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Cómo 250 lingotes de oro terminaron aparentemente en poder de una exenfermera de Hugo Chávez

Claudia Díaz, ex enfermera del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez
Claudia Díaz, ex enfermera del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, sale de un tribunal en Madrid, en 2018.
(Paul White / Associated Press)

Era 2014, y la ex tesorera de Venezuela, Claudia Díaz, buscaba un refugio seguro para almacenar la riqueza inexplicable que había acumulado a lo largo de los años. El entonces presidente Hugo Chávez, de quien ella fue enfermera, había muerto recientemente, y con la elección de Nicolás Maduro, la política de la nación y las relaciones con Estados Unidos eran tumultuosas.

Entonces Díaz supuestamente recurrió a una de las formas más antiguas de mover grandes sumas de dinero de forma anónima: comprar oro.

En rápida sucesión, una compañía fantasma establecida en la isla caribeña de San Vicente y las Granadinas, que al parecer controlaba, compró 250 lingotes de oro valorados en más de $9.5 millones, según los registros judiciales de Liechtenstein obtenidos por Associated Press. Las barras, que pesaban 2.2 libras cada una, supuestamente estaban almacenadas en una bóveda privada en el pequeño principado europeo; la bóveda era accesible para Díaz y para su hijo, después de que cumpliera los 18 años.

Unos años más tarde, un representante de Díaz aparentemente vendió una cantidad casi idéntica de lingotes y gran parte de los ingresos fueron depositados en un banco suizo.

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Esas transacciones están ahora en el centro de una investigación criminal internacional sobre la red de compañías fantasmas y banqueros suizos poco fiables que ayudaron a convertir a Venezuela en uno de los países más corruptos del mundo. Si bien se estima que hasta $300 mil millones han sido saqueados de las arcas estatales de ese país en dos décadas de gobierno socialista, el entendimiento de los investigadores sobre cómo se lavó el dinero recién comienza.

La transferencia física de los pesados lingotes de oro -algo nunca antes visto en registros de la corte- subraya los extremos creativos a los que algunos venezolanos han apelado para ocultar su riqueza mal habida.

Con una reputación de secreto y el ingreso per cápita más alto del mundo, el microestado de habla alemana de Liechtenstein ha sido durante mucho tiempo un imán bancario para los súper ricos del mundo. Pero al igual que la vecina Suiza, con la que comparte una unión monetaria y aduanera, su reputación como centro financiero offshore (paraíso fiscal) de libre circulación se vio sacudida por el escándalo.

Mientras California se enfrenta a un diluvio de solicitudes de subsidios de desempleo durante la pandemia, los trabajadores del gobierno encargados de tramitar las reclamaciones dicen que se ven obstaculizados por una tecnología anticuada, los trámites burocráticos y la escasez de personal capacitado.

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Impulsados por la presión de Estados Unidos, que ha acusado a numerosos funcionarios venezolanos y sancionado al gobierno de Maduro por delitos financieros en todo el mundo, Liechtenstein y Suiza están haciendo todo lo posible para exponer la corrupción en el país caribeño.

“Venezuela se ha convertido en un virtual paria”, aseveró Michael Levi, experto en delitos financieros en Europa y profesor de la Universidad de Cardiff en Gales. “Los banqueros reservados estuvieron felices de tomar su dinero durante años, pero ahora todo el mundo evita el país a toda costa, no solo para proteger su reputación sino para evitar sanciones regulatorias e incluso penales”.

Los detalles de la investigación sobre Díaz y cinco presuntos asociados provienen de una solicitud de asistencia legal de 14 páginas, enviada el 22 de noviembre por un tribunal en Liechtenstein, y la respuesta, dos semanas después, de fiscales en Ginebra que prometían cooperación. Dos personas proporcionaron por separado una copia traducida de la petición y la respuesta suiza a la AP, bajo condición de anonimato porque la investigación está en curso.

El tribunal estatal de Liechtenstein confirmó la autenticidad del pedido. La oficina del fiscal general de Suiza dijo que transmitió la información en mayo, pero que no está llevando a cabo ningún proceso penal en este momento.

