Columna: ¿Los mandatos de vacunas provocarán renuncias masivas? Probablemente no

No es ningún secreto que la pandemia ha sido un caldo de cultivo rico para las tonterías contagiosas de todo tipo. Prepárese para un género completamente nuevo.

Estamos hablando de informes de renuncias masivas provocadas por mandatos de vacunación, los cuales están comenzando a filtrarse a través de la prensa y las redes sociales.

En su mayor parte, hay menos en los informes de lo que parece a primera vista. Esa es una señal temprana de que deben tratarse con extremo cuidado y escepticismo, al igual que los anuncios de “curas milagrosas” derivadas de medicamentos para el ganado, cloro y luces ultravioleta.

Los empleadores de ciertos segmentos comerciales se han estado preocupando durante meses acerca de si exigir que los trabajadores se vacunen contra el COVID-19 resultará en un aumento en las renuncias.

Es por eso que algunos han evitado imponer requisitos de inoculaciones a los miembros de su fuerza laboral que tienen menos que perder: trabajadores de primera línea de bajos ingresos como los cajeros de Walmart, por ejemplo, mientras mantienen los requerimientos para aquellos que tienen sus ojos puestos en metas profesionales, incluidos los mandos intermedios.

El mandato de vacunación propuesto la semana pasada por la administración Biden y dirigido a empleadores con más de 100 trabajadores debería disminuir esas preocupaciones. Los miembros del personal de base que rechacen las inoculaciones suponiendo que pueden pasar a empresas con patrones menos exigentes tendrán menos opciones.

Los trabajadores en rubros de la salud, donde las tasas de rechazo a la inmunización eran inexplicablemente elevadas, también tendrán menos oportunidades, especialmente porque la administración Biden exige vacunas para todos los empleados de los centros de atención médica que tratan a los afiliados a Medicare y Medicaid. Esa es la gran mayoría.

Esa regla por sí sola puede hacer que el episodio de principios de este verano en el Hospital Metodista de Houston sea cosa del pasado. Después de que el nosocomio ordenó que todos los empleados se vacunaran contra COVID-19, más de 150 se negaron. Fueron despedidos.

Varios habían impugnado el mandato en una demanda, argumentando que los antígenos “no se encontraban aprobados” y que estaban siendo tratadas como “conejillos de indias”.

La jueza federal Lynn N. Hughes no tuvo que esforzarse contra estos argumentos y dictaminó en junio que el hospital estaba dentro de sus derechos de condicionar el empleo a la vacunación. Los trabajadores que se resisten “simplemente necesitarán laborar en otro lugar”, dictaminó. “Todo empleo incluye límites al comportamiento del personal a cambio de su remuneración. Eso es parte del trato”.

Por supuesto, ahora que la vacuna de Pfizer ha recibido la aprobación formal de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) y el gobierno federal no acepta sustitutos para los trabajadores de la salud que reciben las inyecciones, los 153 trabajadores de Houston que renunciaron en lugar de inocularse pueden tener que pelear por empleos.

En cualquier caso, el hospital indica que los 153 trabajadores que renunciaron o fueron despedidos representaron alrededor del 0.6% de los casi 25.000 empleados del nosocomio.

Los informes de las fuentes de noticias y las redes sociales reflejan un orden de magnitud similar, o menor. El caso reportado más sobresaliente involucra al Hospital General del Condado de Lewis en una zona rural del norte del estado de Nueva York. Allí, las renuncias de seis empleados y la posibilidad de que otros siete se nieguen a vacunarse obligarán al nosocomio a “pausar” temporalmente los servicios de maternidad a partir de la próxima semana, según funcionarios del hospital.

Esto provocará un inconveniente para la comunidad, pero probablemente no una crisis. El nosocomio da a luz a alrededor de 200 bebés al año, muy por debajo del promedio estatal de más de 1.000, o la media nacional de casi 600. Los hospitales con departamentos de maternidad en funcionamiento están a 15 y 30 millas de distancia.

Los administradores del nosocomio señalan que alrededor de 20 de sus empleados clínicos no vacunados han renunciado desde que el estado de Nueva York impuso un mandato de inoculaciones a los trabajadores de la salud, pero el 73% de los 650 empleados del sistema de salud están inmunizados. Esa es una tasa mejor que en la región en su conjunto: el índice general de vacunación del condado de Lewis del 40% se encuentra entre los más bajos del estado.

El condado también tiene la tasa de positividad a la prueba del COVID más alta del estado, informaron las autoridades. La región ha tenido problemas para encontrar personal profesional para sus instalaciones de salud durante mucho tiempo, posiblemente debido a su lejanía.

El otro gran tema que se abre camino en internet se refiere al teniente coronel Paul Douglas Hague, quien supuestamente es un veterano de 19 años destinado en Ft. Bragg, Carolina del Norte.

