El Título 42 explicado: La oscura política de salud pública en el centro de una lucha fronteriza de Estados Unidos

En el centro del debate sobre inmigración más acalorado de hoy se encuentra un estatuto de salud de décadas desempolvado por la administración de Trump que está remodelando la política de Estados Unidos en la frontera.

Citando la amenaza del COVID-19, el gobierno de Estados Unidos ha llevado a cabo, durante el último año y medio, casi 1.3 millones de expulsiones de migrantes en la frontera sin ofrecerles la oportunidad de solicitar asilo u otras protecciones humanitarias. Esa política, conocida como Título 42 por la sección del estatuto de salud donde se originó, se ha enfrentado a desafíos legales y políticos, pero sigue vigente.

Además, es una de las principales razones por las que aumentan los cruces fronterizos. Según los datos del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) publicados el viernes, hubo 1.7 millones de personas detenidas en la frontera suroeste durante el año fiscal 2021, que finalizó el 30 de septiembre. Este año marcó el mayor total anual de arrestos en la historia de la Patrulla Fronteriza. Eso se debe en parte a que la naturaleza de las expulsiones rápidas del Título 42 hace que sea más fácil para las personas intentar cruzar de nuevo de inmediato.

A continuación, se explica por qué es importante el Título 42 y lo que necesita saber.

¿Qué es el Título 42?

El Título 42 es un estatuto de salud pública y bienestar promulgado en 1944 que otorgó al cirujano general de Estados Unidos la autoridad, luego transferida a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), para determinar si una enfermedad contagiosa en un país extranjero representa un grave peligro de propagación en Estados Unidos, ya sea por personas o bienes que ingresan al país.

Si los CDC descubren que una enfermedad representa una amenaza, pueden, con la aprobación del presidente, prohibirle temporalmente la entrada al país para evitar el peligro.

Eso es exactamente lo que hizo al comienzo de la pandemia de COVID-19. En marzo de 2020, en medio de un aumento de las muertes por enfermedades, la administración de Trump presentó una interpretación novedosa del Título 42: Los agentes de CBP podrían expulsar de inmediato a cualquier persona que ingresara al país sin autorización para evitar la propagación del coronavirus. Este nuevo razonamiento de la política cerró la frontera a los viajes no esenciales en nombre del “interés de la salud pública”.

Pero también reemplazó a todas las demás leyes estadounidenses, incluidos los estatutos que otorgan a los migrantes el derecho a buscar asilo; evitar que los perseguidos sean devueltos a países donde enfrentarían amenazas, daños o torturas; y proteger a los niños no acompañados vulnerables a la trata.

Antes de la administración de Trump, los migrantes que llegaron a Estados Unidos y buscaron asilo u otras protecciones humanitarias fueron detenidos o liberados en el país en espera de una decisión final de la corte de inmigración, lo que podría llevar años en medio de una creciente acumulación de casos.

Bajo el Título 42, los migrantes ni siquiera reciben una orden formal de deportación. En cambio, los agentes toman la información biométrica de los migrantes y realizan un chequeo de salud superficial para detectar los síntomas de COVID-19, un proceso que puede demorar aproximadamente 90 minutos, antes de devolverlos a México (ya sea si son de ese país o de Centroamérica). Si son de cualquier otro lugar, normalmente se los llevan en avión.

¿Cómo llegamos aquí?

La política del Título 42 parece haber sido aplicada por primera vez por los CDC bajo la presión del exvicepresidente Mike Pence y de Stephen Miller, un importante asistente de Trump que durante mucho tiempo buscó restringir la inmigración. Los expertos de los CDC se opusieron, argumentando que la política haría poco para detener la propagación del coronavirus y que no podría justificarse en nombre de la salud pública. Pence ordenó al director de los CDC que usara los poderes de emergencia de la agencia para sellar efectivamente las fronteras de Estados Unidos de todos modos.

Grupos de defensa, incluida la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), demandaron el año pasado a la administración de Trump por el uso del Título 42. Cuando el presidente Biden comenzó su mandato en enero, el nuevo gobierno federal continuó con la política, sosteniendo que es “necesario limitar la propagación del coronavirus”.

