OPINIÓN: La misión internacional en Honduras investigará a gobiernos pasados y presentes

“Entré en la Casa de la Justicia de mi país y comprobé que es un templo de encantadores de serpientes”. Son las palabras de la primera estrofa de un poema de 1968 por Roberto Sosa que aborda la perversión crónica de los juzgados en Honduras. El país de este poeta hoy pretende una reforma sin precedentes de su justicia.

La vida profesional de Edmundo Orellana y el devenir del orden constitucional hondureño de los últimos 40 años han ocurrido en paralelo, aunque no de la mano. A inicios de los años noventa, fue el arquitecto legal y primer fiscal general del Ministerio Público, que investiga y acusa por el Estado.

Ha sido el único fiscal general desde entonces en presentar cargos contra un expresidente por corrupción. Nueve órdenes de captura, neutralizadas por el sistema, contra Rafael Leonardo Callejas. Éste murió con un expediente inmaculado en los juzgados hondureños y un grillete en un tobillo en Miami, Florida.

Allí cumplía arresto domiciliario tras ser encontrado culpable por un juzgado federal de aceptar sobornos que transgredieron la jurisdicción estadounidense. Con el inusual alineamiento de fuerzas tras la elección de fines del 2021, Orellana ahora lidera las iniciativas anticorrupción de la presidente Xiomara Castro. Juró su cargo en febrero, tras la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández —JOH—.

La medida, limpia y valiente, desconcierta. Orellana pertenece al tradicional partido Liberal del que se escindió el movimiento de los Zelaya Castro, Libertad y Refundación —Libre—. No es una figura partidista, sino un doctor en derecho. La percepción en Honduras es que ha sido el único fiscal general en actuar como tal entre tantos que han demostrado ser peones de la cleptocracia y baluartes de la impunidad.

Por lo mismo, las contradicciones sorpreden. Castro vio con agrado una ley de amnistía aprobada por el nuevo congreso poco antes de nombrar a Orellana. Ésta ampara ante cualquier acusación previa de delitos políticos o de malversación a los funcionarios que sirvieron en la administración de su marido, Manuel Zelaya, defenestrado en 2009. La amnistía fue descrita por Orellana en su día como “un nuevo pacto de impunidad”.

Es, de hecho, el mismo manto de impunidad que cubre a quienes usurparon el poder a Zelaya bajo Roberto Micheletti, pero en resguardo del bando contrario. Xiomara Castro, además, ha dirigido un ejecutivo laxo en el clientelismo hacia sus activistas. También se ha enroscado a discreción en posiciones estatales de privilegio, con salarios y prebendas ministeriales, a hijos, familiares y allegados.

La administración de la hacienda pública más parece la administración de la hacienda Zelaya Castro: un linaje ganadero y maderero postulado como una dinastía política en la práctica. “No son santos ellos. Simplemente ver el mero nepotismo, que es igual o peor a la administración anterior, preocupa”, dice el economista Rodulio Perdomo, del Foro Social de la Deuda Externa —FOSDEH—.

El espíritu patrimonial con el que se conduce el estado hondureño parece transversal a su clase política. La cosa pública se reparte como cortes de carne de una res destazada. Se plantea la paradoja de sanear un sistema de convivencia partiendo de un conjunto social degradado. Sin embargo, si en algo ha sido disciplinada, y excepcional como mandataria Xiomara Castro, ha sido en liderar tres acciones determinantes para adecentar, a futuro, la vida pública del país.

Esto es, allanar el camino para la reforma integral del sistema de justicia, y como parte operativa de ella, la instalación sin reservas de una misión internacional anticorrupción facultada para juzgar tanto a este gobierno como a los anteriores. Se experimenta con este sistema híbrido para frenar el desangre anual por corrupción de cerca de 10% de su PIB, de acuerdo con el Consejo Nacional Anticorrupción —CNA—. Sara Chayes, autora del libro Cuando la corrupción es el sistema que opera para el Carnegie Endowment, sostiene que Honduras es hoy el Estado secuestrado más corrompido del planeta.

