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Esto es lo que ocurre cuando ICE solicita a Google la información de los usuarios

A woman walks near a Google sign on its campus in Mountain View, Calif.
Si desea evitar que Google proporcione su información personal a las autoridades que emitieron una citación administrativa, debe actuar con rapidez.
(ASSOCIATED PRESS)

Está navegando por su bandeja de entrada de Gmail y ve un correo electrónico con una línea de asunto extraña: una cadena de números seguida de “Notificación de Google”.

Puede parecer una estafa de suplantación de identidad o una actualización de las condiciones de servicio de Gmail. Pero podría ser la única oportunidad que tendrá para evitar que la empresa comparta su información personal con las autoridades.

Las compañías de tecnología, que guardan auténticos tesoros de información personal, se han convertido en objetivos naturales de las solicitudes gubernamentales y de las fuerzas del orden. Los nombres más importantes de la industria, como Google, Facebook, Twitter y LinkedIn, reciben pedidos de datos, desde citaciones hasta cartas de seguridad nacional, para ayudar, entre otros esfuerzos, en investigaciones penales y civiles, así como en juicios.

Un correo electrónico como este es una rara oportunidad para que los usuarios descubran cuándo las agencias gubernamentales están buscando sus datos.

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En el caso de Google, la empresa suele informar a los usuarios qué agencia desea su información.

En un email revisado por The Times, Google notificó al destinatario que la compañía había recibido una solicitud del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para entregar información relacionada con su cuenta (el destinatario compartió el correo electrónico bajo condición de anonimato debido a la preocupación por controles inmigratorios). Esa cuenta puede estar asociada a Gmail, YouTube, Google Photos, Google Pay, Google Calendar y otros servicios y aplicaciones.

El correo electrónico, enviado por el equipo de asistencia para investigaciones legales de Google, notificaba al destinatario que Google podría entregar información personal al DHS a menos que recibiera en un plazo de siete días una copia de una moción sellada por el tribunal para anular tal pedido.

Se trata de un listón muy alto para superar en poco tiempo, remarcó Paromita Shah, cofundadora y directora ejecutiva de la firma de abogados Just Futures, expertos en derechos de inmigración. “Lo que Google espera que alguien haga es anular la citación; eso exigiría que la persona acuda a un tribunal federal”, continuó. “Me gustaría saber cuánta gente tendrá los recursos y el entendimiento de que solo hay siete días para contratar a un abogado que anule una citación de ICE en un tribunal federal”.

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El correo electrónico de Google no incluía una copia de la solicitud legal. Al solicitarlo, el destinatario se enteró de que era una citación administrativa de la agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE.UU. ICE solicitaba los nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, direcciones IP, direcciones postales, duración del servicio -como la fecha de inicio- y los medios de las fuentes de pago vinculadas de alguna manera a la cuenta de Google.

Estas solicitudes no son infrecuentes para el gigante tecnológico. Desde enero hasta junio de 2020, Google recibió cerca de 40.000 solicitudes de información de usuarios por parte de las fuerzas del orden; más de 15.500 fueron citaciones, según un informe anual de transparencia. De estas, Google proporcionó “algunos datos” en el 83% de los casos. Para ese mismo período, Facebook recibió más de 60.000 pedidos, y entregó algunos datos en el 88% de los casos. Twitter recibió un poco más de 3,000 solicitudes y reportó una tasa de cumplimiento del 59%.

Aunque las empresas pueden sentirse limitadas para luchar contra las órdenes judiciales y las citaciones, Shah y los defensores de la inmigración argumentan que la industria de la tecnología tiene mucho más margen para retener la información del usuario en respuesta a solicitudes legales que no tienen autorización judicial.

En un comunicado, el portavoz de Google, Alex Krasov, dijo que la empresa protege “enérgicamente” la privacidad de los usuarios “al tiempo que apoya el importante trabajo de las fuerzas del orden”. “Tenemos un proceso bien establecido para administrar solicitudes de información sobre nuestros usuarios por parte de las fuerzas del orden público: cuando recibimos una solicitud, notificamos a los usuarios que su información ha sido solicitada, rechazamos las peticiones que demasiado amplias de modo de proteger la privacidad de los usuarios y proporcionamos datos en torno a tales solicitudes en nuestro informe de transparencia”, se lee en el comunicado.

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Las citaciones son uno de los pocos procesos legales que implementan las agencias del orden para obtener información del usuario, a veces en relación con una investigación criminal o de otro tipo en curso. Muchas de estas solicitudes vienen con órdenes de mordaza, lo cual deja a los usuarios en la oscuridad hasta al menos un año después de emitida la solicitud. Otros otorgan a los usuarios poco tiempo o información para proteger sus datos.

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley pueden obtener información de usuarios de otras formas. Algunas empresas venden información a intermediarios de datos, que a su vez la comercializan a los organismos del orden, por ejemplo. Todos ellos forman parte de un sistema que se ha puesto a disposición de las fuerzas como un subproducto de la dependencia de las empresas de tecnología con un modelo comercial de recopilación, almacenamiento y venta de información personal, así como de la voluntad -a menudo incondicional- de los usuarios de entregar sus datos.

