OPINIÓN: Las armas estadounidenses están matando a nuestros vecinos en Canadá y México

Desde su primer día como candidato oficial a la presidencia (“México no está enviando lo mejor de su gente... Están trayendo drogas. Están trayendo crimen. Son violadores”), a su primer discurso como presidente (“Esta carnicería estadounidense se detiene aquí y se detiene ahora mismo”) al discurso del Estado de la Unión de la semana pasada (“Durante décadas, las fronteras abiertas han permitido que las drogas y las pandillas entren en nuestras comunidades más vulnerables”), Donald Trump tiene claro que el principio básico de su agenda de política es cerrar las fronteras para evitar que delincuentes violentos ingresen al país.

Su enfoque tiene muchas deficiencias. Por ejemplo, en el America First del presidente Trump, está ausente el reconocimiento de que la exportación de violencia va en la otra dirección. Los Estados Unidos son culpablest; de la violencia en el extranjero debido a nuestra negativa a fortalecer nuestras propias leyes sobre armas.

El 70% de las armas involucradas en delitos, recuperadas y rastreadas en México, y el 98% de las armas con las que se ha cometido un delito en Canadá, tienen su origen en Estados Unidos.

Cada año se pasa de contrabando un número sorprendente de armas estadounidenses a través de las fronteras, donde se usan para cometer crímenes violentos.

Un nuevo informe del Center for American Progress que analiza datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) descubrió que, de 2014 a 2016, más de 50,000 armas originalmente compradas en los Estados Unidos fueron recuperadas en investigaciones criminales en 15 naciones norteamericanas, centroamericanas y caribeñas.

Este tsunami de armas de fuego que salen de EE. UU. no sorprende cuando se consideran dos hechos sobre las armas de fuego en este país: hay un número astronómico de ellas, y nuestras leyes están llenas de agujeros que permiten el tráfico.

Para el primer punto, hay aproximadamente 300 millones de armas en este país. Y aun así, la industria de armas continúa generando más. Solo en 2015, el año más reciente del que se disponen de estos datos, se fabricaron 9,358,661 nuevas armas de fuego en EE. UU., lo que lo convierte en el segundo año con más fabricación de armas en tres décadas.

También hacemos mucho menos para proteger nuestro arsenal colectivo que otros países. Tanto Canadá como México han promulgado leyes estrictas que regulan las armas de fuego, que incluyen límites a los rifles de asalto y verificaciones de antecedentes más extensos. Por el contrario, según la ley federal de EE. UU., una persona puede comprar un arma a un vendedor privado sin una verificación de antecedentes. Y desde la expiración de la prohibición federal de armas de asalto en 2004, existen pocos límites para amasar una reserva de estas armas altamente peligrosas, excepto en los siete estados que las han prohibido.

El efecto de estas armas en nuestros vecinos es inquietante. En 2017, México experimentó un nivel máximo de asesinatos en 20 años, y el 66% de estos fueron cometidos con armas de fuegos. En 1997, por el contrario, solo el 15% de los asesinatos en México involucraron un arma de fuego.

Canadá está experimentando más uso de armas en el crimen callejero, específicamente rifles y revólveres semiautomáticos, un fenómeno nuevo en ese país. Nuestro papel en alimentar estas tendencias es obvio y alarmante: el 70% de las armas recuperadas y rastreadas en México, y el 98% de las armas en Canadá se originan en EE. UU.

Podríamos reducir el número de armas que salen del país, si tuviéramos la voluntad política para hacerlo. Cerrar el vacío de la venta privada y exigir una verificación de antecedentes para todas las ventas de armas, no solo las facilitadas por un vendedor de armas autorizado, sería un buen comienzo. Estas ventas no reguladas hacen que sea demasiado fácil para los traficantes comprar grandes cantidades de armas sin atraer la atención de las autoridades.

También tenemos que promulgar un delito federal distinto para el tráfico de armas y la compra a menudeo para que los fiscales puedan centrarse en los individuos en la parte superior de las redes de tráfico, que son los principales responsables de armar ambos lados de la frontera.

Además, debemos proteger una herramienta de investigación crucial utilizada por ATF para obtener información sobre la posible actividad de tráfico: informes de ventas múltiples de armas largas hechas por traficantes de armas en cuatro estados fronterizos del sur. Cada año, algunos en el Congreso intentan evitar que ATF obtenga estos informes a través de una política restrictiva al presupuesto de ATF, incluido en el presupuesto de 2018 aprobado por la Cámara.

Algunos lectores pueden estar pensando, ¿y qué? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por las problemas de seguridad pública de otras naciones, como México, que tienen desafíos profundamente arraigados que contribuyen a altas tasas de violencia que no están conectadas con la disponibilidad de las armas de EE. UU.

Esta es quizás una pregunta comprensible en esta época del America First. Pero si queremos reclamar cualquier grado de autoridad moral en el mundo, debemos analizar detenidamente cómo redunda nuestra inacción en la violencia armada en detrimento de la seguridad nuestra y de la comunidad internacional.

*Chelsea Parsons es la vicepresidenta de armas y política criminal en el Center for American Progress.

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