¿Quién debería ser indemnizado en California por la esclavitud? Las respuestas solo plantean más preguntas
El Grupo de Trabajo de Reparaciones de California se está preparando para responder a la pregunta fundamental de quién debe recibir reparaciones por la esclavitud.
SACRAMENTO — Antoinette Harrell pasó casi tres décadas de su vida verificando casos de esclavitud en el sur, antes y después de la emancipación.
Visita las tumbas, entrevista a los abuelos, explora los áticos polvorientos, busca en los registros y sigue todas las pistas que puede encontrar para rastrear las historias familiares de las que muchos fueron despojados hace más de un siglo, cuando sus antepasados fueron separados y esclavizados.
Y tiene consejos para el Grupo de Trabajo de Desagravios de California, mientras se prepara para responder la pregunta fundamental: quién debe ser indemnizado por la esclavitud.
La ley estatal ordena al grupo que dé prioridad a aquellos que rastrean su linaje hasta los afroamericanos esclavizados en Estados Unidos. La atención pública también se ha centrado en si todas las personas negras merecen algún tipo de restitución por los efectos persistentes de la esclavitud en una sociedad que continúa discriminando en función del color de la piel.
Pero Harrell, un genealogista e historiadora, consideró que la elegibilidad basada en el linaje puede ser difícil y costosa de probar para algunos. Los nombres cambiaron, las familias fueron separadas y traficadas a través de las fronteras estatales y los detalles murieron con las generaciones anteriores.
“Lo primero que hicieron muchas mujeres, y también hombres, cuando fueron libres fue caminar millas y millas buscando a sus hijos, a sus esposas, a su madre, a su padre”, afirmó Harrell, quien es uno de casi una docena de testigos expertos que testificarán ante el grupo de trabajo el martes. “Generaciones después, esa búsqueda aún continúa hoy”.
En su esfuerzo por determinar quién debe ser indemnizado, los miembros del panel integrado por nueve personas han descubierto que cada posible conclusión plantea aún más dudas.
La secretaria de Estado, Shirley Weber, autora de la legislación que el gobernador Gavin Newsom promulgó en 2020 para establecer el grupo de tareas, enfatizó en enero que brindar reparaciones es “una cuestión de descendencia y linaje”, y dijo que aquellos con vínculos ancestrales con los afroamericanos quienes fueron esclavizados en Estados Unidos deben ser priorizados.
Harrell consideró que basar las indemnizaciones en el linaje plantea preguntas sobre qué debería calificar como prueba en California, y si el estado debería proporcionar fondos para los costos de rastrear la ascendencia. Si no existe prueba, ¿debe excluirse de desagravio a quienes se creen descendientes?
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“Creo que no debería ser condición necesaria la prueba, porque no todos podrán probar”, expuso Harrell. “Los registros han sido destruidos. Los juzgados fueron quemados, los nombres han cambiado tres o cuatro veces”.
Las preguntas subrayan la complejidad de la búsqueda de California para convertirse en el primer estado de la nación en aprobar reparaciones estatales por esclavitud.
El grupo de trabajo designado por Newsom y los líderes legislativos, que comprende funcionarios electos, líderes de derechos civiles, abogados y expertos en reparaciones, recibió la misión de “estudiar y desarrollar propuestas de reparación para los afroamericanos, con una consideración especial para los afroamericanos que son descendientes de personas esclavizadas en Estados Unidos”.
La agrupación emitirá dos informes a la Asamblea Legislativa. Se espera que el primero se publique el 1º de junio e incluya hallazgos para respaldar la existencia de un racismo sancionado por el estado, arraigado en la esclavitud desde antes y después de la emancipación hasta el día de hoy.
Se espera que el segundo informe, que debe presentarse en julio del próximo año, recomiende remediaciones, incluida una disculpa, los requisitos de elegibilidad para las indemnizaciones propuestas y una descripción de cómo educar al público sobre su trabajo. Esas recomendaciones deben aprobarse en una nueva ley aprobada por la Legislatura estatal y el gobernador para que entren en vigor.
Aunque la ley finaliza el trabajo del comité después de que se presenta el segundo informe, el asambleísta Reggie Jones-Sawyer (D-Los Ángeles) presentó un proyecto de ley que mantendría unido al grupo de trabajo por otro año hasta mediados de 2024.
“Necesitamos tener esa flexibilidad”, comentó Jones-Sawyer, quien forma parte del grupo. “Creo que sería dañino disolvernos y que luego la gente comience a hacer preguntas después de que nosotros sacamos nuestras conclusiones, pero ya no no estamos allí para poder hablar de ello”.
