El gobierno de Biden se apresura a salvar la Cumbre de las Américas en Los Ángeles

Un boicot en ciernes sobre la lista de invitados a la Cumbre de las Américas de este año, una reunión hemisférica que se celebra cada tres o cuatro años y que está prevista para Los Ángeles el mes que viene, tiene al gobierno de Biden luchando por evitar un bochorno que podría erosionar la influencia de Estados Unidos en la región.

Los problemas comenzaron cuando la administración decidió inicialmente excluir a los líderes antidemocráticos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que provocó la ira del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. El mandatario mexicano dijo que no asistiría a la cumbre si no se incluía a todos los países del hemisferio occidental. Otros líderes latinoamericanos se hicieron rápidamente eco de la advertencia.

La cumbre llega en un momento crítico para la administración, que busca contrarrestar el creciente peso de China en la región, reparar las relaciones dañadas durante la administración Trump y frenar el flujo de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos.

“Esto debería haber sido visto como una oportunidad, un lugar de primera para desplegar una visión aspiracional para un plan de América Latina”, dijo Ryan Berg, un experto en América Latina en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un think tank de Washington.

En cambio, agregó, la cumbre está “en crisis” y muchos de los líderes del hemisferio sienten que “pueden amenazar con desertar sin temor a enfrentar un gran costo. No sentirán que se pierden de nada”.

Con el inicio de la cumbre previsto para el 6 de junio, la Casa Blanca aún no ha ultimado la lista de invitados. En un esfuerzo por apuntalar el apoyo, envió a México al exsenador Chris Dodd, asesor especial de Biden para la cumbre, para persuadir a López Obrador de que asista.

Antes de la visita de Dodd, la administración tomó otra medida que, según los analistas, estaba dirigida a convencer a los líderes de que debían asistir: Levantó algunas de sus restricciones de línea dura de la era Trump sobre Cuba al anunciar que facilitaría a las familias el envío de dinero y las visitas a la isla gobernada por los comunistas y alivió algunas sanciones sobre el petróleo venezolano.

El “primer tramo” de invitaciones fue enviado a finales de la semana pasada, pero la administración sigue considerando invitados adicionales, dijo el viernes el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

“Confiamos en que habrá una sólida participación”, dijo Price.

Otro funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para discutir el evento, dijo que la Casa Blanca está “evaluando opciones sobre cómo incorporar mejor las voces de los pueblos cubano, venezolano y nicaragüense en el proceso de la cumbre.”

Durante el fin de semana, el senador Marco Rubio (republicano de Florida), un halcón sobre Cuba que sigue los preparativos de la cumbre, dijo en Twitter que el gobierno de Biden ha decidido invitar al “régimen” cubano. Es posible que los dos gobiernos se comprometan a invitar a un funcionario de menor nivel de La Habana, tal vez alguien del Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta medida podría satisfacer las objeciones de México.

La Casa Blanca también cuenta con el toque diplomático de la Primera Dama, Jill Biden, que se encuentra en una gira de seis días por Ecuador, Panamá y Costa Rica para promover la cumbre. A principios de este mes, la primera dama llevó a cabo una labor diplomática relacionada con la invasión rusa de Ucrania, visitando Rumanía y Eslovaquia. Hizo una parada sorpresa en Ucrania el Día de la Madre.

Hasta ahora, los esfuerzos de Estados Unidos han dado pocos resultados. El posible boicot ha suscitado dudas sobre los preparativos de la administración y sobre si la región, sumida en la corrupción y la inestabilidad, ha alcanzado un punto de inflexión. Sus países están eligiendo constantemente a líderes menos preocupados por la democracia y por mantener fuertes lazos con Washington. El autoritarismo y el populismo también van en aumento en una región asolada por una profunda pobreza y desigualdad.

El presidente Joe Biden se reúne con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en el Despacho Oval en noviembre.

(Susan Walsh/Associated Press)

Después de cuatro años en los que una administración de Trump ignoró en gran medida o arremetió contra los países de América Latina, muchos en toda la región creyeron que Biden impulsaría mejores relaciones diplomáticas y mejores políticas comerciales, incluso con Cuba. Como candidato a la presidencia, Biden había hablado elogiosamente de sus numerosos viajes a la región y de sus relaciones con los líderes actuales y anteriores de los países.

Pero la esperada distensión no se materializó, y muchos países latinoamericanos han empezado a solicitar con más frecuencia la ayuda de China y de otros posibles inversionistas y socios.

“Hay una sensación de separación”, dijo Earl Anthony Wayne, ex embajador de Estados Unidos en México y Argentina.

Más allá de la dimensión económica, dijo Wayne, “hay un agriamiento de la opinión pública sobre la eficacia de la democracia. Miran y ven que Estados Unidos ha tenido algunos de los mismos problemas. No ven un ejemplo de éxito en el norte”.

Aprovechando ese sentimiento, China ha hecho enormes incursiones en toda la región. Solo desde 2017, 21 de los 35 países del hemisferio se han unido a la ambiciosa Iniciativa del Cinturón y la Ruta de 4,3 billones de dólares de China, que está construyendo infraestructura y ampliando los acuerdos comerciales que involucran materias primas y otros productos básicos en todo el mundo. Los líderes de los países latinoamericanos saben que China no exigirá nada relacionado con la democracia o la corrupción, aunque los préstamos de Pekín suelen tener un alto precio financiero.

