Karen Cruz Caceres’s sister Tani, left, with her son, upon arriving in Memphis on April 13.
Con manos temblorosas, Karen Cruz Cáceres logra accionar el botón de grabar en la llamada.
“¿Cuántos días llevas sin comer?”, pregunta en el teléfono.
Se oye sollozar a Tani, su hermana menor. “Ayúdame”, responde ella.
Cruz Cáceres le asegura: “Hoy voy a pagar. Haré otro depósito”.
La llamada, el 1º de abril pasado, termina abruptamente y Cruz Cáceres deja de grabar.
Una semana antes de eso, Cruz Cáceres, una madre soltera de Honduras que obtuvo asilo en Tennessee, había recibido otra llamada que sacudió su ya precaria vida: secuestradores en Nuevo Laredo, México, tenían a su hermana embarazada, Tani, y a su sobrino de cuatro años de edad, y querían más de $20.000 como rescate, según una grabación en video de la llamada y mensajes que fueron revisados por Los Angeles Times. La familia solicitó a The Times no usar el apellido de su hermana, por temor a represalias por parte de los secuestradores en México y las pandillas en su país de origen.
Tani, de 33 años, y su hijo fueron secuestrados el 25 de marzo, precisaron Cruz Cáceres y sus abogados, justo después de que las autoridades estadounidenses los expulsaran de Texas junto con otras madres y niños, en el marco de una política pandémica de la era Trump conocida como Título 42, que continúa ahora durante la presidencia de Biden.
La política sin precedentes, que se basa en un oscuro estatuto de salud pública de 1944 para cerrar indefinidamente la frontera a los viajes “no esenciales”, convirtió a los niños y padres migrantes en una presa fácil para los grupos criminales que esperan al otro lado. La continua dependencia de Biden del Título 42, para expulsar rápidamente a la gran mayoría de los migrantes en la frontera sur sin el debido proceso, contrasta con su promesa de restaurar la “dignidad humana” en un sistema de inmigración al que apuntaba el ex presidente Trump.
“A mi hermana y a mi sobrino les dijeron que los iban a matar para darles [sus cuerpos] de comer a los perros”, relató Cruz Cáceres a The Times. “Si [funcionarios de EE.UU] quieren deportarlos a su país, ¿por qué no lo hacen ahora, como lo hicieron los presidentes anteriores?”, se preguntó. “¿Por qué dejarlos librados a su suerte en las ciudades más peligrosas de México, para que sean secuestrados por criminales?”.
El rapto de migrantes en el norte de México y la extorsión a sus familiares que residen en EE.UU no es una mecánica nueva, afirmaron abogados, expertos y funcionarios a The Times: lo nuevo es la dependencia del Título 42 para expulsar a miles de estas familias ya vulnerables, dejándolas a merced de secuestradores y otros delincuentes.
‘Como la fiebre del oro para los traficantes de personas’
Desde que la administración Trump implementó el Título 42, en marzo del año pasado, en medio de la pandemia, los funcionarios fronterizos de EE.UU concretaron más de 630.000 expulsiones en el marco de la política, unas 240.000 desde que Biden asumió el cargo en enero, según un análisis de este periódico de los últimos datos del gobierno.
The Times entrevistó a varias madres centroamericanas que afirmaron haber pedido asilo a los agentes fronterizos de Estados Unidos, pero en cambio fueron trasladadas a México desde California, Arizona y Texas, y luego secuestradas junto con sus pequeños. Los relatos fueron respaldados por familiares en EE.UU, que declararon haber enfrentado una extorsión para la liberación de sus parientes, y por abogados que asistieron a las familias.
Los abogados, activistas e investigadores que conectaron a The Times con las madres, agregaron que se encontraron con decenas de secuestros y ataques a migrantes sujetos al Título 42. Human Rights First, junto con otras organizaciones, como Al Otro Lado y Haitian Bridge Alliance, documentaron aproximadamente 500 casos por el estilo en México, solo desde el pasado mes de enero.
“Ellos saben que esto está sucediendo”, afirmó Nicole Ramos, abogada de Al Otro Lado que ayudó a la familia de Cruz Cáceres, sobre los funcionarios fronterizos de Estados Unidos. Los migrantes están “literalmente siendo secuestrados apenas son expulsados”.
Antes de Trump, y ahora también de Biden, las autoridades estadounidenses no enviaban por la fuerza a solicitantes de asilo y otros ciudadanos no-mexicanos a México. Pero mientras Estados Unidos está en vías de “encontrar” más migrantes en la frontera este año que en cualquier otro en las últimas dos décadas, según el Departamento de Seguridad Nacional, los funcionarios de la administración Biden duplicaron las expulsiones masivas bajo el Título 42 para intentar mantener las cifras bajas y la presión política a raya.
