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Protestas en Guatemala en apoyo del presidente electo muestran voluntad de defender la democracia

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo.
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, saluda a la gente a su llegada a una marcha de indígenas para reclamar la renuncia de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, ante el edificio de Tribunal Supremo en Ciudad de Guatemala, el lunes 18 de septiembre de 2023. Arévalo ha pedido a la gente que proteste contra los esfuerzos de frustrar su presidencia antes de que pueda asumir el cargo y la renuncia de la fiscal general.
(Moises Castillo / Associated Press)
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Las protestas en las que miles de guatemaltecos apoyaron esta semana al presidente electo, Bernardo Arévalo, sugieren que los esfuerzos de algunos funcionarios por impedir su presidencia han despertado una nueva determinación entre muchos ciudadanos de defensa de la democracia.

Las demostraciones públicas de rechazo a las maniobras de la fiscalía general habían sido modestas en el mes desde la victoria rotunda de Arévalo. Pero el lunes, miles de personas marcharon de forma pacífica por las calles de la ciudad, y el martes los manifestantes cortaron autopistas importantes en varios puntos del país.

En el pasado, Guatemala ha estado entre los países peor clasificados de América Latina por su apoyo a la democracia, según el Barómetro de las Américas, que mide las actitudes en la región desde hace tres décadas. En los últimos 15 años, el apoyo a la democracia como mejor forma de gobierno alcanzó su puntuación más alta en 2014 con un 62,9%, y cayó a un mínimo del 48,4% en 2017.

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Apenas unas semanas antes de las elecciones de este año, solo el 48% de los encuestados dijeron que la democracia era la mejor forma de gobierno, lo que situaba a Guatemala en último lugar de la región, según los datos aún no publicados de los investigadores del Laboratorio LAPOP de la Universidad de Vanderbilt, que realiza el sondeo.

Pero desde las elecciones, los guatemaltecos han visto esfuerzos de partidos derrotados y de la fiscalía general por impugnar los resultados. Arévalo ha descrito las investigaciones sobre su partido y las autoridades electorales como un intento de golpe de Estado, y la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos dijo que las acciones de la fiscalía parecían dirigidas a impedir que Arévalo asumiera el cargo.

Sandra Paz, de 55 años, participó en la protesta que convocó Arévalo ondeando la bandera de Guatemala.

“Estoy aquí en apoyo a la democracia de nuestro nuevo presidente, para que pueda ejercer su cargo sin corrupción, que los corruptos lo dejen ejercer su cargo”, dijo la mujer, que explicó que a pesar de tener artritis y padecer dolores al caminar “estoy aquí apoyándolo”.

Rachel Schwartz, profesora asistente de estudios internacionales y regionales en la Universidad de Oklahoma, que fue asistente de investigación y experta en Guatemala para el Barómetro de las Américas, dijo que si bien los datos del sondeo se reunieron antes de los comicios, lo que ha visto después sugiere que el accidentado proceso electoral ha tocado una fibra sensible.

“Creo que dado lo que he visto en las calles y en la Plaza de la Constitución y en medios sociales, creo que este proceso está movilizando a la gente”, dijo Schwartz, que estaba en Guatemala durante la primera ronda electoral en junio.

La percepción de la democracia en Guatemala, señaló, está muy entrelazada con la percepción de la corrupción.

En torno al 76% de los guatemaltecos encuestados dijo que más de la mitad de los políticos del país está implicado en casos de corrupción, la cifra más alta jamás registrada en el país y superada sólo por Ecuador y Perú este año.

Entonces llegó Arévalo, el último candidato anticorrupción que seguía en la campaña. Su mensaje caló entre los votantes, especialmente jóvenes, en contraste con la ex primera dama Sandra Torres, asociada a la clase dirigente establecida y con la que se enfrentó en la segunda vuelta el 20 de agosto.

Un objetivo central de las protestas de esta semana ha sido la fiscal general, Consuelo Porras. “¡Renuncia, Consuelo!”, creaban los manifestantes el lunes.

La confianza de los guatemaltecos en la fiscalía general ha decaído de forma continuada desde que tocó techo en 2017, y este año ha caído al 42%, según el Barómetro de las Américas.

Porras asumió el cargo en 2018, y en 2021 fue sancionada por el gobierno estadounidense por prácticas antidemocráticas y socavar las investigaciones anticorrupción. Ella ha negado las acusaciones.

La oficina de Porras tiene investigaciones en marcha sobre cómo reunió el Movimiento Semilla de Arévalo las firmas necesarias para inscribirse unos años antes, así como sobre unas acusaciones de fraude electoral que los observadores independientes consideran infundadas.

Arévalo es uno de los que cree que la democracia del país está en un terreno resbaladizo, pero ‘piensa que eso ha cambiado desde las elecciones. Ahora más gente “apuesta” por la democracia, dijo el presidente electo en una entrevista reciente con The Associated Press.

“De alguna manera este estado corrupto en el que hemos vivido tiene bajo las formas institucionales de una democracia las prácticas de gobiernos autoritarios y la gente está empezando a ver que eso no conduce a ningún lado”, dijo Arévalo.

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Sherman informó desde Ciudad de México.

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