No ha habido un nuevo acuerdo comercial importante entre Estados Unidos y un país latinoamericano en varios años.

La administración Biden “está casi desaparecida”, dijo Berg, experto en América Latina del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. “Si eres China, tienes que estar encantado”.

A medida que se acerca la cumbre, los contornos de la agenda parecen seguir tomando forma. Mientras que la migración y el cambio climático siguen siendo las principales prioridades de la agenda doméstica de Biden, la reunión es una oportunidad para abordar los desafíos económicos y comerciales más amplios a los que se enfrenta América Latina mientras lucha por recuperarse de una recesión inducida por una pandemia.

Según Andrew Rudman, director del Instituto México del Wilson Center, la administración aún no ha hecho pública la agenda de la cumbre, lo que hace difícil calibrar su posible eficacia.

Una hoja agenda más detallada, según los analistas, podría haber ayudado a garantizar que las ventajas de participar fueran mayores que las desventajas de desairar a Washington.

Los asistentes a la cumbre, incluidos los líderes empresariales y los representantes de la sociedad civil, podrían salir con algún tipo de consenso regional sobre la migración y la recuperación económica en el raro momento en que la política exterior de Estados Unidos mira hacia el sur, según los analistas. Esto podría suponer un problema para los que boicotearon el evento.

“En la diplomacia internacional o te sientas a la mesa o puedes convertirte en parte del menú”, dijo Arturo Sarukhán, ex embajador de México en EE.UU. “Ese es un riesgo, que creo, México y otros probablemente, están corriendo al jugar este juego”.

Si López Obrador, el presidente de México, se aferra a su amenaza de boicotear la cumbre, dificultaría que la administración de Biden llegara a algún acuerdo significativo para frenar el flujo de migración ilegal en la frontera sur de Estados Unidos, una de las principales prioridades internas de Biden de cara a las elecciones intermedias de noviembre.

Otros líderes han expresado su frustración con el gobierno de Biden por su decisión de bloquear la asistencia de ciertos países. Entre ellos se encuentran el presidente boliviano Luis Arce y la presidenta hondureña Xiomara Castro, que han sugerido que no asistirán a la cumbre. Varios países del Caribe han dicho que no enviarán representantes.

El presidente conservador de Guatemala, Alejandro Giammattei, amenazó con quedarse en casa después de que Estados Unidos criticara al país centroamericano por volver a nombrar a un fiscal general al que acusa de obstruir las investigaciones anticorrupción. También lo ha hecho el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, un ávido aliado de Trump que está enfadado por las críticas de Estados Unidos y otros países a su gestión de la Amazonía.

La reunión periódica, que no se ha celebrado en Estados Unidos desde su sesión inaugural de 1994 en Miami, ha tenido su cuota de roces diplomáticos y teatro político. Cuba ha sido excluida de la cumbre, o se ha negado a asistir, durante dos décadas. Volvió en 2015, cuando un famoso apretón de manos entre el presidente Obama y el líder cubano Raúl Castro pareció desencadenar un descongelamiento de las relaciones. Tres años después, Trump se saltó el evento en un desaire diplomático, enviando al vicepresidente Mike Pence en su lugar.

Sarukhán, ex embajador de México en Estados Unidos, no está de acuerdo con la política de línea dura que mantiene la administración Biden hacia Cuba. Dijo que le da al gobierno cubano una excusa para desviar la atención de sus propias políticas públicas y fallas políticas.

Pero Sarukhán añadió que la Casa Blanca está adoptando el enfoque correcto en la cumbre. Y la Cumbre debería ser una prueba de fuego de la democracia para que se les permita asistir. Señaló la Carta Democrática Interamericana de 2001, firmada por todos los países de la región, excepto Cuba, que afirma que “los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla”.

La cuestión más importante, dijo, es que López Obrador se desentendió públicamente de Biden en una flagrante violación de la regla no escrita de la relación entre Estados Unidos y México, que es “no tomar decisiones por sorpresa”.

Después de la reunión de Dodd la semana pasada con López Obrador, el gobierno mexicano dijo que se mantenía firme en su posición de que todos los países debían ser invitados a la cumbre y que esperaba una respuesta de Estados Unidos. Pero gran parte de la protesta de López Obrador es probablemente una postura y un teatro político, dicen los analistas.

Aunque el presidente tuvo una relación paradójicamente amistosa con Trump, le gusta ser visto como enfrentado a Washington. Los analistas dicen que López Obrador también sabe que puede aprovechar la necesidad del gobierno de Estados Unidos de la cooperación de México en materia de inmigración para ganar concesiones en otros asuntos.

“La verdadera tragedia aquí es que esta es una región que necesita desesperadamente coordinación y apoyo”, dijo Benjamin Gedan, ex funcionario del Departamento de Estado y director para América del Sur del Consejo de Seguridad Nacional. “La cumbre es una oportunidad para poner los pies en el fuego a Estados Unidos y ofrecer algunas alternativas significativas para financiar la infraestructura y la recuperación económica”.

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