Vivieron un edificio gubernamental de Brasil por años; luego lo perdieron todo

Hace ocho años, Ana Paula Arcangelo dos Santos y sus siete hijos encontraron un nuevo hogar. Conocido como el Wilton Paes de Almeida, el edificio había sido la sede de la policía federal de San Pablo y el hogar de la agencia de seguridad social de Brasil. Pero la policía se mudó en 2003, y los planes para convertir el sitio vacío en un centro cultural fracasaron. Ocupantes, como Santos, comenzaron a mudarse.

Hasta mayo pasado, aproximadamente 400 personas residían allí.

Los invasores de la propiedad construyeron paredes de cartón y madera contrachapada para crear sus propios apartamentos. La electricidad era robada de un semáforo, los residentes usaban las escaleras porque el ascensor no funcionaba, y el hueco del ascensor se convirtió en un contenedor de basura.

En el edificio vivían Santos, que tiene 47 años, y 11 familiares -seis de sus hijos, cuatro nietos a los que ha ayudado a criar, y una nuera.

Pagaban alquiler al Movimiento por la Lucha Social por la Vivienda, uno de los muchos grupos que pelean por alojamientos asequibles ocupando edificios abandonados en toda la ciudad.

Santos pagaba alrededor de $60 por mes, que era todo lo que podía reunir con un salario mensual de $165, limpiando la casa de una familia cinco días a la semana. El salario mínimo en Brasil es de aproximadamente $262.

Desde que tiene memoria, Santos ha vivido en esas “ocupaciones”. No está orgullosa de eso, afirmó, “pero no tengo muchas opciones, ¿verdad?”, se pregunta.

Ocupar propiedades es ilegal, pero las autoridades lo han tolerado por mucho tiempo, tal vez porque la vivienda es tan difícil de encontrar en esta ciudad de 12 millones de habitantes, y porque es preferible eso a tener más personas viviendo en las calles. La ciudad estima que hay ocupantes en unos 70 edificios en el área del centro, y otros cientos de edificios tomados en el resto de la urbe.

Pero en 2018, el departamento de vivienda de la ciudad decidió que era hora de limpiar el Wilton Paes de Almeida. Entre febrero y abril, la agencia mantuvo seis reuniones con los líderes del movimiento de vivienda para discutir los riesgos de morar allí y la posibilidad de emprender acciones legales para eliminar a los ocupantes ilegales.

Después, el 1 de mayo, el edificio se quemó hasta los cimientos.

La causa del incendio sigue bajo investigación. Varios residentes dicen que comenzó durante una pelea brutal entre una pareja, en el quinto piso, cuando el hombre arrojó alcohol sobre la mujer y luego encendió un fósforo.

Se ha confirmado la muerte de siete personas y dos seguían desaparecidas hasta el 18 de mayo pasado, cuando los bomberos concluyeron la búsqueda en lo que quedaba del edificio. Los residentes están seguros de que hay más personas faltantes, pero muchos eran inmigrantes o refugiados que vivían solos y cuyos familiares no los han reclamado.

Santos, que vivía en el sexto piso, escapó después de que uno de sus hijos, que se está entrenando para ser bombero, le dijo que había notado olor acre al llegar y les aconsejó que se marcharan. Ella y sus parientes oían cómo las ventanas explotaban y se rompían por el calor mientras corrían por las escaleras hacia abajo.

El incendio llegó a las noticias internacionales y fue comparado con un hecho similar ocurrido en junio pasado en Londres, donde 72 residentes de viviendas públicas perecieron en Grenfell Tower, de 24 pisos.

Lo que le ocurrió después a la familia de Santos y a muchos otros del edificio recibió mucha menos cobertura. No tenían adónde ir, levantaron tiendas de campaña al lado de una brillante iglesia amarilla, ubicada cerca de la zona. Santos y sus familiares, que ocupan seis tiendas, se encuentran entre las 180 personas que todavía viven allí un mes después del incendio. Todos ellos se han convertido en un símbolo de la enorme escasez de viviendas asequibles en San Pablo.

La ciudad ofreció a las familias, muchas de ellas con niños pequeños, lugares en sus refugios para desamparados, pero la mayoría se han negado. Dicen que pagaban el alquiler y no estaban sin hogar antes del siniestro, y por lo tanto merecen un lugar adecuado para vivir.

El temor que tienen es que los trasladen a refugios y los olviden.

“Hay familias que han estado esperando viviendas asequibles durante 10 o 15 años”, afirmó Valtair José de Souza, conocido como Carioca, que vivía en el primer piso y trabajaba en el turno nocturno como asistente de estacionamiento cuando el edificio ardió en llamas.

Ahora él es uno de los organizadores del campamento. “Las cosas se mueven muy lento”, contó. “No recibimos ayuda lo suficientemente rápido debido a la burocracia. No podemos esperar más”.

El campamento sobrevive con donaciones de ciudadanos privados, la Cruz Roja y otras organizaciones.

Entre los artículos que Santos recibió había cortinas y cubiertos, mantas y ropa, un par de patines de ruedas de color rosa y una muñeca rubia para una de sus nietas.

“Estoy agradecida por lo que la gente me ha dado, pero ¿qué puedo hacer con eso en este momento? ¿Dónde puedo ponerlo?”, se preguntó la mujer. “Lo que necesito es ayuda con la vivienda. Lo que necesito es que el gobierno nos vea, a mí y a todos los demás aquí, como personas que importan”.

Su familia y las demás dependen de un restaurante y de tiendas cercanas para el uso de agua corriente y de los baños. De vez en cuando alguien de otro edificio ocupado de la zona los visita para preguntar si alguien quiere acudir a darse una ducha. Santos siempre aprovecha la oportunidad.

El campamento solicitó sanitarios portátiles, pero la ciudad no los ha provisto.

El gobierno también ofreció $100 para el alquiler de cada familia que se retire. Santos ha intentado encontrar un apartamento en el centro, para estar cerca del trabajo y de las escuelas de los niños, pero uno que ella visitó, de una habitación con una cocina, costaba casi $500 al mes, el triple de su salario.

El salario que solía tener, en realidad. La familia para la cual Santos trabajaba la puso de licencia sin sueldo mientras busca un nuevo lugar para vivir.

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