La terrible historia de Anthony Ávalos y las múltiples oportunidades que hubo para salvarlo

Anthony Ávalos fue el corredor más rápido en su clase de cuarto grado en El Dorado Elementary School en Lancaster.

Se ganó un lugar en el cuadro de honor, y su maestra, Harmony Bell, notó una madurez emocional poco común para un niño de su edad. A menudo pensaba muy bien las cosas antes de hablar, y le preguntaba a su maestra si podía salir del salón para respirar profundamente.

Cuando un nuevo estudiante se unió a la clase, pidió mudarse a un asiento cercano, esperando ser el amigo que el recién llegado necesitaba.

Sin embargo, Bell notó que Anthony a menudo estaba nervioso. En una ocasión sostuvo con fuerza su Biblia durante todo el día. En otra ocasión cayó al suelo temblando y con lágrimas en los ojos.

Anthony no regresaría a la escuela después de que las clases terminaran el año pasado. Al mes siguiente, el niño de 10 años llegó a la sala de emergencia de un hospital con una hemorragia mortal en el cráneo.

Su cuerpo mostró señales de abuso prolongado. Su piel estaba magullada y quemada de pies a cabeza.

Andranik Madikians, uno de los médicos del Hospital Infantil Mattel de UCLA que trató de salvar a Anthony, recordó haber mirado al niño y haber dicho: “Oh, Dios mío. ¿Cómo pudo ocurrir esto?”

Anthony había estado bajo el cuidado del Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles esporádicamente durante un período de cuatro años que comenzó en 2013 y terminó en 2017 - más de un año antes de su muerte.

Durante ese período, al menos 13 llamadas fueron hechas a la línea directa de abuso infantil sobre el bienestar de Anthony por maestros, policías, consejeros y parientes.

Pero los trabajadores de protección infantil y otros encargados de proteger a Anthony no se dieron cuenta de las numerosas advertencias y oportunidades de intervenir antes de su muerte, según docenas de entrevistas y una revisión de los registros judiciales, documentos de DCFS y registros de agencias externas contratadas por el condado para ayudar a Anthony y a su familia.

La madre de Anthony, Heather Barron, y su novio, Kareem Leiva, han sido acusados de asesinato en primer grado en la muerte ytortura del niño. Los fiscales tienen la intención de solicitar la pena de muerte si son condenados. Ambos se han declarado inocentes, y los hermanos de Anthony fueron extraídos del domicilio familiar.

Heather Barron y su novio Kareem Leiva sentados en el Tribunal Superior de Lancaster.

(Brian van der Brug / Los Angeles Times)

La agencia de bienestar infantil del condado se ha enfrentado a n fuerte escrutinio después de una serie de casos de abuso infantil de alto perfil en los últimos años, incluyendo la sospechosa muerte en julio de Noah Cuatro, de 4 años de edad, en Palmdale. Los trabajadores del caso habían dejado a Noah con su familia a pesar de una orden judicial para reubircarlo.

El caso de Anthony sorprendió a muchas personas por tener similitudes con la muerte en 2013 de otro niño de Palmdale, Gabriel Fernández, de 8 años de edad, cuya madre y su novio fueron condenados por su asesinato y tortura.

Tras la muerte de Anthony, el condado publicó un informe en el que se decía que las circunstancias, aunque “horribles, desgarradoras y aparentemente brutales”, eran “muy diferentes” a la muerte de Gabriel.

Pero los registros y entrevistas de DCFS y del gran jurado muestran sorprendentes similitudes en las dos muertes que ocurrieron en Antelope Valley. En ambos casos, los trabajadores realizaron investigaciones superficiales y no siempre siguieron los protocolos adecuados.

Un consejero externo contratado por el condado para proporcionar servicios a la familia de Anthony había sido interrogado previamente sobre su trabajo en el caso de Fernández, y un trabajador social de DCFS que supervisaba el contacto de la agencia con la familia de Anthony anteriormente fue disciplinado por el caso de Fernández, según encontró la revisión del Investigative Reporting Program de la UC Berkeley y The Times.

Las transcripciones del gran jurado fueron develadas en diciembre después de que The Times solicitara en la corte que se dieran a conocer los registros.