Templanza de Castro al abrir paso a la reforma

Xiomara Castro se dirige a sus seguidores en Tegucigalpa, la capital de Honduras.

(Luis Acosta / AFP/Getty Images)

En la víspera de su investidura, Castro tuvo temple al afrontar a los diputados disidentes de su partido aunados a las fuerzas tradicionales —algo legal, pero no legítimo—, para controlar el legislativo. Hizo respetar el pacto de cogobernanza con las fuerzas anticorrupción de la coalición que ella acordó. En el pulso, señaló de traidor a quien rompiera la disciplina de partido. Se impuso, y éste fue su primer hito.

Lo legal quedó lejanamente atrás en la resolución de aquella ríspida disputa. Pero prevaleció una junta directiva del legislativo que aprueba desde entonces una agenda de combate a la corrupción y desmontaje del entramado legal de la impunidad. Por ello les aplaude la comunidad internacional.

Luego, tras consumarse el nuevo congreso y la toma de posesión presidencial, Castro ordenó a su Canciller solicitar a la Organización de las Naciones Unidas —ONU—, una Comisión Internacional Contra la Impunidad —CICIH—, a semejanza de la guatemalteca CICIG. Sustituirá a la primera misión anticorrupción hondureña, MACCIH —Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad—.

En su corta vida entre 2017 y 2020 la extinta MACCIH, auspiciada y luego abandonada por la Organización de Estados Americanos —OEA—, reveló el pútrido estado de la corrupción en el hemiciclo del congreso y la financiación de las campañas políticas, entre otros casos. Fue desmantelada por los diputados del legislativo anterior por la mella que hizo en ellos —y en sus patrones—, su trabajo. Esta reacción violenta ya había pasado contra la CICIG en Guatemala en 2016 por enjuiciar a actores intocables.

Ese precedente alertó a las redes corruptas en la región e hizo que la MACCIH naciera en fragilidad. “La MACCIH es fundada en ese tiempo. Nace bajo presión y debilitada por Arturo Corrales —estrecho colaborador del expresidente—, para favorecer a JOH. El legislativo se hizo más sinvergüenza en su oposición a las investigaciones por corrupción y la rendición de cuentas,” explica Charles Call, experto en reformas de justicia de American University y exasesor senior del Departamento de Estado.

Por esto, para Charles Call, la petición de una nueva misión respaldada por la ONU no puede llevar a subestimar la resistencia de los poderes fácticos de Honduras a someterse a la justicia. “A los peces más grandes de las esferas de poder hondureñas no se les conseguirá freír localmente”.

El segundo hito de Castro tuvo lugar en esta disyuntiva. Envió una propuesta de ley al congreso, aprobada por éste, asentando la base legal para una misión sobre la que ya no tiene poder ni ella ni el congreso durante el ejercicio aprobado. El ejecutivo y legislativo cedieron el espacio para el escrutinio sobre ellos.

No hay vuelta atrás a la independencia del poder de la misión. Esto es algo con lo que no contó la anterior. Pero lo que el horizonte propone como motivo ulterior de este conflicto es cambiar una dinámica histórica asentada. Rudos actores que viven de ella han trucado a la justicia para que les ampare. Para Call, sanear a Honduras no será fácil.

“Todavía no lanzaría los juegos pirotécnicos en celebración. La CICIG tuvo fuertes poderes y un alto nivel de popularidad, pero fue incapaz de romper con la impunidad del sector privado y su influencia en la política. No se tendrá nada más fuerte que la CICIG en Honduras”. La batalla, pues, es por desanudar el entramado legal e institucional que amarra las condiciones para la corrupción impune.

Soltando amarres y tomando el mando

Así, el tercer hito de Castro en medio año es el asalto frontal al puente de mando de la impunidad: el sistema de justicia. Xiomara envió una propuesta de ley, redactada por Orellana, para despolitizar la próxima elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Esta es la primera de dos direcciones a rescatar, junto al Ministerio Público que fundó Orellana.

