Un centro de investigación de México se volvió un campo de batalla por la libertad académica
Durante los últimos 17 días, decenas de estudiantes han convertido a uno de los principales centros públicos de investigación económica y social de México en un campamento.
Las carpas rodean la entrada al campus de la Ciudad de México del Centro de Investigación y Docencia Económicas, mejor conocido como CIDE. Para los estudiantes que no estén dispuestos a afrontar las frías noches, hay aulas despejadas, que dejan espacio para los sacos de dormir.
“CIDE resiste”, afirma un cartel de protesta. Otro invoca la reciente victoria legal de Britney Spears: “Si Britney pudo, el CIDE también”.
Los ocupantes piden la destitución del nuevo director designado por el gobierno federal, quien provocó la ira de varios administradores y desestimó al centro educativo como un bastión del neoliberalismo, un grave insulto a la retórica izquierdista del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“No estábamos preparados para hacer esto”, afirmó Ximena Millán Cruz, una joven de 21 años que estudia ciencias políticas y relaciones internacionales. “Esta no era nuestra primera opción, y si fuera por nosotros, no estaríamos aquí”.
El conflicto de las últimas semanas convirtió a la pequeña institución en el nuevo campo de batalla por la libertad académica en México, y, muchos, desde el presidente de México hasta ganadores del Premio Nobel, han intervenido.
Los estudiantes cuentan con el apoyo de muchos profesores, quienes les preocupa que López Obrador esté tratando de imponerles su política.
El presidente, que ganó una elección aplastante con una plataforma populista de lucha contra la corrupción y priorización de los pobres, se ha referido en varias ocasiones a los académicos como un grupo privilegiado.
También acusó al CIDE y a la enorme Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de callar ante la corrupción del país, diciendo que albergan académicos conservadores que “no corren riesgos de ningún tipo para poder ascender en la escala social”.
Los críticos del mandatario mexicano aseguran que es más que retórica y expresaron su alarma por la reciente intención de los fiscales federales de encarcelar a 31 científicos por crimen organizado y delitos financieros, cargos rechazados por un juez.
Además, señalan la eliminación de los fondos fiduciarios públicos que se utilizaban para la investigación científica; una medida que, según el presidente, tenía como objetivo combatir la corrupción.
“Creo que estamos en la peor de las situaciones posibles”, señaló Antonio Lazcano, biólogo de la UNAM, quien ha sido un crítico abierto del régimen actual. “No se puede hacer física cuántica con la medicina tradicional a base de hierbas”.
María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que supervisa al CIDE y a otros 25 centros de ese tipo, negó que el gobierno federal estuviera amenazando la libertad académica. “Le hemos dado un apoyo histórico a las universidades para generar investigación científica”, declaró a The Times, señalando un reciente anuncio de que todos los estudiantes de esas instituciones tendrán matrícula gratuita.
El CIDE fue fundado en 1974 como un grupo de expertos para asesorar al gobierno en política económica, pero rápidamente absorbió a intelectuales de izquierda que habían huido de dictaduras militares en América del Sur. En la década de 1990, un nuevo director lo transformó en uno de los centros de investigación en ciencias sociales más prestigiosos de México, y exigió que todos los docentes de la institución contaran con un doctorado. “En términos de educación, es tan bueno como Harvard”, aseguró Mauricio Tenorio, historiador de la Universidad de Chicago.
Sus profesores publican en las principales revistas académicas nacionales e internacionales o en algunos medios de comunicación en México. Por eso, a pesar de que el CIDE es pequeño, con solo unos 500 estudiantes de pregrado y posgrado, lo que sucede allí tiene peso.
El ex director Sergio López Ayllón, quien renunció el verano pasado, señaló en una entrevista reciente que la titular del Conacyt había dejado claro que esperaba que los directores de los centros de investigación estuvieran comprometidos con la agenda de López Obrador para México. “Creo que el CIDE tiene la responsabilidad de realizar investigaciones que apoyen las políticas públicas del gobierno”, dijo. “Siempre lo ha hecho, pero con autonomía”.
En noviembre, un director interino, José Antonio Romero Tellaeche, economista del Colegio de México en la capital del país, remarcó que compartía muchas de las opiniones del presidente.