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Díaz era prácticamente desconocida hasta que ella y su esposo, un exasesor de seguridad de Chávez, aparecieron en 2016 en el informe de documentos financieros secretos conocidos como los Papeles de Panamá, que proporcionaron una rara mirada a cómo algunas de las personas más ricas del mundo esconden su dinero. Las autoridades allanaron la casa de la pareja en Caracas, capital de Venezuela, y confiscaron lo que describieron como una colección de autos de lujo, obras de arte y documentos relacionados con propiedades inmobiliarias dentro y fuera del país.

Díaz, de 46 años, una ex suboficial de la armada venezolana, se hizo cargo de un Chávez enfermo antes de que el líder venezolano muriera de cáncer, en 2013. En 2011, Chávez la nombró tesorera nacional del país.

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Fue reemplazada cuando el sucesor de Chávez, Maduro, fue elegido en 2013. Díaz y su esposo, Adrián Velásquez, viven actualmente en Madrid, donde fueron arrestados brevemente en 2018 con una orden expedida en su país natal.

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Además de la investigación en Liechtenstein, la pareja ha sido sancionada en EE.UU por su presunta participación en una conspiración monetaria de $2.400 millones y fueron señalados como conspiradores no identificados en una acusación federal de Miami contra el predecesor de Díaz como tesorero. Los fiscales españoles también están investigando su compra de un apartamento en Madrid, valuado en $1.8 millones.

Ismael Oliver, el abogado con sede en Madrid tanto para Díaz como para su esposo, informó que sus clientes “no tenían conocimiento, oficial o de otro tipo”, de la investigación realizada por Liechtenstein. “Ella niega rotundamente haber tenido lingotes de oro o cualquier cuenta bancaria en Liechtenstein”, agregó Oliver.

Un foco clave de la investigación es el banquero suizo Charles-Henry de Beaumont, quien trabajó en la Compagnie Bancaire Helvetique SA, con sede en Ginebra, al mismo tiempo que Díaz supervisaba las finanzas de Venezuela. La solicitud de Liechtenstein identifica a Beaumont como la persona “encargada de transferir los fondos de los miembros corruptos del gobierno venezolano a Suiza”. Beaumont no ha sido acusado de ningún delito.

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Según la solicitud de la corte de Liechtenstein, Beaumont supuestamente trabajaba con Danilo Diazgranados, un financiero venezolano que llamó la atención en 2017 por ser dueño de la empresa offshore que compró el fondo de cobertura del asesor de Trump Anthony Scaramucci, cuando éste se unió a la Casa Blanca.

El CBH, de propiedad familiar, es uno de los bancos más pequeños de Suiza, pero sus activos aumentaron más del doble, a $11.400 millones, desde 2013, en un momento en que su negocio en Venezuela estaba en auge. Los activos de América Latina representaron un tercio de sus negocios el año pasado en comparación con el 12% en 2013, según los estados financieros del banco.

No está claro cómo Beaumont y Díaz están vinculados. Los intentos de llegar a Beaumont fueron infructuosos; no respondió a los mensajes en su número de teléfono ni en la dirección de correo electrónico proporcionados por personas que lo conocen. George Yoss, un abogado de Miami quien al parecer lo representó en el pasado, tampoco respondió a varias llamadas telefónicas y correos electrónicos.

Pero la compañía que Díaz aparentemente utilizó para comprar el oro, Amaze Holding, fue registrada en junio de 2012 con la misma dirección de San Vicente, pocos días después de otras dos compañías, Greenhill International y Amblia, que Beaumont presuntamente poseía y controlaba, según el tribunal de Liechtenstein. Las transferencias bancarias de empresas fantasmas panameñas se realizaron a través de CBH a las cuentas de Greenhill y Amblia en el Liechtensteinische Landesbank, de propiedad estatal, en 2012, según el tribunal de Liechtenstein.

