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Las escuelas deben ocuparse de la seguridad de los estudiantes, no actuar como policía de sus pensamientos

Editorial seguridad

Un oficial escolar, durante un receso para el almuerzo, revisa a los estudiantes en Robert E. Peary Middle School, en Gardena.

 

Son días difíciles para las escuelas que intentan descubrir cómo y cuándo disciplinar a los estudiantes por mala conducta, interrupciones, intimidación y otras acciones. Las redes sociales han complicado aún más el asunto, borrando las líneas divisorias entre el comportamiento en el campus -donde las escuelas claramente pueden establecer reglas- y fuera de este, donde no es tan obvio que puedan hacerlo. Sin embargo, por confusas que sean esas líneas, casos recientes muestran una disposición inquietante entre las escuelas para ignorarlas:

 

  • En Houston, una estudiante fue suspendida el otoño pasado por negarse a realizar el Juramento de Lealtad. Es simplemente algo ridículo hoy en día y en esta era; durante décadas se aceptó que no se debe obligar a los alumnos a recitar la promesa en contra de su voluntad. La estudiante los ha demandado, y esperamos que gane.

 

  • En Nevada, un estudiante de preparatoria usó lenguaje no adecuado durante una llamada telefónica a la oficina de un congresista para pedir un control más fuerte de las armas. La oficina se quejó con la escuela, y el niño fue suspendido. Pero, ¿qué derecho tiene una entidad educativa de castigar a un chico por decir lo que piensa -aún si fue de forma grosera- sobre un tema de política pública, mientras el alumno no está en la escuela?

 

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  • En Nueva Jersey, un distrito escolar adoptó una política que prohibía a los estudiantes portar armas, tanto fuera del campus como dentro. Pero, en realidad, ¿no debería ser obvio, incluso para los fuertes defensores del control de armas, que una escuela no puede castigar a los alumnos por dedicarse a una actividad perfectamente legal, como ir a un campo de tiro con sus padres, después del horario escolar? Después de una protesta que involucró a dos educandos que, al parecer, lo hicieron, el distrito escolar afirmó esta semana que modificará la política para que ya no incluya el uso legal de armas fuera de los campus.

 
¿En qué estaban pensando estos funcionarios escolares?

También hay toda una serie de controversias acerca de la ropa. En 2015, una escuela sacó a una alumna de la clase y la reprendió por usar una camiseta que decía: “Nadie sabe que soy lesbiana”. La entidad argumentó que la prenda era “ofensiva y generaba distracción”, antes de ser forzada, con razón, a dar marcha atrás. Aun así, el año siguiente, poco antes de las elecciones presidenciales de 2016, se informó que a una alumna de una escuela de Florida le pidieron que se cambie su camiseta anti Hillary Clinton o que se vaya a casa por el resto del día. La joven eligió la última opción.

Las escuelas (y ocasionalmente los tribunales) parecen necesitar repetidos recordatorios de que los estudiantes tienen derecho a expresar sus opiniones, incluidas las menos populares, tanto en las aulas como fuera de ellas. El tema puede complicarse porque las escuelas tienen derecho a intervenir cuando el lenguaje empleado es realmente amenazante o perjudicial. Pero los administradores escolares, con demasiada frecuencia, confunden la controversia con el comportamiento de interrupción. A algunos estudiantes puede no gustarles lo que ven en la camiseta de otro; incluso pueden encontrarlo ofensivo. Pero no necesitan ser protegidos de la polémica o las ofensas. Lo más probable es que hablen de ello, lo discutan, lo debatan; y eso es algo bueno.

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Las autoridades escolares también deben tener en cuenta que las niñas no son “perturbadoras” al usar calzas (leggins) en la escuela, y no es su trabajo evitar que los niños se “distraigan”, una excusa que muchos directores usaron a lo largo de los años para imponer restricciones a las prendas. Las instituciones educativas tienen derecho a establecer códigos de vestimenta dentro de lo razonable, pero considerar que las niñas son responsables del comportamiento de los varones establece un doble estándar inaceptable.

También hubo una escuela en Houston, que amenazaba a los niños con tres días de suspensión si se unían a los estudiantes en todo el país a salir de sus clases durante 17 minutos, en respuesta a los tiroteos escolares en Parkland, Florida. Quizás eso no infringió ningún derecho constitucional , pero ciertamente fue una reacción excesiva.

Aún más riesgosas son las situaciones en las que los estudiantes se portan mal fuera del campus. Una secundaria del Área de la Bahía disciplinó correctamente a los estudiantes por participar en publicaciones racistas en las que se mostraban fotos de otras alumnas -todas mujeres y casi todas de color- con sogas al cuello. Estas imágenes van más allá de expresar opiniones o de ser ofensivas; a pesar de que se crearon fuera del campus, son intimidantes -francamente amenazantes- para las personas de la escuela.

Sin embargo, es difícil creer que el antedicho distrito escolar de Nueva Jersey pensara que tenía el derecho de regular las actividades de tiro al blanco de sus estudiantes fuera del campus, en circunstancias completamente legales. O que la escuela de Nevada creyera que podía castigar a los adolescentes por usar lenguaje grosero fuera de clase, que no estaba dirigido a nadie de esa institución.

De tanto en tanto, hay que tomar decisiones ciertamente difíciles sobre la libertad de expresión en los campus escolares, pero estos casos no fueron complicados. Los funcionarios escolares tienen la responsabilidad de mantener a sus alumnos seguros en el campus, aprendiendo, pero nadie los contrató para que sean la policía de las expresiones personales polémicas, o de la moralidad de los estudiantes.

 

Para leer este artículo en inglés, haga clic aquí:


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