Otros cuatro trabajadores sociales del condado acusados de manejar mal las acusaciones de abuso en el caso de Gabriel están programados para ir a juicio por cargos de felonía de abuso infantil y falsificación de registros. Si son condenados, estarían entre los pocos trabajadores de los servicios de protección infantil en la nación que se enfrentarían a la cárcel por fallar en la seguridad de un niño a su cargo. Los trabajadores han negado haber hecho algo erróneo.

El director de DCFS Bobby Cagle ha dicho que ningún trabajador en el caso de Anthony ha sido disciplinado. De los asistentes sociales mencionados en los registros nadie devolvió mensajes en busca de comentarios para esta historia.

Familiares de Anthony, sin embargo, le pidieron al fiscal de distrito que revisara las acciones de los trabajadores.

“Sé que fue valiente”, dijo la tía de Anthony, María Barron, de su sobrino. “Siempre fue valiente. Gracias a él, sus hermanos están finalmente a salvo”.

Febrero 2013- a Febrero 2015: ADVERTENCIAS IGNORADAS

Los padres de Anthony, Heather Barron y Víctor Ávalos, todavía eran adolescentes cuando nació Anthony. Ávalos se fue a México poco después, viendo a su hijo crecer a través de videoconferencias ocasionales, pero nunca en persona. La madre de Anthony crio a la familia con ingresos de un trabajo de medio tiempo en Subway y $793 en beneficios mensuales de asistencia social, según los registros de DCFS.

En las fotos de familia, Anthony suele tener una amplia sonrisa, sostiene una libreta de calificaciones de la escuela, usa una camiseta de dinosaurio azul o tiene la cabeza bien alta con un chaleco y una corbata a rayas. En otras, mira pensativo a la cámara.

Su sufrimiento empezó a muy temprana edad. Anthony tenía sólo 4 años cuando su madre lo llevó a una clínica de salud después de que él dijo que alguien cercano a la familia abusó sexualmente de él. La visita resultó en la primera de muchas llamadas a la línea directa de abuso infantil.

Los registros de DCFS muestran que los investigadores concluyeron que el abuso había ocurrido pero no establecieron una supervisión o consejería continua después de que la madre de Anthony les aseguró que ella se encargaría de mantener al niño alejado del supuesto abusador.

Después de cumplir 6 años, su tía Crystal Diuguid le dijo a su terapeuta que la madre de Anthony lo golpeaba y lo encerraba en una habitación sin acceso a comida ni a un baño. El terapeuta llamó a la línea directa para decir lo que había oído.

Anthony verificó lo anterior con un trabajador social que lo entrevistó en la escuela. Entrevistas posteriores revelaron que su madre no le había dado consejería y que Anthony estaba actuando sexualmente de manera inapropiada con otro niño, de acuerdo con los registros de DCFS.

Tal comportamiento no es poco común entre las víctimas de abuso sexual. Los trabajadores de DCFS escribieron que la madre de Anthony no buscó ayuda profesional para Anthony y que sus hermanos les dijeron que ella lo golpeó.

Los trabajadores del caso creían que había negligencia en el hogar y refirieron a la familia al programa de Mantenimiento Familiar Voluntario del departamento. Bajo el programa, los niños pueden quedarse con sus familias mientras trabajan para resolver los problemas subyacentes al abuso.

El programa está diseñado para casos de bajo riesgo como un medio para reducir el número de niños en el sistema de hogares de crianza. A menudo no hay supervisión judicial o un abogado que represente el interés superior del niño.

Pero las revisiones internas mostraron que los trabajadores sociales colocaron a los niños, incluyendo a Anthony, en el programa incluso después de que la herramienta de calificación de riesgo del departamento los evaluara como en “alto” riesgo de abuso.

Gabriel Fernández también había estado en el programa a pesar de una calificación de riesgo de “muy alto”.

Los trabajadores sociales no lo sacaron de su casa incluso después de que escribiera una nota de suicidio; de que se presentara en la escuela con heridas de balines de bala en la cara y le dijera a su maestra que su madre había abusado de él, según indican los registros.

Uno de los trabajadores del caso asignado a Anthony fue Matthew Mansfield, un veterano supervisor de DCFS quien también jugó un papel en la colocación de Gabriel en el programa voluntario. Más tarde fue “disciplinado” por la medida tras una investigación interna, según las transcripciones del gran jurado.