Según la norma, los funcionarios estadounidenses expulsan rápidamente a miles de niños y padres centroamericanos, la gran mayoría de ellos con familiares en Estados Unidos, a algunas de las ciudades más peligrosas del mundo -a menudo a cientos de millas de donde cruzaron la frontera- sin nadie para recibirlos, con ninguna de sus pertenencias y escasas advertencias sobre lo que está pasando o a dónde los llevan. Y a diferencia de la política de Trump de “Permanecer en México”, que Biden ordenó detener en su primer día como presidente, los funcionarios los expulsan sin una fecha en la corte de EE.UU o un registro de solicitud de asilo.
Gran parte de la atención del público en la frontera en los últimos meses se centró en los menores no acompañados. Y aunque la mayoría de los detenidos y expulsados desde enero seguían siendo hombres adultos solteros, las autoridades estadounidenses también llevaron a cabo cerca de 32.000 expulsiones de niños migrantes y sus padres. Más de la mitad -con Tani y su pequeño entre ellas- ocurrieron el mes pasado. “La consecuencia del Título 42 es que esto es esencialmente una ‘fiebre del oro’ para los traficantes de personas”, remarcó el abogado de inmigración Andrew Free, quien representó a Cruz Cáceres en su caso de asilo.
El martes, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, anunció una nueva iniciativa intergubernamental para combatir las organizaciones criminales transnacionales y las redes de contrabando que “se aprovechan de la vida humana y habitualmente de los migrantes”. Cuando se le preguntó cómo la operación abordaría el Título 42, que incentiva a esos mismos secuestradores y traficantes, Mayorkas le respondió a The Times durante una rueda de prensa telefónica que la política permanecería vigente hasta que “ya no sea necesaria”. “Es un imperativo de salud pública no solo proteger al público estadounidense, sino también preservar de manera importante a los propios migrantes”, contestó. “Tenemos la responsabilidad por ambas partes de esto: garantizar la seguridad y la salud pública con las herramientas a nuestra disposición, y también hacer frente a los delincuentes que buscan aprovecharse de esa situación”.
Al menos tres jueces federales determinaron que la política del Título 42 probablemente sea ilegal. Funcionarios de las Naciones Unidas y legisladores estadounidenses —incluida la entonces senadora Kamala Harris— han dicho que el Título 42 viola el derecho internacional y de EE.UU, que garantiza el derecho a pedir asilo y prohíbe al gobierno reenviar a las personas perseguidas al peligro.
El Departamento de Estado advierte a los ciudadanos que “reconsideren viajar” a México “por delitos y secuestros”, y señala a Tamaulipas -el estado mexicano fronterizo con Texas al que Tani fue expulsada- con el mismo nivel de peligro que Siria e Irak.
Aún así, en su primera conferencia de prensa como presidente, el mes pasado, Biden dijo que le gustaría enviar más familias de regreso bajo el Título 42. La administración está luchando contra una demanda que impugna la expulsión de niños migrantes y sus padres, incluso cuando el gobierno mexicano se opone a recibir más, citando una nueva ley que prohíbe detenerlos. “¿Por qué algunos no regresan? Porque México se niega a recibirlos”, comentó. “Todos deberían regresar”.
‘¿Cuánto podrías conseguir?’
Cruz Cáceres guardó la información de contacto de los extraños en su teléfono como ‘secuestradores’. Su ícono en WhatsApp parece ser una chica amordazada. La de Cruz Cáceres es una ilustración de Jesús cargando a una niña en su espalda.
“Son $10.800 por los dos aquí en México”, dijo uno de los supuestos secuestradores por mensaje de texto, en español, según revisó The Times. “Y en San Antonio, otros $9.600 por ambos”.
“Soy una madre soltera que trabaja para sobrevivir aquí”, respondió Cruz Cáceres. “Tenga piedad; acepte menos y entréguelos a inmigración. Se lo ruego, señor”.
Los secuestradores respondieron a la mañana siguiente: “¿Cuánto podrías conseguir?”.
Cruz Cáceres ha enfrentado amenazas antes. De regreso en San Pedro Sula, Honduras, su vecindario estaba controlado por la pandilla de 18th Street, según el testimonio de su caso de asilo, que data de 2018.
En 2005, el esposo de Cruz Cáceres se unió a COBRA, una controvertida unidad policial de operaciones especiales, que recibe apoyo de Estados Unidos. Cuando renunció debido a las amenazas y se escondió, los miembros de 18th Street le dijeron que “destrozarían los cuerpos de ella y de su hijo”, según el testimonio.
