FESTIVAL DEL LIBRO: Alejandro Gertz Manero es el eslabón más oscuro de la 4T

Hablar del fiscal Alejandro Gertz Manero, es navegar en las aguas de la polémica. Gertz Manero es por mucho el personaje más cuestionado del gobierno de la Cuarta Transformación. Es la tesis y la antítesis del régimen político mexicano que se niega a morir, y que para ello se reviste de transformación. Por ello poco se ha abordado sobre este personaje.

Si hay un personaje que encarna el aspiracionismo, el chapulineo político, la corrupción, el enriquecimiento ilícito y el manejo del poder por el poder mismo, es decir todos los pecados políticos y sociales sobre los cuales el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha fincado su oferta de gobiernos, ese es sin duda Alejandro Gertz Manero.

Por ello, ante la polémica surgida del desconcierto, al observar a un presidente López Obrador que se niega a reconocer que se equivocó en la elección del Fiscal General, y que lejos de ello lo ha ratificado en varias ocasiones, asegurando que se trata de “un hombre bueno”, ha generados un estado de desconcierto sobre el rumbo que lleva la Cuarta Transformación.

Hoy son más los mexicanos que se encuentran desencantados no de la política del presidente López Obrador, pero sí de su necedad de proteger a un personaje oscuro como Gertz Manero. Ese es un desconcierto que ha surgido a partir de la mala actuación del fiscal general, quien con su inoperancia y utilizando el poder de la procuración de la justicia como su empresa personal, amenaza con descarrilar el gobierno de la transformación.

Para entender el riesgo que corre el gobierno del presidente López Obrador con la inoperancia del Fiscal Gertz Manero, es necesario conocer al hombre y sus circunstancias. Es necesario saber el origen del Fiscal para saber el destino pretendido por él. Es necesario conocer revisar a la luz de la historia su actuación de 40 años de servicio público.

Ese es el motivo del libro “El Fiscal Imperial”, que bajo el sello de Harper Collins México sale a la luz pública el próximo 15 de julio.

Capítulo de Cortesía del Libro “El Fiscal Imperial”, de la editorial Harper Collins México

Capítulo II

El señor de las venganzas

Si bien es cierto que Alejandro Gertz Manero necesitó, como casi todos en la vida, el empuje de su padre para incrustarse en el aparato de gobierno, también lo es que, apenas llegó a un cargo federal, fueron sus propias relaciones, méritos y trabajo lo que lo llevaron a escalar en la empinada cuesta de la burocracia federal. Con el cargo de tercer nivel que le consiguió José Cornelio Gertz Fernández dentro de la Secretaría del Trabajo, el pronóstico natural era que no pasara de allí. Sin embargo, su habilidad en las relaciones públicas, su sagacidad intelectual, pero sobre todo su desempeño al servicio del sistema, fue lo que finalmente lo catapultó a nuevas encomiendas.

Así, cuando apenas había salido de la universidad —la Escuela Libre de Derecho— y se incorporó como novel abogado-inspector a la STyPS, donde laboró por un año, Alejandro Gertz Manero tuvo la suerte de que otro amigo de su padre, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Walter Cross Buchanan, lo invitara a colaborar en esa dependencia. No se sabe, pero se infiere, de la gestión de José Cornelio Gertz Fernández en esa invitación, pues aun cuando Alejandro Gertz pudo haber sido muy eficiente en su cargo dentro de la STyPS, escapa a la lógica que un secretario de otra dependencia se fijara en él, en un empleado de tercer nivel.

Como quiera que fuera, en 1963 Alejandro Gertz, sin dejar el cargo de abogado-inspector dentro de la Secretaría del Trabajo, se incorporó también como supervisor de Servicios Federales y abogado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), donde rápidamente ascendió a jefe de Servicios Federales. Ocupar dos cargos públicos federales a la vez es un sello distintivo a lo largo de la vida laboral de Alejandro Gertz Manero, que todavía —al cierre de este trabajo— puede observarse: hoy es fiscal general de la República y también investigador de tiempo completo en el Conacyt.

“El Fiscal Imperial”, editorial Harper Collins México.

(Editorial Harper Collins México.)

