Funcionarios de asilo se rebelan contra las políticas de Trump por considerarlas inmorales e ilegales

Sólo le tomó a Doug Stephens dos días decidirse: No iba a implementar la última política del presidente Trump para restringir la inmigración, conocida como Permanecer en México. El oficial de asilo no entrevistaría a más solicitantes de refugio sólo para enviarlos de vuelta al peligro en México.

Como empleado federal, negarse a implementar la política del gobierno probablemente significaría su despido y el fin de su carrera como funcionario público. Hasta ahora sólo se le habían asignado cinco de las entrevistas. Pero cinco fueron demasiadas. Para un abogado altamente capacitado, la política oficialmente llamada “Protocolos de Protección al Migrante” no sólo era poco ética, sino que estaba en contra de la ley.

Cuando Stephens le dijo a su supervisor en San Francisco su decisión, dijo que estaba sorprendido.

“Le dije: ‘No lo entiendes. No voy a hacer estas entrevistas”, aseguró Stephens, hablando en público por primera vez en una entrevista exclusiva. “Creo que son ilegales, definitivamente son inmorales, y no las voy a seguir haciendo”.

Se cree que Stephens es el primer oficial de asilo que se niega formalmente a realizar entrevistas en el marco del programa, según Michael Knowles, portavoz del Consejo Nacional de CEI, el sindicato que representa a unos 13.000 oficiales de asilo y otros empleados de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración en todo el mundo.

Pero no es el único. En todo el país, los oficiales de asilo están llamando para reportarse enfermos, solicitando transferencias, retirándose antes de lo planeado y renunciando, todo para resistirse a esta y otras políticas de inmigración de la administración Trump que ellos consideran ilegales, según Stephens, y otros oficiales de asilo.

En colaboración con el programa de radio “This American Life”, Los Angeles Times examinó en exclusiva y en primera línea, los Protocolos de Protección al Migrante (MPP), una de las políticas más exitosas de la administración Trump para restringir el refugio, desde la perspectiva de los oficiales de asilo obligados a implementarlo.

El trabajo principal de los oficiales de asilo es asegurarse de que el gobierno de EE.UU no está devolviendo a la gente a sus países de origen donde corren peligro, un principio fundamental tanto en Estados Unidos como en el derecho internacional. Pero bajo el MPP, en lugar de permitir que los solicitantes de asilo que vienen a la frontera sur esperen en EE.UU para sus audiencias de inmigración, las autoridades de Estados Unidos los están forzando a esperar en México.

Desde que la administración Trump anunció la política en diciembre, las autoridades estadounidenses han regresado a México a unos 60.000 solicitantes de asilo, para que esperen en áreas que el Departamento de Estado de Estados Unidos considera algunas de las regiones más peligrosas del mundo.

Mientras que los funcionarios estadounidenses minimizan el peligro en México, los secuestros, violaciones y otros actos de violencia contra los solicitantes de asilo en el marco del programa son generalizados y están bien documentados, según funcionarios, defensores, abogados e investigadores académicos.

Los oficiales de Seguridad Nacional reconocen que el programa está diseñado para desalentar las solicitudes de asilo. El presidente se presenta a la reelección con renovadas promesas de limitar la inmigración. Según la política, sólo 11 solicitantes de asilo han recibido algún tipo de ayuda, según la base de datos TRAC de la Universidad de Syracuse.

La media docena de oficiales de asilo entrevistados por The Times dicen que en casi todas las entrevistas que han llevado a cabo bajo esta política, el solicitante de asilo expresó su temor de regresar a México - muchos aseguraron que ya habían sido atacados allí. Pero bajo los nuevos estándares, los agentes manifiestan que tenían que devolverlos de igual manera.

“¿Cuál es mi culpabilidad moral en eso?” dijo un oficial de asilo que ha llevado a cabo casi 100 entrevistas. Pidió el anonimato porque temía represalias. “Mi firma está en ese papeleo. Y eso es algo con lo que vivo ahora”.

Los oficiales de asilo que se rebelan contra las políticas de inmigración de Trump dicen que van en contra de las leyes aprobadas por el Congreso, así como de su juramento a la Constitución y de su amplia capacitación, que incluye cómo detectar el fraude o cualquier preocupación potencial de seguridad nacional.

Bajo la ley de Estados Unidos, los migrantes tienen el derecho de solicitar asilo. Aproximadamente el 80% de los solicitantes pasan el primer paso en el largo proceso, una entrevista con un oficial de asilo que se conoce como una prueba de detección de temor creíble. El Congreso estableció un estándar bajo para que los agentes lo usen en esta etapa inicial, y con ello minimizar el riesgo de enviar a alguien a un lugar donde puede correr peligro o incluso ser asesinado. Pero en última instancia, sólo alrededor del 15% de los peticionarios obtienen refugio ante un juez de inmigración.

Trump y sus altos funcionarios utilizan esta diferencia entre el porcentaje de solicitantes de asilo que aprueban el primer paso y el porcentaje que finalmente obtiene el asilo para afirmar que el refugio en sí es un “engaño” o un “gran engaño”.

Ken Cuccinelli, el jefe interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, ha criticado públicamente a los oficiales, diciendo que aprueban demasiadas solicitudes y se oponen a las iniciativas de Trump por razones partidistas. El miércoles, Cuccinelli fue nombrado subsecretario interino de Seguridad Nacional.

El portavoz de Cuccinelli dejó de responder a las solicitudes de entrevista. Pero The Times le preguntó a Cuccinelli durante un desayuno mediático en octubre sobre las preocupaciones de los oficiales.

“Mientras estemos en posición de poner en práctica lo que creemos que son políticas válidas”, dijo Cuccinelli, “esperamos que las implementen fiel, sincera y vigorosamente”.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración también rechazaron las solicitudes de proporcionar información sobre el personal de la agencia de Seguridad Nacional, y específicamente de la sección de asilo, para tratar de cuantificar lo que los oficiales y algunos funcionarios han calificado como un “éxodo” principalmente debido a las políticas migratorias de la administración.

En otro signo de malestar generalizado entre los oficiales de asilo, el sindicato que los representa ha presentado escritos de “amigo de la corte” en demandas contra la administración, argumentando que sus políticas de inmigración -incluyendo el MPP- son ilegales.

El mes pasado, la Corte de Apelaciones del 9º Circuito de Estados Unidos escuchó los argumentos en el litigio en curso contra la política. La decisión del panel sobre si la política es legal está pendiente.

Cuando Stephens se negó a hacer las entrevistas, sus supervisores iniciaron procedimientos disciplinarios, emitiéndole advertencias formales, según describió en su momento. Decidió renunciar, pero no antes de enviar un memorando legal que había redactado argumentando por qué la política viola la ley, que envió a toda su oficina de San Francisco, a los supervisores, al sindicato y a un senador de Estados Unidos. Más tarde obtuvo su propia representación legal, en el Government Accountability Project, una organización sin fines de lucro.

Dice que todavía está tratando de llamar la atención sobre el programa, animando a otros a hablar en contra del mismo.

“Literalmente estás enviando a la gente de vuelta para que la violen y la maten”, dijo. “Eso es lo que es esto”.

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