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EEUU

Los republicanos del Senado quieren que los menores soliciten asilo en su país de origen

migrantes

Migrantes en Tapachula, México, después de cruzar la frontera de Guatemala (Nelvin C. Cepeda / San Diego Union-Tribune).

(San Diego Union Tribune)

Los republicanos del Senado propusieron el 22 de enero prohibir efectivamente que los menores de América Central soliciten asilo en Estados Unidos a menos que lo hagan en su país, una revocación de la ley estadounidense que los demócratas denunciaron rápidamente como inaceptable.

Una propuesta de ley de gastos presentada por los republicanos del Senado enmendaría la norma federal para prohibir el asilo a cualquier salvadoreño, guatemalteco u hondureño menor de 18 años, a menos que soliciten primero el beneficio en instalaciones designadas directamente en América Central.

El proyecto de ley señala que esas instalaciones no existen actualmente, y la secretaría de Seguridad Nacional tendría 240 días después de la promulgación de la ley para abrirlas.

El proyecto también, en apariencia, intentaría eliminar la revisión judicial de las decisiones de asilo, alegando que “ningún tribunal o juez de inmigración” podría revisar las determinaciones de Seguridad Nacional sobre a quién se otorga la protección y a quién no.

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Los republicanos buscan aumentar la presión política sobre los legisladores demócratas después de la oferta del presidente Trump, el sábado 18, de un supuesto compromiso para poner fin al cierre parcial del gobierno, que ya lleva más de un mes.

Los demócratas rechazaron la propuesta que se enfoca en los niños centroamericanos, incluida entre otras en el enorme proyecto de ley de gastos, de 1,300 páginas, que según sus patrocinadores reabriría el gobierno y garantizaría la seguridad de la frontera.

“Los cambios en el asilo son una píldora venenosa”, afirmó el líder de la minoría, Charles E. Schumer, (D-Nueva York). También remarcó que los republicanos no habían llevado a cabo negociaciones o consultas con los demócratas para crear dicha propuesta.

El líder de la mayoría, Mitch McConnell, (R-Kentucky) dijo que el Senado liderado por los republicanos votará sobre el proyecto de ley este jueves 24. Si es aprobado sin cambios, pasaría a la Cámara Baja dirigida por los demócratas, que seguramente rechazará la disposición.

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El Senado también votará el jueves una medida aprobada por la Cámara de Representantes para financiar al gobierno hasta el 8 de febrero, sin los fondos para el muro fronterizo que Trump ha exigido.

Los expertos y activistas en temas de inmigración dicen que la propuesta de solicitud de asilo enfrentará grandes desafíos legales.

La representante Zoe Lofgren (D-San José), exabogada de inmigración, calificó el proyecto de ley como un “intento cínico de despojar a los asilados de las protecciones del debido proceso”, algo que cerraría efectivamente el trámite de asilo para los menores de América Central por más de un año, dejando a las “familias desesperadas sin recursos, mientras continúan enfrentando niveles récord de violencia, abuso e incluso muerte en sus países de origen”.

Lindsay M. Harris,  profesora de derecho y codirectora de la Immigration and Human Rights Clinic, consideró que la propuesta viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad, de 1965, que permite a cualquier persona que se encuentre físicamente en EE.UU. solicitar el amparo.

Si bien los derechos constitucionales son limitados para los inmigrantes, dijo Harris, la iniciativa también podría violar las protecciones contra la raza, el origen nacional, el origen étnico y la discriminación basada en la edad.

“Esta propuesta ignora la realidad de que El Salvador, Honduras y Guatemala son incapaces de proteger a estos niños de la persecución, y no podrán hacerlo mágicamente porque Estados Unidos decida reabrir un sistema de procesamiento en esos países”, dijo Harris. “Los niños harán el viaje hacia el norte en tanto y en cuanto seguir donde están sea una amenaza para su seguridad”.

En su discurso televisado, el 18 de enero, Trump promocionó “medidas críticas para proteger a los chicos migrantes de la explotación y el abuso”, destacando lo que describió como un nuevo sistema para permitir que los menores centroamericanos soliciten asilo en sus países de origen.

No mencionó en su discurso que se les exigirá hacerlo de ese modo, ni que se les impedirá solicitar asilo en la frontera de EE.UU. con México.

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El proyecto de ley limitaría el beneficio para los menores centroamericanos sin antecedentes penales, que no hayan sido deportados anteriormente y que no representan un riesgo para la “seguridad pública o la seguridad nacional”. También deben tener un padre o tutor en Estados Unidos, que pueda cuidarlos.

Además de contar con sedes en los llamados países del Triángulo del Norte —El Salvador, Guatemala y Honduras—, los centros de procesamiento se ubicarán en Nicaragua, Panamá, Belice, Costa Rica y México, según el proyecto de ley, que limitaría el asilo a un máximo de 15,000 menores centroamericanos por año fiscal.

La ley permanecería en vigor durante al menos tres años después de su promulgación.

En su versión original, la propuesta busca “establecer un programa de procesamiento de asilo” fuera de Estados Unidos, que “reduzca el incentivo para que esas personas realicen el peligroso viaje a la frontera sur del país para solicitar el beneficio”.

La propuesta se conoció mientras aumentan las detenciones de los menores que ingresan al país. En octubre y noviembre de 2018, los funcionarios detuvieron a un 44% más de menores en la frontera que en el mismo lapso del año anterior.

En el año fiscal finalizado el 30 de septiembre, los funcionarios arrestaron a casi 50,000 menores no acompañados; poco menos del 80% de ellos provenientes de Centroamérica.

Si bien el estado de refugiado se obtiene en el extranjero, los migrantes solo pueden solicitar asilo si están físicamente presentes o llegan a Estados Unidos, incluso si no están en un puerto de entrada oficial, de acuerdo con la ley federal.

En noviembre, un tribunal federal impidió que la administración Trump intentara prohibir las solicitudes de asilo entre los puertos de entrada.

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Este gobierno puso fin a los programas de la era de Obama que permitían —pero no exigían— que los menores centroamericanos y sus familias solicitaran asilo en Estados Unidos mientras estaban en sus hogares. Miles de niños quedaron varados cuando se puso fin a estos programas.

La exigencia de que los menores de edad soliciten estatus de asilo en sus países o región de origen los deja atrapados en la violencia de las pandillas y otros peligros de los que intentan escapar, consideró Lorella Praeli, directora de políticas de inmigración de la American Civil Liberties Union (ACLU).

“No se puede condicionar el asilo a las personas que permanecen en el lugar donde están siendo perseguidas”, consideró.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.


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