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EEUU

La ley de “estado santuario” de California podría mantener los datos de los inmigrantes lejos de ICE

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Los estudiantes de la Academia Avance Charter School en Highland Park se reúnen en octubre de 2017 para apoyar el Proyecto de Ley Senatorial 54, la llamada ley estatal santuario de California. (Mel Melcon / Los Angeles Times)

(Los Angeles Times)

Después de que la histórica ley de “estado santuario” de California impidiera a la policía colaborar con agentes de inmigración federales, un legislador quiere evitar que el gobierno local haga negocios con compañías que desempeñan un papel en la “máquina de deportación” de la administración Trump.

La legislación presentada el pasado viernes por el asambleísta Rob Bonta (D-Alameda) prohibiría que las ciudades y condados de todo el estado celebren nuevos contratos con cualquier compañía que venda, extraiga o analice información personal para la Agencia de Inmigración y control de Aduanas de EE.UU (ICE) o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.

Bonta dijo que planea expandir el proyecto de ley para incluir a todas las agencias federales de inmigración e impedir que el estado firme contratos con compañías que hacen negocios con ellos.

Argumenta Bonta, que la propuesta seguirá siendo lo suficientemente estrecha como para evitar tratos con compañías que recopilan datos, brinden apoyo a los centros de detención de inmigrantes o que participen en los llamados programas de escrutinio, como la verificación de antecedentes.

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“Es una manera de poner nuestros fondos públicos donde están nuestros valores”, dijo Bonta. “Es una forma de presionar a los vendedores. Ellos pueden decidir cambiar su comportamiento o perder los negocios que les damos”.

La medida podría desencadenar otro enfrentamiento con el presidente Trump, quien ya está luchando contra el estado por sus políticas de inmigración y este mes anunció planes para cancelar $ 929 millones en fondos de subvenciones para su proyecto de tren de alta velocidad.

La legislación de Bonta es una continuación a las protestas nacionales para quitar el financiamiento o abolir a ICE, y su impulso comenzó a desarrollarse el verano pasado cuando la administración Trump provocó protestas por la separación de familias migrantes en la frontera sur con México.

Las compañías tecnológicas, entre ellas Microsoft y Salesforce, han enfrentado una presión cada vez mayor para terminar su negocio con las agencias federales de inmigración, y han sido criticados sobre los contratos que brindan procesamiento de datos mediante la inteligencia artificial, tecnología de reconocimiento facial y software para buscar datos en las redes sociales.

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El Proyecto de Ley de la Asamblea 1332, la Ley de Contratación e Inversión del Estado Santuario, evitaría que las ciudades y los condados firmen nuevos contratos, extiendan los antiguos o inviertan en acciones, bonos o valores de compañías que trabajan con agencias federales de inmigración. Le asigna, además, al Departamento de Justicia de California la investigación por las infracciones, cada una de las cuales podría conllevar una multa civil de hasta $ 5.000.

Es poco probable que algunas empresas se vean afectadas porque la legislación permitiría exenciones para las jurisdicciones locales cuando no existe una alternativa viable a la contratación con otra empresa. Esto podría incluir a Microsoft, que domina el mercado al proporcionar computadoras y software a las oficinas de la ciudad y el condado, y Thomson-Reuters Westlaw, que brinda servicios de investigación para equipos legales.

Pero entre las empresas que los activistas a favor de la privacidad dicen que es poco probable que califiquen para una exención está Vigilant Solutions, que otorgó acceso a ICE a su base de datos de lectores de matrículas nacionales, según un contrato público. Las agencias de aplicación de la ley que sirven como clientes se han visto inundadas, desde entonces, con lo que la compañía llamó un “ataque” de solicitudes de información de grupos a favor de la privacidad. 

Otro objetivo posible es Palantir Technologies de Silicon Valley, que a partir del año pasado tenía uno de los contratos más valiosos de ICE, según los informes de gastos federales. Entre los servicios que ha proporcionado a la agencia, se encuentra un sistema de “administración de casos de investigación”, que permite a los agentes buscar las conexiones personales, las direcciones, las escuelas a las que asistió, el historial de inmigración, los rasgos biométricos y los antecedentes penales de la persona, entre otros datos.

