Honduras en la encrucijada electoral para acabar con el gobierno corrupto de Juan Orlando Hernández
Tres años antes de ser elegido presidente de Honduras en 2013, Juan Orlando Hernández impresionó a los expertos del Departamento de Estado de Estados Unidos como un candidato encantador, relativamente joven y con capacidad para imponer la ley y el orden, capaz de estabilizar uno de los países más violentos del mundo.
Pero Hernández ha dejado la nación en ruinas mientras decenas de miles de hondureños huyen en busca de una vida mejor en Estados Unidos y otros países. Los años en el poder del presidente, han estado marcados por las violaciones de los derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales, el robo de dinero público, la pobreza y la complicidad con el narcotráfico en los niveles más altos del gobierno. Las elecciones del domingo son posiblemente las más importantes en décadas para restablecer el orden en este conflictivo país centroamericano.
“Juan Orlando nos deja un país roto”, dijo Lenín Laínez, diputado del partido opositor Libre. “Un país endeudado, con una grave narcocorrupción, con altos niveles de criminalidad y con una de las poblaciones más desiguales de América Latina”.
La dependencia del partido en el poder del dinero del narcotráfico y de las unidades militares de élite ha llevado a los hondureños a calificar a su régimen como una “narcodictadura”. Este ambiente forma parte de una tendencia más amplia de retroceso de la democracia en toda la región, desde Daniel Ortega en Nicaragua hasta Nayib Bukele en El Salvador y Alejandro Giammattei en Guatemala. En los últimos años esto ha provocado una emigración masiva.
Honduras ha estado en crisis desde un golpe de estado militar en 2009 que Washington no se movió para detener. Eso llevó al eventual ascenso de Hernández, a quien los fiscales estadounidenses acusan de consolidar su poder con el dinero de los cárteles. Los dos principales candidatos presidenciales en la votación encarnan las contradicciones de la violenta era posterior al golpe: Nasry Asfura, la candidata del derechista Partido Nacional, cuenta con el apoyo de Hernández. Xiomara Castro, la esposa de Manuel “Mel” Zelaya, que fue derrocado en el golpe, es una popular candidata progresista.
“Doce años de gobierno ilegal no han hecho nada por los hondureños”, dijo Castro en un discurso el 20 de noviembre. “Sólo se han dedicado a sus propios negocios y a estafar el dinero del Estado... mientras el pueblo vive como víctima de la miseria y la inseguridad”.
El Partido Nacional “nos ha dejado una Honduras en la que es imposible acceder a una sanidad o a una educación de calidad y gratuita”, dijo Anabel Melgar, miembro del Frente Nacional de la Juventud en Resistencia. “Malversaron el fondo de salud, y miles de personas han muerto porque, con el dinero del fondo robado, repartieron pastillas [de mala calidad]”.
Una de las señas de identidad del mandato de Hernández -además de repartir beneficios y mantener la lealtad de los trabajadores del gobierno- ha sido la expansión del ejército en el espacio público y la creación de unidades paramilitares y de élite implicadas en violaciones de los derechos humanos.
El activista por el derecho a la tierra Yoni Rivas procede del Valle del Aguán, donde han muerto cientos de personas en batallas entre campesinos y corporaciones de aceite de palma, y donde los grupos paramilitares conectados con el ejército hondureño están expulsando la migración del país. Si gana Asfura, dijo Rivas, habrá “más corrupción, más criminalidad, más persecución y más de lo mismo”.
En la costa norte del país, la población afroindígena garífuna lleva años librando batallas con empresas turísticas y de aceite de palma -que durante mucho tiempo han sido favorecidas por el Partido Nacional en detrimento de los ciudadanos indígenas-, que han tratado de apoderarse de sus codiciadas tierras frente a la playa.
Darwin Centeno, un pescador garífuna de Triunfo de la Cruz cuyo primo Sneider Centeno fue un destacado activista garífuna secuestrado por un escuadrón de la muerte vinculado a la policía en julio de 2020, dijo que el legado del Partido Nacional es el de “cometer daños contra nuestra comunidad, irrespetando nuestros derechos étnicos”.
Pero el Partido Nacional es hábil para movilizar a los votantes, lo que podría impedir que la progresista Castro se convierta en la primera mujer presidenta del país con sus promesas de acabar con las viejas formas de poder. Su marido ha sido acusado de aceptar sobornos mientras era presidente, una acusación que él negó.
