Los trabajadores de la salud pública huyen del sector, y California queda más expuesta a una combinación de enfermedades
La dotación de personal de los laboratorios que realizan pruebas críticas es preocupante, ya que los departamentos de salud pública pierden personal experimentado por agotamiento y por políticas partidistas.
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Hubo días, noches y fines de semana en los primeros meses de la pandemia en los que Denise Von Bargen era la única persona que realizaba pruebas de coronavirus en el laboratorio de salud pública del condado de Ventura. Antes contaba con ocho o nueve empleados para asistirla, pero, uno por uno, todos renunciaron o se fueron a otros trabajos.
Al igual que otros laboratorios de salud pública en California encargados de las pruebas y la vigilancia de enfermedades a gran escala, el laboratorio de Ventura recibió dinero federal y estatal para comprar nuevos equipos y efectuar contrataciones a corto plazo para reforzar su respuesta al COVID-19. Pero el financiamiento era temporal y Von Bargen, su directora, no podía usarlo para aumentar los salarios de sus empleados, quienes podían ganar más dinero haciendo menos trabajo en el sector privado.
Las operaciones se deterioraron aún más el mes pasado, después de que la entidad perdiera su licencia para realizar pruebas de rutina que verifican el agua marítima del condado en busca de bacterias mortales. Parece haber sido un error administrativo: el papeleo de la licencia cambió y el personal normalmente responsable de presentar la solicitud había renunciado.
“La mayor amenaza para [los laboratorios de salud pública] en este momento no es el próximo patógeno emergente”, expresó Donna Ferguson, directora del laboratorio de salud pública en el condado de Monterey, “sino que los laboratorios cierran por falta de personal”.
En todo California, los departamentos de salud pública están perdiendo personal experimentado debido a la jubilación, el agotamiento, la política partidista y los trabajos mejor pagados. Incluso antes de que la pandemia asfixiara los departamentos, la cantidad de personal se había reducido dados los presupuestos del condado. Pero la disminución se aceleró durante el último año y medio, incluso cuando millones de dólares en dinero federal fueron vertidos en el sector.
Enfermeras de salud pública, microbiólogos, epidemiólogos, funcionarios de salud y otros miembros del personal que luchan contra enfermedades infecciosas como la tuberculosis y el VIH, inspeccionan restaurantes y trabajan para mantener la salud de las comunidades, están abandonando el sector. Es un problema que los aumentos temporales de financiación no pueden solucionar.
La fuga de cerebros está socavando la supervisión de la salud comunitaria de diversas formas. Quienes trabajan en los laboratorios de salud pública, por ejemplo, realizan pruebas complejas para detectar condiciones mortales, que requieren capacitación especializada de la cual carecen la mayoría de los laboratorios comerciales. Si bien sus tareas son en gran parte invisibles para el público en general, afectan casi todos los aspectos de la sociedad.
Los laboratorios de salud pública toman muestras de mariscos para asegurarse de que sean seguros para comer. Controlan el agua potable y desarrollan pruebas para detectar amenazas emergentes para la salud, como virus resistentes a los antibióticos. También realizan pruebas para detectar enfermedades graves, como el sarampión y el COVID-19. Y, por lo general, lo hacen a una fracción del costo de los laboratorios comerciales, y más rápido.
Los directores de laboratorios públicos generalmente deben tener un doctorado y las credenciales adecuadas para que sus laboratorios sean certificados.
Ferguson siente como si hubiera una puerta giratoria en su laboratorio, ya que los recién graduados universitarios se unen durante unos meses para ganar experiencia, con un salario inicial de $19 la hora, y luego pasan a empleos mejor pagados, en hospitales. Es casi imposible contratar personal calificado para puestos de medio tiempo, como los creados con las ráfagas temporales de fondos, debido a la capacitación requerida. En California, muchos puestos de laboratorio exigen contar con un certificado de microbiólogo de salud pública del Departamento de Salud Pública.
