Amid the pandemic, the U.S. is pushing to seize land and build the border wall. Nayda Alvarez says surveyors have hopped fences and planted stakes on her property.
Nayda Álvarez dijo que ha atrapado a topógrafos del muro fronterizo, sin mascarillas u otro equipo de protección, que se han escabullido dentro de su propiedad a lo largo de Río Grande varias veces este año, la más reciente en abril.
Más tarde ese mes, los abogados federales la convocaron a la corte en un esfuerzo por apoderarse de la tierra que su familia ha poseído y habitado en La Rosita, Texas, desde el siglo XIX. Si quería quedarse con la tierra, Álvarez y su padre de 76 años tendrían que asistir a una audiencia en un condado vecino afectado por COVID-19. Su abogado solicitó que la audiencia se llevara a cabo por teléfono, como otros que estuvieron en tribunales federales durante la pandemia, pero el juez pospuso la audiencia hasta agosto. Álvarez todavía tiene miedo de ir.
“¿Cómo puedo defenderme cuando ni siquiera puedo estar allí?”, dijo la maestra de preparatoria mientras estaba sentada en su casa, donde estuvo en cuarentena este verano con sus dos hijas y nietos. “No es la manera estadounidense de hacerlo”.
La semana pasada, Trump visitó Arizona y reiteró su promesa de construir 450 millas de un nuevo muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México de 1.954 millas para fines de año. Desde que comenzó la pandemia, su administración ha acelerado la construcción de muros y aumentado el gasto de $11.1 mil millones a $15 mil millones, otorgando más de $1.7 mil millones en nuevos contratos.
“La construcción del nuevo sistema de muro fronterizo no ha aumentado debido al COVID-19”, dijo Matthew Dyman, portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. “Cualquier avance en las actividades del muro fronterizo se debe únicamente a la progresión de los proyectos y la financiación adicional recibida”.
Dyman disputó la declaración de Álvarez. Insistió en que los topógrafos del gobierno ingresaron por error a su terreno sin su permiso el año pasado, antes de la pandemia, a pesar de que Álvarez tiene fotos con la fecha que ella tomó de los trabajadores en su tierra. Dyman comentó que los topógrafos ingresaron a la propiedad de Álvarez después de obtener el permiso de otra persona que “se representaba a sí misma como interesada en la tierra”. Agregó que después de que Álvarez se encontró con los topógrafos y les dijo que se fueran, lo hicieron.
Los funcionarios de California, el Sierra Club y otros grupos han cuestionado el uso de fondos militares por parte de la Administración Trump para pagar el muro fronterizo y obtuvieron una victoria la semana pasada, cuando el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos descubrió que la administración Trump utilizó ilegalmente $2.5 mil millones en fondos militares. Pero la decisión que cubre sólo una fracción de los fondos para el muro, es probable que sea apelada y no se espera que ralentice la construcción, dado que el Tribunal Supremo falló el año pasado a favor del primer mandatario en un caso similar.
Antes de la pandemia, sólo se había construido una milla de nuevo muro fronterizo desde la elección de Trump, y 95 millas habían sido reemplazadas, según la Patrulla Fronteriza.
Desde el comienzo de la pandemia a mediados de enero, los equipos federales han construido dos millas de muro nuevo, en California y Texas, y han reemplazado 93 millas de cerca fronteriza en todo el país, con un total de 191 millas de muro nuevo y de reemplazo, según el informe más reciente de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU, emitido el 26 de junio.
La administración también construyó otras 31 millas de muro secundario nuevo y de reemplazo (que corre paralelo a una barrera existente) al norte de la frontera, que cuenta para su total de 222 millas. Trump celebró la milla 200 visitando y firmando un tramo la semana pasada en San Luis, Arizona.
La administración Trump ha aumentado la velocidad de la construcción del muro desde el comienzo de la pandemia al clasificar el trabajo como esencial, presentando el doble de demandas para incautar tierras y renunciando a las leyes ambientales y de supervisión de contratos.
El contrato de muro más grande hasta la fecha, $1.3 mil millones para construir 42 millas de muro en Arizona, fue otorgado el mes pasado a Fisher Sand & Gravel Co., con sede en Dakota del Norte, que está siendo investigado por el Departamento de Defensa por recibir $400 millones para construir otras 31 millas de muro en Arizona a principios de este año.
El CEO, Tommy Fisher, ganó ese contrato después de apelar a Trump por televisión y construir un muro fronterizo de tres millas en tierras privadas en el Valle de Río Grande asumiendo los costos, alrededor de $42 millones. El muro era una obra maestra, construida a orillas de Río Grande, al sur de un sitio donde el gobierno federal ya había contratado a otra compañía para construir un tramo nuevo de 11 millas por $80 millones; la construcción de ese muro comenzó el mes pasado.
Dyman, el portavoz de la Patrulla Fronteriza, dijo que el nuevo muro fue financiado hace dos años, “planeado antes de la barrera construida con fondos privados” basado en las “prioridades operativas de la agencia y se integrará con otros segmentos del sistema de muro fronterizo”.