En la víspera de Navidad de 2015, Cruz Cáceres y su hijo cruzaron a Texas. Poco después, en Honduras, su esposo recibió un disparo, según el testimonio; sobrevivió al fingir que estaba muerto. Más tarde se separaron. “Los reclamos de los demandados fueron excepcionalmente bien corroborados”, escribió el juez de inmigración en Tennessee, quien les otorgó asilo a ella y a su hijo.
La ley estadounidense brinda protección a quienes pueden demostrar que temen ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social en particular, pero menos del 40% de los solicitantes obtienen el asilo.
En Nashville, Cruz Cáceres trabaja los siete días de la semana, tanto en McDonald’s como en hoteles, donde realiza la limpieza. “Tengo dos brazos y dos manos; yo trabajo”, asegura con orgullo. “No voy a pedir limosna”.
En Honduras, 18th Street siguió amenazando a su familia, según Cruz Cáceres y los abogados que los asisten. Los huracanes recientes destruyeron su casa, y 11 de sus parientes, incluida su hermana Tani, conviven en una única habitación, dijo. Cuando le robaron la motocicleta a la familia, Tani lo denunció a la policía. Pronto, los pandilleros llegaron a la puerta. “Le apuntaron con un arma a la cabeza y luego a la barriga -está embarazada- y amenazaron con matarla a ella, a su hijo y también a su pareja”, relató Cruz Cáceres.
Con poco más que el informe policial, Tani, su hijo y su esposo huyeron hacia el norte.
‘Presas fáciles’
El Título 42 exacerbó el caos en la frontera que existía antes de que Biden asumiera el cargo. En noviembre, dos huracanes azotaron el Triángulo Norte de América Central, formado por Guatemala, Honduras y El Salvador, lo cual se sumó a la devastación por el COVID-19. Impulsados por los contrabandistas, muchos concluyeron que tendrían mejores oportunidades de conseguir asilo en EE.UU con Trump fuera del cargo.
La situación también incentiva la repetición de cruces, afirman las autoridades. Sin una vía legal para ingresar, pero sin consecuencias legales adversas por ser expulsados, los migrantes recurren cada vez más a los ‘coyotes’, que les ofrecen múltiples intentos por el precio de uno. Los agentes fronterizos toman información biométrica y realizan un rápido control de salud antes de obligar a los mexicanos y centroamericanos a regresar a la frontera -en 90 minutos en promedio, según se jactaban las personas designadas por Trump- o enviar a otros de regreso.
Al otro lado del Valle del Río Grande de Texas, el epicentro del aumento de la migración, los funcionarios mexicanos se niegan a recibir a muchas familias, especialmente aquellas con niños pequeños. Los funcionarios estadounidenses responden enviándolos al otro lado del país, para expulsarlos. Desde la asunción de Biden, ha habido al menos 70 vuelos de “ICE Air” desde Brownsville, Texas, a El Paso y San Diego, expulsando a miles de familias solicitantes de asilo exclusivamente a Tijuana.
Los grupos criminales saben que la mayoría de los migrantes deportados rápidamente en la frontera, en particular las familias, tienen parientes estadounidenses que presumiblemente pueden pagar por ellos. Los secuestradores revisan sus teléfonos en busca de números de Estados Unidos, según Julia Neusner de Human Rights First.
“El Título 42 simplemente deja un montón de presas fáciles para el crimen organizado”, comentó Neusner.
En Tamaulipas, los ‘coyotes’ entregan a los migrantes brazaletes de colores, que luego salpican las orillas del Río Grande, para identificar a quienes ya pagaron para cruzar, o a sus secuestradores.
Los cárteles se benefician en última instancia, porque controlan todas las rutas principales a través de México, y todos los que las usan, migrantes o traficantes, tienen que pagar, comentó Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada de la Universidad George Mason y autora de “Los Zetas Inc.”.
Pero los cárteles no necesariamente manejan las redes de secuestros ellos mismos, según un funcionario con sede en México de la rama de Investigaciones de Seguridad Nacional, Inmigración y Control de Aduanas, que solicitó el anonimato por razones de seguridad. No les resulta necesario; los cárteles ganan millones simplemente cobrando peajes, mientras que los traficantes de personas de bajo nivel trabajan en “grupos muy desarticulados” y seleccionan a los migrantes para secuestrarlos como “objetivos de oportunidad”, explicó el funcionario.
Es difícil saber cuántos migrantes expulsados en el marco del Título 42 han sido secuestrados, y su familia obligada a pagar una extorsión, porque “una cantidad significativa de raptos para pedir rescate no se denuncia”, remarcó el FBI en un comunicado a The Times.
Generalmente, cuando se trata de ciudadanos estadounidenses que enfrentan una extorsión, el FBI tiene jurisdicción, y cuando es un inmigrante en EE.UU, le corresponde a Investigaciones de Seguridad Nacional. Pero muchas víctimas, especialmente los inmigrantes que se encuentran aquí ilegalmente, no lo denuncian, preocupados por la seguridad de sus familiares y por temor a lidiar con las fuerzas del orden estadounidenses o sus contrapartes mexicanas, notoriamente corruptas.