Como evidencia de la ocupación simultánea de dos cargos públicos,[1] lo cual quizá no sea ilegal pero puede resultar poco ético y muy extraño, destaca en la carrera profesional de Alejandro Gertz Manero que en 1971, cuando era secretario y asesor jurídico del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) —dependiente de la Secretaría de Gobernación—, también se desempeñaba como agente del Ministerio Público auxiliar de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). En 1974, mientras seguía con el cargo de secretario y asesor jurídico del INAH, también fue jefe de unidad de la Dirección de Averiguaciones Previas de la PGR, y después director general del Instituto Técnico de la PGR.

Hacia 1975, mientras Alejandro Gertz Manero continuaba como secretario y asesor jurídico del INAH, fue oficial mayor de la PGR, y después, en ese mismo año, coordinador nacional de la Campaña contra el Narcotráfico. En 1976 seguía siendo técnicamente funcionario del INAH y asumió a la vez el cargo de procurador federal de la Defensa del Trabajo. En 1995, aún con el cargo de secretario y asesor jurídico del INAH, se desempeñó como rector de la Universidad de las Américas, puesto que, si bien era en la iniciativa privada, pudo haberlo distraído de su función pública.

En 1998 fue a la vez presidente y coordinador del Consejo Consultivo en Procuración de Justicia y Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, sin dejar su cargo en el INAH, y también asumió la función de secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, a invitación de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que entonces era el jefe de Gobierno.

Pero no perdamos de vista los inicios como servidor público de Alejandro Gertz Manero, a quien en 1966, siendo aún jefe de Servicios Federales dentro de la SCT, ya para entonces a cargo de José Antonio Padilla Segura —también recomendado de Walter Cross Buchanan—, de manera sorpresiva lo llamó a colaborar otro secretario de Estado de la recién llegada administración de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970): el de Educación Pública, Agustín Yáñez Delgadillo. Sin obligarlo a dejar su cargo en la SCT, Yáñez Delgadillo designó a Alejandro Gertz Manero como secretario particular del subsecretario de Asuntos Culturales de la SEP, Mauricio Magdaleno Cardona, ya conocido de la familia Gertz por ser el editor del primer libro de poemas de la señora Mercedes Manero.

La cercanía entre Alejandro Gertz y Mauricio Magdaleno fue mucha. Hay quienes la califican como “una relación casi de padre-hijo”, refiere un historiador que aceptó hablar off the record para este trabajo: Mauricio Magdaleno —sintetizó— no sólo influyó en la disciplina laboral del joven Alejandro, sino que también lo permeó sobremanera con su labor cultural. Él fue quien acercó al hoy fiscal al teatro, con la influencia del llamado “Teatro de Ahora”, un proyecto cultural que inició en 1932 y que se fincó en la denuncia social, de protesta contra los privilegios de clase, lleno de matices revolucionarios y antiburgueses.

La venganza puesta en escena

Alejandro Gertz Manero llevó a la práctica la pasión del “Teatro de Ahora” como escritor de obras teatrales y como productor de algunas de ellas. Esa vena artística fue la que lo hizo, a la postre, escenificar uno de sus más notorios escándalos: valiéndose de su posición de secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, en 2000, utilizó todos los recursos del sistema para perseguir judicialmente a la reconocida artista y empresaria teatral Silvia Verónica Pasquel Hidalgo, mejor conocida por su nombre artístico de Silvia Pinal, a la que le reclamó un supuesto desvío de fondos (fraude genérico) por 9 millones 500 mil pesos de la Asociación Nacional de Productores de Teatro (Protea), de la que Alejandro Gertz Manero también era miembro.

De acuerdo con los archivos del Registro Público de la Ciudad de México, conforme al acta constitutiva número 34368, la Asociación Nacional de Productores de Teatro fue fundada legalmente, el 14 de noviembre de 1970, por los empresarios teatrales Alejandro Gertz Manero, Luis G. Basurto, Lewis Adams Riley, Jorge Bueno Landeta, Rafael Gómez, Salvador Varela Manzano, Rafael López Miarnau, Giacomo Barabino Chione, Luis de Llano Palmer, Manuel Sánchez Navarro Schiller o Manolo Fábregas, Armando Cuspinera Ocampo y Roberto Lerner Anderson. Su objeto social, según se establece en el acta, es el de proteger los intereses de los productores de teatro, informar a sus agremiados sobre la situación en la producción teatral mexicana y extranjera, además de brindar servicios que faciliten la producción del teatro en México.

