El juicio de García Luna se sigue posponiendo; lo hunden Iván Reyes, Ramón Eduardo Pequeño y Luis Cárdenas Palomino

Todavía no se define el destino jurídico de Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública de México acusado de narcotráfico en Estados Unidos; la semana pasada al cumplirse la fecha tentativa para el inicio de su juicio penal, el juez Bryan M. Cogan, de la Corte Este del estado de Nueva York, atendió la petición acordad entre la Fiscalía y la defensa del acusado para posponer el enjuiciamiento hasta el próximo 24 de octubre del 2022.

La nueva fecha otorgada por el juez de la causa penal con número de registro 19-CR-576, para iniciar el juicio contra Genaro García Luna, podría ampliarse hasta enero del 2023, si se necesitara mayor tiempo para la preparación de la defensa, según lo explicó el propio Bryan M. Cogan, a petición del abogado César de Castro, defensor del acusado.

De acuerdo con el abogado de García Luna, César de Castro, la defensa requiere de más tiempo para examinar a detalle el legajo que integra el expediente de acusación, el que consta de más de un millón de páginas, en donde agentes de la oficina de Administración de Control de Drogas (DEA) detallan la acusación de narcotráfico y de relación entre Genaro García Luna y los carteles de Sinaloa y de los Hermanos Beltrán Leyva.

Mientras llega la nueva fecha establecida para el inicio del juicio, el ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, quien está acusado por el gobierno norteamericano de haber facilitado y protegido operaciones de narcotráfico hacia Estados Unidos a los carteles de Sinaloa y de los Hermanos Beltrán Leyva, continuará recluido en la cárcel federal de Brooklyn.

En casi 22 meses -desde que Genero García Luna fue detenido por agentes de la DEA en Estados Unidos, el 9 de diciembre del 2019- el inicio de juicio contra el hombre más cercano al entonces presidente Felipe Calderón, se ha pospuesto en cuatro ocasiones; la primera fue por razones de seguridad epidemiológica a causa de la pandemia por Covid-19, mientras que las otras tres –incluida esta- se ha argumentó la imposibilidad de leer el basto expediente en tan reducido tiempo.

Un caso que se complica

Hay que recordar que Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública de México, durante el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012), está siendo acusado “de participar en una empresa criminal continua”, con la que los carteles de Sinaloa y de los Hermanos Beltrán Leyva introdujeron toneladas de cocaína desde suelo mexicano hacia Estados Unidos.

La acusación contra García Luna se ha fortalecido luego que el gobierno de Estados Unidos, con base en elementos de prueba que obra dentro del mismo expediente criminal 19-CR-576, ha fincado también responsabilidades a dos de los hombres más cercanos al acusado. Estamos hablando de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo García Pequeño.

De acuerdo a un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, ex funcionarios policiales mexicanos de alto rango que trabajaron bajo las órdenes de García Luna, están acusados -cada uno- de tres cargos de conspiración de tráfico de cocaína, en agravio al pueblo de Estados Unidos.

Según lo establece la Fiscalía General de Estados Unidos, tanto Cárdenas Palomino como Pequeño García, supuestamente a cambio de sobornos multimillonarios, permitieron que el Cartel de Sinaloa operara con impunidad en México, con lo que se posibilitó que ayudaran al trasiego de drogas en suelo norteamericano.

Actualmente Luis Cárdenas Palomino se encuentra recluido en una prisión federal mexicana, en el municipio de Almoloya, el Estado de México, donde fue recluido el 5 de julio del 2021, bajo la acusación de tortura relacionada al caso “Florance Cassez”, en donde se encuentra a la espera de ser extraditado a Estados Unidos a fin de que enfrente los cargos de tráfico de drogas que se le han fincado.