Según una carta supuestamente enviada a sus superiores y tuiteada por una mujer que dice ser su esposa, Katie Phipps Hague, el oficial del ejército renuncia a su cargo para protestar por la “orden ilegal, poco ética, inmoral y tiránica de quedarse quieto y permitir que un suero sea inyectado en mi carne, en contra de mi voluntad y mejor juicio”.

La carta continúa quejándose de “una toma ideológicamente marxista del ejército y del gobierno de Estados Unidos en sus escalones superiores”.

Algunos puntos sobre esto:

No he podido confirmar que el teniente coronel Hague exista o si la carta de renuncia es auténtica, pero es el tipo de misiva que te hace decir “Hmmm…”.

De acuerdo a la misiva, Hague renunciará al menos varios meses antes de cumplir los requisitos para una pensión militar, que viene con 20 años de servicio. Para un teniente coronel, para cuyo rango el salario base es de $114.670, una pensión de 20 años valdría alrededor de $57.335, o $4.778 al mes. Eso hace que su posición sea cara de asumir, especialmente dada su falta de lógica básica.

No menciona, por ejemplo, que incluso antes de la pandemia de COVID, los militares en servicio activo debían inocularse hasta contra 17 enfermedades. De estas, las más comunes son el sarampión, las paperas, la rubéola, la poliomielitis, la gripe, la viruela y el tétanos.

No está claro por qué un oficial militar decidiría adoptar una actitud sobre el antígeno contra el COVID en este momento, a menos que haya sido infectado por la campaña partidista y absurda que ha hecho que rechazar la inyección sea una prueba de fuego para la credibilidad de la derecha.

Sin embargo, puede esperar ver esta misiva y quizás algunas otras parecidas en las redes sociales en las próximas semanas para promover la desobediencia a los mandatos de vacunación.

Otra categoría de informes noticiosos puede ser el tratamiento de un pequeño número de opositores, como la vanguardia de algún tipo de movimiento de masas.

Después de que Baltimore les indicó a todos los empleados de la ciudad que se vacunaran antes del 18 de octubre o que se sometieran a pruebas semanales para el COVID-19, una orden que cubría a casi 14.000 personas, los equipos de noticias locales se apresuraron para encontrar a los objetores. La estación de CBS localizó a una trabajadora de la salud que enfatizó que iba a renunciar, pero se negó incluso a ser citada por su nombre.

Informes más responsables y creíbles indican que los mandatos de inoculación están haciendo su trabajo, que es obligar a los que se resisten a reconsiderar la situación.

Delta Air Lines explica que su amenaza de comenzar a cobrar más a los que se oponen a vacunarse por su cobertura médica estimuló al 20% de sus trabajadores no inoculados a recibir el antígeno. En United Airlines, que exige la inoculación de todos los empleados y les dio cinco semanas para cumplir con el requisito, la mitad de los trabajadores no inmunizados se habían vacunado en tres semanas.

Los activistas antivacunas pueden ladrar más que morder. La Asociación de Oficiales de Policía de San Diego detalló la semana pasada que el 65% de sus miembros que respondieron a una encuesta reciente señalaron que considerarían renunciar si la ciudad aplicara un mandato de inoculación programado para entrar en vigor el 2 de noviembre.

Pero solo el 38% de los más de 1.900 miembros del sindicato respondieron en absoluto, lo que no deja claro si las respuestas representaron en exceso a los rechazos de vacunas o si aquellos que afirmaron que podrían renunciar realmente lo cumplirían. Los trabajos en agencias policiales que no estén dispuestas a requerir inoculaciones pueden volverse cada vez más difíciles de localizar.

Los profesionales de recursos humanos explican que las objeciones a la vacunación están desapareciendo constantemente.

En una reunión informativa reciente, la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos puntualizó que sus encuestas mostraban que, aunque el 28% de los trabajadores indicaba en diciembre que preferían dejar su empleo antes que inocularse, ahora “lo que estamos viendo es que el número es aproximadamente menor que dos por ciento”, subrayó Alexander Alonso, director de conocimientos de la sociedad, en la sesión informativa. “Entonces, si bien existe este “gran movimiento de renuncias”, lo que estamos viendo [no está] típicamente relacionado con la vacuna”.

Los mandatos de inoculaciones son muy populares en Estados Unidos, y se han extendido rápidamente desde que la FDA aprobó la vacuna de Pfizer. La apuesta aquí es que continuarán extendiéndose y convirtiéndose en una rutina a medida que los empleadores públicos, los colegios, universidades, los grandes empresarios, los minoristas y los lugares de entretenimiento los pongan en marcha.

Habrá inconvenientes ocasionales causados por renuncias, como en el Hospital General del Condado de Lewis. Pero es probable que disminuyan a medida que el rechazo a la vacuna se reconozca como un sentimiento marginal, que es lo que es. La lección en este caso, como ha sido con afirmaciones descabelladas sobre los remedios para el COVID, es no escuchar la locura, sino la razón.

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