Mientras aumentan los casos de coronavirus, los líderes de ICE presionan para detener a más inmigrantes

En una audiencia en un tribunal federal la semana pasada, Moisés Becerra, un alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, discutió un plan para repoblar de forma segura el centro de detención de inmigrantes de Mesa Verde, en Bakersfield. El verano pasado, un brote de COVID-19 se extendió a más de la mitad de los detenidos y a una cuarta parte del personal.

Ahora, en el contexto de la oleada más reciente -y potencialmente más difícil- de casos de COVID-19 en todo el estado y el país, los funcionarios de ICE intentan aumentar la cantidad de inmigrantes detenidos en California.

Al mismo tiempo, los defensores están instando a los líderes de California a detener las transferencias desde prisiones y cárceles estatales a la custodia de ICE y ejercer la supervisión de la salud pública. “No esperamos que ICE garantice las medidas, por lo tanto, es responsabilidad de nuestros funcionarios estatales y locales abordar esta crisis humanitaria”, comentó Jackie González, directora de políticas de Immigrant Defense Advocates.

En agosto, el juez de distrito de Estados Unidos Vince Chhabria emitió una orden de restricción que prohíbe la entrada de nuevos detenidos en Mesa Verde, ordenando una reducción de la población a menos de 50 y la realización de pruebas semanales de los detenidos y el personal restantes. La instalación tiene espacio para 400 personas y está dividida en cuatro dormitorios.

Los abogados de ICE argumentaron que debido a que no hubo nuevos casos y todos los detenidos que dieron positivo en la prueba se han recuperado desde entonces, la orden judicial ya no es necesaria. Dos miembros del personal dieron positivo la semana pasada, según documentos judiciales.

Los defensores de los inmigrantes presentaron demandas en respuesta a las condiciones dentro de cinco de las instalaciones en California durante la pandemia. En el caso de Adelanto, al noreste de Los Ángeles, un juez todavía está considerando las solicitudes de fianza de detenidos para reducir la población de la instalación. A principios de este mes, el sitio de San Diego, Otay Mesa, experimentó su segundo brote de COVID-19.

En Mesa Verde, el plan de ICE implica ofrecer pruebas a todos los detenidos entrantes y ponerlos en cuarentena o aislamiento durante dos semanas. Quienes rechacen ser examinados serán puestos en cuarentena por separado. Se aislará a los detenidos que den positivo en la admisión.

El portavoz de ICE, Jonathan Moor, se negó a comentar sobre litigios pendientes. Un representante de GEO Group, la compañía con sede en Florida que administra tres de las instalaciones en California, declinó hacer comentarios para este artículo.

Becerra le dijo al tribunal que los líderes de las instalaciones están en proceso de combinar dormitorios, de modo de liberar dos de ellos para acomodar a nuevos detenidos. El juez Chhabria parecía no estar convencido de que el plan fuera lo suficientemente sólido como para prevenir un brote futuro. “¿Qué pasa si hay detenidos en los cuatro dormitorios y surge otro brote?”, preguntó el magistrado. “¿Cómo se empieza a aislar a las personas que dieron positivo?”.

Aunque no está escrito en el plan, señaló Becerra, el objetivo es tener siempre un dormitorio disponible. De lo contrario, los nuevos detenidos serían enviados a otra instalación.

Pero los abogados de ICE escribieron en documentos judiciales a principios de este mes que la agencia debería tener flexibilidad en lugar de estar sujeta a una orden judicial que “bloquea la forma en que podrían usar sus unidades de vivienda”.

Los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y la oficina del defensor público de San Francisco han instado a Chhabria a no levantar la orden de restricción.

Los correos electrónicos divulgados recientemente como parte del caso judicial indican que los funcionarios de Mesa Verde ignoraron los protocolos emitidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y engañaron al juez sobre sus prácticas de seguridad. Los emails entre los funcionarios de ICE y el director de la instalación, Nathan Allen, muestran que esperaron cuatro días para ofrecer pruebas en un dormitorio que había estado expuesto a un caso positivo del 31 de julio, a pesar de contar con pruebas de resultados rápidos en el lugar.

Los funcionarios de ICE también tergiversaron ciertos hechos, indican los documentos. En una declaración del 27 de mayo, el subdirector de la oficina de campo de San Francisco, Alexander Pham, indicó que todos los nuevos detenidos que lleguen de otra instalación con casos reportados de COVID-19 serían aislados durante dos semanas antes de ser liberados a la población en general. Posteriormente, los abogados presentaron una “notificación de errata” al tribunal, reconociendo que el aislamiento se limita principalmente a quienes son detenidos en la calle o a aquellos que regresan de una hospitalización.

Los correos electrónicos divulgados anteriormente encontraron que los funcionarios de Mesa Verde rechazaron la sugerencia de examinar a todos los detenidos allí porque sería difícil poner en cuarentena a quienes dieran positivo. ICE no le efectuaba la prueba a los detenidos con síntomas de COVID-19 antes de que comenzara el brote, el 29 de julio.

