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EEUU

Opinión: Los acusados de tráfico sexual tienen una nueva cara: son blancos, ricos y bien relacionados

Geoffrey Berman displaying a poster of Jeffrey Epstein.
El fiscal federal para el distrito sur de Nueva York, Geoffrey Berman, en una conferencia de prensa sobre el arresto de Jeffrey Epstein el 8 de julio.
(Jason Szenes / EPA/Shutterstock)

Las nuevas caras del tráfico sexual son cada vez más blancas, ricas y bien relacionadas. En una acusación revelada el 8 de julio en el distrito sur de Nueva York, Jeffrey Epstein, el rico administrador de fondos de cobertura, fue acusado de tráfico sexual por reclutar a numerosos menores para actos sexuales pagados. En 2018, un juez federal dictaminó que Harvey Weinstein, el productor de la película, podría ser demandado bajo la ley federal de tráfico sexual por presuntamente obligar a una mujer a tener relaciones sexuales a cambio de promesas de ascenso laboral.

Este cambio es un avance importante, ya que los esfuerzos contra la trata de personas han sido criticados durante mucho tiempo por su enfoque desproporcionado en las comunidades de color.

Hombres poderosos ahora están siendo presentados ante los tribunales de todo el país por una serie cada vez más diversa de conductas ilegales.

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Sin duda, esto se debe, en gran parte, a la creciente fuerza del movimiento #MeToo. Pero también tiene mucho que ver con la evolución de la ley de trata de personas en Estados Unidos. El tráfico sexual es un concepto legal relativamente nuevo, pero muy poderoso, tanto en Estados Unidos como en el derecho internacional.

En las últimas dos décadas, la ley contra la trata de personas ha cobrado impulso. También ha demostrado ser notablemente elástica, ya que se ha utilizado contra diversos actores y conductas.

La idea básica de la trata de personas surgió a principios del siglo XX en estrecha asociación con las nociones de “esclavitud blanca”, que se definió en gran medida como la prostitución forzada de las mujeres blancas europeas.

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En Estados Unidos, tales narraciones racializadas se mantuvieron en el centro del escenario, ya que los hombres de nacionalidad extranjera y afroamericanos fueron a menudo objeto de acciones judiciales federales, y los medios de comunicación comúnmente describieron la trata como un problema relacionado con las pandillas, la pobreza y la violencia en el interior de las ciudades.

Sin embargo, en los últimos años, las actitudes sociales han cambiado. El Congreso aprobó la Ley de protección de las víctimas de la trata de personas en 2000, que establece los delitos federales de la trata de personas y las importantes protecciones federales para sus víctimas. El Congreso definió el delito federal de tráfico sexual como el uso de “fuerza, amenazas de fuerza, fraude o coerción” para inducir a otra persona a participar en un acto sexual. Contrario a la creencia popular, el transporte de la presunta víctima no está requerido por esta ley, y un “acto sexual comercial” es simplemente la realización de relaciones sexuales a cambio de cualquier cosa de valor.

El 3 de mayo era como cualquier otra noche de viernes en La Cañita, un bar y restaurante con temática de playa, ubicado en un barrio de clase trabajadora cerca del centro de la Ciudad de México.

Desde entonces, el Congreso ha ajustado el marco federal para proporcionar a los fiscales y litigantes civiles herramientas aún más poderosas. En 2003, autorizó a las víctimas de la trata a presentar demandas civiles federales contra los perpetradores. Esto ha abierto vías para que los nuevos actores sean atacados con responsabilidad civil y penal, y en 2015, el Congreso aprobó una legislación que reclasificaba a ciertos compradores de sexo como autores de tráfico humano. Poco después, en 2018, se aprobó la ley que permite que los estados y las víctimas luchen contra el tráfico sexual para extender la responsabilidad civil y penal a las plataformas online que facilitan el tráfico sexual.

Los litigantes presentan cada vez más casos civiles que buscan exponer nuevas partes, incluidos hoteles, médicos y sitios web como Backpage.com, a una creciente responsabilidad civil. En otros casos, como el de Weinstein, los demandantes han tratado de encuadrar el abuso sexual como tráfico para asegurar daños bajo la ley federal de tráfico.

Además, 50 estados han aprobado los estatutos de la trata de personas, algunos de ellos con una amplitud sorprendente. Por ejemplo, ciertos estados, como Massachusetts y Minnesota, tienen estatutos que eliminan el requisito de fuerza, fraude o coerción por completo. En estos estados, albergar, reclutar u obtener a alguien con el propósito de la actividad sexual comercial es suficiente por sí solo para representar el tráfico sexual.

Hay mucho que aplaudir sobre estos desarrollos. El arresto de Epstein, como el de Harvey Weinstein, señala un movimiento hacia la justicia para las víctimas de violencia sexual. Pero es menos claro si la trata puede, o debería, ser la herramienta legal utilizada para procesar todo tipo de casos que involucren abuso sexual por parte de los poderosos.

También debemos tener cuidado con las consecuencias colaterales de extender el concepto de tráfico demasiado lejos, tal vez hasta su punto de ruptura.

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La elasticidad de la trata de personas ha permitido que se marque contra una amplia gama de conductas. Esto permite que el concepto sea fácil, quizás en algunos casos demasiado fácil, implementado por políticos y fiscales que quieran parecer “duros con el crimen” o usar denuncias de tráfico para movilizar la condena pública contra una amplia gama de conductas.

Esto ha sido muy evidente en la cruzada del presidente Trump contra la “trata”, que él ha utilizado para obtener apoyo para su muro fronterizo y políticas de asilo fallidas. Los funcionarios federales también han invocado preocupaciones acerca de la ‘trata’ como una de las justificaciones de la desastrosa política fronteriza de “tolerancia cero” que resultó en miles de familias separadas.

A medida que se amplía el concepto de tráfico, también se corre el riesgo de atrapar a las víctimas y otras partes colaterales, dirigiéndolas con sanciones federales más severas e impactando de manera desproporcionada en las comunidades de color. Y esta tendencia puede hacer que sea más difícil actuar efectivamente contra acusados como Epstein.

La condena moral asociada con el tráfico solo se puede canalizar en ciertas direcciones sin llegar a ser difusa o sembrar confusión. Tarana Burke, la fundadora del movimiento #MeToo, quizás lo exprese mejor al comentar sobre el uso expansivo de #MeToo: “Está perjudicando el trabajo que estamos tratando de hacer”. Porque no puedes cubrir tanto, y tantas cosas”.

La ley contra la trata de personas es una parte importante del arsenal legal. Pero si el tráfico se convierte en un “catch-all” para el enjuiciamiento de la violencia sexual, corre el riesgo de perder su poder.

Julie Dahlstrom es profesora clínica asociada de derecho en la Universidad de Boston, directora del Programa de Derechos de los Inmigrantes y Trata de Personas y autora del próximo artículo de revisión de la ley “La elasticidad de la trata de personas”.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí


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