California tiene 29 laboratorios de salud pública, en comparación con casi 40 antes de la recesión de 2008. Un laboratorio en Merced ha estado sin director durante meses y podría cerrar pronto. Si bien no hay un recuento oficial de cuánto se redujo el campo, casi todos los laboratorios carecen de personal clave, enfatizó Godfred Masinde, presidente de la Asociación Californiana de Directores de Laboratorio de Salud Pública, director de laboratorio de San Francisco quien también asumió temporalmente la dirección de laboratorio en el condado de Fresno. Docenas de puestos de microbiólogos de salud pública están vacantes en todo el estado. “Tenemos financiación ahora; tenemos equipo”, reconoció. “Pero no contamos con personal para operar el equipo”.
Su laboratorio de San Francisco generalmente realiza 100.000 pruebas para gonorrea y clamidia cada año, y de 150 a 200 pruebas para sífilis todos los días, remarcó Masinde. Si bien California también tiene laboratorios estatales, agregó, estos no tienen la capacidad para cubrir la amplitud de los laboratorios cerrados del condado.
Los condados también están luchando para contratar y retener personal para otros puestos. Una encuesta informal realizada por los directores de enfermería de salud pública de California encontró que al menos 84 enfermeros de salud pública dejaron sus trabajos desde marzo de 2020. Muchos se jubilaron, parte de una fuerza laboral veterana que enfrenta el desafío de reclutar enfermeras en un campo complejo, que requiere una acreditación especial.
Los enfermeros de salud pública están capacitados en salud comunitaria y suelen trabajar con familias o grupos, no solo con pacientes individuales. Realizan visitas domiciliarias posparto, trabajan en el desarrollo de la primera infancia y ayudan a responder a los brotes de enfermedades infecciosas. “Por lo tanto, brindan un enfoque más holístico y también abordan los determinantes sociales de la salud”, describió Michelle Curioso, directora de enfermería de salud pública del condado de Kern y presidenta de Directores Californianos de Enfermería de la Salud Pública. Al igual que el personal de laboratorio, las enfermeras de salud pública deben estar especialmente certificadas para trabajar.
La FDA y los CDC afirman que es posible combinar las vacunas COVID-19 y las vacunas de refuerzo, y en algunos casos es preferible hacerlo.
En California, el salario anual promedio de un enfermero registrado es de más de $120.000, según la Oficina de Trabajo y Estadísticas, mientras que los puestos de enfermera de salud pública en varios condados ofrecen salarios a partir de $65.000.
La escasez de enfermeros ha sido particularmente grave en las zonas rurales de California. En el condado de Butte, varios enfermeros especializados en salud pública se jubilaron antes de lo esperado, señaló Monica Soderstrom, directora de enfermería de salud pública de Butte, y dos enfermeras jóvenes que se tomaron una licencia por embarazo decidieron no regresar a sus puestos después de encontrar trabajos con salarios más altos. “Ha sido difícil llenar nuestros puestos vacantes”, reconoció Soderstrom, “ya que competimos con hospitales y clínicas, que pagan bonificaciones iniciales debido a las necesidades de personal para afrontar el COVID”.
La pérdida de los principales líderes de salud del condado (directores de departamento y funcionarios de salud encargados de liderar la respuesta a la pandemia en las comunidades locales) ha sido particularmente grave y refleja una tendencia nacional aleccionadora. Diecisiete de los 58 condados de California perdieron a su oficial de salud desde marzo de 2020, y al menos 27 se quedaron sin director o subdirector. El director y subdirector del Departamento de Salud Pública del estado también dimitió.
Es difícil exagerar la experiencia colectiva que se pierde con esas renuncias. Como ejemplo puede citarse el caso del Dr. Robert Bernstein, quien se mudó a California en 2018 para convertirse en oficial de salud del condado rural de Tuolumne, después de más de dos décadas de desempeño en salud pública para los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) federales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Departamento de Salud de Florida, entre otros.