Mientras la agencia intenta recuperar el control de Mesa Verde, los defensores buscan que los líderes estatales exijan que ICE coordine con los departamentos de salud pública locales y ponga un alto a las transferencias desde las prisiones y cárceles estatales. Compararon la necesidad de intervención con instancias en las que los funcionarios de salud estatales tomaron el control de los hogares de ancianos con problemas, al principio de la pandemia.

En respuesta a la pandemia, ICE publicó un conjunto de requisitos para los centros de detención, incluida la necesidad de cumplir con los planes de salud pública estatales y locales, y coordinar con las autoridades de salud pública para desarrollar un plan de mitigación de COVID-19.

Cinco de las seis instalaciones en California están a cargo de empresas con fines de lucro, y las ampliaciones planificadas podrían llevar la capacidad combinada a 7.200 personas. Se reportaron infecciones por COVID-19 en cada una de las instalaciones privadas, incluido un brote de más de 150 individuos en Otay Mesa, que en un momento fue el más grande del país y provocó la primera muerte relacionada con el coronavirus bajo la custodia de ICE.

Los grupos de defensores de inmigrantes, incluida la organización sin fines de lucro Immigrant Defense Advocate, preguntaron a las autoridades de salud pública en los condados dónde se encuentra cada una de las seis instalaciones de ICE en cuanto a su comunicación con los operadores.

Según un resumen de políticas publicado el jueves pasado, la mayoría de los departamentos de salud pública dijeron que no habían desarrollado un plan de COVID-19 para la instalación en su jurisdicción. En una respuesta por correo electrónico enviada el 9 de septiembre pasado, Matthew Constantine, director de servicios de Salud Pública del condado de Kern, afirmó que el departamento “no tiene jurisdicción dentro de un centro de detención contratado por el gobierno federal”.

Los funcionarios del condado de Kern señalaron que se reunieron con el Departamento de Salud Pública de California para discutir el brote en Mesa Verde el 24 de agosto, el mismo día que los defensores enviaron su consulta y más de tres semanas después de que comenzara tal situación.

Los requisitos de respuesta ante una pandemia de ICE señalan que la agencia debe cumplir con la guía provisional de los CDC sobre COVID-19 en las instalaciones correccionales y de detención. Esa guía establece que se debe contactar a los funcionarios de salud pública locales antes de liberar a una persona encarcelada o detenida que tenga un caso confirmado o sospechado de COVID-19. Los funcionarios de salud pública en los condados de Kern y San Bernardino aseguraron que no habían recibido notificaciones.

Otros documentos mostraron que los líderes de las instalaciones se negaron a cooperar con las autoridades de salud pública. En un intercambio por correo electrónico el 19 de mayo, la epidemióloga del Departamento de Salud Pública de San Diego, Adriana Villaseñor, recomendó al asistente del alcaide Joseph Roemmich que todo el personal del centro de detención de Otay Mesa se hiciera la prueba.

Según Villaseñor, el Departamento de Salud Pública de California “está instando con más fuerza a las instalaciones con brotes a emplear esto para obtener un buen punto de referencia del personal y los residentes asintomáticos (para ayudar a mitigar la propagación)”.

Roemmich respondió: “Para que quede claro, en este momento no tenemos la intención de realizar pruebas masivas a nuestro personal”.

En una audiencia en el Senado de California, el jueves pasado, sobre COVID-19 en las prisiones estatales, una abogada de la ACLU, Monika Langarica, dijo que las prisiones y las cárceles abastecen a la mayoría de los detenidos de ICE en California. La legista argumentó que esas transferencias son voluntarias y ponen en peligro a la comunidad durante una pandemia. “Sin una intervención constante desde todos los ángulos posibles, más personas pueden morir cuando están detenidas en custodia de ICE”, afirmó.

Pero Heidi Dixon, jefa de servicios de registros de casos para el Departamento Correccional y de Rehabilitación de California, indicó que la ley estatal exige que la agencia notifique a ICE de los reclusos nacidos en el extranjero, permita que los funcionarios de ICE entren a sus instalaciones para entrevistar a los reclusos y facilite los traslados a custodia de esa agencia.

La ley de California establece que el departamento correccional cooperará con las autoridades de inmigración “proporcionando el uso de las instalaciones penitenciarias, de transporte y apoyo general” para los propósitos de las audiencias de deportación.

Algunos legisladores, incluida la senadora Hannah-Beth Jackson (D-Santa Bárbara), expresaron su frustración por las diferentes interpretaciones de la responsabilidad del estado para con ICE. “Recuerdo que quedó bastante claro en las audiencias que hemos tenido en el transcurso de los últimos años que el estado de California no se ve a sí mismo como una extensión de ICE”, remarcó.

Para leer esta nota en inglés haga clic aquí