Unos 80.000 mexicanos han desaparecido en los últimos 15 años. Se cree que muchos de ellos están bajo custodia del gobierno, entre los miles de cadáveres que pasan por las morgues cada año sin ser identificados y que acaban en fosas comunes.
Tras enterarse de que su hijo de 44 años había sido asesinado en el centro de Tijuana, Guadalupe Aragón Sosa salió a buscarlo.
Ella le dio a la policía una muestra de su ADN, pero le dijeron que no habían encontrado resultados entre la base de datos de cuerpos no identificados.
La mujer pasó horas en la morgue local, hojeando fotografías en blanco y negro de cadáveres no reclamados, pero su Carlos no estaba entre ellos.
Recorrió campos y vertederos de basura en las afueras de la ciudad, donde se sabía que los matones locales enterraban a sus víctimas, sondeando el suelo con una varilla de metal en busca de un olor a carne en descomposición. Desenterró una docena de cadáveres, pero no a su hijo.
Pasó casi un año antes de que finalmente se enterara del destino de sus restos, a fines de 2018: había estado todo el tiempo en una tumba del gobierno.
Unos 80.000 mexicanos han desaparecido en los últimos 15 años y nunca fueron encontrados. Se cree que muchos de los cuerpos ahora están bajo custodia del gobierno, entre los miles de cadáveres que pasan por las morgues cada año sin ser identificados y terminan en fosas comunes.
El principal funcionario de derechos humanos del país, Alejandro Encinas, calificó el problema de “crisis humanitaria y emergencia forense”. “Durante años, el estado abdicó de su responsabilidad, no solo de garantizar la seguridad de las personas, sino de dar […] a las familias el derecho a buscar, encontrar y regresar a casa con sus familiares”, remarcó el año pasado.
Una investigación reciente del equipo de noticias Quinto Elemento Lab reveló a través de solicitudes de registros públicos que hay cerca de 39.000 cuerpos no identificados, que datan de 2006, bajo custodia del gobierno.
Más de 28.000 de ellos habían sido incinerados o enterrados en cementerios públicos. Otros 2.589 fueron donados a escuelas de medicina. La mayoría del resto se encontraban todavía en las morgues, o no pudieron ser localizados.
Los funcionarios del gobierno fueron elogiados por los defensores de los derechos humanos cuando anunciaron un plan, a fines de 2019, para reunir un equipo de expertos nacionales e internacionales con el objetivo de identificar todos los cuerpos e incluso fragmentos de huesos.
Pero la iniciativa se estancó con la pandemia de COVID-19 y la conclusión de que el desafío forense es más desalentador de lo previsto. “Pocos cementerios o casi ninguno, tienen un buen registro de la ubicación y la cantidad de personas que están enterradas allí”, afirmó Roxana Enríquez Farías, fundadora del Equipo Mexicano de Antropología Forense, una organización sin fines de lucro que colaboró con planes de exhumación a nivel estatal.
Los cadáveres en descomposición con frecuencia son apilados uno encima de otro, a veces solo en bolsas de plástico, y la mezcla de materiales genéticos dificulta la obtención de muestras útiles. “Si estás buscando a una niña de 17 años, terminarás con una coincidencia para una mujer de 43”, señaló Yanet Juárez, investigadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
En muchos casos, los registros de los desaparecidos consisten en nada más que nombres y edades, sin muestras familiares de ADN u otras pistas que puedan ayudar a relacionarlos con los restos. Cuando el estado de Tamaulipas exhumó 265 cadáveres y varias cajas de huesos de un cementerio público, en 2018, las autoridades solo pudieron identificar a unos 30 individuos.
Encontrar el cuerpo de un familiar desaparecido a menudo se reduce a una combinación de suerte y persistencia.
“La primera vez que fui a la morgue me dijeron que no había cadáveres sin identificar, solo un niño que ya había sido reconocido”, comentó Gladys Quiroz Longoria, quien recordó exactamente lo que llevaba puesto su hijo, de 27 años de edad, el día en que desapareció, y le describió la ropa a las autoridades. “Siempre me decían que allí no estaba […] hasta el día en que llamaron para mostrarme fotos”.
Su hijo, Eugenio Alexander Molina Quiroz, había estado en la morgue de Tamaulipas durante los últimos ocho meses.
En teoría, cada vez que un cuerpo nuevo llega a la morgue, debe refrigerarse hasta que se pueda realizar una autopsia y un inventario de cicatrices, tatuajes, caries y otras características que podrían ayudar en la identificación. Se supone que las muestras de ADN serán almacenadas, en caso de que sean necesarias más adelante. Pero en la práctica, muchos examinadores simplemente no pueden mantenerse al día con la cantidad de fallecidos.
El problema llegó a los titulares de los medios en 2018, cuando los médicos forenses del estado de Jalisco se quedaron sin espacio y almacenaron más de 300 cadáveres no identificados en dos tractocamiones que daban vueltas por los suburbios de Guadalajara, hasta que los residentes se quejaron del olor.
