El estado de Washington prohíbe mencionar el estatus migratorio en los tribunales

Con visa en mano, Alex Salas llegó a los Estados Unidos desde México en 1989, se mudó a Seattle el año siguiente, trabajó en la construcción, crió una familia y pagó sus impuestos. Su visa expiró en 1994 y solicitó la ciudadanía, pero no realizó el seguimiento. Estaba viviendo en el país sin autorización, en un día lluvioso de 2002, cuando se bajó de una escalera y cayó 30 pies hacia el suelo.

Trece cirugías más tarde, el carpintero demandó a la empresa de andamios por usar una escalera que carecía de una superficie texturizada y antideslizante. Lo que sucedió en los próximos 15 años cambió la vida de Salas para siempre y llevó este mes a una nueva regla que, con raras excepciones, prohíbe a los abogados revelar el estatus de un inmigrante en los tribunales civiles o penales de Washington.

Salas aún se estaba recuperando del aplastamiento de su pelvis, un brazo y una pierna fracturados, y una lesión cerebral traumática cuando su demanda pasó a juicio, en 2006. El jurado acordó que la compañía fue negligente, pero no otorgó al hombre -padre de tres niños- ninguna indemnización por daños.

Salas y su defensor comprendieron por qué. Los abogados de la compañía lo mencionaron ante el tribunal como un “extranjero ilegal”, aunque su estado migratorio no tenía nada que ver con el pleito.

Después de que un tribunal de apelaciones confirmara el veredicto, la Corte Suprema del estado lo anuló en 2010 debido al “abuso de discreción” del juez de primera instancia. Cinco años después, en un nuevo proceso en el que a los letrados de la empresa se les prohibió mencionar el estatus de Salas, otro jurado le otorgó $2.56 millones.

La nueva norma, aprobada por la Corte Suprema del estado el 8 de noviembre último, entrará en vigor en septiembre de 2018, aunque ya se utiliza como guía judicial. Llamada ‘Regla 413’, ésta convertirá el estatus migratorio en una cuestión “generalmente inadmisible” en juicios civiles y penales, a menos que sea “un hecho esencial para probar un elemento o una defensa de [la demanda o acusación], o mostrar parcialidad o prejuicio de un testigo”.

Aunque California aplica una disposición similar para los tribunales civiles, se cree que este precepto del estado de Washington es el primero en el país en incluir casos criminales, lo cual podría afectar a casi un millón de inmigrantes en Washington.

“No se anden más con juegos y vayamos al corazón del caso; eso es lo que dice esta regla”, afirmó Joe Morrison, abogado de Columbia Legal Services en Wenatchee, Washington, quien pasó el último cuarto de siglo representando a trabajadores de granjas y huertos.

Morrison, parte de un grupo de abogados y académicos que formularon la disposición durante cinco años, a menudo escuchaba el argumento de que no revelar el estado migratorio de una persona en la corte privaba al jurado de ponderar completamente la verdad del testimonio. Era algo que ‘aplica al personaje del testigo’, como dicen los letrados en el tribunal. Pero ello puede ser claramente perjudicial, sostienen Morrison y otros, y dicho cuestionamiento no está permitido en otros casos.

“Esos mismos argumentos podrían permitirme obtener los registros impositivos de alguien, o sondear la fidelidad de un cónyuge”, expuso el abogado. “Si estoy demandando a una corporación por salarios impagos o discriminación racial, ¿por qué no debería poder pedir 10 años de registros impositivos para ver si estaban diciendo la verdad sobre todos sus ingresos? Y, si mintieron al respecto ¿no aplica eso a su personaje? Si alguien engañó a su cónyuge o acosó sexualmente a otra persona, ¿no aplica ello al personaje del testigo?”, se preguntó.

Aunque la regla fue finalmente acordada por un sector políticamente transversal de pesos pesados legales del grupo Columbia, de Morrison, además del Northwest Immigrant Rights Project, Legal Voice y la Asociación de Procuradores de Washington, otros se manifestaron en contra.

La Asociación de Abogados Penales Defensores de Washington se opuso, y la Asociación de Defensores de Washington expresó preocupación porque la regla resulta “innecesaria, inviable y no logra los objetivos de los proponentes”. Sean O’Donnell, juez del condado de King y presidente de la Asociación de Jueces de la Corte Superior del estado, instó al alto tribunal a rechazar la propuesta, diciendo que “sería redundante con las reglas de evidencia existentes”.

Pero los autores de la disposición consideran que su objetivo no era sólo buscar juicios justos, sino que también sea más fácil y seguro para las víctimas de delitos presentarse sin temor a que se les exija mostrar sus documentos. “Sí”, expresó Ann Murphy, la profesora de derecho de la Universidad Gonzaga, quien ayudó a redactar la regla. “El propósito es que las personas indocumentadas puedan denunciar crímenes, ser testigos en juicios y demandar a sus empleadores”.

“El proceso para la regla se inició antes de que el presidente Trump asumiera el cargo, pero la justificación actual es que el tema se volvió aún más fuerte ahora”, afirmó Murphy, y recordó la presencia de agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) en los tribunales.

Un informe, emitido el miércoles último por el Immigrant Defense Project, muestra que las detenciones de ICE y los intentos de arrestos de inmigrantes en los juzgados de Nueva York pasaron de 11, el año pasado, a 110 en lo que va de 2017.

“Los inmigrantes que buscan justicia en las cortes penales, familiares y civiles no deberían temer por su libertad al hacerlo”, expresó el informe.

Andy Miller, uno de los redactores de la norma y fiscal del condado de Benton, tierras agrícolas del este de Washington, dijo: “Si las víctimas y los testigos del crimen creen que se les preguntará sobre su estado migratorio, será menos probable que lo denuncien y habrá menos probabilidades de que cooperen y testifiquen en juicios. Esto es especialmente cierto en casos de violencia doméstica y agresión sexual”.

Miller concuerda en que Trump no era la motivación cuando su grupo comenzó a trabajar en la disposición. Sin embargo, el endurecimiento de las políticas de deportaciones del primer mandatario y su insistencia en construir un muro fronterizo tuvieron influencia.

Un documento con antecedentes sobre la creación de la regla explica: “A la luz del ‘peligro significativo’ que la evidencia del estado inmigratorio representa para el proceso de investigación, se necesita una orden judicial. Esto es cierto especialmente en virtud de una ráfaga de decretos ejecutivos federales que inflamaron aún más el tema de la inmigración, lo cual resulta en un mayor riesgo de perjuicio causado por la admisión del estatus migratorio”.

No fue posible contactar a Alex Salas para que comentara sobre la regla que ayudó a crear. Aparentemente, el hombre se trasladó a Houston.

La reacción del público al respecto hasta ahora ha sido mixta, pero “afortunadamente no he recibido ningún correo con palabras odiosas”, afirmó Murphy.

Traducción: Valeria Agis

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