Bajo ese argumento, en 1994 Alejandro Gertz Manero y Armando Cuspinera Ocampo presentaron una querella legal no sólo en contra de Silvia Pinal, entonces presidenta de la Asociación; también fueron contra el administrador, Emilio Rivera Ampudia, y el gerente, Jorge Medellín. A los tres se les señaló por haber desviado mil millones de los llamados “pesos viejos”. Aunque Armando Cuspinera Ocampo desistió del reclamo, el que nunca quitó el dedo del renglón fue Alejandro Gertz Manero, quien de manera pública, en una entrevista con el periodista Emilio Morales Valentín publicada en El Universal el 15 de mayo de 2000, aludió a su derecho, como socio fundador y miembro de Protea, de reclamar total transparencia en el manejo de los recursos que se le entregaron a la Asociación, parte de los cuales —dijo— salieron de su bolsa y afectaron su patrimonio personal.

No obstante, más allá del reclamo por esos supuestos malos manejos del dinero, al parecer la molestia de Alejandro Gertz Manero contra Silvia Pinal se debió a que en la asamblea de Protea del 13 de enero de 1992, cuando a ella la reeligieron como presidenta, se dejó fuera de todo cargo a Alejandro Gertz Manero, quien hasta esa fecha había sido el secretario de la Asociación y mantenía pleno control de los fondos económicos aportados por algunos de los fundadores para sostenerla.

Si bien los hechos de los que se derivó ese litigio ocurrieron en 1992 —cuando se dio la cuestionada reelección de Silvia Pinal— y en 1994 —cuando se descubrió el supuesto desfalco millonario—, Alejandro Gertz Manero no pudo aplicar su “justicia” a sus contrarios de forma inmediata. Lo hizo hasta que tuvo el poder del Estado para ello. No fue sino hasta el año 2000, una vez que estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por designio directo del presidente Vicente Fox, cuando arremetió contra Silvia Pinal y los administradores de Protea, Emilio Rivera Ampudia y Jorge Medellín.

Con todo el poder del Estado, como al parecer acostumbra Alejandro Gertz Manero hacer sus venganzas personales, y como quedará evidenciado más adelante con los casos —entre otros— del Conacyt, de la Universidad de las Américas y sobre todo de su familia política (Laura Morán Servín y Alejandra Cuevas Morán), en aquella ocasión también lanzó una persecución incansable contra sus enemigos de Protea. Desde la SSP, Gertz Manero hizo que el caso se judicializara con una rapidez inexplicable y logró —acaso por sus nexos de poder— que un juez girara las respectivas órdenes de aprehensión, las cuales era él, y no el proceso del caso, el que las requería.

Pese a que Alejandro Gertz Manero negó públicamente su intervención como titular de la SSP para que la Interpol fuera tras la captura de Silvia Pinal,[2] ella —en el año 2000— tuvo que salir de la Ciudad de México, escondida en la cajuela de un automóvil, para refugiarse en una casa de Acapulco, de donde posteriormente volaría a Miami, Florida. Allí, en una casa de su hija Alejandra Guzmán, mantuvo un exilio de 11 meses para escapar de la venganza de Gertz Manero o al menos esperar a que se apaciguara.

¿De dónde proviene lo que parece ser un ímpetu rencoroso de Alejandro Gertz Manero? Es un tema escabroso. Como en toda ciencia social, cualquier respuesta a esa interrogante podría ser falible. Sin embargo, a fin de arrojar luz sobre el tema vale la pena explorar los campos de su psicología personal, de los que no existe ningún registro público, porque simplemente así es nuestro sistema mexicano: no plantea la obligación legal, ni siquiera moral, de que los que detentan el poder público demuestren que gozan de una adecuada salud mental.

El riesgo de la psique

No manifestar a sus gobernados o a la masa que representan sus condiciones de salud mental y física es una característica que prevalece en todos los titulares de los tres niveles de gobierno en México. Ni siquiera los presidentes municipales, los que están más abajo en la escala del poder público y político en México, son capaces de explicar —como sucede en otras democracias del mundo— si son aptos o no para el cargo que ocupan. Si eso ocurre en los niveles municipales y estatales, cuanto más en los federales de gobierno, en los que, bajo la etiqueta de “seguridad nacional” se ocultan las afectaciones clínicas y psicológicas que podrían impedir el adecuado desempeño laboral al servicio de los demás.

Predomina la ausencia de un marco jurídico que obligue a los funcionarios —al menos a los del primer nivel— a rendir cuentas de su estado de salud física y mental, y también la propia inercia del régimen político que convenientemente se ha acomodado en esa postura de opacidad. El caso más concreto de la negación a la transición democrática que representa informar a los gobernados sobre el estado de salud de sus gobernantes es el que se protagonizó en la Presidencia de la República el 10 de octubre de 2019.

