¿Tienes pruebas de que el catalizador es tuyo? Aquí debes presentar una prueba válida de propiedad

Carlsbad, que se enfrenta a una oleada de robos de catalizadores en todo el país, se ha convertido en la primera ciudad del condado de San Diego en prohibir la posesión ilegal de estas piezas de automóvil.

Cualquiera que tenga un catalizador que no esté conectado a un vehículo debe estar preparado para presentar una prueba válida de propiedad, según una ordenanza aprobada por unanimidad el martes por el Ayuntamiento de Carlsbad.

La prueba de propiedad debe incluir el número de matrícula y el número de identificación del vehículo del que se retiró el catalizador, también el nombre, la dirección y el número de teléfono del propietario del vehículo, la firma del propietario autorizando la retirada, y el nombre, la dirección y el número de teléfono del propietario actual del catalizador.

Los infractores serán culpables de un delito menor castigado con una multa de hasta 1000 dólares, la reclusión en la cárcel del condado durante un máximo de seis meses, o ambas cosas. La ordenanza entrará en vigor 30 días después de su aprobación, lo que requiere una segunda lectura ante el Ayuntamiento.

Los catalizadores son una parte fundamental del sistema de escape de los vehículos, necesarios por su capacidad de reducir las emisiones. Cada dispositivo contiene costosos metales preciosos como el platino, el paladio y el rodio, que actualmente se venden a más de 11 mil dólares la onza.

“Como el precio de estos metales ha aumentado, especialmente durante la pandemia, también lo ha hecho el incentivo para que los ladrones roben convertidores catalíticos y los vendan a otros que puedan extraer los metales”, dijo al Ayuntamiento la capitana de la policía de Carlsbad, Christie Calderwood.

La sustitución de un catalizador y la reparación de los daños suelen costar al propietario del vehículo más de 2000 dólares, dijo.

La reparación suele ser inmediata porque es ilegal conducir un auto sin la pieza, y sin ella el auto hará un ruido incómodo porque está desconectado del silenciador.

Los robos son fáciles porque la pieza se encuentra fácilmente debajo del vehículo y se puede extraer con una sierra de vaivén en uno o dos minutos. Los almacenes de chatarra las compran, y los robos son difíciles de perseguir porque no hay números de serie en la pieza y la víctima suele ser difícil de identificar.

Los Toyota Prius son el objetivo más frecuente, seguidos de los Honda Elements y Accords.

Los robos de catalizadores en todo el condado pasaron de 393 en 2020 a 2230 en 2021, dijo Calderwood. Solo se recuperaron 42 de estos dispositivos en 2021, y los daños totales se estimaron en 5.5 millones de dólares. Además, la policía cree que hubo más víctimas que nunca denunciaron el delito.

Algunos talleres de reparación de automóviles han empezado a grabar el número de vehículo del auto en la pieza para ayudar a prevenir los robos, dijo.

Los departamentos de policía de Oceanside, Escondido y Chula Vista también han observado un aumento de los robos de estos dispositivos, y la tendencia podría ser nacional. La policía de todo el condado está trabajando con la Fiscalía y otros organismos para reducir los robos y enseñar a la gente a proteger sus vehículos.

Diez estados, entre ellos Arkansas, Carolina del Sur y Texas, promulgaron en 2021 una nueva legislación para aumentar la reglamentación de los deshuesaderos que compran los convertidores, según la publicación especializada Insurance Journal. Al menos un estado, Carolina del Norte, convirtió los robos en un delito grave.

Una ley de California, el proyecto de ley 366 del Senado, promulgado el año pasado, declara ilegal el desmontaje de vehículos sin licencia o permiso, pero los legisladores dicen que se necesita más para abordar el creciente problema del robo de catalizadores.

Los legisladores del estado de Washington debatieron el martes un proyecto de ley que prohibiría la reventa de catalizadores usados a los desguaces, excepto a las empresas comerciales y a los propietarios de vehículos, y prohibiría los pagos en efectivo in situ.

Sin embargo, el sector del reciclaje se opuso, afirmando que el estado ya cuenta con sólidas normas y sanciones para las personas que compran materiales robados.