En un documento en el que delineó su plan para la institución educativa, Romero dijo que muchos de los profesores habían obtenido sus doctorados en el extranjero y que el CIDE había dejado de priorizar los temas sociales nacionales. Sugirió, además, que el riguroso proceso de selección del centro de investigación había reforzado la división de clases en el país.
Días después, degradó a la secretaria académica del CIDE, quien afirmó en una carta abierta que fue atacada por negarse a suspender las evaluaciones de los docentes hasta que hubiera un director permanente. Quien resultó ser Romero.
El mismo día en que Álvarez-Buylla designó a Romero, los estudiantes comenzaron a pedir su destitución y, por primera vez en la historia de la institución, se declararon en huelga.
Romero se negó a ser entrevistado y respondió enviando por correo electrónico una cita del lingüista y activista político Noam Chomsky, criticando a los medios de comunicación como una herramienta del poder corporativo.
Álvarez-Buylla expresó que el Centro de Investigación y Docencia Económicas “favorece una visión neoliberal” y que esta es la oportunidad “para empezar a enriquecerlo con otras tradiciones y un pensamiento más crítico”. También culpó a grupos como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad -una organización cívica crítica con la administración del presidente- de “utilizar este proceso del CIDE para profundizar su adversidad contra el gobierno federal”.
En cuanto a la huelga, señaló que el gobierno pretendía tener “mucha paciencia” para comunicarse con el estudiantado. “No vamos a reprimir, no vamos a intentar por la fuerza, nada por la fuerza, todo por la verdad y la ley”, dijo Álvarez-Buylla.
Los estudiantes están listos para dialogar.
En su base frente al CIDE en la Ciudad de México, el fuerte zumbido del tráfico de la carretera se mezcla con las asambleas de los alumnos. Han juntado varias mesas debajo de una lona, donde trabajan en sus exámenes finales y planifican sus próximas acciones.
Los ocupantes se turnan para realizar rondas de seguridad cada noche. En un momento, perdieron la conexión a Internet. Los maestros y exalumnos les llevan comida y les dan apoyo moral; un día encargaron mariachis para cantar a los estudiantes. “Ha sido una experiencia bastante agotadora”, dijo una estudiante que se negó a dar su nombre por temor a sufrir repercusiones.
Al menos, públicamente, los alumnos concentraron su protesta en Romero, argumentando que su nombramiento había violado los procedimientos comunes y que no respetaba a la institución. “Si hubiera hablado con los estudiantes, habría sabido que mucha gente apoyaba sus ideas porque creen en la cuarta transformación”, enfatizó Cruz, usando un término del presidente. “Perdió ese apoyo con sus ataques contra la comunidad”.
Sebastián Ocampo, un joven de 22 años que estudia economía, cree que los alumnos han tratado de apartarse de la batalla ideológica porque es “un terreno más complicado”, y discutirlo podría generar fricciones internas.
Pero los estudiantes y los profesores son más directos. “Es inevitable no ver estas acciones aisladas, sino como ofensivas contra las universidades, contra la comunidad científica”, destacó Carlos Bravo Regidor, profesor de periodismo.
El docente rechazó las críticas de que la institución no ha invertido en los problemas sociales del país. Señaló que los graduados de su área expusieron la corrupción y que el programa de política de drogas de la escuela ha ganado atención nacional por investigar el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del gobierno.
Jean Meyer, el historiador que trabaja en el CIDE desde principios de la década de 1990, afirmó que el nuevo director representa “una inadmisible intervención del gobierno en la vida académica”.
En una carta de apoyo a los estudiantes, cinco académicos, incluidos dos premios Nobel de Estados Unidos y otro de Francia, escribieron que los gobiernos deberían facilitar “pero no controlar la educación y la producción de academias de alta calidad con fines políticos”.
Tanto los estudiantes como el Conacyt insisten en que quieren dialogar, pero las reuniones se han cancelado en varias ocasiones.
El lunes, el pequeño grupo de alumnos se reunió frente al centro de investigación del Instituto Mora, que eligieron como un punto de encuentro neutral para las negociaciones.
Una joven habló por micrófono, pidiendo la destitución de Romero y declarando que el CIDE está unido en su causa. “¡Más ciencia, menos obediencia!”, corearon los estudiantes. “Álvarez-Buylla, ¡la ciencia no es tuya!”.
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