En esa ocasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en su conferencia mañanera que a su oficina había llegado una solicitud de información, a través del Portal Nacional de Transparencia, en la que se le pedía rendir cuentas de su estado de salud física y psicológica.[3] El presidente anunció dicha petición con sorna. La atribuyó a sus adversarios conservadores, por lo que le dio muy poca importancia. “Estoy al cien”, se limitó a responder sobre su salud, “me dio una gripa, pero ya estoy saliendo”.

La solicitud de información sobre la salud física y psicológica del presidente de México fue presentada por el periodista desplazado Gildo Garza quien, creyendo en el libre ejercicio del periodismo, pidió acceso público a la “constancia médica y psiquiátrica del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con los generales de una institución médica de nivel y sus visibles, tales como: papel membretado, timbrado, del médico o institución médica que expide la constancia con fotografía. La fotografía debe estar cancelada con el sello y la firma del médico que la expide, tiempo que ha sido médico del paciente, dar a conocer el estado de salud local y fecha de la consulta, sello y firma del médico.

”También se solicita un análisis general de orina y de química sanguínea a la fecha actual del mes de octubre [de 2019], así como el dictamen cardiovascular de la persona, especialmente consultando enfermedades coronarias, hipertensión arterial, enfermedades cardiorrespiratorias, cardiopatías, insuficiencia cardiaca, arritmia, enfermedad arterial periférica, cardiopatía congénita y si dentro de su vida ha sufrido de parálisis facial, así como análisis toxicológicos y de enfermedades crónico degenerativas o terminales”.[4]

Lejos de darle la debida atención a la solicitud, el presidente López Obrador rubricó su postura con un risible “imagínense, no se miden”, respuesta que fue lapidaria e hizo que el periodista Gildo Garza fuera objeto de una campaña de burlas y descrédito en las redes sociales, sumada a amenazas de muerte, cuando lo único que deseaba, en ejercicio del periodismo, era “contribuir a la democratización de este país”, como dijo el mismo Gildo Garza en entrevista para este trabajo.

A causa de la campaña de linchamiento que sufrió, Gildo Garza fue obligado a dimitir como director de Atención a Agravios a Periodistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y tuvo —otra vez— que desplazarse de la Ciudad de México para mantener a salvo su vida y la de su familia.

La negativa de informar sobre la condición psicológica para desempeñar el cargo no ha sido exclusiva del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sus antecesores también se rehusaron. Concretamente Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón negaron ese derecho a los mexicanos, argumentando “la inexistencia de un mandato legal por poseer la información motivo de la solicitud que por esta vía se contesta, y en consecuencia, no se cuenta con la misma”.[5]

Y no sólo los presidentes se han valido de ese hueco legal para no rendir cuentas de su estado de salud mental y física. Otros funcionarios de alto nivel a quienes se les ha requerido al respecto han respondido con la misma negativa. Un caso de evidencia es el de Genaro García Luna: de haberse conocido su estado mental se habría evitado la vergüenza nacional de verlo coludido con los grupos del crimen organizado más importantes de México.

Entonces, si los mismos presidentes de México se niegan a transparentar su estado de salud mental y física, ¿qué puede esperarse de otros funcionarios de primer nivel? Nada. Lo mismo. Y en este tenor se encuentra el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien, a pesar de su avanzada edad, cuando la misma ciencia médica afirma que disminuyen las capacidades cognitivas, psicológicas y físicas para el desempeño de actividades normales, no ha querido presentar ningún tipo de información pública al respecto. Por eso es necesario buscar otras fuentes información. Se vale en el periodismo. No todo tiene que estar supeditado a los informes oficiales. Esa es la virtud de la comunicación de masas.

Si bien es cierto que dentro del aparato de gobierno, sobre todo en fuentes abiertas, no existe ningún vestigio que hable sobre los rasgos psicológicos de Alejandro Gertz Manero, dentro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el antes temido Centro Nacional de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y dentro del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) —el sistema de administración de las prisiones federales— sí hay al menos versiones de especialistas en psicología que desentrañan el pensamiento y el proceder del hoy fiscal general de la República. A esas fuentes se ha tenido que recurrir para poder entender de dónde viene su posible ímpetu vengativo.

