OPINIÓN: Salvador Cienfuegos, una detención que era solo cuestión de tiempo
La detención del general Salvador Cienfuegos Zepeda, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, ocurrida ayer en el aeropuerto de Los Ángeles, aunque ha sorprendido a la clase política mexicana, era solo cuestión de tiempo.
Desde enero de 2019, durante el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante colombiano Alexander Hildebrando Cifuentes Villa, que actuó como testigo de cargo por parte de la Fiscalía de Estados Unidos, ya había dicho que en 2013 ‘El Chapo’ intentó sobornar con diez millones de pesos “a un general de la nación”. El nombre de ese general nunca fue mencionado.
Supuestamente el intento de soborno solo quedó en eso, sin embargo, la oficina para la Administración de Control de Drogas (DEA) no se quedó con esa versión. De acuerdo a una fuente del Departamento de Justicia de Estados Unidos que opera en México, tras la declaración de Alexander Hildebrando Cifuentes Villa, se inició una investigación a fin de contextualizar quién era ese “general de la nación” y si en realidad el intento de soborno de ‘El Chapo’ no había fructificado.
La investigación sobre “el general de la nación” mencionado por Alexander Hildebrando Cifuentes Villa movilizó a funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y de la Administración para el Control de Drogas (DEA), las que también investigan hasta el día de hoy la posible relación de los funcionarios de alto nivel del gobierno mexicano Gabriel Regino García y los propios ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La detención del general Salvador Cienfuegos Zepeda podría ser el resultado de las primeras investigaciones concluyentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, derivadas del caso de Joaquín Guzmán Loera. El ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional podría ser el mencionado “general de la nación” al que aludió el narcotraficante Alexander Hildebrando Cifuentes Villa.
Este mencionado “general de la nación”, según la versión de Cifuentes Villa, aún cuando pudo no haber recibido el soborno ofrecido, sí recibió las atenciones del Cártel de Sinaloa: era atendido con fiestas particulares por la emisaria del cártel, Andrea Vélez Fernández, quien, por instrucción de ‘El Chapo’, era la encargada de estar en contacto con él.
Cabos por atar
La hipótesis cobra fuerza si se considera que durante el juicio de ‘El Chapo’ Guzmán, se estableció –durante los interrogatorios hechos a los testigos de la Fiscalía por parte de los abogados William Purpura y Jeffrey Lichtman- que ocho ex funcionarios mexicanos de alto rango recibieron sobornos por parte del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo a la versión de los narcotraficantes Alexander Hildebrando Cifuentes Villa, Jesús Zambada García ‘El Rey’, y Vicente Zambada Niebla, ‘El Vicentillo’, los que habrían recibido sobornos del Cártel de Sinaloa serían los presidentes en turno Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa; el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; el ex subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Gabriel Regino García; los generales Roberto Miranda y Humberto Eduardo Antimo Miranda, y el coronel Marco Antonio León Adams, así como un alto mando militar señalado como “un general de la nación”.
Hay que recordar que el general Salvador Cienfuegos Zepeda formó parte del grupo de confianza del presidente Enrique Peña Nieto no solo durante la administración del 2012 al 2018, sino que también era parte de los más cercanos colaboradores de Enrique Peña Nieto desde que este asumió la candidatura presidencial.
Según la declaración en su momento de Alexander Hildebrando Cifuentes Villa, quien fue colaborador de ‘El Chapo’ entre 2007 a 2013, Enrique Peña Nieto en su calidad de presidente electo, en 2012, habría recibido al menos 100 millones de dólares de parte de ‘El Chapo’ en una negociación en la que el hoy ex presidente pretendía un cobro de 250 millones de dólares.
En dichas negociaciones habría estado presente el “general de la nación”, quien sería testigo del compromiso presidencial para ofrecer impunidad al Cártel de Sinaloa a cambio de los millonarios sobornos. El general Salvador Cienfuegos Zepeda fue nombrado como secretario de la Defensa Nacional y encargado de la lucha contra el narcotráfico durante el sexenio del presidente Peña Nieto.