Castro propone flexibilizar las notoriamente estrictas leyes sobre el aborto de Honduras y ha sugerido convocar una Asamblea Nacional para reescribir la constitución y hacerla más inclusiva. En los anuncios publicitarios, así como en las ominosas vallas publicitarias rojas de todo el país, se le presenta como un caballo de Troya del comunismo, al igual que los opositores presentaban a su marido a finales de la década de 2000.
A pesar de la campaña contra ella, Castro, candidata del Partido Libre, de centroizquierda, mantiene una estrecha ventaja sobre Asfura en las encuestas de opinión.
La cercanía de la contienda ha aumentado el temor a la violencia postelectoral. No sería la primera vez. En 2017, el popular candidato de la oposición Salvador Nasralla parecía encaminado a la victoria, pero las irregularidades en el sistema de votación indicaron un posible fraude, lo que desencadenó meses de protestas y una mortal represión. Hernández fue finalmente declarado ganador.
“Hay una enorme posibilidad de fraude”, dijo Jessenia Molina, periodista y defensora de los derechos humanos de la ciudad de Tocoa. “No lo dudo ni un poco”.
“Hay que estar preparados para esa posibilidad”, dijo Tania Iden, una mujer garífuna.
Asfura, conocido por sus partidarios como ‘Papi a la orden’, se ha centrado en la creación de empleo y en la continuación de las políticas de seguridad de Hernández. Pero Asfura está manchado por sus años en el Partido Nacional: Se enfrentó a una investigación sobre la malversación de un millón de dólares de fondos públicos. Los críticos temen, sin embargo, que las sospechosas tácticas de campaña del Partido Nacional puedan inclinar las elecciones en una nación empobrecida y golpeada por los desastres naturales.
Muchos han acusado al Partido Nacional de intentar comprar la lealtad preelectoral: “Han convertido las escuelas en centros de entrega de regalos [estufas, camas, bicicletas, neveras, dinero] a través de activistas del Partido Nacional llamados Guías de Familia”, dijo Melgar de su departamento natal, Intibucá. “Les dicen a esas personas que voten por el Partido Nacional a cambio de esos regalos”.
Una cuestión central que planea sobre las elecciones es si Hernández, que dejará el cargo en enero, se unirá a la lista de políticos hondureños extraditados a Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Durante el juicio de su hermano, Tony Hernández, que fue condenado a cadena perpetua este año por cargos de tráfico de armas y drogas, los fiscales estadounidenses alegaron que el presidente se ofreció a enviar tropas para defender el laboratorio de cocaína de un traficante. El presidente, según los testigos, dijo que “metería la coca en las narices de los gringos”.
Un asesor de la Casa Blanca dijo recientemente al New Yorker que, al ser informada sobre el historial del presidente Hernández, la vicepresidenta Kamala Harris trató de “ir por él ahora”, pero sus asesores le advirtieron que no debía dirigirse a un jefe de Estado. No está claro si esa vacilación cambiará después de las elecciones, aunque el gobierno de Biden ha hecho algunos esfuerzos para denunciar la corrupción: Este verano, Estados Unidos publicó una lista en la que se nombraba a 55 funcionarios presuntamente corruptos en toda la región, entre ellos el expresidente Porfirio Lobo y su esposa. Muchos hondureños señalaron que Hernández no estaba en la lista.
Honduras ha sido un estrecho aliado de Estados Unidos durante décadas. Pero en el último año, a medida que crecían los rumores de una posible extradición por parte de la Agencia Antidroga, Hernández buscó cultivar alianzas alternativas. En abril pronunció un discurso en el que sugirió reforzar las relaciones con China, y a finales de octubre mantuvo una inesperada reunión con el autócrata Ortega en la vecina Nicaragua. Algunos hondureños creen que el presidente buscará refugio en una zona de empleo y desarrollo económico, conocida por el acrónimo ZEDE, un controvertido proyecto de enclaves corporativos autónomos en Honduras donde un nuevo sistema legal oscuro podría hacerle inmune a la extradición.
Muchos aquí temen que las arraigadas redes de actores corruptos, incluidos los que apoyan a Asfura, hagan casi imposible el cambio: “Si Xiomara gana, va a ser extremadamente complicado para ella. Las estructuras de poder corruptas de este país no van a dejar que ella les quite sus beneficios”, dijo Molina. “Hay todo un grupo que le hará la guerra”.
*Olson es corresponsal especial.
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