En California, los funcionarios de salud deben ser médicos; están encargados de hacer cumplir los estatutos estatales y locales y de proteger al público de los peligros para la salud.
En marzo de 2020, justo cuando la pandemia estaba marcando su primer pico en todo el estado, la junta de supervisores del condado le pidió a Bernstein que renunciara. Según Bernstein, los supervisores estaban molestos porque había ordenado vacunas contra la rabia para dos niños mordidos por murciélagos -uno de los cuales tenía esa enfermedad- en contra de los deseos de sus padres. El condado se negó a comentar sobre el asunto, alegando que está legalmente prohibido discutir asuntos del personal.
La lucha del estado por aplicar el mandato de Newsom se produce cuando los centros de trabajo de todo el país están imponiendo plazos para que los trabajadores presenten pruebas de vacunación o se arriesguen a perder su empleo.
Bernstein se mudó al condado de Butte y se convirtió en oficial de salud después de que su predecesor renunciara, en mayo de 2020. Allí observó cómo sus colegas en los condados vecinos, que enfrentaban amenazas públicas por órdenes de salud relacionadas con el COVID, comenzaban a renunciar, aparentemente uno tras otro. En algunas comunidades, los funcionarios de salud pública también tuvieron que enfrentarse a la grosera y burlona presión por parte de los funcionarios electos locales, incluso cuando los líderes de las fuerzas del orden se negaban abiertamente a cumplir sus directivas de salud. “Uno puede, como funcionario de salud pública, tener la autoridad y la responsabilidad de recomendar o incluso ordenar ciertas acciones de salud pública”, enfatizó Bernstein, “pero necesita el apoyo de los que tienen autoridad para llevarlas a cabo”.
En septiembre de este año, Bernstein estaba desilusionado con la dinámica y la idea de que su familia pudiera verse envuelta en el rencor por el manejo del COVID. “Simplemente decidí que, como padre de trillizos de 16 años, no necesitamos, ni los niños ni yo, ser amenazados de ninguna manera. Puedo hacer un buen trabajo de salud pública a nivel estatal, federal o incluso internacional”, remarcó Bernstein.
Michelle Gibbons, directora ejecutiva de la Asociación de Ejecutivos de Salud de Condados de California, afirmó que los departamentos locales advierten los efectos en cascada de esas deserciones de alto nivel, y notan que los gerentes de nivel medio dudan en pasar a puestos más altos, a pesar de que los altos funcionarios pueden ganar más de $200.000.
El presupuesto estatal de este año incluyó $3 millones para una evaluación de la infraestructura de salud pública de California, y los líderes del sector creen que mostrará que la dotación de personal y la capacitación son problemas importantes. Aun así, el presupuesto no incluyó fondos adicionales a largo plazo para los departamentos de salud. En medio de titulares negativos y un bombardeo de cabildeo, el gobernador Gavin Newsom finalmente acordó agregar $300 millones al año para la salud pública, un acuerdo conciliatorio que no comenzaría sino hasta julio del próximo año.
Los activistas advierten que el momento es importante: muchos trabajadores de salud pública siguen en sus puestos solo para servir a sus comunidades durante la pandemia, pero se irán una vez que esta disminuya. “Veremos una gran ola de jubilaciones cuando esto termine”, anticipó Kat DeBurgh, directora ejecutiva de la Asociación de Oficiales de Salud de California.
En el condado de Ventura, Von Bargen, agotada por la pandemia, lleva un año intentando jubilarse. No quería abandonar el laboratorio que luchó tanto para mantener abierto, y le tomó muchísimo tiempo encontrar un reemplazo. Su sucesor comenzará a trabajar a principios del próximo año, cuando Von Bargen también se una a las largas filas de exempleados de la salud pública.
KHN (Kaiser Health News) produce artículos periodísticos de profundidad sobre temas de salud, uno de los tres programas operativos principales de la KFF (Kaiser Family Foundation).
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