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Grupos criminales interfieren con violencia y dinero en comicios mexicanos

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EFE

Organizaciones del crimen organizado interfieren mediante violencia y financiamiento ilegal en el proceso que culminará en los comicios del próximo domingo en México, tras una campaña con unos 130 asesinatos.

Esta influencia fue reconocida por la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora, quien advirtió recientemente que “manos criminales están actuando de forma premeditada y deleznable para decidir por la vía de la violencia quiénes deben o no deben estar en la boleta electoral”.

Lamentó que “el signo que está marcando al proceso electoral es precisamente el de la violencia”, por lo que hizo un perentorio llamado a las autoridades de seguridad y justicia para reforzar las acciones que garanticen la integridad de los candidatos, “así como de todas las familias mexicanas”.

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Al presentar el 21 de junio el estudio “Dinero bajo la mesa. Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México”, el analista Luis Carlos Ugalde, extitular del máximo ente electoral de México, afirmó que hay indicios de que el narcotráfico financia campañas políticas, sobre todo en pequeñas localidades.

El fondeo del dinero de las drogas ocurre en las campañas de zonas “donde está el crimen organizado”, como los estados de Michoacán, Chihuahua, Tamaulipas o Guerrero, dijo Ugalde, presidente de 2003 a 2007 del Instituto Federal Electoral de México, predecesor del actual Instituto Nacional Electoral (INE).

El 25 de junio la consultora Etellekt presentó su sexto informe de Violencia Política, según el cual 126 figuras políticas habían sido asesinadas desde el inicio del proceso electoral en septiembre pasado.

Desde entonces se han sumado más homicidios, elevando la cifra de víctimas a cuando menos 130, incluyendo 27 candidatos a distintos puestos de elección popular.

Uno de los focos de esta violencia, microcosmos de un país asediado por la actividad criminal, es el occidental estado de Michoacán, donde los cárteles Jalisco Nueva Generación y la Nueva Familia Michoacana son los de mayor presencia.

El Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y el del gobernador Silvano Aureoles han desplegado más de 20.000 militares y policías en el estado.

Durante la campaña han sido asesinados en el estado Alejandro Chávez, Fernando Ángeles y Omar Gómez, candidatos a las alcaldías de Taretan, Ocampo y Aguililla, respectivamente.

El 12 de abril, Maribel Barajas, aspirante del Partido Verde Ecologista de México a una diputación en Michoacán, fue también asesinada con una arma punzocortante en una zona rural de Morelia, capital del estado.

El Grupo de Coordinación Michoacán, máximo órgano de seguridad del estado en el que intervienen mandos del Ejército, la Marina y la Policía Federal, reportó que el 17 de mayo fue secuestrada Lourdes Torres, candidata del Partido del Trabajo a la alcaldía de Álvaro Obregón.

Torres fue liberada mediante un operativo policial que permitió la detención de una mujer y el abatimiento de uno de los autores intelectuales del plagio, cuyo móvil no ha sido revelado.

El 18 de junio, Miguel Amezcua, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Tangamandapio, salió ileso de un ataque a balazos.

El gobernador Aureoles ha decretado la instalación permanente de una Mesa de Gobernabilidad, en la que participan representantes de los partidos políticos y autoridades federales y estatales.

Incluso, el Gobierno de Michoacán adquirió un “avión sigiloso” capaz de levantar imágenes o dar seguimiento a “objetivos delincuenciales” sin ser detectado, el cual estará disponible para el desarrollo de la elección.

Michoacán se ubica en el occidente mexicano y cuenta con un litoral de más de 270 kilómetros en el Pacífico, además de importantes zonas boscosas y montañosas donde grupos de narcotraficantes cuentan con plantíos de marihuana y amapola, así como laboratorios de metanfetaminas.

La Secretaría de Marina ha detectado además que el puerto internacional de Lázaro Cárdenas es utilizado por narcotraficantes centroamericanos y mexicanos para el trasiego de millonarios cargamentos de cocaína a Estados Unidos.

Pese a este entorno, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo en una entrevista a Efe que “la organización de las elecciones, en el contexto de violencia en que las estamos llevando a cabo, no está siendo puesta en riesgo”.

El INE, detalló, ha abierto canales de comunicación con las autoridades para crear las condiciones y garantizar que las elecciones “sean exitosas” y millones de mexicanos puedan votar con tranquilidad.

El próximo domingo convocará a 89 millones de mexicanos a las urnas para elegir unos 3.400 cargos públicos, entre ellos los de presidente del país, gobernadores de nueve estados, diputados y senadores.

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