En el caso de Anthony, Mansfield y su colega Mark Millman trajeron consejeros del Children’s Center of the Antelope Valley para proveer servicios para los niños y su madre. Heather Barron tenía entonces 24 años con cuatro hijos y otro en camino.

“Basándose únicamente en la información proporcionada por la señora Barron, el asesor cree que su capacidad para proporcionar una atención adecuada a sus hijos está gravemente limitada por sus pobres habilidades como madre, su mal juicio y su falta de conciencia de sus problemas de salud mental”, escribió el consejero Luis Ramírez en junio de 2014. El diagnóstico específico de salud mental de Barron está redactado en los registros.

Wendy Wright, otra consejera del Centro de Niños que pasó mucho tiempo con Anthony y su madre, llamó a la línea directa de abuso infantil en octubre para reportar que Barron agarró violentamente a uno de los hermanos de Anthony y lo arrastró a través de la habitación, habló consistentemente de sus hijos en términos despectivos y mostró “nada más que enojo hacia esos niños”.

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Wright le dijo a la operadora de la línea directa que Millman era muy lento para responder a sus llamadas telefónicas y no pareció tomar medidas cuando finalmente se comunicó con él.

Shane Bulkley, otro trabajador de DCFS que fue asignado para investigar el informe de Wright, escribió en sus notas que Barron maldijo, gritó y reconoció haber golpeado a los niños con un cinturón. Bulkley citó a Millman diciendo: “Dados los niños, su edad y su comportamiento, ella está haciendo todo lo que puede”.

Millman y Bulkley se negaron a hacer comentarios.

Luego, en noviembre de 2014, otra terapeuta del Centro Infantil, Crystal Gee, llamó a la línea directa de abuso infantil para informar que uno de los niños le dijo: “Mami nos patea el trasero”.

Millman tuvo con ella una breve conversación, dijo Gee.

Un programa de software que el departamento utilizó para calificar el riesgo de los niños de ser abusados nuevamente indicó que la probabilidad era “alta” y recomendó una mayor supervisión. Bulkley y su supervisor rechazaron la recomendación y cerraron la investigación, diciendo que la evidencia de abuso emocional era “inconclusa” y determinaron que las acusaciones de abuso físico eran “infundadas”, según muestran los registros de DCFS.

A finales de 2014, Millman y su supervisor, Mansfield, retiraron el caso de Children’s Center y reclutaron una nueva agencia, Hathaway-Sycamores Child and Family Services, que había prestado servicios similares a Gabriel Fernández a través de su consejera, Barbara Dixon. Los archivos no explican por qué se hizo el cambio. Gee más tarde testificaría ante un gran jurado que consideraba que su destitución, y el momento en que se produjo, eran extraños.

Dixon más tarde testificaría sobre su papel en el caso de Fernández antes de la muerte de Gabriel. En 2017, ella le dijo a la corte en el caso criminal contra los trabajadores del caso de Gabriel, que presenció lesiones extensas pero retuvo la información de la línea directa de abuso infantil, a pesar de que la ley estatal le exigía que reportara todos los casos sospechosos de abuso.

A Dixon se le dio inmunidad para testificar.

Después de que Dixon fue asignada al caso de Anthony, el enfoque de su consejería para reducir el abuso en la familia fue dirigido al niño, no a su madre. Las notas de su caso muestran que ella le aconsejó que escuchara a su mamá más atentamente y que terminara sus tareas.

Sus notas, que abarcan un período de un año, desde febrero de 2015 hasta enero de 2016, cuando Anthony tenía 6 y 7 años, describían al niño como propenso a “lloriquear”, “llorar” y “hacer rabietas” que, según ella, dificultaban su crianza.

Las notas de Dixon no mencionaron las nuevas acusaciones de abuso que llegaron a la línea directa de abuso infantil durante el tiempo que ella trabajó con la familia.

Dixon y su abogado se negaron a hacer comentarios.

Abril 2015- Enero 2017: DEBATES INTERNOS

El hermano de Heather, David Barron, fue la primera persona de la familia en conocer a Kareem Leiva, un compañero de trabajo en una instalación de transporte de Santa Clarita. En 2015, David presentó a Leiva a su hermana Heather, y los dos comenzaron una relación que duraría años y eventualmente produciría su séptimo hijo. A medida que la relación progresaba, Heather les dijo a los trabajadores sociales que ella era víctima de violencia doméstica.

