350 mil venezolanos en riesgo de deportación: “Vivimos entre la angustia y la resistencia”
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Los Ángeles — Para cientos de miles de venezolanos que han pasado años construyendo una vida en Estados Unidos, la decisión de la Corte Suprema de permitir que la administración Trump elimine el Estatus de Protección Temporal (TPS) cayó como un rayo: repentina, desconcertante y devastadora.
María R, madre de dos hijos que vive en California desde que huyó del colapso económico en Venezuela en 2018, dijo que no podía creer lo que estaba escuchando. “No entiendo cómo un país que ayer nos protegía, hoy nos puede llamar ilegales”, dijo con la voz entrecortada. “Tenemos permiso de trabajo. Pagamos impuestos. No somos criminales. ¿Cómo pueden hacernos esto?”
Juan J., un inmigrante mexicano de 48 años con más de 20 años en Los Ángeles, jamás pensó que pagar impuestos —lo que siempre creyó que era lo correcto— podría convertirlo en blanco de deportación.
La decisión, que afecta a más de 350,000 venezolanos que recibieron el TPS bajo la administración Biden, les quita de forma inmediata su estatus legal y autorización para trabajar. Aunque un tribunal federal había bloqueado temporalmente el intento del gobierno de Trump, la orden de emergencia emitida por la Corte Suprema anuló esa protección, dejando a comunidades enteras en una situación de total incertidumbre.
Miedo al futuro
Las emociones predominantes son el miedo, la ansiedad y la desesperanza. Muchos de los afectados tienen hijos nacidos en EE. UU., casas arrendadas o compradas, trabajos estables y raíces profundas en sus comunidades. Ahora, enfrentan el riesgo de ser detenidos o deportados.
Tras entrar en vigor la controversial medida del presidente Donald Trump que obliga a todos los inmigrantes mayores de 14 años a registrarse ante el gobierno federal, crece la incertidumbre ante inmigrantes, las dudas y la confusión al mismo tiempo que la medida desata indignación y desafíos legales en todo el país.
“Mi hija es ciudadana americana. Ella no conoce Venezuela. ¿Qué va a pasar con nosotros?”, se pregunta Eduardo Silva, quien trabaja como mecánico en el norte de Los Ángeles. “Si me deportan, ella se queda sin su padre. Y yo, ¿a qué vuelvo? ¿A un país donde hay hambre y represión?”
Indignación y sentido de traición
Para muchos, la decisión también representa una traición. Sienten que han hecho todo bien, que han seguido las reglas, y que ahora el sistema les da la espalda. La forma abrupta en que se tomó la decisión —en solo dos párrafos, sin argumentos públicos— ha sido especialmente dolorosa.
La mañana del 9 de noviembre de 2021, la vida de la familia Lozano-Ramírez cambió para siempre.
“Esto no es justicia. Esto es una política sucia”, dijo Carolina de Rojas, una trabajadora de la salud en Nueva York. “Nos usaron como chivos expiatorios y ahora nos descartan como si fuéramos basura. Vivimos entre la angustia y la resistencia”.
Resistencia y organización
Lejos de quedarse callados, los venezolanos comienzan a organizarse. Ya hay llamados a manifestaciones, a contactar a legisladores, y a exigir una solución permanente en el Congreso.
Por ahora, el dictamen anula una orden previa de un juez federal en California que obligaba al gobierno a mantener dichas protecciones mientras continuaba una batalla legal en los tribunales inferiores.
Un grupo de senadores republicanos presentó recientemente la Ley de Ciudadanía por Nacimiento de 2025 en el Senado de Estados Unidos, con el objetivo de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes ilegales y no inmigrantes con visas temporales.
La decisión del alto tribunal, emitida en una orden sumaria de apenas dos párrafos, permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo la dirección de la secretaria Kristi Noem, proceder con la revocación del TPS para quienes lo recibieron en 2023. Esta medida deja sin protección legal ni autorización laboral a cientos de miles de personas que han residido y trabajado legalmente en EE.UU., en su mayoría huyendo de la crisis humanitaria en Venezuela.