Las citaciones administrativas, como la recibida por el usuario de Google, se diferencian de las órdenes o citaciones judiciales en el tipo de información que buscan y en su ejecución. Una citación administrativa no es autoaplicable, lo cual significa que es simplemente una solicitud legal y, generalmente, solo puede ser ejecutada por ICE u otra agencia emisora que acuda a la corte si el destinatario no cumple. Tampoco ha sido firmada por un juez y la agencia no está obligada a mostrar una causa probable. A diferencia de una orden judicial, una citación administrativa solo permite a las autoridades buscar información básica del suscriptor, como la dirección IP y cuánto tiempo ha estado activa una cuenta.

A algunos grupos de derechos civiles y legales les preocupa que agencias federales como ICE puedan usar procesos legales, como citaciones administrativas, para obtener acceso a la información de usuarios y ampliar la vigilancia sobre los residentes de EE.UU.

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En una solicitud de libertad de información, una coalición de grupos está preguntando actualmente a ICE cuántas de estas solicitudes envió a Google, Facebook y Twitter, además de señalar que estas plataformas “contienen grandes cantidades de información personal sobre sus usuarios, incluida la ubicación en tiempo real, dirección y datos de comunicación”.

“Las solicitudes de citación administrativa de ICE a las empresas de tecnología para obtener esos datos invadirían la información más íntima y personal sobre nuestra vida diaria, como ubicación, dirección y comunicación”, enfatizó la solicitud, presentada por el Programa de Derechos de Inmigrantes y Trata de Personas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston, Just Futures Law y Mijente Support Committee, dice el documento.

Un funcionario de ICE dijo que la agencia no envía habitualmente citaciones administrativas a las empresas de tecnología con fines de inmigración civil no criminal. La agencia también señaló usos anteriores de citaciones administrativas para obligar al Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria de Nueva York -en una ciudad cuyas leyes santuario prohíben que las agencias contribuyan con las iniciativas federales de deportación- para proporcionar a ICE información sobre varias personas. En un comunicado de prensa, ICE destacó que utiliza “citaciones de inmigración autorizadas por ley para obtener información como parte de las investigaciones sobre posibles extranjeros repatriables”.

Los críticos están preocupados por lo difícil que es para los usuarios cuya información es objeto de citaciones administrativas impedir que empresas como Google la compartan, comentó Shah. “Google hace que sea más difícil optar por no participar porque ponen la carga sobre la persona para presentar una moción de anulación”, expresó. “Eso es muy típico de las corporaciones. Es muy complicado para los usuarios optar por no participar, a menos que tomen medidas adicionales o vayan a portales especiales para optar por la negativa”.

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En una carta al director legal de Google, Kent Walker, una coalición de grupos de derechos de inmigrantes argumentó que la empresa no debería entregar ninguna información a menos que la solicitud de ICE esté acompañada de una orden judicial, y que reconsidere su política para que “el suscriptor ser escuchado.” Google no respondió a preguntas específicas sobre si la empresa reconsiderará su política.

“Proporcionar datos de ubicación a ICE puede causar un daño irreparable porque la agencia usa dicha información para realizar redadas domiciliarias, encarcelar a no ciudadanos, deportar a individuos y sus familias y destrozar comunidades”, dice la carta de Immigrant Legal Rights, Mijente, Just Futures Law y varios clínicas universitarias de derechos de los inmigrantes, dice.

Si bien el uso de ICE de este proceso no judicial se volvió una preocupación para quienes creen que “instala confusión” sobre el peso legal que conlleva, las citaciones administrativas son en realidad una de las formas más transparentes en que las fuerzas del orden público pueden solicitar información del usuario a las compañías de tecnología.

Eso se debe, en parte, a que tales solicitudes no se emiten unilateralmente con órdenes de mordaza. La agencia tendría que ir a la corte para obtener una orden de silencio, una medida que podría exponer la citación administrativa -que es una herramienta de bajo costo porque no requiere ir a la corte- a impugnaciones, afirmó el abogado del personal de la Electronic Frontier Foundation, Andrew Crocker (las autoridades pueden solicitar en sus citaciones administrativas, como hizo ICE en este caso, que una empresa no comparta la información con el usuario, pero es es simplemente un pedido).

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Otras solicitudes de aplicación de la ley, incluidas las órdenes judiciales y las Cartas de Seguridad Nacional, por otro lado, a menudo se emiten con órdenes de mordaza porque notificar al usuario podría interferir con las investigaciones.

En esos casos, no se notificará al usuario. Las Cartas de Seguridad Nacional, un tipo de citación administrativa emitida principalmente por el FBI, vienen con una orden de mordaza predeterminada que debe revisarse dos veces en el curso de una investigación, dijo Crocker. Los ejemplos publicados por Google muestran uno enviado a la compañía en julio de 2016, que recién fue revelado el mes pasado, y otro de marzo de 2020, dado a conocer en febrero. En ambos casos, el suscriptor cuya información se solicitaba no tendría idea de que esta había sido compartida, hasta que se divulgara.

Debido a esto, es importante que los proveedores como Google actúen como un control de la aplicación de la ley, destacó Crocker. “De lo contrario, no sabremos cuál es el proceso utilizado para obtener información privada”, expuso. “Comparemos esto con la forma en que sucede en el mundo real, por ejemplo cuando la policía quiere registrar un domicilio. Para hacerlo deben obtener una orden judicial, y luego pueden derribar la puerta o golpear. Pero la persona sabe que las autoridades están en su casa, y ellos están obligados a entregar una lista de todo lo que se llevan”.

Para leer esta nota en inglés haga clic aquí

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