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La corte, en su solicitud, expuso que Díaz controlaba a Amaze a través de otra mujer venezolana, Norka Luque, identificada como amiga de la ex ministra de Defensa Carmen Meléndez y “testaferro” de varios políticos y figuras de alto rango en Venezuela. Los intentos de localizar a Luque no tuvieron éxito.

Los fiscales en Miami también están apuntando a Beaumont, de nacionalidad francesa.

En 2018, presentaron su propia solicitud de asistencia legal a Ginebra, acusándolo de crear varias compañías fantasmas para lavar hasta $4.500 millones robados a través de acuerdos de divisas fraudulentos con el gigante petrolero estatal de Venezuela, PDVSA. Las empresas fantasmas prestaron bolívares a PDVSA supuestamente comprados en el mercado negro, donde eran tres veces más baratos. Pero fueron reembolsados en dólares estadounidenses a la tasa oficial inflada, lo cual permite a cualquier persona con un “contrato de préstamo falso” triplicar su dinero casi de la noche a la mañana, según los fiscales estadounidenses.

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Los fiscales estadounidenses sostienen que Beaumont se embolsó $22 millones al cobrar una tarifa del 0.75% por todos los cables entrantes y salientes enrutados a través de CBH a las compañías fantasmas que ayudó a establecer.

“Beaumont también utilizó estos corredores de dinero para recibir y mantener sus sobornos”, según los fiscales. Una parte de los fondos supuestamente se utilizó para comprar una propiedad de $4.6 millones en Miami, y otra por valor de $1.3 millones en la República Dominicana.

CBH dijo que Beaumont renunció en 2012 y que luego, según se cree, trabajó como administrador de activos independiente con varios bancos. CBH negó firmemente haber participado, facilitado o tolerado el lavado de dinero.

CBH no fue acusado de ningún delito, ni es blanco de la investigación de Liechtenstein.

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Las barras de oro que al parecer pertenecen a Díaz representan solo una pequeña fracción del monto total saqueado de Venezuela. Pero se erigen como un poderoso símbolo de la avaricia sin límites que alimentó a una gran cantidad de intermediarios, desde administradores de activos de clase alta hasta algunos de los bancos más antiguos de Europa.

Los lingotes se mantenían dentro de una bóveda privada en Liemeta AG, que había sido rentada por Díaz en 2014 por casi $21.700 al año, según la solicitud del juez Roger Beck, del tribunal en Liechtenstein. El acceso a dicha bóveda estaba restringido únicamente a Díaz y a su hijo, después de que cumpliera 18 años.

Pero la mujer luego autorizó a un financiero de una familia bancaria suiza a retirar el contenido de la bóveda, lo cual supuestamente se realizó en dos transacciones: en diciembre de 2014 y noviembre de 2015, según la solicitud de Beck.

El magistrado indicó que “no se pudo establecer” el paradero de las dos pilas de 120 y 130 lingotes. Sin embargo, señaló que a partir de 2018, el intermediario vendió una cantidad casi idéntica de oro por más de $11.100 millones. La mayor parte de los ingresos de esas ventas se depositaron en la filial suiza de Banque Internationale a Luxembourg SA. Pero Daniel Vogt, cuya firma de la familia, David Vogt & Partners, recolectó papeleo involucrado en las transacciones, recogió casi 200 libras de oro, según Beck.

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Vogt, en un correo electrónico, dijo que su firma no tenía conocimiento de las transacciones que involucraban a Díaz. Su firma, que no es blanco de la investigación, no tiene clientes en Venezuela y está cooperando plenamente con las autoridades, añadió.

Mientras tanto, Díaz sigue instalada en Madrid. Ella insiste en que sus considerables ahorros son el resultado de toda una vida de trabajo honesto y que nunca malversó fondos estatales. Todos sus problemas legales, sostiene, se derivan de su negativa a aceptar las órdenes ilegales de Maduro tras las confusas consecuencias de la muerte de Chávez.

Por ahora, no tiene ninguna presión para explicar su riqueza. El año pasado, el Tribunal Nacional de España bloqueó su extradición a Venezuela, al considerar creíbles sus temores de que podría enfrentar tortura si la enviaban de regreso.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.


InternacionalNota Roja
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