Mientras tanto, los funcionarios de la administración Biden llegaron recientemente a un acuerdo con los gobiernos regionales para desplegar fuerzas de seguridad en pos de detener la migración, a pesar de que algunas están vinculadas al secuestro y asesinato de migrantes.
Aún así, el funcionario de Investigaciones de Seguridad Nacional instó a las familias a denunciar los intentos de rescate. “Es una situación terrible para que ellos intenten transitarla por sí mismos”.
‘NO envíe nada a través de Western Union’
El 24 de marzo, Tani y su hijo cruzaron el Río Grande en Reynosa, México, frente a McAllen, Texas, en busca de la Patrulla Fronteriza para solicitar asilo, según Cruz Cáceres y los abogados. El marido de Tani cruzaría por separado; les habían dicho que las madres con niños pequeños tenían más posibilidades.
En cambio, al día siguiente, mientras Cruz Cáceres estaba en el trabajo, recibió un mensaje de audio de Tani: “Karen, me hicieron regresar; me hicieron regresar”.
La Patrulla Fronteriza expulsó a Tani y a su hijo en Nuevo Laredo, aproximadamente a 160 millas de donde habían cruzado. Fueron secuestrados casi inmediatamente después de que las autoridades estadounidenses los dejaran en un puente junto con otras mujeres y niños, precisaron Cruz Cáceres y los abogados.
El 31 de marzo, los captores enviaron a Cruz Cáceres 10 números de cuentas y nombres, junto con instrucciones detalladas para realizar los pagos, según los mensajes compartidos con The Times y posteriormente con Aduanas y Protección Fronteriza. “Si pones dos depósitos o más... los voy a bloquear”, escribieron los secuestradores. “NO envíe nada a través de Western Union o Elektra”.
Con las instituciones financieras estadounidenses más receptivas a los investigadores, los servicios de transferencia de dinero son el método de pago preferido por los delincuentes “para adaptarse rápidamente a las regulaciones en constante cambio”, indicó el FBI en un comunicado enviado a The Times.
Cruz Cáceres envió a los secuestradores fotos de recibos de depósito en tandas de $1.000, el máximo permitido por día, dinero que había pedido prestado. Ella denunció la extorsión al FBI, pero afirmó que no pasó nada. Con manos en oración y emojis del pulgar hacia arriba, imploró a los secuestradores que dejaran llamar a su hermana, que los liberaran en un lugar seguro y les dieran una clave para demostrar que habían pagado. “Siento que me estoy muriendo de impotencia”, escribió Cruz Cáceres a The Times el 2 de abril. “Pronto morirán si no los saco de allí”.
Taylor Levy, abogada de inmigración, dice que los abogados que representan a familias estadounidenses que enfrentan extorsión la contactan semanalmente. Incluso si lo informan, las autoridades como el FBI generalmente no harán nada, dijo. Les aconseja que paguen. “En su mayor parte”, subrayó sobre los secuestradores, “son empresarios”.
Días después de que Cruz Cáceres pagara el rescate, los secuestradores liberaron a Tani y a su hijo en Monterrey, y ambos volvieron a Reynosa para reunirse con el esposo de Tani.
‘Un país como este’
Pocos niegan las devastadoras consecuencias del Título 42 en las familias inmigrantes, pero existe un desacuerdo sobre quién es el responsable. “Si no expulsaran a los solicitantes de asilo a lugares como Reynosa, donde el secuestro es una industria tan común como la de hornear pan”, comentó Ramos, el abogado de Al Otro Lado, “entonces no tendríamos a todas estas familias en Estados Unidos, pagando cientos de miles de dólares a cárteles en México que los extorsionan”.
Para Andrew Selee, presidente del Migration Policy Institute, una institución no partidista, los migrantes conocen los riesgos del viaje y de ser expulsados. “¿Es el Título 42 una mala política? Sí. ¿Es un instrumento necesario para llegar a una mejor política? Posiblemente”.
El 12 de abril, los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Reynosa permitieron que Tani, su pequeño y su esposo ingresaran a Estados Unidos bajo libertad condicional humanitaria, y los dejaron viajar en autobús de Texas a Tennessee. Cuando llegaron a Nashville, su hermana no estaba allí para recibirlos: Cáceres Cruz tenía que trabajar. Ahora hay una deuda de rescate que pagar y otro caso de asilo por afrontar.
Tani comentó con The Times la semana pasada que su hijo está teniendo pesadillas. Un médico estadounidense le dijo que el bebé que nacerá en unos meses -otro varón- está sano. “Estoy feliz de que crezca en un país como este”.
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