Los fundadores de Moderna ahora son multimillonarios; ¿dónde están las dosis para el resto del mundo?

Levantemos una copa para felicitar a Noubar Afeyan, Robert Langer y Timothy Springer, tres nuevos miembros de la lista de multimillonarios de la revista Forbes.

El trío le debe su nueva riqueza a la pandemia. Más específicamente, al logro de la empresa de biotecnología Moderna en el desarrollo y comercialización de una de las vacunas más eficaces contra el COVID-19.

El inversionista de riesgo Afeyan, presidente de Moderna, ahora tiene $4 mil millones, según el cálculo de Forbes, basado en el precio de las acciones de la compañía. Langer, bioingeniero del MIT y cofundador de Moderna, tiene $3.900 millones y Springer, bioquímico de Harvard -uno de los primeros inversores de Moderna y propietario del 3.5% de la empresa- $4.800 millones. Se unen así al CEO de Moderna, Stéphan Bancel, en la lista de Forbes, donde éste último llegó el año pasado. Ahora tiene $10.700 millones.

Ahora bien, después de los elogios, podemos condenarlos, a ellos y a su compañía, por no cumplir con sus compromisos de brindar sus vacunas al mundo.

Los países desarrollados generalmente no han cumplido sus promesas de proporcionar vacunas contra el COVID-19 a las naciones menos desarrolladas. COVAX, o COVID-19 Vaccines Global Access, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y otras entidades para distribuir dosis en todo el planeta, estableció el objetivo en junio de 2020 de distribuir 2.000 millones de inyecciones a nivel mundial para fines de este año.

COVAX reconoció recientemente que no llegará al objetivo. De hecho, la iniciativa administró solo 319 millones de dosis hasta el momento. Como informa el sitio web de noticias médicas STAT, de las 785 millones de inyecciones que los países ricos se comprometieron a donar a COVAX al 24 de septiembre, han llegado menos del 20%. Mientras tanto, el 98% de la población de los países de bajos ingresos no está inoculada.

“De las más de 6.500 millones de dosis administradas en todo el mundo, menos del 4% se fueron destinadas a personas que viven en países de bajos ingresos”, observó recientemente Tom Frieden, exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). “Esto no solo es moralmente indefendible, sino que asegura que la pandemia se extenderá innecesariamente y que millones más podrían morir”.

Frieden es actualmente el director de Resolve to Save Lives, un grupo dedicado a impulsar una distribución global más equitativa de vacunas.

Moderna se ha visto sometida a una presión cada vez mayor para aumentar la fabricación de vacunas, específicamente para satisfacer las necesidades de los países menos desarrollados.

“Necesitan dar un paso adelante como empresa y proporcionar a COVAX dosis a precios sin fines de lucro”, enfatizó el miércoles David Kessler, director científico del equipo de respuesta contra el COVID-19 de la administración Biden, durante un panel de discusión patrocinado por la Facultad de Derecho de Yale.

Posiblemente en respuesta a las críticas recientes, Moderna informó esta semana un acuerdo para brindar 176.5 millones de dosis de su vacuna a COVAX en la primera mitad del próximo año, que se venderán al precio más bajo de la empresa. También anunció que construirá una “instalación de vanguardia” en África, con la capacidad máxima para producir 500 millones de inyecciones por año.

Los expertos en el tema expresan que sería un avance importante, ya que la mayor parte de la fabricación de vacunas se encuentra en EE.UU, Europa y China. Moderna, sin embargo, no dijo cuándo ni dónde se construirán las instalaciones.

La mayor parte de la fabricación de vacunas se lleva a cabo en China, EE.UU y Europa. Eso impide que las dosis se distribuyan ampliamente en el Tercer Mundo.

(Comisión Global para Políticas Post-Pandémicas.)

Como señala Frieden, más allá del imperativo moral, a los países desarrollados les interesa vacunar al resto del mundo. Las poblaciones no inmunizadas pueden albergar nuevas variantes del virus pandémico, que podrían evadir las vacunas que tenemos hoy. Eso desencadenaría la necesidad de más miles de millones de nuevas vacunas e inyecciones de refuerzo.

Según algunas estimaciones, el mundo enfrenta una escasez general de 4.000 millones de dosis de vacunas. El mayor fabricante hasta ahora ha sido China, que proporcionó casi la mitad de las 6.500 millones de dosis aplicadas a nivel mundial.

Pero las vacunas de China, Sinovac y Sinopharm, han demostrado ser algo menos efectivas que las desarrolladas por Moderna y una empresa conjunta de Pfizer y la empresa alemana BioNPharm. Estas últimas utilizan una tecnología similar y son aproximadamente equivalentes en eficacia.