Los 15 magistrados actuales de la Corte Suprema son presididos por Rolando Argueta, de una meteórica carrera en el sistema judicial sin la experiencia o méritos que acompañen sus ascensos, más que ser correligionario, coetáneo y paisano del expresidente JOH. Por el otro lado, el Ministerio Público está a cargo de Oscar Chinchilla, quien trabajó junto a Argueta en juzgados cercanos a la frontera con Guatemala.

Como fiscal general, Chinchilla nunca presentó un cargo contra JOH, por quien ahora se pide en Nueva York más de dos cadenas perpetuas. “Este dúo de la impunidad conformado por Oscar Chinchilla y Rolando Argueta han servido como tapadera a la corrupción y el narcotráfico”, afirmó tajantemente Gabriela Castellanos, directora del CNA, en Washington D.C. el pasado mayo.

Ambos fueron electos en el desbalance político del gobierno anterior, cuando el estado entero estaba amarrado a los intereses del ‘cluster’ de poder en torno al expresidente. “Estamos robando mejor que en los tiempos de Callejas”, alega la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que presumía JOH ante colaboradores del narco en su era de esplendor.

Han pasado muchas cosas, pero no mucho tiempo desde entonces. La Corte Suprema y el Ministerio Público actual aún forman lo que la MACCIH definió como un muro de impunidad. Para Charles Call liberar a este Estado secuestrado depende de “quién es seleccionado como próximo fiscal general, y en limpiar las cortes de las personas corruptas que JOH colocó en ellas”.

Por eso lo determinante del proyecto de ley diseñado por Orellana y amadrinado por Castro. El congreso presidido por la coalición de oposición lo aprobó a satisfacción de Orellana. Éste expresó en la radio a mediados de julio que, si bien de antemano esperaba una “masacre” de su propuesta de ley de la junta nominadora, lo aprobado “es un paso hacia adelante en la construcción del estado de derecho.”

“Este marco regulatorio jurídico ha restado la capacidad de proponer ellos mismos a sus propios candidatos a los organismos que integran la junta nominadora,” explica Ramón Barrios, director de la comisión de asuntos constitucionales que cabildeó esta reforma en el Congreso. Para él, la ley marcará un antes y un después porque no hay forma de evitar la elección de los magistrados por evaluación técnica.

“Dotamos a la junta nominadora de una matriz de evaluación concebida con la asistencia técnica de la ONU. Esa matriz incorpora los más altos estándares de evaluación y selección de magistrados de Iberoamérica. Es la columna vertebral de la ley. No hay forma de evitar el uso de la matriz. Y todo debe ser publicitado”.

Viento revuelto genera confusión

Honduras está acostumbrada a las acciones políticas cosméticas, intrascendentes e insustanciales a la hora de acometer reformas necesarias. Pero las condiciones se preparan para que el próximo pleno de magistrados de la Corte Suprema, a partir de enero del 2023, tenga miembros con calificación y templanza.

Los vientos, nacionales y regionales, favorecen la reforma como una solución a los problemas desatados por la plaga de la corrupción y el desgobierno. Sin embargo, lo más extraño de esta medida, sin precedentes por su franca intencionalidad de restar terreno al secuestro del Estado, han sido las reacciones inesperadas que ha despertado en el propio bloque de actores anticorrupción.

Ha habido voces críticas como las del fiscal a cargo de la unidad anticorrupción del Ministerio Público, Luis Javier Santos —responsable de cuantas investigaciones tras la extinción de la MACCIH—, que restaron credibilidad a la iniciativa. Santos expresó a través de su cuenta de twitter:

“Hoy más que nunca es necesaria una CICIH en Honduras. Nuestra clase política, es incapaz, por sí sola, de generar cambios sustanciales que ayuden a desmantelar las redes de corrupción que operan desde y para el Estado. Lo cual, ha quedado evidenciado al aprobarse ley de la Junta Nominadora.”

