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Los solicitantes de asilo con asuntos cerrados bajo “Permanecer en México” pueden llegar a Estados Unidos para presentar solicitudes

A man leans against a car while a woman holds a small child.
Una familia de Honduras espera en México en marzo, más de un año después de que le negaran el asilo.
(Carolyn Cole / Los Angeles Times)
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Los solicitantes de asilo bajo la política de “Permanecer en México” de la era de Trump cuyos asuntos fueron cerrados, muchos por razones fuera de su control, incluidos secuestros y fallos judiciales contra el gobierno, ahora podrán ingresar a Estados Unidos para presentar solicitudes de asilo, señaló el martes la administración Biden.

El miércoles, se comenzará a permitir que los primeros de miles con asuntos cerrados tramiten sus solicitudes de asilo dentro de Estados Unidos, anunció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Más de 30.000 migrantes podrían ser potencialmente elegibles, según información del gobierno.

“Como parte de nuestro esfuerzo continuo para restaurar el procesamiento seguro, ordenado y humano en la frontera suroeste, el DHS ampliará el grupo” de solicitantes de asilo elegibles para el procesamiento, indicó el departamento en un comunicado, incluidos aquellos “cuyos casos se terminaron o fueron retirados en ausencia”.

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Frente a una política plagada de errores administrativos y cuestiones de ilegalidad, los jueces de inmigración de Estados Unidos fallaron en contra de la administración Trump, cerrando miles de casos que el gobierno había presentado contra solicitantes de asilo enviados a México para esperar audiencias estadounidenses.

Pero cuando el presidente Biden asumió el cargo y comenzó a reducir la política que criticó duramente, su administración solo permitió que los solicitantes de asilo bajo Permanecer en México, conocidos formalmente como Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés), cuyos casos de inmigración permanecieran abiertos, ingresaran a Estados Unidos.

Desde febrero, el gobierno de Biden ha permitido la entrada a unos 12.000 solicitantes de asilo con casos pendientes de Protocolos de Protección al Migrante, según la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, la organización principal que los procesa. Al mismo tiempo, los funcionarios del actual mandatario han pedido paciencia a aquellos cuyos casos fueron cerrados, prometiendo una segunda fase.

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Los defensores y expertos acogieron la medida de comenzar a admitir a los solicitantes de asilo, pero criticaron la lentitud de la administración para restablecer el acceso.

“Una demora de ese tipo tendría que ser impulsada por consideraciones políticas, no legales o puramente administrativas”, indicó Austin Kocher, profesor asistente de la Universidad de Syracuse. “Señala una pregunta más amplia: ¿la administración Biden se toma en serio el cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales con respecto a la ley de asilo?”.

Para muchos solicitantes, es demasiado tarde. Desde enero de 2019, cuando la administración Trump implementó por primera vez la política en el sur de California, hasta que Biden congeló el programa en su primer día en el cargo, funcionarios estadounidenses enviaron aproximadamente 70.000 migrantes a esperar en algunas de las ciudades más peligrosas del mundo al sur de la frontera.

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Más de 1.500 de ellos sufrieron violación, secuestro y asalto, según Human Rights First. Y esos números han seguido aumentando durante la presidencia de Biden, a través de una combinación de políticas que han dejado a decenas de miles atrapados en el lado sur de la frontera.

Un número incalculable se perdió las audiencias mientras eran secuestrados, varios murieron y cientos más tomaron la desgarradora decisión de enviar a sus hijos solos al otro lado de la frontera, creyendo que tendrían más posibilidades de que se les permitiera permanecer bajo las políticas estadounidenses para proteger a los menores no acompañados. Miles se han rendido, según estimaciones de funcionarios y defensores.

“Por qué ha tardado tanto es obviamente preocupante, ya que las personas que todavía están en México siguen sufriendo y se encuentran en situaciones peligrosas”, señaló Judy Rabinovitz de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que demandó al entonces presidente Trump por dicha política.

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Los funcionarios de la administración Biden han reconocido este terrible número, incluso mientras continúan enviando solicitantes de asilo, algunos con casos de Protocolos de Protección al Migrante, a México nuevamente, invocando una política surgida en los tiempos del coronavirus de la era de Trump. Citando el Título 42, una oscura ley de salud pública de 1944, los funcionarios fronterizos han expulsado a más de 850.000 migrantes, incluidos los solicitantes de asilo, esta vez sin una fecha de audiencia o el debido proceso.