Un abogado de Leiva se negó a comentar para este artículo.

A los pocos meses de su presentación, el padre de uno de los niños más pequeños de Heather le dijo a la policía que Leiva estaba abusando de su hijo. Un agente del sheriff entrevistó al niño, entonces de dos años, quien le aseguró que Leiva lo había agarrado violentamente por la oreja, dejándolo magullado y con cortaduras. El agente del sheriff escribió que él mismo vio las heridas.

Pero cuando el detective del sheriff Chris Wyatt recibió el informe, no intentó buscar a Leiva, no recomendó ningún cargo y puso fin a la investigación, de acuerdo con su testimonio posterior ante el gran jurado.

Los trabajadores de DCFS tampoco localizaron y entrevistaron a Leiva en ningún momento durante los tres años que investigaron a la familia, a pesar de que sospechaban que él estaba en la casa regularmente en las noches y los fines de semana, según muestran las notas del caso.

Tampoco siguieron las reglas del departamento que les exigían que se pusieran en contacto con los otros niños de Leiva o con sus madres. Si lo hubieran hecho -o si hubieran sacado los registros de la corte- podrían haber visto que otras dos mujeres anteriormente interpusieron órdenes de restricción en su contra después de que por separado les dijeron a los jueces que Leiva las golpeó con sus hijos presentes.

DCFS abrió un caso en la corte para el hermano - pero no para Anthony y los otros niños en el hogar.

Poco después, una de las asistentes sociales asignadas, Anna Sciortino, vio “marcas y moretones visibles” en la cara y el brazo izquierdo del hermano.

Sciortino le dijo a la línea directa de abuso infantil que dudaba de la afirmación de abuso, pero que quería que se grabara “para cubrir nuestros traseros”.

Barron y el niño le dijeron que las heridas ocurrieron cuando se cayó en la ducha. Los trabajadores del caso consideraron la historia plausible y marcaron el alegato del padre como “infundado”.

Sciortino reconoció más tarde que no había revisado los archivos de su departamento sobre denuncias de abuso anteriores que involucraban a Anthony y a sus hermanos.

No obstante, las directrices del Departamento de Servicios Sociales de Estados Unidos exigían que la denuncia se enviara a la policía para una investigación penal. La asignación fue para el ayudante del sheriff Billy Cox, quien había sido disciplinado en el pasado por no investigar adecuadamente una acusación de abuso infantil no relacionada, según su testimonio en la corte.

Cox también testificó que nunca contactó a Barron o Leiva.

“Era una práctica rutinaria y común”, dijo, “que si un trabajador social llamaba a una referencia, básicamente la sellábamos, por así decirlo, y la enviábamos”.

Para septiembre de 2015, Anthony estaba matriculado en la Escuela Primaria Lincoln en Lancaster. Al hablar con Anthony, el vice-director Gia Greaux estaba cada vez más consternado.

Anthony le dijo a Greaux que su madre lo golpeó y lo encerró en una habitación sin acceso a comida, agua y baño, según los registros de DCFS. También describió “la silla del capitán”, una forma de disciplina que requería que Anthony mantuviera una posición en cuclillas durante un largo rato con los brazos extendidos. Llamó a la línea directa de abuso infantil el 18 de septiembre.

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Más o menos al mismo tiempo, durante una visita, el tío de Anthony, David Barron, escuchó las mismas alarmantes historias de los niños.

Le dijeron que Anthony estaba encerrado en una habitación y que Leiva había ordenado castigarlo en la ‘silla del capitán’. Además, los niños dijeron que Leiva le azotó la cara y las piernas con un cinturón y colgó al medio hermano menor de Anthony boca abajo en una escalera, de acuerdo con las llamadas a la línea directa y los registros de DCFS.

Cuando Heather fue a recoger a sus hijos, David y su esposa le impidieron físicamente que se los llevara y llamaron al 911. El alguacil Michael Gellardo respondió y llamó a la línea directa de abuso infantil para reportar lo que había sucedido.