Desde el CNA, Castellanos acusó a sus promotores de “pasar una ley de junta nominadora a la medida de la refundación que propone su partido político.” Esto, “con el mensaje justificado que abogados y funcionarios afines a su corriente tienen derecho a postularse a la máxima magistratura judicial.”

Aún más, el twitter institucional del CNA, de estrecha relación con la cooperación estadounidense, reaccionaba furibundo tras la aprobación. “Condenamos que el Congreso Nacional haya obstaculizado la oportunidad de asentar una CSJ independiente y sin injerencia de los grupos de poder a través de los partidos políticos, pero que sí termina de asesinar la esperanza a una mejor Honduras”.

Por su parte, los nueve diputados del partido Salvador de Honduras, principal aliado de la oposición, quitaron el apoyo a su propio presidente del Congreso, Luis Redondo, votando en contra. Y por el otro lado, la ley se aprobó con los votos en conjunto de Libre con el tradicional partido Liberal, cuya escisión en 2009 significó un golpe de estado y una crisis institucional de una década.

Para mayor confusión, los tweets de la nueva embajadora estadounidense Laura Doglu —a menudo contrariantes, quizá por poco conocimiento específico y a fondo del terreno—, en este caso felicitaron por el resultado tras una visita al congreso. “Gracias a Luis Redondo por la reunión y la Gaceta con la nueva ley. ¡Una CSJ y una Junta Nominadora independiente, transparente y profesional lucha contra corrupción y protege a todos excepto a delincuentes! Esto atrae a todos y genera empleos”.

Similar fue la reacción de Alice Shackleford, Coordinadora Residente de la ONU, quien tutela de cerca la reforma: “La recién aprobada ley para asegurar transparencia en elecciones de magistrad@s de la CSJ, que garanticen candidaturas íntegras, es un paso positivo para afianzar el Estado de Derecho. En los próximos pasos la veeduría ciudadana será crítica.”

Cambio endiablado de la vela mayor

Así, el viento se ha revuelto y la dirección del barco también. A pesar de la conducta oportunista y tribal de la política hondureña, Xiomara Castro ha encadenado tres acciones trascendentales. La fuerza desatada por ellas libra un cambio endiablado de la vela mayor. Ésta es la reforma de la justicia para el futuro, que pasa con sorda fuerza por sobre la cubierta de la actualidad política hondureña.

Se ha roto el equilibrio mientras gira la nave sobre su propio eje, en transición. Los actores de la vida pública no están ejercitados para una secuencia de acciones reformistas consecuentes en Honduras. La traslucha bota fuera de borda a incrédulos e incautos.

En este mar de confusión Edmundo Orellana, de 73 años, se muestra sereno, e incluso sonriente, mientras se juega la credibilidad de una vida bajo la voluntad política de alguien que no es de su partido. Concedió una entrevista a Los Angeles Times en Español acerca de la reforma de la justicia que capitanea, que se ofrece a continuación:

¿La escogencia de estos magistrados es el punto de inflexión de la reforma de la justicia en Honduras?

Es el hito más importante de la historia constitucional de Honduras desde el advenimiento del régimen constitucional en 1982 hasta la fecha. Es la primera propuesta que excluye el manoseo partidista en la selección de los magistrados de la Corte Suprema.

Que la voluntad de hacer este cambio venga de la jefatura del poder ejecutivo, con los compromisos políticos que tiene, revela la voluntad firme de transformar el país en un estado de derecho.

Su apoyo al actual presidente del congreso todavía le pasa la factura. Pero no se equivocó. Hoy se tiene la conducción más democrática de un congreso nacional de los últimos tiempos.

Honduras es un régimen presidencial, no parlamentario. La política general del estado la dirige el ejecutivo. Cuando pase el tiempo se recordará a este gobierno por lo que hoy se está comenzando a revisar.

El primer mandato que me dio la presidenta como ministro de la transparencia y lucha contra la corrupción fue éste. Elaborar el proyecto de ley de la junta nominadora para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo hicimos en tiempo récord.