“El hecho de que el Título 42 siga vigente al mismo tiempo que la administración afirma tratar de arreglar los casos de Permanecer en México presenta a las autoridades una contradicción fundamental entre lo que afirman estar haciendo y la forma en que el control fronterizo está realmente trabajando sobre el terreno”, señaló Kocher.

Biden congeló los Protocolos de Protección al Migrante en su primer día en el cargo, aunque el proceso ya había sido reemplazado en gran medida por la política de expulsiones de coronavirus de Trump. Pero la administración Biden no terminó formalmente el protocolo Permanecer en México hasta el 1 de junio.

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En el memorando que finaliza la política, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, indicó que había agotado aún más los recursos del departamento y se había sumado a una acumulación récord en los procedimientos judiciales de inmigración.

Más del 25% de las personas sujetas a esta política fueron detenidas por funcionarios fronterizos cuando intentaron ingresar nuevamente, según Mayorkas, y aproximadamente el 44% de los casos fueron completados por órdenes de los jueces de expulsar a los solicitantes de asilo que no asistieron a las audiencias.

Eso generó dudas sobre si el programa les brindó “oportunidades adecuadas” para comparecer, señaló, “y si las condiciones que enfrentan algunos afiliados al MPP en México, incluida la falta de acceso estable a la vivienda, los ingresos y la seguridad, resultaron en el abandono de reclamos de protección potencialmente meritorios”.

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Aun así, el caos actual en la frontera, con miles de migrantes atrapados en el norte de México y el número mensual de cruces fronterizos todavía entre los más altos en años, se debe en parte a la confusión sobre las continuas promesas de la administración de deshacer las políticas de Trump, mientras que la revisión de su prometido asilo aún no se ha materializado.

Los defensores argumentan que quienes han estado sujetos a protocolos de protección al migrante, y que recibieron decisiones finales de los jueces de inmigración, negando sus solicitudes de asilo, también merecen tener otra oportunidad de buscar refugio, según la ley estadounidense.

El martes, la declaración del Departamento de Seguridad Nacional reiteró que otras personas que puedan ser elegibles para ingresar en el futuro “deben permanecer donde se encuentran actualmente y registrarse en línea” a través de un sistema administrado por Naciones Unidas.

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Los funcionarios de la administración Trump declararon explícitamente que el objetivo de la política era dificultar al máximo la búsqueda de asilo y disuadir a otros.

“Esto es lo que querían y esto es lo que obtuvieron: la gente no podía obtener asilo”, señaló Rabinovitz sobre los funcionarios de la administración anterior. Ahora, con Biden en la Casa Blanca, continuó, “estamos diciendo que no; para poder relajarse, es necesario brindar a las personas una nueva oportunidad de solicitar asilo, libre de esa mancha”.

Los funcionarios fronterizos de Estados Unidos cometieron errores con frecuencia al administrar la política de Permanecer en México, según encontró el Times. Eso incluía entregar la documentación a los solicitantes de asilo en idiomas que no hablaban, o escribir la frase “domicilio conocido”, o simplemente “Tijuana”, una ciudad fronteriza mexicana de unas 2 millones de personas en su documentación, en lugar de una dirección requerida legalmente. Eso hizo que fuera casi imposible que los solicitantes fueran notificados de cambios en sus casos o fechas de audiencia.

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Estos errores de los funcionarios fronterizos estadounidenses también alimentaron los fallos de los jueces federales en contra de la política.

En un fallo, un juez de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito señaló que los procedimientos de Seguridad Nacional para implementar la política eran “tan inadecuados para lograr ese objetivo declarado que los volvían arbitrarios y caprichosos”.

Pero la Corte Suprema nunca se pronunció en última instancia sobre la legalidad de los protocolos de protección al migrante. A principios de febrero, la administración Biden pidió al tribunal más alto del país que cancelara las argumentaciones sobre la política. Los opositores en varios estados presentaron una demanda, argumentando que el gobierno de Biden no puede ponerle fin.

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El lunes, la Corte Suprema rechazó ese esfuerzo, ordenando: “La moción para intervenir es desestimada por discutible”.

Si quiere leer este artículo en inglés, haga clic aquí.


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