Ramón Eduardo Pequeño García, actualmente se encuentra prófugo de la justicia, luego que un juez federal librara una orden de aprehensión, el 6 de julio del 2021, por el delito de tortura, también dentro del caso “Florance Cassez”. Además se le relaciona con la segunda fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, quien –presuntamente con la ayuda de Ramón Eduardo Pequeño- se fugó de la cárcel de Almoloya, ocurrida el 11 de julio del 2015.

Se presume que la ampliación del plazo para el inicio del juicio contra García Luna, podría obedecer al compás de espera que la Fiscalía de Estados Unidos ha establecido, a fin de lograr la extradición de Luis Cárdenas Palomino y la posible captura Ramón Eduardo Pequeño, quienes podrían ser dos testigos de cargo de suma importancia para lograr la incriminación total de Genaro García.

Pero aun cuando no se diera la presencia de estos testigos de cargo, las acusaciones sobre Ramón Eduardo Pequeño y Luis Cárdenas, tendrán un gran peso dentro del juicio contra Genaro García Luna, según consideró una fuente de la Fiscalía General de Estados Unidos, pues más allá de que estos estén o no presentes –en calidad de testigos de cargo- dentro del juicio, su sola relación con los carteles de Sinaloa y de los Hermanos Beltrán Leyva, revelan el grado de corrupción que permitió el entonces secretario de Seguridad Pública.

Iván Reyes, otro testigo de peso

Pero si el juicio contra García Luna se le observa complicado con la posible intervención de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño, el que lo podría hundir en definitiva es Iván Reyes Arzate, otro de sus colaboradores cercanos, quien apenas hace unos días se declaró culpable de haber recibido sobornos del Cartel de Sinaloa.

Iván Reyes Arzate, un ex oficial de la Policía Federal Mexicana y Comandante de la Unidad de Investigación Sensible (SIU) de la Policía Federal Mexicana, se declaró culpable –ante el juez Bryan M. Cogan- de conspiración para posibilitar el tráfico de cocaína. De acuerdo a su propia declaración, este ex colaborador de García Luna reconoció haber aceptado soborno a cambio de ayudar al cartel de la droga que encabeza Ismael Zambada García, “El Mayo”.

La declaración de culpabilidad del ex jefe de policía Iván Reyes fue anunciada por Breon Peace, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, quien aseguró mediante un comunicado que Reyes Arzate “al aceptar miles de dólares en sobornos a cambio de información sobre la investigación policial del cartel de Sinaloa (El Seguimiento 39), forjó una alianza deplorable con los narcotraficantes y traicionó no solo al pueblo de México que juró proteger, sino también a su ley”.

Según el Fiscal para el distrito Este de Nueva York, “Reyes Arzate se hizo de la vista gorda hacia los narcotraficantes, permitiendo que las empresas criminales operaran con impunidad, mientras se desempeñaba como Comandante en la Policía Federal Mexicana. La DEA y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley trabajaron incansablemente para aislar e identificar esta mala semilla y llevarlo ante la justicia”.

Con esta declaración de culpabilidad el ex agente de la policía mexicana de alto rango, podría fungir como testigo de cargo contra Genaro García Luna, con lo que al hundirlo, se podría beneficiar con una reducción de sentencia. Reyes Arzate enfrenta una sentencia mínima obligatoria de cinco años de prisión y una sentencia máxima de 40 años de prisión.

Igual sucede con el caso de Luis Cárdenas Palomino, quien de ser extraditado y declararse culpable del delito de narcotráfico que se le imputa por parte de la justicia norteamericana, podría recibir beneficios de ley. Actualmente Cárdenas Palomino enfrenta la posibilidad de una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.

Por lo que hace a Genaro García Luna, por el delito atribuido de que -entre 2002 y 2007- ayudó al menos a introducir seis cargamentos de cocaína por un total de más de 50.000 kilos de cocaína y que además colocó a otros funcionarios corruptos en posiciones de poder para apoyar a los carteles de Sinaloa y de los Hermanos Beltrán Leyva, podría enfrentar una sentencia mínima obligatoria de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.

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