¿Existe hoy la posibilidad de evolución política?

Así es. La presidenta fue consciente desde su campaña que se le planteaba un desafío histórico: crear las condiciones para otro país. Comprendió la necesidad de ser equidistante a lo que fue el gobierno y el estado estos últimos 12 años.

Ordenó al canciller que solicitara a la ONU una misión internacional contra la corrupción. La ONU se movilizó rápidamente, a pesar de que es una enorme burocracia, para dar una respuesta con la misión exploratoria que vino en mayo.

También nacieron en el ejecutivo las iniciativas legislativas para la ley de secretos, los fideicomisos, energía eléctrica, rescatar las auditorías internas, devolver al Ministerio Público y al poder judicial su facultad investigadora, y ahora esta ley, inédita, para escoger limpiamente magistrados.

Habrá garantía de que los candidatos a escoger por el Congreso Nacional respondan a los requerimientos más importantes para asumir ese cargo. Es decir, por condiciones personales, capacidad profesional y criterio jurídico para dirigir el poder judicial.

Con esto se comienza una transformación del poder judicial. Si la cabeza llega con nuevas ideas, eso se replica en las estancias inferiores. Los jueces y magistrados sabrán que les dirigen personas independientes, probas y capaces. Habrá garantía de que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia no se inducen desde otro poder del estado o un partido político.

¿El ejecutivo ha presentado al congreso la ley que usted consideraba que tenía que salir?

Así es. Además, fue ampliamente consensuada como proyecto. La sociedad civil conoció su contenido, y los partidos políticos que son consecuentes con esta iniciativa, lo apoyan como proyecto de ley. Los únicos que están en contra son los que están a favor de la impunidad.

¿Qué se puede esperar de quienes se oponen a esta reforma en los meses venideros?

Ellos todavía tienen en su poder la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas: organismos alineados al sistema de impunidad. Si quisieran boicotear esta iniciativa, les resultaría fácil.

Sólo tienen que presentar un recurso de institucionalidad en la sala de lo constitucional y botan lo que hemos hecho hasta ahora. La sala ha actuado caprichosamente desde que declaró inconstitucional la constitución, y desde entonces cualquier cosa es posible en Honduras.

¿Como funcionaría una nueva corte sin antes desmontar el entramado legal de impunidad establecido en los congresos anteriores?

El congreso ha empezado a desmontar esa estructura. Se trabaja en la reforma o derogación del código penal. Otras leyes se revisan para fortalecer las instituciones, desmontando la cooptación de ellas por fuerza dictatorial para establecer un muro de impunidad en el congreso anterior.

En la oficina de transparencia nos involucramos en la elaboración de leyes con los organismos de la ONU desde que vino la misión exploratoria. Esto incluye una iniciativa de la ley del consejo de la judicatura, nuevas leyes de carrera judicial y del Ministerio Público, y un tribunal constitucional.

Todo está en proceso. Antes de que venga la CICIH, muchos de estos proyectos de ley estarán listos para aprobación.

¿Qué pasa si se combina una nueva CICIH con una Corte Suprema adecentada en su magistratura?

Una transformación radical. Un mecanismo internacional anticorrupción con independencia de iniciativas que junto con el órgano responsable de investigación del Ministerio Público —en este momento UFERCO—, pueda perseguir la corrupción.

Está previsto en el decreto de creación de la CICIH que este mecanismo internacional venga a investigar incluso a los tres poderes del estado en la actualidad. La CICIH no sólo investigará a gobiernos pasados, sino a nosotros.

El decreto aprobado por el congreso nacional dice que va a investigar también el presente. Los tres poderes del estado. Ese es el mandato. Y en ese contexto va a nacer la CICIH.

Ya el informe fue presentado a la Secretaría General de la ONU, que prepara el documento que va a venir a Honduras, el memorándum de entendimiento, de manera que Honduras sepa las condiciones que está poniendo la ONU para venir.