Un escándalo similar estalló ese año en Tijuana, donde la morgue estaba tan atascada que los funcionarios comenzaron a colocar varios cuerpos en cada estrecho espacio de refrigeración, y a apilar cadáveres en el piso cuando las unidades de almacenamiento requerían limpieza.
En un solo día pueden llegar tres docenas de cadáveres, casi todos víctimas de disparos. El registro de la morgue de la mayor cantidad de autopsias realizadas en una sola jornada fue de 28, pero el jefe forense en ese momento afirmó que, en realidad, solo tenía personal para realizar unas 10. “Vivimos en una guerra civil”, afirmó el médico, Jesús Ramón Escajadillo, en una entrevista en mayo.
El problema persiste. De los 4.132 cuerpos que ingresaron a la morgue de Tijuana el año pasado, una cuarta parte (1.042) terminaron en tumbas del gobierno, casi todos sin ser identificados.
La violencia que se apodera de México comenzó hace unos 15 años, cuando el gobierno lanzó soldados a las calles para luchar contra los cárteles de la droga. Los últimos años han sido los más sangrientos hasta ahora, con un récord de 34.648 homicidios registrados en 2019 y 34.515 en 2020.
Al mismo tiempo, las filas de desaparecidos siguen creciendo; casi 7.000 personas fueron reportadas como desaparecidas el año pasado.
El tema llamó la atención internacional luego de la desaparición, en 2014, de 43 estudiantes de una escuela normal en el estado de Guerrero, posiblemente después de que se toparan con una operación de narcotráfico.
El caso provocó protestas callejeras masivas y atrajo la visibilidad de otras familias con seres queridos desaparecidos, muchas de las cuales habían formado colectivos locales para buscar y excavar restos por su cuenta.
Bajo una creciente presión pública, el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto aprobó la Ley General de Desapariciones Forzadas, que ordenó la creación de comisiones de búsqueda federales y estatales, así como de una serie de bases de datos que ayudarían a cotejar los restos humanos no identificados con las personas registradas como desaparecidas.
El actual mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ganó las elecciones de manera aplastante en 2018 en parte al prometer reducir la violencia en el país y escuchar a sus víctimas, se reunió con las familias de los desaparecidos y se comprometió a ayudarlos.
Para el año pasado, se habían establecido comisiones de búsqueda en todos los estados y el gobierno había abierto su primer Centro Regional de Identificación Humana, en el estado norteño de Coahuila.
Pero Encinas, subsecretario de derechos humanos de esa nación, reconoció que es probable que el progreso sea lento.
En algunos casos, los gobiernos locales intencionalmente mantuvieron escasos registros en pos de encubrir crímenes, y enterraron cadáveres que ni siquiera habían examinado, sin asignarles números de identificación y excluyéndolos deliberadamente de los recuentos oficiales de cuerpos bajo custodia. “Hemos tratado de recopilar información clara para poder dejar atrás las artimañas y engaños en casos de desapariciones forzadas, que permitieron a las autoridades del pasado ignorar y evitar la magnitud del problema”, explicó Encinas el año pasado. “El hecho es que los datos son devastadores”.
El último revés fue el COVID-19, que oficialmente mató a casi 200.000 personas en México. “La expectativa, en general, era que el tema de la desaparición y de las identificaciones sería una de las máximas prioridades del gobierno federal”, manifestó Humberto Guerrero Rosales, miembro de una junta asesora ciudadana sobre el tema, formada en 2018. “Pero entonces vino una pandemia mundial”.
Mientras tanto, muchas familias siguen buscando por su cuenta. Después de semanas de revisar los campos para hallar a su hijo, Aragón acudió al gobierno federal.
En 2018, en un evento público en Tijuana, arrinconó al hombre que pronto sería nombrado por López Obrador como el principal funcionario de seguridad pública del país. Al día siguiente, alguien de la oficina del fiscal estatal la llamó y le dijo que estaba trabajando en el caso.
A los pocos días, los investigadores informaron de una posible compatibilidad genética. Luego le mostraron fotografías que se habían tomado del cuerpo de su hijo en la escena del crimen. Explicaron que había perecido por golpes en la cabeza y el pecho, y que fue enterrado poco después de la autopsia.
Ese diciembre, pagó a una funeraria casi $1.600 para exhumar su cuerpo del cementerio del gobierno.
Mientras un sepulturero retiraba las bolsas que contenían los restos de los 13 individuos enterrados encima de su hijo, pensó en las otras familias que estarían buscando a sus propios seres queridos. “Me di cuenta de que cada bolsa era otra persona”, dijo.
Finalmente, enterró a Carlos junto a su padre, entendiendo que tal vez nunca sabrá con certeza quién lo mató, o por qué. Unos meses después, regresó a los campos que rodean Tijuana. También quería ayudar a otras familias a encontrar a sus hijos.
Averbuch es corresponsal especial. Linthicum es redactora de planta. Esta historia se realizó, en parte, con el apoyo de la International Women’s Media Foundation.
Para leer esta nota en inglés,haga clic aquí.
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