Reacciones de líderes y organizaciones
Diversas organizaciones de derechos civiles y migratorios han condenado la decisión. Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, calificó el fallo como “decepcionante” y advirtió que despojar del TPS a los venezolanos “forma parte de un esfuerzo mayor por hacer que la mayor cantidad posible de personas sean deportables”. Agregó que esta medida no mejora la seguridad ni el sistema migratorio del país, sino que promueve el caos y la crueldad.
Karen Tumlin, fundadora del Centro de Acción por la Justicia, lo calificó como “la mayor deslegalización de una población en la era moderna” y alertó sobre el uso continuo de la Corte Suprema para facilitar deportaciones masivas.
Desde FWD.us, su presidente Todd Schulte recordó que las condiciones que originaron la concesión del TPS no han cambiado. Citó incluso al expresidente Trump y al secretario de Estado Rubio, quienes calificaron la situación en Venezuela como una de las peores crisis humanitarias del hemisferio occidental.
“Instamos al gobierno de Trump a mantener las autorizaciones de trabajo vigentes y abandonar este cruel e ilegal intento de despojar de protección a quienes contribuyen a nuestro país”, dijo Schulte.
Impacto inmediato
La orden de la Corte Suprema afecta a unos 350,000 venezolanos que obtuvieron el TPS bajo la administración Biden en 2023. En cambio, los 250,000 venezolanos que lo recibieron en 2021 no se ven afectados por esta decisión, al igual que los 500,000 haitianos bajo TPS, aunque el estatus de estos últimos podría expirar en agosto de 2025 si no se revierte una anulación parcial que también está siendo impugnada.
E.R., una demandante en el caso NTPSA v. Noem, expresó: “Mi hija y yo no podemos regresar de forma segura a Venezuela. La pérdida inmediata de nuestro TPS causa un daño extraordinario. Ahora tememos ser deportadas y tendremos dificultades para mantenernos”.
Los abogados defensores en el caso, como Jessica Bansal de la Red Nacional de Jornaleros y Emi MacLean de la ACLU del Norte de California, denunciaron que la Corte Suprema ha desmantelado las protecciones diseñadas para limitar la discrecionalidad del poder ejecutivo.
“La Corte Suprema inmunizó eficazmente la ilegalidad de la secretaría Noem”, afirmó MacLean.
Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la UCLA, calificó la decisión como “la medida más grande que priva de estatus migratorio a cualquier grupo de no ciudadanos en la historia moderna de Estados Unidos”.
Acusaciones de discriminación y xenofobia
La demanda presentada contra la cancelación del TPS alegaba que la decisión estaba motivada por prejuicios raciales contra los venezolanos. La secretaria Noem intentó revocar el TPS pocos días después de asumir su cargo en enero, lo que ha sido señalado como un movimiento político que socava la función humanitaria del programa.
Amnistía Internacional EE. UU. también se pronunció en contra, señalando en un tuit que “nadie debería ser deportado a Venezuela, punto”, y acusó al expresidente Trump de utilizar discursos xenófobos, incluso invocando la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar arrestos y deportaciones arbitrarias.
El futuro del caso y la resistencia legal
Pese al fallo adverso, las organizaciones demandantes —incluidas la Red Nacional de Jornaleros, ACLU del Norte y Sur de California, CILP de UCLA y la Alianza Puente Haitiana— han manifestado su intención de continuar luchando en los tribunales y ante la opinión pública.
José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, declaró: “El revés de hoy en la Corte Suprema no nos disuadirá. La Administración Trump no nos detendrá… Defenderemos a nuestras familias y exigiremos igualdad de protección ante la ley”.
Por ahora, el fallo de la Corte Suprema representa un punto de inflexión que podría sentar un precedente peligroso para otras poblaciones bajo TPS, y deja en vilo a cientos de miles de venezolanos cuya única ‘falta’ fue buscar refugio en Estados Unidos.
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