Y de esa suerte, Honduras avanza, allanándole el camino y construyendo el andamiaje institucional necesario a la CICIH para que no tenga problema para su instalación. Todo está alineándose para que Honduras tenga respuestas positivas.

¿Cómo chocará esta medida con el modus operandi de la economía hondureña hasta la fecha?

Es previsible un choque. La CICIH encontrará un blindaje institucional a las investigaciones. Pese a su esfuerzo, la MACCIH poco pudo hacer. Más bien se fortaleció la impunidad. Pero generó en la población la esperanza de perseguir la corrupción.

La CICIH aprovechará ese sentimiento que dejó la MACCIH, bien asentado en el imaginario popular, de que sí se pueden hacer las cosas. Hubo obstáculos y dificultades, pero todo mundo entiende que las circunstancias favorecieron para expulsar a la MACCIH.

Lo hizo el gobierno anterior en combinación con el secretario general de la OEA y el gobierno de EE. UU. Trump decía que el mejor luchador contra la corrupción y el narcotráfico era Juan Orlando Hernández. En ese contexto expulsan la MACCIH.

La expulsión de la CICIG en Guatemala generó el reclamo de toda la cooperación internacional, y particularmente de EE. UU. En cambio, la expulsión de la MACCIH en Honduras lo que provocó fue el silencio, connivente, de toda la cooperación internacional, incluso del gobierno de EE. UU.

Pero este gobierno ya pidió la CICIH. Tendrá que aceptarla con todas sus consecuencias. No sería congruente que la pidiera y luego se peleara con ella. Tendrán que aceptarse sus avances, hasta donde lleguen.

Para cuando termine este gobierno la CICIH estará más fortalecida, porque ya habrá recabado información suficiente y avanzado casos. Pero sabemos que, si no salimos adelante, haciendo los recaudos del caso, el talón de Aquiles de este nuevo mecanismo será el nuevo gobierno.

Un nuevo gobierno podría sentirse amenazado y hacer lo mismo que hizo JOH. Con inteligencia, y con la experiencia que se tiene tanto en Guatemala como Honduras, hay que crear las condiciones para blindar la CICIH ante cualquier gobierno en el futuro.

¿El momento geopolítico es favorable ahora para que en Honduras haya una reforma?

Definitivamente. Somos el único país en Centroamérica con estabilidad —relativa, pero existente—, y una buena imagen con nuestro socio más importante, Estados Unidos. Guatemala, El Salvador y Nicaragua están en una situación muy tensa con ellos. Nosotros tenemos relaciones fluidas y en este esfuerzo de la CICIH, y la reforma de la justicia, es indudable que EE. UU jugará un gran papel.

¿Por qué adecentar la justicia permitiría a los hondureños de bien tomar el control del país?

El poder judicial es determinante para que el ejercicio del poder no sea arbitrario. Fijaría los límites del ejercicio del poder legislativo y ejecutivo. Al eliminar la arbitrariedad, la corrupción y el autoritarismo ocurre, en contraste, una sociedad libre. Eso sucede cuando la justicia garantiza los derechos de todos. Y que el ejercicio del poder no se exceda de sus límites. Ganar la confianza del pueblo hondureño, en su país, para el futuro, radica en ganar ese equilibrio.

¿En caso de una constituyente, que estaría ganando Honduras con un poder judicial como éste?

Es necesaria una nueva constitución. Pero no hay garantías de que marcaría una evolución en relación a la actual si responde a una integración del pleno del congreso como el de hoy. Involucionaría el país.

La forma de garantizar un proceso así es informar al pueblo con los elementos suficientes para que comprenda e interprete su papel para tomar decisiones. Lo que decía Thomas Jefferson: informarlo para cambiar la constitución periódicamente. Que haga suya la democracia.

En Honduras es fácil. Se han creado las condiciones para ello. Irse a los municipios, y a su vez a las comunidades y aldeas, para crear ejercicios de decisión política local en la aprobación, supervisión y evaluación de los presupuestos de programas y proyectos. Pero eso implica una cosa mucho más profunda y trascendental que una constituyente.