Guatemala va a las urnas en medio de la incertidumbre y profundas divisiones

Los votantes guatemaltecos acuden a las urnas este domingo para elegir un nuevo presidente y otros legisladores en este antiguo campo de batalla de la Guerra Fría que Washington ahora ve a través del prisma de dos preocupaciones estratégicas clave: la inmigración ilícita y el narcotráfico.

Sandra Torres, una ex primera dama que ha negado las acusaciones de financiación ilícita de una campaña presidencial fracasada en 2015, está a la cabeza para reemplazar al presidente Jimmy Morales, según las últimas encuestas.

La ley guatemalteca prohíbe que el controvertido ex comediante de televisión busque la reelección.

La mayor parte de las encuestas muestran que ningún candidato ganará la mayoría, lo que daría como resultado que los dos primeros clasificados se enfrentarán en una segunda vuelta en agosto. Los guatemaltecos también están eligiendo nuevo Congreso y alcaldes en todo el país.

Guatemala y la vecina Honduras son los países de origen de la mayoría de los migrantes centroamericanos que llegan a la frontera México-Estados Unidos y buscan asilo. El número de personas que llegan a territorio estadounidense ha aumentado en los últimos meses, lo que llevó al presidente Trump a presionar a México y a las naciones de Centro América para que actúen sobre la reducción de los flujos.

Esta semana, el vicepresidente Mike Pence le dijo a Fox News que Washington estaba trabajando en un plan con Guatemala por el cual muchos solicitantes de asilo centroamericanos – presumiblemente de Honduras y El Salvador - tendrían que buscar asilo ahí, no en Estados Unidos.

Los grupos de derechos humanos denunciaron inmediatamente la idea, señalando los altos niveles de violencia en Guatemala y el hecho de que muchos de sus propios ciudadanos se sienten obligados a huir por su seguridad.

La administración Trump también está tratando de reforzar los esfuerzos antidrogas en este sentido: Guatemala es un punto de transporte clave para la cocaína colombiana destinada al mercado de Estados Unidos.

Los preparativos para la votación del domingo han sido caóticos incluso para los estándares de la política a menudo turbulenta de América Central.

En las últimas semanas, los funcionarios electorales han prohibido al menos a cuatro candidatos, incluidos dos posibles postulantes de primera fila: Zury Ríos, la hija derechista de Efraín Ríos Montt, debido a su vínculo familiar con el ex dictador; y Thelma Aldana, ex-abogada general cuyo celo fiscal ayudó a encarcelar a otro ex-presidente y a varios ex-oficiales.

El nombre de Aldana fue retirado de la papeleta por supuestas irregularidades financieras durante su mandato como fiscal general, acusaciones que Aldana ha desestimado y por los cuales señala motivos políticos.

“Nuestro país ha sido empujado a un precipicio”, dijo Aldana el mes pasado después de que el más alto tribunal de la nación rechazara su apelación.

Aldana trabajó estrechamente con un panel anticorrupción respaldado por las Naciones Unidas -la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, conocida por su sigla CICIG- que es popular entre muchos guatemaltecos por sus enjuiciamientos de políticos corruptos. El panel ha provocado la ira del presidente.

Morales, quien fue elegido como candidato externo hace cuatro años bajo el lema “ni corrupto ni ladrón”, ha enfrentado investigaciones de soborno, al igual que sus familiares y asociados cercanos.

Morales ha dado un paso atrás contra el panel anticorrupción, impidiendo que su comisionado entre a Guatemala y declarando que no renovaría su mandato, que expira en septiembre. Eso significaría que la comisión no estaría disponible para actuar cuando deje su cargo en enero y podría ser objeto de enjuiciamiento. Las acciones de Morales desencadenaron protestas a gran escala en apoyo a la división.

Morales es uno de los favoritos de la administración Trump y siguió el ejemplo de Washington al trasladar la embajada israelí de su país a Jerusalén, a pesar de las protestas generalizadas en todo el mundo sobre la decisión de Estados Unidos.

La administración Obama se opuso rotundamente al anterior intento por parte de un presidente guatemalteco de cerrar el panel anticorrupción, el cual es visto como un modelo regional para instituir estándares de buen gobierno en países afectados por la corrupción. La administración Trump no ha presionado públicamente a Morales para que retenga la comisión; Estados Unidos es el mayor patrocinador financiero del panel.

Aldana fue la única candidata que apoyó a la comisión, y su ausencia en las urnas parecería asegurar su desaparición. Muchos temen que los avances democráticos que han logrado en los últimos años, en gran parte debido a la labor de la comisión, puedan tambalearse.

“Creo que podríamos ver un retorno a la situación pasada de impunidad”, dijo Edgar Ortiz, un analista político local.

Los candidatos restantes, señaló Ortiz, “representan al sistema y podrían ser más vulnerables a las estructuras de corrupción que funcionaban antes”.

Aldana, la ex abogada general, ha dicho que dejó el país para ir a El Salvador debido a la preocupación por su seguridad. Su exilio es parte de lo que los activistas de derechos humanos llaman un clima de intimidación preelectoral.

Esta semana, Oscar Shaad, el principal fiscal del país en delitos electorales, siguió temiendo por la seguridad de su familia después de recibir amenazas de muerte, dijeron las autoridades.

Al menos 10 personas han sido asesinadas en Guatemala por la violencia preelectoral, dicen los defensores de los derechos humanos, y veteranos militares de la guerra civil que terminó oficialmente en 1996- han amenazado con recurrir a la violencia si no se satisfacen sus demandas de pensiones.

En abril, las autoridades estadounidenses arrestaron al entonces candidato presidencial, Mario Estrada, y lo acusaron en un complejo complot de usar dinero del cártel de la droga para ganar las elecciones y asesinar a sus rivales. Estrada, un ex miembro del Congreso, negó los cargos. Además, ya no está en la papeleta de votación.

Un profundo sentimiento de descontento y confusión es evidente entre los votantes de esta nación de 17 millones de habitantes, el país más grande y populoso de América Central.

“Los presidentes y el Congreso nunca responden al pueblo, y la justicia nunca se logra”, dijo María Cutuc, de 65 años, una tejedora y abuela cuyos comentarios se hicieron eco de los muchos aquí entrevistados. “¿Para qué sirve votar?”

Griselda López, de 49 años, quien dirige una pequeña tienda de ropa en la capital, dijo que aún no había decidido por quién votar, lo que refleja a las encuestas que muestran gran incertidumbre y descontento entre los votantes.

“Siento tristeza, engaño y miedo por el futuro del país, porque parece que las cosas van a empeorar”, dijo López. “Es una pena que la población no se eduque y despierte”.

La corresponsal especial Claudia Palacios en la Ciudad de Guatemala contribuyó a este informe.

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