En una sorprendente decisión, Estados Unidos retira los cargos contra el ex secretario de Defensa de México
El gobierno de Estados Unidos dijo el martes que retiraba los cargos de tráfico de drogas contra el ex secretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos Zepeda, un giro sorprendente en un proceso que había enfurecido profundamente a las autoridades mexicanas.
La medida se produjo un mes después del arresto del general ocurrido el 15 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.
En una declaración conjunta, el fiscal general William Barr y su homólogo mexicano, Alejandro Gertz Manero, dijeron que el Departamento de Justicia de Estados Unidos abandonaría el caso y que Cienfuegos se enfrentaría a la justicia bajo la ley mexicana.
“En reconocimiento de la sólida asociación de aplicación de la ley entre México y Estados Unidos, y con el interés de demostrar nuestro frente unido contra todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tomado la decisión de solicitar la desestimación de los cargos penales de Estados Unidos contra el ex secretario Cienfuegos, para que sea investigado y, en su caso, imputado, según la ley mexicana”, se lee en el comunicado conjunto.
La decisión contradice la desconfianza de Estados Unidos hacia el sistema de justicia mexicano y el profundo escepticismo sobre su capacidad para enjuiciar la corrupción de alto nivel.
En el momento del arresto de Cienfuegos, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que no había cargos pendientes en México contra él.
Cienfuegos se desempeñó como secretario de Defensa de 2012 a 2018 bajo el entonces presidente Enrique Peña Nieto.
El comunicado conjunto dijo que México ha abierto su propia investigación sobre Cienfuegos y que las autoridades estadounidenses han proporcionado pruebas a los fiscales en el caso.
“Nuestros dos países siguen comprometidos con la cooperación en este asunto, así como con nuestra cooperación bilateral de aplicación de la ley”, dice el comunicado. “Como refleja la decisión de hoy, somos más fuertes cuando trabajamos juntos y respetamos la soberanía de nuestras naciones y sus instituciones. Esta estrecha colaboración aumenta la seguridad de los ciudadanos de ambos países”.
Cienfuegos, de 72 años, un veterano de más de 50 años en el Ejército mexicano, estaba bajo custodia federal en Nueva York, donde se iba a procesar el caso en su contra. No estaba claro cuándo regresaría a México.
Se programó una audiencia en el caso para el miércoles en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Nueva York.
Su arresto el mes pasado provocó temblores en los círculos de liderazgo de México y sacudió a la institución militar del país, un aliado clave de López Obrador. Las autoridades mexicanas dicen que no conocieron la investigación contra Cienfuegos y no supieron de los cargos hasta que fue arrestado.
México envió una nota formal de protesta al gobierno de Estados Unidos por el arresto, un raro caso en el que la administración de López Obrador ha desafiado a la administración de Trump.
Los fiscales estadounidenses parecían haber acumulado un caso sólido contra Cienfuegos, quien fue acusado de ayudar a los cárteles de la droga mexicanos a contrabandear “miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana” a Estados Unidos, según documentos judiciales. Entre otras cosas, el exsecretario de Defensa fue acusado de ayudar a los cárteles en el contrabando marítimo de drogas.
Utilizando informantes de sus numerosos casos contra cárteles mexicanos, los fiscales estadounidenses han presentado cargos contra varios exfuncionarios mexicanos de alto rango.
El que todavía enfrenta juicio en Nueva York es Genaro García Luna, quien se desempeñó como jefe de seguridad en la administración del presidente Felipe Calderón de 2006 a 2012. México no ha protestado por el procesamiento de García Luna, quien presuntamente recibió millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa, anteriormente encabezado por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien ahora cumple cadena perpetua en una prisión estadounidense.
López Obrador ha calificado el arresto de García Luna como un símbolo de cómo México se convirtió en un “narcoestado” durante la administración de Calderón, su rival político.
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