En consultas por separado, realizadas a tres perfiladores psicológicos del CNI, el OADPRS y el SESNSP, se pudo integrar un solo perfil psicológico que revela la personalidad de Alejandro Gertz Manero, únicamente con la intención de exponer algunos de sus principales rasgos emocionales. Sobre este perfil, debe precisarse que para nada es un estudio concluyente, sino una aproximación a la verdad, toda vez que ninguno de los perfiladores aplicó algún tipo de batería de preguntas directas al fiscal general de la República. La conclusión a la que se llegó en este perfil psicológico de Alejandro Gertz Manero es producto de la observación de su lenguaje no verbal, su lenguaje discursivo, su comportamiento público, su historia personal, sus emociones públicas y manifestaciones de poder, pero sobre todo de versiones obtenidas de personas cercanas al entorno familiar y laboral del funcionario.

Tras establecer que las relaciones familiares y personales de Alejandro Gertz Manero no se encuentran disponibles para la información pública, los tres peritos en psicología —consultados para este trabajo— concluyen que ese esfuerzo “por mantenerlas de esta manera denota cierta inseguridad personal, ya que el mantener oculta su esfera familiar demuestra que no quiere que se conozca su historia y antecedentes, tal vez por alguna situación que le es incómoda o desea mantener una imagen distinta de quien es. De la información obtenida por medio de familiares, ellos mencionan algunos rasgos de personalidad que observan, derivado del trato directo, como son: vengativo, insufrible, astuto, perverso, siniestro, inteligente y prepotente”.[6]

De acuerdo con los perfiladores de este bosquejo, que se aproxima al perfil psicológico de Gertz Manero, el intento por borrar toda historia pública de su persona y su familia no es otra cosa que un signo de debilidad, que siempre trata de disfrazar con frialdad y odio hacia todo lo que le represente una amenaza. Por eso se muestra perverso y con poca capacidad empática. Por eso se le observa como una persona que carece de un sentido de lealtad. Que se maneja en torno a lo que le puede generar una retribución económica o de poder, “estas características se alimentan con base a este narcicismo que expresa de la manera más auténtica. Por ejemplo su posición en torno a sus cargos públicos y a su vez al interior de sus relaciones interpersonales, ambas esferas carecen de apego, busca el poder económico y político sin considerar valores sociales o personales. Su único motor es la ambición económica y es capaz de corromperse él mismo y a otros con tal de lograr esos fines”.[7]

Agregan los peritos en psicología que Alejandro Gertz Manero, “denota poca capacidad empática como persona; es un sujeto con baja capacidad para tolerar la frustración, así como el control de los impulsos, lo que lo lleva a actuar sin compasión por nadie. Su ego debilitado en la infancia necesitaba volverse más fuerte, por lo que recurre al mecanismo de defensa llamado por Freud ‘la transformación en lo contrario’, que consiste en cambiar sentimientos de minusvalía por sentimientos de superioridad”.[8]

En la exploración de la personalidad del fiscal general de la República, los perfiladores psicológicos coinciden en que gran parte de la psique bajo la cual hoy actúa le fue moldeada en el seno familiar. Al contrario de la percepción de algunos miembros de la familia política de su hermano Federico Gertz, quienes refieren una gran empatía de este con su hermano menor, los perfiladores encuentran que, no obstante el gran apego que pudieron tener Alejandro y Federico, también pudo haber existido una rivalidad que sólo nació y se conservó en el hoy fiscal, rivalidad que este nunca manifestó de manera frontal.

“Posiblemente esta rivalidad”, dice el estudio de aproximación psicológica de Gertz Manero, “se origina desde una etapa muy temprana, en la cual él visualiza a su hermano mayor como el ejemplo a seguir. Es por ello que entendemos cómo se originó este sentimiento de rivalidad, y qué consecuencias se pudieron producir a lo largo de la conformación de su personalidad, en donde siempre están presentes los celos.