“Parecían bastante conmocionados cuando hablé con ellos al respecto”, le dijo Gellardo al trabajador de la línea directa en la conversación grabada, añadiendo su recomendación de que los niños no se fueran a casa con su madre.

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Al día siguiente, David llamó a la línea directa.

Los niños, dijo, le confiaron que habían estado encerrados en una habitación tanto tiempo que orinaron y defecaron sobre sí mismos. Cuando Leiva se enojó, dijeron, les arrojó pañales sucios, los golpeó contra las paredes y arrastró a uno de los medio hermanos de Anthony por la oreja, dejándole grandes moretones.

Los niños estaban tan hambrientos que acabaron con toda la comida, añadió David. Cuando se les preguntó por cuánto tiempo había estado sucediendo esto, los niños dijeron: “Mil semanas”.

David le dijo a la trabajadora de la línea directa que la madre de Anthony “se está cortando y dice que odia la vida... Tengo fotos de ella cortándose las muñecas y diciendo que quiere morir”.

También le dijo al trabajador de la línea directa que Leiva era miembro de la pandilla MS-13 y que tenía miedo de lo que podría hacer.

Dos días después, el asistente social de DCFS, Ikea Vernon, se reunió con Anthony en la casa de sus tíos. Ahí repitió el relato del abuso.

“Esta es mi nueva casa. Ahora soy parte de la familia Barron”, le dijo a Vernon, según sus notas. “No volveré a ver a Heather nunca más. Nos encierra en nuestras habitaciones y nos hace morir de hambre”.

Vernon entonces llamó a Dixon y a otros dos consejeros de Hathaway-Sycamores que habían estado trabajando en la casa durante siete meses. Ellos apoyaron la paternidad de Heather Barron durante la discusión.

Pero Vernon se había unido recientemente al departamento. Sus notas indican que no había estado dispuesta a sacar una conclusión sobre el abuso basándose únicamente en lo que le dijeron los niños.

Cuando David y María Barron aparecieron en la oficina de DCFS para obtener respuestas sobre la investigación, Vernon los rechazó y les dijo incorrectamente que sólo podían obtener información de la madre de Anthony, según las notas del caso. La pareja no se dio cuenta de que podían haber presentado una petición formal para pedirle al tribunal que interviniera.

Heather Barron todavía tenía la patria potestad sobre los niños y después de que los trajo a casa en la última semana de septiembre, Vernon se reunió con Anthony en Lincoln Elementary. Dijo que su madre estaba “empezando a ser amable” y “ya no cierra con llave la puerta de la habitación”, según las notas de DCFS.

Un mes después, Anthony y sus hermanos se retractaron de sus acusaciones de abuso.

Wyatt, el detective del sheriff que revisó las últimas acusaciones, cerró su investigación después de un intento fallido de hablar con Leiva, según el testimonio de Wyatt en la corte. Tampoco habló con Gellardo, el agente que llamó a la línea directa de abuso infantil.

En diciembre de 2015, Vernon calificó de “inconclusas” las acusaciones de Greaux, Gellardo y David Barron. También utilizó un sistema informático para calificar el riesgo de abuso y negligencia de la familia, y una vez más lo calificó de “alto” y recomendó un mayor nivel de intervención. Sin embargo, Vernon y su supervisor decidieron no tomar ninguna otra medida.

En un testimonio posterior ante el gran jurado que acusó a Heather Barron y Leiva de asesinato, Vernon dijo que su decisión se había basado en que los niños se habían retractado de sus anteriores acusaciones de abuso. Ella testificó que no sabía que las víctimas de abuso a menudo se retractan de sus declaraciones.

“Al final de mi investigación, la situación se estabilizó porque los niños se habían retractado de sus historias”, dijo Vernon.

Dixon y Hathaway-Sycamores terminaron su trabajo con la familia al mes siguiente.

La directora ejecutiva de Hathaway-Sycamores, Debbie Manners, se negó a ser entrevistada para este artículo.

Más tarde, Mildred Blue, una maestra que presta servicios a Barron en un centro de violencia doméstica, informó a la línea directa de abuso infantil en abril de 2016 que los niños llegaron con moretones y dijo que Leiva los había forzado a pelear entre ellos en casa. También parecían hambrientos. Uno comió de la basura, dijo ella.