Moderna recibió muchas de las críticas por no satisfacer la demanda mundial, por varias razones. Una es que su producción quedó rezagada con respecto a la de otros fabricantes, incluido Pfizer. Otra es que fue uno de los principales receptores de fondos del gobierno de Estados Unidos: $10 mil millones, según la estimación de Kessler. Eso incluye subvenciones directas para investigación, derechos de patentes que pertenecen al gobierno y compras masivas de dosis.

Pfizer también ha recibido una ayuda significativa del gobierno, principalmente en la compra de vacunas y el acceso a la investigación de propiedad del gobierno, pero no aceptó subvenciones directas de agencias gubernamentales para desarrollar sus dosis. “Si bien Moderna merece un crédito sustancial”, comentó Kessler durante la discusión de Yale, “el gobierno de Estados Unidos jugó un papel muy importante en hacer de Moderna la empresa que es. Eso sube la apuesta en esa empresa, y lo hemos dicho”.

Ni Pfizer ni Moderna han sido tímidos ante los miles de millones de dólares en ganancias que esperan obtener de sus vacunas COVID. En los primeros seis meses del 2021, que terminaron el 30 de junio, Moderna se embolsó $4 mil millones en ganancias sobre $5.900 mil millones en ingresos, casi en su totalidad por su vacuna contra el COVID, su único producto.

Pfizer reportó $11.400 millones en ganancias, de $33.600 millones en ingresos, de los cuales $14.100 millones provinieron de su vacuna contra el COVID-19 y otras, para el mismo período.

El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, se enfadó el año pasado cuando se le preguntó si Pfizer debería renunciar a las ganancias de la vacuna contra el COVID. “Hay que ser muy fanático y radical para decir algo así en este momento”, respondió. “El sector privado encontró la solución para el diagnóstico y para la terapia, y está en el camino de encontrar más soluciones para el tratamiento y las vacunas”.

La noción de que el “sector privado” logró todo esto por sí solo es la base de la posición de la industria farmacéutica de que se merece todo lo que pueda obtener.

Pero eso es incorrecto. Ninguno de los diagnósticos, terapias o vacunas de la industria farmacéutica existiría si EE.UU y otros países desarrollados no hubieran financiado la investigación básica antes de que las empresas intervinieran para explotarla. El papel de la financiación pública en el desarrollo de fármacos ha sido un secreto a voces durante décadas.

Como informamos anteriormente, entre los obstáculos para una fabricación más activa de las vacunas contra el COVID se encuentra el dominio absoluto que Moderna y Pfizer mantienen sobre las licencias de fabricación.

El gobierno de EE.UU decidió al principio de la etapa de desarrollo dejar las licencias a las propias empresas. Eso les dio un duopolio efectivo, como señala Frieden.

Sin embargo, el gobierno tiene varias herramientas poderosas para romper su dominio. Una es la Ley de Producción de Defensa, que faculta al presidente a “asignar materiales, servicios e instalaciones”, incluida la información técnica necesaria para la producción de vacunas, para servir a la defensa nacional.

Dado que el COVID-19 mató a más de 700.000 estadounidenses, la norma “realmente está destinada y diseñada para estas situaciones”, indicó Zain Rizvi, investigador de leyes y políticas de Public Citizen, durante el panel de Yale. “Es desconcertante por qué todavía no se ha utilizado toda la autoridad de la Ley de Producción de Defensa”.

Otra palanca parece provenir del contrato que Moderna firmó con la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA) del gobierno, para su subvención de investigación. Éste puede otorgar al gobierno el derecho legal de acceder y compartir la lista de ingredientes y las instrucciones de fabricación de su vacuna, según una carta que enviaron la senadora Elizabeth Warren (demócrata por Massachusetts) y la representante Pramila Jayapal (demócrata por Washington). a Kessler el 12 de octubre.

Los legisladores pidieron información sobre los “esfuerzos de la administración para acelerar la fabricación global de vacunas [y] ampliar el acceso a éstas en todo el mundo”.

Kessler señaló durante el panel de discusión que el gobierno ha mantenido “discusiones muy intensas” con el directorio y la gerencia de Moderna. “Tienen una capacidad muy sustancial para cerrar” la brecha del COVID, “y necesitan hacerlo”.

Kessler advirtió, retóricamente, “no hay que subestimar la determinación del gobierno de Estados Unidos para abordar este tema. Estas empresas comprenden nuestra autoridad y saben que no tendríamos miedo de utilizarla. Pero el mejor recurso es que ellos hagan su parte ahora”.

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