Jones-Sawyer y otros comparten la filosofía de Weber de que los descendientes de quienes fueron esclavizados en el país deberían tener prioridad para las reparaciones en California, pero señalaron que algunas de éstas deben extenderse más allá del linaje. “Deberíamos preocuparnos por cada persona negra en Estados Unidos”, enfatizó. “Y no quiero ser crudo, pero seré honesto: cuando un racista blanco dispara y mata a una persona negra por la espalda porque es negra, no les importa si llegaste de un barco de esclavos o de un crucero. No les importa si eres un inmigrante. No les importa si eres del Caribe. No les importa si eres mestizo. Solo te ven como negro”.
En los últimos 10 meses, el grupo de trabajo ha escuchado testimonios de expertos sobre cómo las políticas federales, estatales y corporativas llevaron a una discriminación continua contra las personas negras cuando intentaban comprar una casa, rentar un apartamento, conseguir servicios de atención médica, solicitar un seguro, calificar para préstamos, acceder al transporte público, asistir a la escuela y en muchos otros aspectos de la vida, mucho después de que la esclavitud fuera declarada ilegal.
California no ha ejecutado a ningún preso desde 2006, y el gobernador Newsom ha ordenado el desmantelamiento del corredor de la muerte de San Quintín.
Al hacerlo, el grupo está sentando las bases para argumentar que algunas compensaciones deberían afectar a todas las personas negras, remarcó Lisa Holder, abogada de derechos civiles, activista y académica del grupo de trabajo. “Todos estamos de acuerdo en que, según la forma en que se redactó la legislación, según los principios generales del movimiento, creemos que es importante dar prioridad a los descendientes de personas que fueron esclavizadas en Estados Unidos”, añadió Holder. “Pero debido a que la explotación y la discriminación continuaron mucho después de la era de la esclavitud, también debemos considerar a los descendientes de todos quienes experimentaron esa explotación permanente”.
Jones-Sawyer destacó que una gran prioridad para el grupo de trabajo debe ser tratar de eliminar las barreras al éxito para que los negros comiencen un proceso para detener el racismo en este país. “Tenemos que entender que todos los negros son perjudicados”, destacó Jones-Sawyer. “Necesitamos idear algo que asegure que el futuro de estas personas no siga siendo dañado”.
Erwin Chemerinsky, decano de la Facultad de Derecho de UC Berkeley, advirtió al grupo de trabajo el mes pasado que las compensaciones basadas en la raza podrían enfrentar desafíos legales. “En Estados Unidos, bajo la ley constitucional actual, y en California bajo la Proposición 209, las leyes que otorgan una preferencia sobre la base de la raza son inherentemente sospechosas, o quizás per se ilegales, y por lo tanto la pregunta es: ¿Cómo se pueden estructurar las reparaciones, de manera que aprueben una revisión judicial?”, le dijo al grupo de trabajo.
Los votantes aprobaron la Proposición 209 en 1996 para prohibir que las agencias e instituciones gubernamentales den un trato preferencial a las personas por motivos de raza o género. En 2020, Weber impulsó sin éxito una medida de votación en todo el estado para derogar la ley, que ella y otros argumentan ha profundizado las desigualdades en la educación y las oportunidades de contratación del gobierno.
Pero Chemerinsky también destacó que la ley estatal solo se aplica a la contratación, el empleo y la educación del gobierno. Holder ha alentado al grupo de trabajo a centrarse en la vivienda, la reparación de tierras, los mecanismos para mejorar la atención médica y otorgar a las personas créditos fiscales y reducciones de impuestos que no impliquen la Proposición 209.
Al igual que Harrell, también le preocupa que no todos los descendientes puedan demostrar su ascendencia.
“Creo que es extraordinariamente difícil rastrear su linaje en Estados Unidos hasta una persona esclavizada porque la estructura de poder lo dificultó intencionalmente. Los africanos que fueron robados de África fueron tratados como bienes muebles, como vacas, caballos y cerdos”, señaló Holder.
Para ayudar a los afroamericanos a calificar para reparaciones diseñadas específicamente para los descendientes de las personas esclavizadas, Harrell recomienda que California cubra el costo de probar ese linaje, como financiar solicitudes de registros públicos y viajes, y asociarse con organizaciones sin fines de lucro que rastrean la genealogía como una forma de desagravio.
“Reparar la genealogía es parte de la reparación de la deuda”, dijo Harrell. “No hay una cantidad de dinero que podamos poner en lo que se necesita reparar. Quiero saber quien soy. Ese fue un derecho de nacimiento que me fue arrebatado”.
Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.
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