”Rivalizar con el hermano supone una cierta necesidad de conservar el amor de los padres, para sí mismo, antes que compartirla con el hermano. Siendo Alejandro el menor, posiblemente experimentó envidia por no ser tan querido o tan reconocido como Federico, y este sentimiento lo llevó a distanciarse y generar sentimientos que tienen que ver con la venganza y el rencor. Encontramos, pues, que Alejandro en esta rivalidad fraterna encontró en la venganza la manera de menospreciar a quien le representaba una amenaza para destacar ante la mirada de los padres. Por ejemplo, vemos que cuando las circunstancias se complican para él, se muestra iracundo y denota ese potencial de ejercer el odio hacia quienes lo rodean”.[9]

Bajo este argumento, los peritos consultados estiman que la conformación de ese odio es lo que lleva a Alejandro Gertz Manero a querer eliminar todo aquello que le demuestra su falla; por ejemplo, su hermano “le representaba todo lo que él anhelaba, ya que al ver al hermano mayor con mejores cualidades físicas, tal vez intelectuales, le despertó la necesidad de eliminar esa diferencia de una manera que lo llevaría a él a ocupar el lugar del único y del mejor ante los demás”.[10]

Así —continúa la disertación de los peritos en psicología—, si Alejandro Gertz fue un niño al que sus padres lo hacían menos porque había un hermano mayor con mejores cualidades, su ego pudo verse afectado por la devaluación de su subjetividad, que finalmente es la esencia de cada persona. “Es decir, si este sujeto en su inconsciente tiene la necesidad de querer proteger y amar a su familia, hace lo contrario, destruir y odiar, porque hubo un momento en la infancia en donde se sintió traicionado o vulnerable cuando deseaba demostrarlo, y fue tan lastimado que para defenderse de ese dolor actúa en lo contrario y por eso se proyecta como hostil, frío, prepotente, vengativo, siniestro”.[11]

Por último, se establece que el tipo de personalidades como la de Alejandro Gertz Manero, que obedecen a un cúmulo de sentimientos de inferioridad, siempre tratan de compensarse con el deseo de destacar en todo lo que se hace, tratando de ser en todo el primero. Y Alejandro Gertz fue el primer zar antidrogas de México, el primer político en llegar desde diversos partidos políticos a cargos de importancia nacional, el primer presidente y fundador del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Distrito Federal, el primer titular de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal y —por supuesto— el primer fiscal general de la República.

Bajo estos rasgos psicológicos no es difícil comprender las razones por las que, desde el inicio de su carrera en el servicio público hasta el cierre de este trabajo, Alejandro Gertz Manero se ha mostrado siempre como una persona que se comporta de manera vengativa e intolerante frente a sus enemigos. No olvida los agravios. Él no tiene adversarios, sólo enemigos, a los que —como si se tratara de un depredador— siempre aguarda, los acecha a la espera de contar con todas las condiciones de ventaja a su favor para lanzar el ataque.

La venganza contra los Alemán

Un claro ejemplo de que Alejandro Gertz nunca olvida los agravios es la orden de aprehensión que en julio de 2021 la FGR solicitó y obtuvo de un juez para perseguir judicialmente a Miguel Alemán Magnani, nieto del ex presidente Miguel Alemán Valdés. Este último, como secretario de Gobernación durante la administración de Manuel Ávila Camacho, persiguió y acusó de espionaje nazi a Cornelius B. Gertz y a José Cornelio Gertz Fernández, abuelo y padre, respectivamente, del fiscal.

En este caso, Alejandro Gertz Manero tuvo que esperar pacientemente 79 años, hasta que llegó a la Fiscalía General de la República, para satisfacer su necesidad de venganza. Tenía apenas tres años de edad cuando su padre y su abuelo sufrieron aquella persecución. No iba a dejar impune el agravio de Miguel Alemán Valdés, persiguiendo ahora a su hijo y nieto… En efecto, en esta venganza, el fiscal no iba nada más por Miguel Alemán Magnani, sino que también pretendió ir contra Miguel Alemán Velasco. Sólo que el juez que conoció la causa consideró que el único responsable del ilícito reclamado por la FGR era el nieto de Miguel Alemán Valdés y no su hijo.

Para lograr la persecución de la descendencia directa del que a su vez persiguió a su abuelo y a su padre, Alejandro Gertz Manero se valió de una “denuncia ciudadana”, por parte de un supuesto trabajador de la empresa ABC Aerolíneas, controladora de la línea Interjet. En ella se señala que entre 2018 y la fecha de la denuncia (septiembre de 2020) la empresa citada no había enterado a la autoridad fiscal la retención del impuesto sobre la renta (ISR) por el pago de salarios a sus empleados. El monto de lo retenido, que presuntamente no fue declarado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se estimó en 66 millones 285 mil 195 pesos, por lo que se configuró el delito de defraudación fiscal.