Aún cuando la DEA no ha informado oficialmente los cargos que se le imputan al general Salvador Cienfuegos Zepeda, por la propia naturaleza de acción de esta dependencia, se desprende que se trata de asuntos relacionados con el tráfico de drogas desde México hacia Estados Unidos, al menos entre el 2012 y el 2018.
De acuerdo a una fuente del Departamento de Justicia del gobierno norteamericano, los cargos imputados contra el general Cienfuegos, podrían ser de la misma naturaleza de los que se le fincan a Genaro García Luna: permitir la operación del Cártel de Sinaloa para posibilitar el trasiego de cocaína desde Colombia, vía México, a Estados Unidos.
La detención de este general y su inminente procesamiento judicial en Estados Unidos, que es el segundo funcionario con cargo de secretario de Estado que es requerido por el gobierno norteamericano, luego de Genaro García Luna, no solo pone en evidencia el grado de colusión que prevaleció entre los cárteles de las drogas y el Estado Mexicano en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
También abre la posibilidad de que el ex presidente Enrique Peña Nieto -como sucede con el ex presidente Felipe Calderón, en el caso de Genaro García Luna- sea llamado a rendir cuentas ante la justicia norteamericana por su posible colusión con los cárteles de las drogas, a los que constitucionalmente estaban obligados a combatir.
Esta posibilidad, de que los dos inmediatos anteriores presidentes de México sean requeridos por la justicia norteamericana para que respondan por la invasora presencia del Cártel de Sinaloa en suelo norteamericano, abona y se da justo en el momento en que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha lanzado una iniciativa de consulta popular para llevar a juicio a los expresidentes.
Extrañas coincidencias
La atribución de delitos relacionados con el narcotráfico hecha por la DEA al general Salvador Cienfuegos Zepeda, aporta luz en México para entender cómo es que en los últimos años ha ido en aumento el número de efectivos militares pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional que han sido procesados o que se encuentran recluidos en prisión por participar o permitir operaciones de los cárteles de las drogas.
De acuerdo a una respuesta oficial del portal de Transparencia del gobierno mexicano, entre el 2000 y el 2005 fueron 500 los elementos del Ejército que fueron procesados, entre ellos tres coroneles, nueve tenientes coroneles, dos mayores, siete capitanes primero, nueve capitanes segundo, 42 tenientes, 31 subtenientes, 19 sargentos primero, 45 sargentos segundo, 107 cabos y 226 soldados rasos o de primera.
Esta cantidad de militares procesados por su colusión con el crimen creció de manera importante entre el 2005 y el 2010, cuando, según lo refiere otra respuesta oficial emitida por el Portal de Transparencia, fueron mil 014 los militares procesados o encarcelados. Entre ellos un general de brigada, cuatro generales brigadier, cuatro coroneles, 12 tenientes coronel, 20 mayores, 21 capitanes primero, 35 capitanes segundo, 125 tenientes, 45 subtenientes, 42 sargentos primero, 113 sargentos segundo, 199 cabos y 393 soldados.
Durante la gestión del general Salvador Cienfuegos Zepeda al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional, se registró un total de 2 mil 073 militares procesados por su relación con el narco. Entre ellos un general de brigada, tres generales brigadier, seis coroneles, nueve tenientes coronel, 13 mayores, 21 capitanes primero, 34 capitanes segundo, 98 tenientes, 102 subtenientes, 162 sargentos primero, 120 sargentos segundo, 672 cabos y 832 soldados de rasos o de primera.
A esto hay que agregar otro dato revelador. De acuerdo a datos oficiales de la Fiscalía General de la República (FGR), el Cártel de Sinaloa y el de los hermanos Beltrán Leyva –cuando operaban en sociedad y después como enemigos- registraron su mayor expansión territorial en suelo mexicano entre 1996 al 2012, saliendo de Sinaloa para lograr la preponderancia en el tráfico de drogas en los estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Guerrero, Estado de México, Hidalgo y Morelos.
Coincidentemente el general Salvador Cienfuegos Zepeda fue sucesivamente, como general de división, comandante de las regiones militares en los estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Chiapas y Tabasco.
J. Jesús Lemus, es un periodista mexicano autor de numerosos libros de investigación en los que revela los nexos de las autoridades de su país con el crimen organizado. Su libro más reciente se titula ‘El Licenciado’.
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