Este artículo forma parte de una serie que analiza el impacto de la explotación petrolera en la región selvática de Perú.
Un derrame de petróleo en 2014 en la comunidad indígena kukama de Cuninico, así como más de una docena de otros desde entonces, procedía del oleoducto Norperuano, que se construyó en la década de 1970 para transportar crudo desde los entonces nuevos yacimientos petrolíferos amazónicos del país a través de la cordillera de los Andes hasta la costa del Pacífico. El oleoducto de 1,106 kilómetros fue una maravilla de la ingeniería en su momento, pero en 2014 había envejecido y se había corroído. Una agencia gubernamental de supervisión determinó que el oleoducto no había sido inspeccionado ni mantenido adecuadamente.
Los dos campos petrolíferos —el bloque 192, que originalmente se llamaba 1AB, y el bloque 8— también son atravesados por oleoductos envejecidos, que están plagados de contaminación de derrames que nunca se limpiaron adecuadamente. Los yacimientos tienen su origen en el auge petrolero que vivió el Perú amazónico en la década de 1970, y que engulló a decenas de pequeñas comunidades que sufrirían las consecuencias durante el siguiente medio siglo.
En ese momento, el gobierno peruano estaba ansioso por competir con el vecino Ecuador, donde la compañía petrolera estadounidense Texaco había comenzado a operar en 1967, y establecer la frontera nacional con mayor firmeza tras una cruenta guerra fronteriza. Al mismo tiempo, una crisis energética provocada por los recortes de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo había impulsado a las compañías petroleras estadounidenses a buscar otras fuentes.
Petroperú encontró petróleo en la cuenca del río Corrientes en 1971, y Occidental Petroleum, compañía petrolera con sede en Estados Unidos, no tardó en hacer lo mismo en las cercanías. La nueva legislación concedía a las empresas extranjeras exenciones fiscales a cambio de entregar al Estado peruano la mitad del petróleo que producían, y casi una docena de ellas obtuvieron concesiones en los dos años siguientes.
Sin embargo, la mayor parte del petróleo era crudo pesado, lo que encarecía su extracción. El auge se extinguió y la mayoría de las empresas extranjeras desaparecieron a mediados de la década de 1970. Occidental Petroleum se hizo cargo del bloque 1AB y Petroperú operó en el bloque 8, que incluía una frágil zona de humedales que ahora forma parte de la Reserva Nacional Pacaya Samiria.
En los primeros años, cuando la producción era mayor, casi dos tercios del petróleo de Perú procedía de los campos amazónicos de Loreto. Sin embargo, con el paso del tiempo, esto ha disminuido y, en los últimos años, el oleoducto, construido para transportar unos 100.000 barriles diarios, ha funcionado apenas a una cuarta parte de su capacidad.
En la década de 1980, incluso el gobierno peruano reconoció que el Bloque 1AB era uno de los lugares más contaminados del país, con sus ecosistemas dañados o destruidos por vertederos inadecuadamente protegidos, derrames que nunca se limpiaron y agua residual—el agua caliente, con alto contenido de sal y metales, que se bombea de los pozos con el petróleo— que simplemente se vertió en ríos y arroyos.
Como las concesiones petroleras han cambiado de manos, la responsabilidad de la limpieza se ha convertido en una cuestión de señalamientos y acusaciones, ya que es difícil demostrar qué empresa operaba el lote cuando se produjeron casos individuales de contaminación.
El bloque 1AB/192 fue operado por Occidental de 1971 a 2000, por la empresa argentina Pluspetrol de 2000 a 2015 y por la canadiense Pacific Stratum, posteriormente Frontera Energy, de 2015 a 2021. El bloque está actualmente inactivo, pero la empresa estatal Petroperú ha dicho que planea operarlo con un socio extranjero.
Petroperú operó el bloque 8 hasta 1996, cuando Pluspetrol lo adquirió. Pluspetrol, que ahora tiene su sede en Ámsterdam, se declaró en liquidación en diciembre, poniendo en duda el futuro del bloque. En su anuncio, la empresa culpó a la agencia de supervisión medioambiental de Perú de considerarla responsable de la contaminación que se produjo mientras otras empresas operaban el bloque.
Las comunidades achuar del río Corrientes demandaron a Occidental Petroleum ante los tribunales estadounidenses en 2007 por daños medioambientales, y en 2015 llegaron a un acuerdo extrajudicial por una suma no especificada. Otras comunidades han demandado en Perú por daños medioambientales y problemas de salud, pero la contaminación persiste.
Este proyecto de Montañas y Selva fue desarrollado con el apoyo de la Gordon and Betty Moore Foundation e InquireFirst.
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