Los niños negaron el relato cuando fueron entrevistados por los trabajadores sociales de DCFS, quienes no trataron de localizar a Leiva en la casa de Barron y decidieron que no había necesidad de dar seguimiento.

Cox, el investigador del sheriff, también recibió un informe de la llamada a la línea directa de Blue. Él también decidió no seguir adelante, según su testimonio. El departamento requiere que los detectives realicen investigaciones independientes de abuso infantil y no se basen únicamente en los informes de DCFS, incluso si DCFS dice que es infundado.

Cerca de finales de 2016, por lo menos una llamada más a la línea directa de abuso infantil llegó con respecto a la familia de Anthony, pero los detalles en el archivo del departamento son escasos. Los trabajadores del caso lo marcaron como “infundado”.

En esa época, Heather Barron cortó los lazos con su hermano, su hermana, su cuñada y los educadores que alguna vez habían denunciado abusos. Se mudó con Anthony y lo inscribió en El Dorado Elementary, donde su historia era desconocida.

Allí conoció a su nueva maestra de cuarto grado, Harmony Bell, y el último día de clases le escribió una carta.

Estimada Sra. Bell: Gracias por enseñarme todo lo que pudo, fue una bendición conocerla. Sólo espero que cuando vaya al sexto grado, puedas venir a New Vista para volverte a ver. Espero que puedas venir a mi escuela secundaria, a mi escuela intermedia y a la universidad. Así nos veremos durante los años escolares sin problemas porque estamos muy cerca y somos los mejores amigos. Con amor Anthony Ávalos, tu amigo.

LA VERDAD LLEGÓ DEMASIADO TARDE

Junio de 2018:

La supuesta serie final de eventos comenzó el 18 de junio, cuando Heather Barron dijo que Anthony le confió que le gustaban los niños, según los registros de DCFS. Le dijo a un asistente social de DCFS que Leiva escuchó la conversación.

La noche siguiente, Leiva supuestamente dejó caer a Anthony repetidamente de cabeza, de acuerdo con las transcripciones del gran jurado.

Los agentes del sheriff del condado de Los Ángeles respondieron a una llamada al 911 de Heather Barron alrededor de las 12:15 p.m. el 20 de junio de 2018, y encontraron a Anthony dentro del apartamento de la familia.

Las autoridades dijeron que el chico “sufrió heridas por una caída”. Los paramédicos lo llevaron al hospital en estado grave.

María Barron, tía de Anthony y esposa de David, se enteró de la condición de Anthony y fue al hospital, donde encontró a Heather en el pasillo, dijo en una entrevista.

Cuando Heather dudó en dejarle ver a su sobrino, María se agachó a sus pies, de rodillas y con las manos en el suelo le suplicó que le permitiera ver al niño.

Entre lágrimas, le dijo a Heather que lamentaba haber denunciado las acusaciones de abuso.

Cuando Heather cedió, María encontró a Anthony inconsciente y respirando con un ventilador. Su cara sin vida estaba sostenida por un gran collarín amarillo. Los sensores estaban pegados alrededor de su cráneo, registrando la disminución de su actividad cerebral.

Medía 4 pies, 6 pulgadas de alto y pesaba 77 libras.

Murió horas más tarde, el 21 de junio.

Los oficiales del condado sacaron a los otros niños del hogar mientras la investigación continuaba.

Víctor Avalos, a la derecha, el padre de Anthony Avalos, y otros miembros de la familia llevan el ataúd del niño a un coche fúnebre después de su funeral en Quartz Hills.

(Irfan Khan / Los Angeles Times)

ENOJO Y PREGUNTAS

Octubre de 2018:

En los meses siguientes, el verdadero horror de lo que le pasó a Anthony y a sus hermanos finalmente salió a la luz.

Un gran jurado escuchó las pruebas en el caso de Anthony en octubre. Su maestra, Harmony Bell, testificó que Anthony tenía una positividad “alucinante”, según la transcripción sin sellar. Además de la carta, ella dijo que él a menudo hacía dibujos para ella y sus hijas.