El congresista estadounidense Bennie Thompson (D-Miss.), quien preside el Comité de Seguridad Nacional, ha cuestionado los contratos de Fisher.
“Si a la administración le importara algo más que la óptica política y maximizar millas de cerca en el período previo a una elección, no hubieran adjudicado este contrato”, manifestó Thompson en un comunicado. “Dada la pandemia de coronavirus y la investigación en curso sobre Fisher, la administración debería pausar las decisiones de construcción y contratación hasta que la indagación haya concluido favorablemente y sea seguro reanudar proyectos de construcción no esenciales”.
A diferencia de Arizona, donde gran parte de la frontera con México se encuentra en terrenos públicos, Texas ha sido durante mucho tiempo un obstáculo para la construcción de muros porque la mayoría de los terrenos a lo largo de su frontera son de propiedad privada. Para construir el muro, los abogados del gobierno deben obtener el permiso de los propietarios, presentar demandas para aprovecharlo o encontrar lagunas.
Desde que comenzó la pandemia, los abogados del gobierno han presentado el doble de demandas para confiscar tierras que están en el camino del muro fronterizo en Texas, 40 en total, que cubren más de mil acres, un área mayor al del Central Park de Nueva York. El gobierno federal demandó para confiscar tierras de individuos, pero también de un hogar católico para niños dirigido por monjas en Laredo, Laredo Community College y la ciudad de Laredo. Muchos participarán en audiencias en tribunales federales programadas para los próximos meses.
El alcalde de Laredo, Pete Sáenz, dijo que los abogados de la ciudad pelearon una demanda presentada por abogados de Estados Unidos para construir el muro en más de 980 acres de tierra de la ciudad que incluye un campo de golf y plantas de tratamiento de agua. Agregó que los abogados de la ciudad han cuestionado si el Congreso autorizó la construcción del muro de Laredo como una prioridad de gasto.
Sáenz reveló que los abogados federales querían reunirse con los funcionarios de la ciudad en los últimos meses para hablar sobre el muro propuesto, pero “estábamos tan abrumados inicialmente con la pandemia, que simplemente no tuvimos tiempo para esto”.
A principios de este mes, la ciudad otorgó al gobierno federal acceso a la tierra durante un año para inspeccionar, sin aceptar la construcción.
En abril, los abogados federales persuadieron a un juez en el sur de Texas para que les otorgara acceso a inspeccionar un tercio de milla en el Rio Grande Valley’s Santa Ana National Wildlife Refuge después de que la administración prometiera eximir el refugio del muro fronterizo tras las protestas locales. Los abogados argumentaron con éxito que el terreno estaba exento de protección porque está debajo de un dique del gobierno.
“El gobierno se ha movido agresivamente contra los terratenientes al amparo de esta pandemia”, señaló Ricky Garza, abogado del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, que representa a 16 propietarios de tierras, incluida Álvarez.
Garza dijo que sus clientes estaban “obligados a elegir entre su salud y defender sus hogares”. Los que no asisten a la corte corren el riesgo de que el gobierno confisque sus tierras, expuso, como lo hizo durante el último gran proyecto de construcción de cercas fronterizas en 2006 en el sur de Texas.
Álvarez insistió en que desde que comenzó la pandemia, los topógrafos saltaron cercas y plantaron estacas de madera en su tierra, que ella quitó.
“Conozco mis derechos”, dijo Álvarez.
Ella reveló que agentes armados de la Patrulla Fronteriza la visitaron esta primavera y le pidieron que firmara documentos que permitieran a los topógrafos ingresar a su tierra.
“Dije: ‘¿Tenemos que sacar también nuestras armas?’”, relató Álvarez, cuya familia caza palomas en sus tierras.
La construcción de muros se ha acelerado en todo el valle circundante de Río Grande, con equipos trabajando en cinco sitios de construcción en 45 millas de muro fronterizo el mes pasado, expuso un portavoz de la agencia.
En la pequeña ciudad fronteriza de Hidalgo, Texas, decenas de hombres con cascos y chalecos fluorescentes estaban trabajando en un segmento de pared de tres millas al norte de Río Grande, rodeado de cítricos y campos de maíz. Cavaron trincheras, vertieron hormigón y levantaron paneles de vallas de acero con grúas.
Roberto López, coordinador de alcance en el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, dijo que le preocupaba que tantos trabajadores inundaran el área rural durante la pandemia.
El grupo de Roberto López, del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, se unió a otros para enviar una carta a Seguridad Nacional, el Pentágono y el Departamento de Justicia exigiendo que detuvieran el trabajo en marzo.
“Nuestras vidas como comunidades fronterizas están en riesgo. Esto tiene que parar”, dijo mientras visitaba el sitio el mes pasado.
Su grupo se unió a más de 100 personas en el envío de una carta a los líderes de Seguridad Nacional, el Pentágono y el Departamento de Justicia (cuyos abogados presentaron demandas para tomar la tierra), exigiendo que detuvieran el trabajo en marzo. El grupo comenzó una petición en línea oponiéndose a la construcción del muro durante la pandemia que recolectó más de 2.800 firmas.
