El Salvador aprueba prórroga del estado de excepción

A solicitud del presidente Nayib Bukele, el Congreso de El Salvador aprobó el miércoles otra prórroga del estado de excepción para continuar combatiendo a las maras o pandillas, a las que responsabilizan de una ola de asesinatos registrados en los últimos días de marzo.

Después de que ocurrieran 62 homicidios el 26 de ese mes, un nivel de criminalidad que no se había visto en años en El Salvador, el Congreso aprobó el estado de excepción que limita la libertad de asociación y suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones del arresto, y la asistencia de un abogado. Además, amplia de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.

La nueva prórroga se aprobó con los votos de 67 de los 84 diputados del Congreso unicameral, mientras que 16 votaron en contra. Uno de los legisladores no estaba presente.

La prórroga se aprobó alegando que persisten las circunstancias que motivaron la implementación de la medida. En lo que va del régimen de excepción, las autoridades han capturado a 34.585 personas, en su mayoría acusadas de formar parte de esas estructuras criminales o ser colaboradores de las pandillas.

Según la Constitución, el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá de 30 días. Transcurrido este plazo podrá prolongarse, por igual período y mediante nuevo decreto, si continúan las circunstancias que lo motivaron. De lo contrario, se restablecerían por completo las garantías suspendidas.

El gabinete de seguridad del gobierno salvadoreño sostiene que, si bien es cierto que las medidas extraordinarias han tenido éxito y los homicidios han disminuido, “la mayoría de las terroristas aún continúan en libertad”, por lo que suspender su aplicación propiciaría un retroceso en los avances alcanzados.

“Esta guerra va a continuar por el tiempo que sea necesario, y en la medida en que la población nos lo siga demandando, nosotros vamos a seguir enfrentando a este cáncer, y lo hemos dicho y lo sostenemos: esta guerra es hasta erradicar las pandillas del territorio salvadoreño”, dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

Remarcó que las pandillas “son un cáncer que no se erradica con dos tratamientos de quimioterapia, necesitamos más tiempo para seguir erradicando este cáncer de todas las comunidades de nuestro país”.

Sin embargo, defensores de los derechos humanos, que han denunciado abusos de los cuerpos de seguridad y que dicen haber documentado más de 500 capturas arbitrarias, rechazan la extensión del régimen de excepción, ya que aseguran viola la Constitución.

“Si hay fundamento legal o no, evidentemente no lo hay, los artículos 29 y 30 de la Constitución son bien claros para establecer cuáles son aquellas causales por las cuales se puede decretar un régimen de excepción, y las causas han desaparecido”, afirmó la abogada Ruth Eleonora López de la organización no gubernamental Cristosal.

Entretanto, según una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Publica (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), publicada el miércoles, “más del 80% de la población aprueba el régimen de excepción”.

Según el mismo sondeo, “el 89,2 % cree que la suspensión de los derechos y garantías constitucionales contempladas en el régimen de excepción ha sido útil para reducir la delincuencia en el país”.

Bukele se refirió en Twitter a la encuesta de la UCA y dijo: “De acuerdo con las casas encuestadoras internacionales, el apoyo está por encima del 90%, pero es interesante que una institución que ataca al gobierno día y noche acepte esto”.

Según información de la Policía Nacional Civil, como resultado del incremento de los operativos y la captura de pandilleros, desde que se aprobó el estado de excepción se han registrado 19 días sin homicidios.

Para combatir a las pandillas, el Congreso reformó el Código Penal para que las pandillas, o cualquier otra organización delictiva, se consideren penalmente ilícitas y sus miembros puedan ser sancionados con penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas de esos grupos podrían enfrentar condenas de 40 a 45 años de cárcel.

En los delitos relacionados con el crimen organizado, que incluye a las pandillas, se aplican 20 años de prisión a adolescentes mayores de 16 años y hasta 10 años a mayores de 12.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han instado al Estado salvadoreño a respetar el debido proceso y los derechos humanos durante el estado de excepción.

Las llamadas maras o pandillas están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, pero además extorsionan a comerciantes y empresas de transporte, y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades. Tienen presencia en populosos barrios del país.