El tío de Anthony, David, dijo en una entrevista que le encantaba jugar al fútbol y pescar en Apollo Park y en el acueducto de Quartz Hill. Para ganarse esos paseos e ir de pesca, dijo David, Anthony sobresalía en la escuela. Le dijo a su tío que no hablaba cuando se suponía que no debía hacerlo, que no peleaba, que ayudaba a recoger cosas del suelo y que auxiliaba a la maestra a repartir los papeles.

En los meses transcurridos desde la muerte de Anthony, sus hermanos han respondido -a menudo a regañadientes- a las preguntas de detectives, fiscales y miembros del gran jurado, proporcionando una imagen gráfica y conmovedora, al tiempo que mostraban su amor por su madre y su deseo de protegerla.

La hermana de Anthony, de 8 años de edad, dijo a los investigadores que se vio obligada a arrodillarse sobre arroz seco “mucho”, y muy a menudo desde el momento en que regresaba de la escuela hasta que era hora de acostarse. Era una práctica tan común que sus rodillas estaban completamente lastimadas.

Su hermano de 7 años de edad dijo a los investigadores que los niños tenían que luchar entre sí para evitar algún castigo, y comer era un privilegio que tenían que ganarse. Si orinaban mientras estaban encerrados en una habitación, Leiva restregaba su cara contra el charco. A veces, les ponía una camisa en la boca para amortiguar los gritos.

Su madre también está acusada de asesinato en primer grado por su supuesta complicidad con Leiva.

Inmediatamente después de su muerte, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles prometió un informe público completo por el ex juez del Tribunal de Menores Michael Nash - director de la Oficina de Protección Infantil - sobre “cualquier problema sistémico” en la protección de Anthony por parte de DCFS, el Departamento del Sheriff y otras agencias del condado.

El informe incluía una serie de recomendaciones, como aumentar la dotación de personal en Antelope Valley y mejorar el acceso a las evaluaciones médicas para minimizar los riesgos con otros niños en el futuro. Pero enfatizó que Anthony no había estado bajo la supervisión del condado por más de un año antes de su muerte y nadie le había dicho a la agencia durante ese tiempo del peligro que corría.

Incluso en el período en que la agencia recibió las advertencias, escribió Nash, la madre de Anthony proporcionó a los trabajadores sociales razones para confiar en ella, como la finalización exitosa de una clase para padres y un programa de violencia doméstica. “Numerosas entrevistas con los niños no indicaron ningún problema. Una serie de personas, incluyendo trabajadores sociales, parientes, proveedores de servicios, personal de la escuela y otros, no reflejaron ninguna preocupación”, escribió.

Nash se negó a ser entrevistado y sólo respondió a preguntas limitadas sobre el caso. En un breve intercambio de correos electrónicos, Nash dijo que no revisó las grabaciones de las llamadas a la línea directa de los consejeros del Centro de Niños, la maestra del centro de violencia doméstica, “o cualquier otra llamada”. En cambio, manifestó que se había basado en los resúmenes proporcionados por el Departamento de Servicios Sociales.

También dijo que “no hablamos de Hathaway Sycamores en nuestro informe porque no vimos ninguna información que sugiriera que hicieran algo inapropiado. Por el contrario, sus acciones parecían ser irreprochables”.

Nash reconoció, sin embargo, que no había leído los registros del caso Hathaway-Sycamores.

Otros se negaron a hacer comentarios, incluyendo el Sheriff Alex Villanueva, el director de DCFS Bobby Cagle, la fiscal de distrito, Jackie Lacey y la supervisora Kathryn Barger, quien representa a Lancaster.

Pero un retrato mucho más devastador de DCFS llegó en mayo de la Auditora Estatal, Elaine Howle.

La auditoría elogió al departamento por reducir el número de casos de sus empleados, pero encontró que los trabajadores sociales del departamento no iniciaron y completaron las investigaciones de negligencia con la precisión o rapidez necesarias. En más de un tercio de los casos revisados, las evaluaciones de seguridad fueron erróneas porque los trabajadores de casos no incluyeron factores de riesgo importantes como violencia doméstica en el pasado o investigaciones previas de DCFS - toda esa información estaba a su alcance.

Tal vez la conclusión más dolorosa fue que, aunque el condado ha estudiado extensamente casos de muertes infantiles como el de Gabriel Fernández, dando recomendaciones clave que salvarían vidas, “el departamento no se ha asegurado de que sus revisiones mejoren los servicios que presta”.