Los miembros del Congreso también han escrito varias veces a la administración Trump desde el comienzo de la pandemia, exigiendo que se detenga la construcción del muro fronterizo. Los legisladores mencionaron los riesgos ambientales y de salud pública, particularmente en ciudades como Ajo, con una población de 3.000, en el remoto oeste de Arizona con pocos recursos médicos. A principios de este mes, una clínica de Ajo confirmó sus dos primeros casos de COVID-19, ambos trabajadores del muro.
Roberto Lopez’s group, the Texas Civil Rights Project, joined others to send a letter to Homeland Security, the Pentagon and the Justice Department demanding they halt wall work in March.
“Ajo y algunas de las comunidades más pequeñas están muy, muy preocupadas ya que los trabajadores de la construcción han llegado para levantar el muro. Es un riesgo para la salud durante esta emergencia”, manifestó el congresista Raúl Grijalva (D-Ariz.), señalando que después de escribir a esos departamentos, no recibió respuesta.
Dyman insistió en que la Patrulla Fronteriza ha respondido a todas las preguntas del Congreso y estaba “monitoreando de cerca la evolución de la situación, en coordinación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU... para garantizar que se sigan todas las pautas emitidas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades mientras continuamos nuestro compromiso para asegurar la frontera”.
Los funcionarios federales detuvieron la construcción del muro durante la pandemia de al menos un sitio: un tramo de siete millas de tierra tribal Cocopah en Yuma, Arizona. Los líderes tribales y el Sierra Club habían luchado contra el proyecto de $3.8 mil millones, argumentando que bloquearía el acceso de la tribu al cercano Río Colorado. El mes pasado, el gobierno federal abandonó el proyecto y señaló que “los precios de los contratistas para ciertos proyectos y segmentos fueron más altos de lo esperado”. Aproximadamente 42 millas de muro todavía se deben construir en Yuma bajo el contrato.
Para acelerar la construcción del muro fronterizo en Arizona, la administración Trump renunció a las leyes ambientales y aprovechó los antiguos acuíferos para que el agua apriete el polvo y mezcle el concreto. Cerca de Quitobaquito Springs, al oeste de Lukeville, se pudo ver equipos de construcción de muros en febrero bombeando y rociando agua del acuífero que alimenta los manantiales -hogar de los cachorritos de Quitobaquito en peligro de extinción y las tortugas de lodo Sonoyta- en camiones.
“Toda el agua que están utilizando para este proyecto está saliendo de la tierra”, señaló Laiken Jordahl, defensora ambiental del Centro para la Diversidad Biológica con sede en Tucson, mientras observaba el camión bombear agua a unos metros de un nuevo tramo de muro fronterizo. “Este es el recurso más valioso en el desierto”.
Dyman dijo que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU y el Servicio de Parques Nacionales fueron consultados y determinaron que no se usaría agua subterránea dentro de las cinco millas de Quitobaquito Springs para la construcción de muros. Agregó que el Servicio de Parques estaba monitoreando cualquier “cambio significativo en los niveles de agua” en los manantiales, y la Patrulla Fronteriza “evaluará el uso del agua subterránea para los proyectos de Tucson e identificará estrategias de mitigación que minimicen el impacto en la mayor medida posible”.
Jordahl ha documentado cómo los equipos de construcción han reducido decenas de cactus sahuaro nativos del área y otras plantas mientras se abrían paso hacia el muro en el Monumento Nacional Organ Pipe Cactus y hacia el este en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta.
En el este de Arizona, cerca de Douglas, los equipos de construcción han aprovechado un acuífero en el Refugio Nacional de Vida Silvestre San Bernardino para mezclar concreto que utilizarán en los cimientos del muro, poniendo en peligro la vida silvestre en los estanques del refugio, según Myles Traphagen, un ecólogo con sede en Tucson que coordina el programa de tierras fronterizas de la organización sin fines de lucro Wildlands Network.
Traphagen ha estado monitoreando los niveles de agua de los estanques en el refugio, que han disminuido desde que comenzó la construcción del muro esta primavera, amenazando a peces como la cría nativa de Yaqui, el shiner y el minnow. Instaló cámaras para rastrear el impacto del muro en jaguares, ocelotes, leones de montaña y otros animales que rutinariamente cruzan la frontera.
Dyman reconoció que el monitoreo de la Patrulla Fronteriza en el área mostró “datos que indican una disminución en la disponibilidad de extracción de agua de los pozos de refugio”. Añadió que la agencia está trabajando con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre y el Cuerpo del Ejército en “una estrategia de mitigación que incluye la posible actualización de las bombas de pozos de agua existentes en el refugio”.
Durante un viaje en febrero para verificar dos cámaras infrarrojas recién instaladas y atadas a álamos, Traphagen recuperó cientos de fotos de animales que atraviesan el área, incluido un león de montaña. A lo lejos, el equipo de construcción retumbó cuando media docena de trabajadores y supervisores se reunieron en un puente donde el nuevo muro fronterizo de 30 pies cubriría el antiguo.
“Ya viene”, dijo.
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