Después de que 16.000 niños que viajaban sin uno de sus padres fueran expulsados de Estados Unidos en virtud del Título 42, la administración de Biden eximió de la política a los menores no acompañados. Los padres que viajan con sus hijos, así como los adultos solteros, todavía tienen oficialmente bloqueado la entrada al país o son expulsados rápidamente. Pero los niños que viajan con miembros de la familia extendida, como los abuelos, no se consideran unidades familiares, lo que significa que pueden ser separados en la frontera, con los niños clasificados como menores no acompañados, y se les permite ingresar.

Los defensores esperaban que el presidente rescindiera la orden durante el verano, ya que se relajaron las restricciones de COVID-19. Pero luego llegó la variante Delta.

¿Cuál es la controversia?

Los expertos legales sostienen que el Título 42 es una de las políticas de inmigración más controvertidas y restrictivas jamás promulgadas. Cuando la administración de Trump implementó el Título 42, los legisladores, incluido la entonces senadora Kamala Harris lo llamó una inconstitucional “apropiación del poder ejecutivo”. Los defensores de los inmigrantes esperaban, en general, que Biden eliminara la aplicación de la medida cuando asumiera el cargo.

Los expertos en salud pública explican que las personas que se niegan a vacunarse, no los migrantes, están impulsando el aumento de infecciones en Estados Unidos. El mes pasado, exfuncionarios de los CDC escribieron una carta a la administración Biden, condenando la política actual como “científicamente infundada y políticamente motivada”. Argumentaron que las medidas que incluyen el uso de cubrebocas, el distanciamiento social, la cuarentena y la vacunación previenen eficazmente la propagación del COVID-19.

El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, comentó el 3 de octubre en CNN que los inmigrantes “no son en absoluto” una fuerza impulsora del COVID-19. Cuando se le preguntó sobre el Título 42, Fauci subrayó: “Mi sensación siempre ha sido que centrarse en los inmigrantes y expulsarlos no es la solución a un brote”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) anunció que algunas restricciones sobre los viajes no esenciales en los puertos de entrada terrestres se suprimirán en noviembre, lo que permitirá que las personas vacunadas ingresen a Estados Unidos desde Canadá y México. Cuando se le preguntó cómo los funcionarios podrían justificar la continuación del Título 42 y poner fin a las restricciones en los puertos de entrada, un alto funcionario de la administración Biden puntualizó que hay dos poblaciones diferentes en cuestión: Las que ingresan con autorización previa y las que ingresan sin ella.

La administración continúa sosteniendo que las restricciones del Título 42 protegen a los propios migrantes, la fuerza laboral del DHS y las comunidades locales.

¿En qué se diferencia el Título 42 de “Permanecer en México”?

A veces, la política del Título 42 se confunde con otra política de la administración de Trump conocida como los Protocolos de Protección al Migrante (MPP por sus siglas en inglés) más comúnmente conocida como “Permanecer en México”. Bajo esa política de 2019, los oficiales de inmigración de Estados Unidos dirigen a los migrantes de países distintos hacia México para que se queden allí mientras sus casos pasan por el sistema de tribunales de inmigración.

El programa ha dado como resultado que miles de migrantes vivan en sórdidos campamentos de tiendas de campaña en el lado mexicano de la frontera, en algunas de las ciudades más peligrosas del mundo. Pero todavía les da a los migrantes la oportunidad de solicitar asilo, aunque sea desde fuera de Estados Unidos.

El Título 42 les impide buscar, absolutamente, protección humanitaria.

Las autoridades fronterizas bajo la administración de Trump dejaron en gran medida de usar el programa de Protección al Migrante al comienzo de la pandemia a favor del Título 42, y Biden terminó oficialmente la política poco después de asumir el cargo. Pero un tribunal federal de Texas dictaminó que debía reiniciarlo. Posteriormente, la Corte Suprema confirmó esa decisión.

El DHS señaló en septiembre que todavía está comprometido a poner fin a la política de una manera que aborde las preocupaciones de la corte. Mientras tanto, los funcionarios se están preparando para volver a implementar la política a mediados de noviembre, siempre que el gobierno mexicano acepte una vez más a los solicitantes de asilo con casos pendientes.

