, publican tu número celular, tu información”, dijo. “Revelan tus datos privados”.
De León comenzó el trabajo en El Pueblo en octubre, revelando un plan para establecer zonas de no acampe en el área, que prohíban a la gente dormir, acostarse o almacenar pertenencias en las banquetas locales. Street Watch luchó contra ello, alegando que empujaría a las personas a un sistema de refugio superpoblado que “perpetúa aún más los ciclos de falta de vivienda y pobreza”.
Las zonas de no acampar se aprobaron en noviembre y, en cuestión de semanas, el personal de la oficina de De León y otras agencias públicas iban de carpa en carpa, ofreciendo habitaciones en L.A. Grand y otras instalaciones.
Camnitzer y otros voluntarios de Street Watch estaban en la escena, grabando esas interacciones con sus teléfonos y criticando a De León por incluir a agentes del sheriff en el operativo.
A principios de enero, los trabajadores comunitarios habían logrado trasladar a 93 personas a viviendas temporales u otros lugares, según cifras proporcionadas por la oficina de De León. De ese total, 57 fueron al L.A. Grand, uno de los sitios de Project Roomkey de la ciudad.
En ese lugar, la ciudad gasta aproximadamente 6.651 dólares al mes por habitación para proporcionar vivienda y servicios, destacó Matt Szabo, oficial administrativo. La instalación ofrece 483 habitaciones para residentes desamparados.
Camnitzer, el organizador de Street Watch, describió el L.A. Grand como una “cuasi prisión”, señalando que los residentes tienen un toque de queda nocturno, no pueden tener invitados y sus habitaciones son registradas regularmente.
Algunas de las personas sin hogar cerca de El Pueblo brindaron una evaluación similar. Scott Carter, un ex trabajador de almacén que ahora vive en Broadway y la Autopista 101, relató que los trabajadores comunitarios le plantearon la idea de mudarse al L.A. Grand. Sin embargo, no tiene interés en vivir en una instalación donde prohíben fumar, a la cual no puede llevar invitados y tiene horario de toque de queda a las 10 p.m. “No hay libertad”, destacó. “Eso es como ir a prisión”.
En el L.A. Grand, los residentes pueden fumar fuera de la entrada del vestíbulo, pero no en el interior. Los invitados están prohibidos, comentaron los funcionarios de la ciudad, para limitar la propagación del COVID-19, la venta de drogas y la prostitución.
Aunque, no todos los que salieron de las banquetas de El Pueblo terminaron allí. Veinte personas se mudaron al área de viviendas provisionales de Solís en la calle Vignes, donde cada recámara tiene una ducha, un microondas y una pequeña nevera. Diez tomaron habitaciones en un hotel de Project Roomkey en Westlake, y el resto se fue fuera del estado o está en otras instalaciones, comentó Pete Brown, un portavoz de De León, quien estimó que casi 20 individuos permanecen en las aceras alrededor de El Pueblo.
De León, quien se unió al concejo en 2020, es uno de varios miembros de la agrupación que se han enfrentado con los defensores de las personas sin hogar durante el último año. En agosto, Buscaino terminó abruptamente una conferencia de prensa después de que estallara una pelea entre uno de sus asistentes y un grupo de manifestantes.
Unos meses antes, los activistas interrumpieron una ceremonia de inauguración de una instalación de “casa pequeña” de 200 camas, en North Hollywood. En ese evento, protestaron por la decisión de la ciudad de despejar campamentos en el área donde se construyó la aldea de 103 unidades.
Cerca del final de la ceremonia, el concejal Paul Krekorian arremetió contra quienes criticaron esas aldeas como una serie de “pequeños cobertizos”. Una de esas pequeñas casas, dijo, había ofrecido privacidad y una puerta cerrada con llave a una mujer sin hogar que había sido violada mientras vivía en su tienda. “¿Cómo se atreve la gente a decirle a esa mujer lo que es bueno para ella y lo que no lo es?”, preguntó. “Creo que ella sabe mejor que esas personas que pasan su tiempo tuiteando y en Instagram”.
De León pronunció un discurso similar la semana pasada, señalando que las aldeas de casas pequeñas ofrecen habitaciones con calefacción, acceso a duchas y lavadoras y secadoras.
Aunque, esos mensajes se han complicado por el aumento de la variante Ómicron del coronavirus.
L.A. Grand ha estado en cuarentena, según un letrero colocado en el exterior del edificio la semana pasada. La aldea de vivienda provisional de Solís está experimentando un brote, y hay cuatro residentes con orden de aislamiento, detalló Tonja Boykin, directora de operaciones del Centro Weingart, quien maneja la instalación.
Debido a que la instalación de Solís tiene habitaciones y baños separados para cada residente, de hecho, es un “gran lugar seguro” para recuperarse de una enfermedad, destacó Boykin el viernes. “Estás en cuarentena en tu propia habitación”, comentó. “Hay televisores. Te llevan la comida”.
Hasta el viernes, el sitio de Solís no tenía vacantes. Mientras tanto, algunos en las aceras cerca de El Pueblo todavía esperan ayuda y remarcan que con gusto aceptarían una habitación en el L.A. Grand.
Gary De La Cruz, quien ha vivido en un paso elevado de la Autopista 101 durante aproximadamente un año, ha intentado sin éxito ingresar al L.A. Grand y todavía espera su vacante. A sus 57 años, el hombre ya sabe lo primero que haría si tuviera una habitación: “Tomaría una larga y buena ducha”, aseguró.
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