13% de los estudiantes de L.A. tienen una discapacidad significativa. ¿Es este el mejor acuerdo para ellos?
El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, que educa a unos 64.500 estudiantes con discapacidades, recuperará el control total sobre los programas que satisfacen sus necesidades especiales, después de décadas de costosa supervisión externa ordenada por la corte, anunciaron funcionarios esta semana.
El acuerdo aprobado por el tribunal pondrá fin a un decreto de consentimiento que data de 1996, cuando los funcionarios del distrito reconocieron que no cumplían con sus obligaciones legales de atender a los estudiantes con una amplia gama de discapacidades, que incluyen dislexia, autismo, afasia, ceguera y parálisis.
Durante la temporada de graduación de preparatoria, los estudiantes de último año hacen grandes planes, como cuáles serán sus geniales hashtags de Instagram y cómo inhalarán a escondidas sus cigarrillos electrónicos durante la ceremonia de graduación, pero los legisladores en Sacramento les podrían tener una sorpresa y ya debaten el Proyecto de Ley de la Asamblea 2772 (AB 2772), que obligaría a todos los alumnos de preparatoria a completar al menos un curso de estudios étnicos para poder graduarse.
La educación de los estudiantes discapacitados es una parte importante de la misión del segundo sistema escolar más grande del país, donde aproximadamente el 13% de los alumnos están clasificados como discapacitados. Para educarlos este año, el distrito gastará alrededor de $1.75 mil millones de un presupuesto del fondo general de aproximadamente $8 mil millones.
“Este es un hito importante para el LAUSD, los estudiantes y las familias que servimos”, dijo el supervisor Austin Beutner en un comunicado. “El Tribunal ha reconocido el trabajo excepcional que hemos realizado para atender las necesidades de los alumnos en nuestros programas de educación especial. Planeamos construir sobre el progreso y asegurarnos de que todos los estudiantes en el distrito escolar, incluidos aquellos con necesidades especiales, reciban una excelente educación”.
Bienvenido a otro año nuevo -y al comienzo de otro semestre escolar -y al comienzo de otro semestre escolar para los estudiantes-.
En una entrevista de seguimiento, Beutner dijo que el acuerdo para finalizar la supervisión, aprobado la semana pasada, fue respaldado por defensores de los discapacitados que participaron en el litigio.
El monitor independiente designado para supervisar el progreso del distrito no participó en las negociaciones para finalizar el decreto de consentimiento y criticó duramente los esfuerzos del distrito en marzo.
El monitor, David Rostetter, discrepó con la afirmación del distrito de que los esfuerzos para hacer que los campus sean accesibles para los discapacitados son “agresivos e inigualables en el país”.
“El plan ‘agresivo’ abordará sólo un tercio de sus escuelas en los próximos 8-10 años”, escribió Rostetter.
Los líderes del LAUSD dicen que, aunque los estudiantes necesitan exponencialmente más ayuda para tener éxito, están decididos a apoyar a los más necesitados.
“El tono elogioso de esta respuesta es erróneo dado que el Distrito aún no ha cumplido con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, cuando debía cubrir estas obligaciones en 1995”.
Pero el abogado Robert Myers, quien representa a familias de niños con discapacidades, describió una larga lista de mejoras del distrito. Por ejemplo, dijo, en 2003-04, sólo el 41% de los niños que se caracterizaron por trastornos emocionales tenían un plan de apoyo conductual. En 2017-18, el 100% de esos niños tenían ese plan.
La orden de rescindir el decreto de consentimiento fue firmada por el juez federal de distrito Ronald S.W. Lew y surte efecto a finales de diciembre.
El litigio que condujo al decreto se remonta a 1993, cuando los abogados presentaron una demanda colectiva que surgió de la experiencia de Chanda Smith.
Chanda, de 17 años, tenía un trastorno visual que dificultaba el procesamiento de la información. Cuando ingresó a Manual Arts High School, nadie le preguntó si alguna vez había recibido servicios de educación especial; ella tuvo tutoría especial en la escuela intermedia.
Las repetidas solicitudes de su madre de que su hija fuera colocada en un programa de educación especial fueron ignoradas por los funcionarios escolares hasta el final de su segundo año en Manual Arts, cuando fue colocada en un programa de 30 días.
Frustrada con el tratamiento de su hija e incapaz de penetrar en la burocracia del distrito, Eliza Thompson se decidió, “busqué en las Páginas Amarillas y comencé a llamar a los abogados hasta que encontré a alguien que me ayudara”, recordó más tarde.
Una evaluación mostró que las habilidades de lectura y matemáticas de Chanda estaban en los niveles de segundo y tercer grado y que no podía procesar los números lo suficientemente bien como para decir la hora.
Al resolver la demanda, el LAUSD acordó objetivos que habrían alineado al distrito con su obligación federal de proporcionar una educación “gratuita y apropiada” a cada estudiante. Estos incluyeron ofrecer “información oportuna” a los padres sobre sus opciones y derechos y seguir todos los plazos legales para los servicios. El distrito también se comprometió a eliminar los obstáculos que impedían que los alumnos discapacitados asistieran a un campus regular y a facilitar programas que sirvan a los estudiantes en el entorno “menos restrictivo”.
En 2003, todas las partes acordaron un pacto revisado que incluía objetivos mensurables específicos en 18 áreas, con la idea de que el distrito los alcanzaría en 2006.
Eso no sucedió y, posiblemente, como escribió Rostetter, aún no ha sucedido.
Beutner dijo que la situación había cambiado porque los defensores aceptaron que el distrito ha hecho un progreso notable y que los objetivos específicos del decreto de consentimiento exceden lo que se pide a otros sistemas escolares. En ese sentido, dijo, es mejor gastar más en servicios para los estudiantes que la maquinaria del monitor independiente, que estimó en un costo de $3 a $5 millones por año.
En una entrevista el martes, Rostetter aseguró que el distrito está exagerando el costo de la oficina del monitor independiente en los últimos años, que calificó en “menos de $800.000 en promedio”. De todos modos, dijo, “probablemente sea hora de que este decreto de consentimiento sea terminado”, a pesar de que hay áreas importantes en las que el distrito necesita mejorar sus servicios.
El gasto en educación especial ha sido durante mucho tiempo un tema espinoso. El gobierno federal se comprometió a pagar el 40% del costo de estos programas, pero sólo proporcionó alrededor del 16%, según cifras del distrito. Y el estado asigna dinero para educación especial en función de la inscripción total en lugar de la cantidad de estudiantes discapacitados o la gravedad de sus discapacidades.
En el pasado, los defensores se preocuparon de que LAUSD acortara a los estudiantes con discapacidades sin un monitor potente e independiente, aunque esa misma preocupación se aplicaría teóricamente también a otros sistemas escolares.
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