EEUU: Límites por COVID al asilo están en manos de un juez

Un abogado que representa a 21 estados de Estados Unidos pidió el viernes a un juez federal que bloqueé el plan del gobierno del presidente Joe Biden de levantar las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19 a los inmigrantes que solicitan asilo, diciendo que esa decisión se tomó sin sopesar lo suficiente el impacto que la medida podría tener sobre la salud pública y las labores policiales.

Drew Ensign, un abogado para el estado de Arizona, dijo al juez de distrito Robert R. Summerhays que la demanda que Arizona, Luisiana y otros 19 estados interpusieron para bloquear el plan “no era acerca de la sensatez de la política” que está detrás del anuncio de poner fin al plan el 23 de mayo.

Sin embargo, Ensign dijo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) no siguieron los procedimientos administrativos adecuados que requieren la notificación pública y la recopilación de comentarios sobre la decisión de levantar las restricciones impuestas bajo lo que suele llamarse autoridad del Título 42. El resultado, señaló, fue que no se le dio la debida consideración a los probables aumentos resultantes en los cruces fronterizos y sus posibles efectos, incluyendo la presión sobre los sistemas estatales de atención médica y la desviación de los recursos policiales en la frontera, de la lucha contra el narcotráfico al control de cruces ilegales.

Jean Lin, del Departamento de Justicia, argumentó que los CDC actuaron dentro de su autoridad para levantar una restricción de salud de emergencia que consideraban ya no era necesaria. La funcionaria dijo que la orden de los CDC era una cuestión de política de salud, no de inmigración.

“No hay fundamento para usar el Título 42 de válvula de seguridad”, le dijo Lin a Summerhays.

Summerhays no indicó cuándo emitirá su fallo, pero señaló que el tiempo es corto y les dijo a los abogados que no necesitaban presentar documentos posteriores a la exposición de argumentos. Además de decidir si bloquea la política, también determinará si su fallo se aplica a nivel nacional o en estados específicos.

Hasta ahora, los fallos de Summerhays en el caso han sido fuertemente favorables a los estados que impugnan el plan del gobierno.

Estados Unidos ha expulsado a migrantes más de 1,8 millones de veces desde marzo de 2020 bajo el amparo de la autoridad del Título 42, lo que les ha negado una oportunidad de solicitar asilo de acuerdo con la ley estadounidense y tratados internacionales bajo el argumento de prevenir la diseminación del COVID-19.

El 1 de abril, los CDC anunciaron el plan de Biden de poner fin a la restricción para el 23 de mayo, lo cual desató críticas de republicanos y de algunos demócratas que temen que el gobierno no esté preparado para lidiar con un flujo de migrantes ampliamente previsto.

Arizona, Luisiana y Missouri entablaron demandas rápidamente, y posteriormente se les sumaron otros 18 estados en la impugnación legal que se estaba examinando el viernes. Texas presentó una demanda de forma independiente.

Luego de que el gobierno admitió el mes pasado que ya había comenzado a levantar gradualmente la restricción al procesar a más migrantes bajo la ley de inmigración en lugar del Título 42, Summerhays ordenó que se suspendiera dicho proceso.

Nominado por el entonces presidente Donald Trump, Summerhays escribió el mes pasado que ir disminuyendo las restricciones antes del 23 de mayo infligiría “costos irrecuperables en la atención médica, la labor policial, las detenciones, la educación y otros servicios” a los estados que desean mantener vigente la política.

Dijo también que probablemente el gobierno no siguió los procedimientos federales para elaborar normas al planear el fin de la política para el 23 de mayo. Los argumentos expuestos el viernes se referían a la posibilidad de mantener las restricciones en vigor después de esa fecha mientras el litigio sigue su curso.

Varios grupos defensores de los derechos de los inmigrantes le han solicitado a Summerhays que al menos permita que el Título 42 se suspenda según está previsto en California y Nuevo México, dos estados fronterizos que no han impugnado la decisión del gobierno.

Por otro lado, el Congreso ha planteado otro posible obstáculo para poner fin al Título 42. Varios demócratas moderados se han sumado a los republicanos para manifestar su preocupación de que las autoridades no estén preparadas para una enorme afluencia de inmigrantes.

La gran cantidad de cruces fronterizos ilegales ha envalentonado a algunos republicanos para intentar convertir la frontera y la inmigración en objeto de debate durante un año electoral. En marzo, las autoridades federales detuvieron a más de 221.000 inmigrantes en la frontera con México, la cifra más alta en 22 años. Muchos de ellos eran reincidentes porque el Título 42 no conlleva consecuencias legales ni penales.

La autoridad del Título 42 ha sido aplicada de forma desigual en función de las nacionalidades. El gobierno mexicano aceptó recibir a migrantes de Guatemala, Honduras, El Salvador y México, y a un número limitado de Cuba y Nicaragua. Los costos elevados, relaciones diplomáticas tensas y otros factores han dificultado expulsar a los inmigrantes de otros países, que deben ser devueltos en avión.

El Título 42 es una de las dos principales políticas de la era de Trump que sobreviven para disuadir las peticiones de asilo en la frontera.

El mes pasado, la Corte Suprema federal escuchó argumentos en torno a permitir que el gobierno obligue a los solicitantes de asilo a permanecer en México con el fin de que aguarden allí las audiencias en cortes migratorias de Estados Unidos. Ese caso se originó ante otro juez nombrado por Trump, en Amarillo, Texas.