Palantir también tiene contratos con las agencias de aplicación de la ley y ha ayudado a lanzar una iniciativa para personas sin hogar en el Condado de Santa Clara, una plataforma tecnológica que extrae registros judiciales, de vivienda y médicos, para que los proveedores de servicios sociales puedan identificar a las personas a las que pueden ayudar.

Los legisladores comenzaron a buscar formas de limitar la colaboración entre el gobierno estatal, local y las agencias federales de inmigración poco después de que Trump asumiera el cargo. Algunos líderes de la ciudad y defensores de la privacidad advirtieron que los esfuerzos del presidente para aumentar las deportaciones e investigar las iniciativas, apuntarían a los estadounidenses musulmanes y afectarían ilegalmente a los inmigrantes en el país que no representan una amenaza para el público.

A otros les preocupaba que los datos confidenciales del gobierno de grupos específicos pudieran pasar a las agencias federales de inmigración.

La ley santuario de California, que entró en vigencia el año pasado, limita a las agencias estatales y locales encargadas de hacer cumplir la ley de retener, cuestionar o compartir información sobre personas con agentes de inmigración federales. Otras leyes estatales han limitado la aplicación de la ley al compartir la información de la base de datos de pandillas e impidieron que las agencias del gobierno local entreguen datos confidenciales a las autoridades de inmigración sin una orden penal.

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La propuesta de Bonta se basa en esas leyes y en una ordenanza local adoptada en Richmond. También fue inspirado por los grupos del área de la Bahía, que en los últimos cinco años han trabajado en políticas locales para limitar la vigilancia policial y rechazaron el uso de nuevas tecnologías por parte de las fuerzas del orden público que pueda reunir información personal de la gente, sin importar si son criminales sospechosos.

Los opositores dicen que el AB 1332 sería oneroso para las ciudades y condados y perjudicial para las investigaciones, incluso en casos de tráfico humano y trata de personas.

En Berkeley, los miembros del concejo municipal están sopesando si adoptar una ordenanza local similar, y algunos advierten que podría ser costoso. La administradora de la ciudad, Dee Williams-Ridley, escribió una nota que dice que la pérdida de ciertos intermediarios de datos podría “impedir que los oficiales ingresen los informes policiales” y dificultar la capacidad de la ciudad para realizar investigaciones y auditorías legales y administrar otros programas.

Sin embargo, la coalición #DeportIce, un grupo de 50 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas la American Civil Liberties Union de California y grupos defensores de la privacidad de Oakland y el área de la Bahía, dice que las ciudades y los condados deben cerrar las “canalizaciones de datos” a las agencias federales de inmigración. Tres ciudades ya han rechazado o pospuesto contratos -con un valor total de al menos $ 3 millones- con Vigilant por preocupaciones similares.

“No estamos tratando de sacar a la gente del negocio”, dijo Brian Hofer, cofundador de la coalición y presidente de la Comisión de Asesoría de Privacidad de Oakland. “Estamos tratando de hacer que las empresas cambien sus prácticas”.

En el sur de California, los grupos de derechos civiles están llamando la atención sobre los casos en que los agentes federales de inmigración podrían haber localizado ilegalmente inmigrantes en el país al buscar en la base de datos de licencias de conducir del gobierno estatal, aunque no tenían antecedentes penales.

La asambleísta Lorena González (D-San Diego) dijo que está trabajando con el fiscal general, Xavier Becerra, y el gobernador, Gavin Newsom, para examinar los casos y determinar si los agentes federales de inmigración posiblemente evadieron las leyes santuario de California. Ella dijo que será prioridad buscar formas de fortalecer o construir reglas estatales para proteger los datos de inmigrantes y limitar el papel del gobierno en las deportaciones, como lo propone Bonta.

“ICE está operando bajo la dirección de este presidente”, dijo. “Mientras más protección podamos ofrecer a los inmigrantes que cumplen con la ley para mantener su información fuera de las manos de ICE será mejor”.

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Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí


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