Maine facilita la ayuda a los solicitantes de asilo que califican para asistencia
La gobernadora demócrata de Maine amplió la ayuda para cientos de solicitantes de asilo que llegaron a la ciudad más grande del estado, este verano, y adelantó que solicitó al gobierno federal fondos urgentes para asistir al estado a abordar la afluencia.
La funcionaria, Janet Mills, consideró que las nuevas regulaciones de su gobierno permitirán que los solicitantes de asilo califiquen para los vales de asistencia general si demuestran que están tomando “pasos razonables de buena fe” para solicitar un alivio inmigratorio. Los peticionarios de refugio tienen un año para pedir el beneficio conforme a la ley federal, que también prohíbe que dichas personas trabajen durante al menos seis meses después de haber presentado la solicitud.
El pasado 7 de junio, para que Donald Trump no impusiera aranceles a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, México se comprometió, esencialmente, a contener los flujos migratorios de centroamericanos que transitaban por México hacia ese país, a recibir y retener en México a los solicitantes de asilo en Estados Unidos y a hacer una evaluación -a discreción de nuestro vecino-, 45 días después, sobre lo que se había logrado con las acciones instrumentadas.
Esa ayuda auxiliará a los solicitantes a prepararse para ingresar a la fuerza laboral, consideró la gobernadora el jueves pasado. “Esta regla reformada ayuda a los municipios con problemas de efectivo que enfrentan una afluencia inesperada de personas, y motiva a todas las familias que están legalmente en nuestro estado a completar cada paso en su camino hacia el asilo y, con suerte, hacia la ciudadanía”, remarcó Mills.
La ley estatal exige que los municipios ofrezcan asistencia en alimentos, vivienda, electricidad y gastos médicos a personas con bajos ingresos. El estado reembolsa el 70% de los costos.
Su administración estima que las nuevas regulaciones costarán “varios cientos de miles de dólares, no más de un millón”, afirmó la portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Jackie Farwell.
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La batalla por la asistencia general para los solicitantes de asilo se desató en 2014, cuando el anterior gobernador republicano de Maine buscó retener la ayuda estatal para los peticionarios de este beneficio.
Una ley de 2015 permite a los individuos que están “legalmente presentes” y “en busca de un proceso legal para solicitar un beneficio inmigratorio” recibir asistencia general por hasta 24 meses. Pero la oficina de Mills afirmó que la administración anterior terminó aprobando regulaciones “extremadamente” estrechas, que excluían a algunos no ciudadanos, incluidas las víctimas de trata de personas.
Esas regulaciones también exigían que un peticionario de asilo completara y presentara una solicitud formal del beneficio.
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La política fue demasiado lejos, remarcó Mills. Su oficina expuso el jueves último que “esto va en contra de la intención de la Legislatura de restablecer la elegibilidad de asistencia general para aquellos que siguen un proceso legal al buscar asilo, un procedimiento complejo que comienza antes de presentar una solicitud formal”.
El mes pasado, Mills transfirió alrededor de $170.000 de su cuenta de contingentes a la Autoridad de Vivienda del Estado de Maine, para proporcionar asistencia de renta temporal a solicitantes de asilo por hasta 12 meses. Mientras tanto, Portland Expo Center ha albergado a cerca de 320 peticionarios de refugio hasta la fecha, y la ciudad recibió más de $800.000 en donaciones para ayudarlos.
Sin embargo, Mills consideró que tales esfuerzos no son suficientes para lo que se necesita.
Este mes, el presidente Trump firmó una ley para proporcionar $30 millones en fondos, el 31 de julio próximo, a las comunidades que experimentaron una afluencia de personas que piden asilo.
Mills solicitó a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) que se asegure de que Maine reciba dicha financiación “lo antes posible”. La delegación de Maine en el Congreso pidió a FEMA el jueves que liberara su fórmula de financiamiento.
Según Mills, el gobierno federal debería tener en cuenta los bajos ingresos y los altos costos de vivienda de Maine en relación con otros estados. “Creo que es momento de que el gobierno federal también haga su parte”, remarcó.
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