¿Cómo está funcionando el Título 42?

Entre más de 1.7 millones de personas detenidas por CBP en la frontera suroeste durante el año fiscal 2021, el 61% fueron expulsadas bajo el Título 42, según datos de CBP publicados el viernes. Pero esas rápidas expulsiones provocaron un aumento significativo en los repetidos intentos de cruce por parte de los migrantes que regresaron a México, lo que infló la cantidad de personas encontradas. En los últimos meses, incluido septiembre, más de una cuarta parte de los arrestos fueron por individuos que habían sido rechazados anteriormente en el mismo año.

Si bien los migrantes no pueden solicitar asilo en virtud del Título 42, aún pueden ser examinados en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Solo 272, o el 8%, aprobaron sus evaluaciones iniciales. Estos exámenes, en los que los migrantes deben demostrar que es probable que sean torturados si son expulsados, son más difíciles de pasar que las entrevistas de asilo tradicionales.

Los funcionarios federales confían en México para recibir a los migrantes expulsados de Estados Unidos, bajo el Título 42, que son de Centroamérica, el Caribe y otros lugares. Muchos migrantes que son rechazados por México y no pueden ser expulsados de inmediato son detenidos mientras esperan un proceso de deportación más prolongado.

A principios de este año, el estado mexicano de Tamaulipas, que colinda con Texas, comenzó a negarse a aceptar familias con niños pequeños. Desde entonces, CBP ha trasladado a algunos migrantes a otras ciudades fronterizas de México. Pero la mayoría de las familias que se encuentran cerca de allí ahora son enviadas a centros de detención estadounidenses o liberadas en Texas. Otros miles han sido trasladados al sur de México y luego expulsados por el gobierno mexicano a Guatemala u Honduras.

¿Dónde está la batalla legal?

Los CDC emitieron una orden en agosto manteniendo el Título 42 en su lugar. A principios de este mes, la agencia completó otra evaluación y determinó que sigue siendo necesaria.

El mes pasado, en respuesta a la demanda de la ACLU, un juez de distrito de Estados Unidos en Washington, DC, encontró que las familias de migrantes sujetas al Título 42 “enfrentan amenazas reales de violencia, así como persecución” y están privadas de los derechos legales para buscar protección en Estados Unidos. También encontró que, si bien el Título 42 otorga al gobierno la autoridad para rechazar a las personas que buscan ingresar al país, no permite la expulsión de personas que ya se encuentran en suelo estadounidense.

Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron en una presentación judicial posterior que interrumpir el Título 42 requeriría que el gobierno detuviera a las personas para el procesamiento de inmigración “en instalaciones que no están equipadas para distanciamiento físico, cuarentena o aislamiento, y que ahora están sustancialmente por encima de su capacidad restringida debido al COVID”. Más tarde, una corte federal de apelaciones otorgó temporalmente permiso a la administración Biden para continuar el uso del Título 42 para expulsar rápidamente a los migrantes con niños detenidos a lo largo de la frontera de Estados Unidos.

Exfuncionarios de los CDC detallan que la mayoría de los solicitantes de asilo no tienen que estar en detención por razones de salud, y que el traslado de detenidos entre instalaciones, como se hace comúnmente antes de deportarlos, aumenta el riesgo de transmisión del COVID-19.

Human Rights First, grupo sin fines de lucro, ha identificado al menos 7.647 secuestros, violaciones y otros ataques a personas expulsadas o bloqueadas en la frontera entre Estados Unidos y México desde que Biden asumió el cargo, incluidos varios niños violados en campamentos de tiendas de campaña en Tijuana y Reynosa, en el Valle del Río Grande.

Aunque todavía es temprano, la orden de septiembre de la corte de apelaciones ofrece una indicación de cómo podría finalmente fallar. Si la administración Biden gana su apelación, podría continuar usando el Título 42 para hacer cumplir la ley de inmigración. Pero incluso si pierde, la administración aún podría apelar a la Corte Suprema, donde una mayoría conservadora podría inclinarse para ponerse del lado de los funcionarios federales.

La próxima evaluación de 60 días de los CDC sobre la política es el 2 de diciembre.

La redactora del Times, Molly O’Toole, contribuyó a este artículo.

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