Con esos elementos la FGR, de manera expedita, solicitó a un juez la orden de aprehensión en contra de Miguel Alemán Velasco y de su hijo Miguel Alemán Magnani, presidente y vicepresidente respectivamente de la empresa ABC Aerolíneas, pero el juez sólo giró la orden de aprehensión en contra de Miguel Alemán Magnani. Aunque es cierto que Interjet, de los Alemán, ya iba en picada por los más de 2 mil 500 millones de pesos que mantenía en adeudos, por pagos no declarados de impuesto al valor agregado (IVA) que desde 2013 el gobierno de Enrique Peña Nieto le toleró, también resulta que la quiebra de esa aerolínea finalmente fue apuntillada por el fiscal Gertz Manero quien, no conforme con la quiebra de la empresa, cercó a su enemigo generacional al lograr de la Interpol una ficha roja para que lo detuvieran en cualquier parte del mundo.

Ante la poderosa persecución, Miguel Alemán Magnani tuvo que huir de México. Se refugió en Francia, aprovechando su nacionalidad gala, y solicitó la protección del gobierno de aquel país con el argumento de ser ciudadano francés. Por esa razón, aun cuando México tiene un tratado de extradición con Francia, la FGR —hasta el cierre de este trabajo— no había conseguido la repatriación del acusado y, a lo mucho, seguía esforzándose por enterar a las autoridades de aquel país sobre los ilícitos cometidos por Alemán Magnani en México, a fin de que el gobierno francés le abriera allá un proceso penal y pudiera juzgarlo sin la severidad de la venganza.

¿Pero en realidad fue un acto de venganza la orden de aprehensión que obtuvo el fiscal Gertz Manero contra Miguel Alemán Magnani? ¿O sólo se trató de una acción normal de procuración de justicia tras el ilícito cometido por este empresario? Juzgue por sí mismo el lector: en una respuesta de información pública emitida por la FGR, el 8 de septiembre de 2021, se señala que entre el 18 de enero de 2019 y el 27 de julio de 2021[12] esa dependencia decidió no dar seguimiento, entre otras, a por lo menos 204 carpetas de investigación que se integraron bajo supuestos delitos de defraudación fiscal.

Muchas de esas carpetas que no se judicializaron por instrucción directa del fiscal Alejandro Gertz Manero fueron contra empresarios que, al igual que Miguel Alemán Magnani, no reportaron ante la autoridad fiscal la retención del impuesto sobre la renta derivado del pago de salarios a sus trabajadores. Pero únicamente contra el nieto del ex presidente Miguel Alemán Valdés sí aplicó la debida procuración de justicia.

De esas 204 carpetas de investigación que no se judicializaron con el favor del fiscal, una fue de Aguascalientes, 15 de Baja California, cuatro de Chiapas, 14 de Chihuahua, 16 de la Ciudad de México, cuatro de Coahuila, dos de Colima, 13 de Durango, 15 del Estado de México, dos de Guanajuato, tres de Guerrero, tres de Hidalgo, nueve de Jalisco, 12 de Nuevo León, 11 de Oaxaca, cinco de Puebla, cuatro de Querétaro, tres de Quintana Roo, cuatro de San Luis Potosí, 12 de Sinaloa, 20 de Sonora, tres de Tabasco, ocho de Tamaulipas, cinco de Tlaxcala, ocho de Veracruz, una de Yucatán y siete de Zacatecas.

La postura facciosa del fiscal Alejandro Gertz Manero para perseguir o no —siempre a voluntad— los delitos cometidos contra el marco jurídico nacional no dista en nada de la actuación omisa de otros funcionarios que estuvieron al frente de la PGR. Basta con revisar las estadísticas oficiales que la propia Fiscalía General de la República dio a conocer para la elaboración de este trabajo, donde se señala que, sólo en los periodos en que Jesús Murillo Karam, Arely Gómez González, Raúl Cervantes Andrade y Alberto Elías Beltrán encabezaron la PGR, en la segunda mitad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se dejó sin judicializar un total de 130 mil 690 delitos contenidos en igual cantidad de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación.

Esta cifra de delitos denunciados y que deliberadamente no fueron perseguidos por la PGR no es muy diferente de la cantidad de ilícitos que ha dejado de perseguir la Fiscalía General de la República, bajo el encargo de Alejandro Gertz Manero, los cuales —en cifras oficiales de la FGR— ya suman, nada más en sus primeros tres años de gestión, un total de 117 mil 234 antijurídicos contenidos en igual cantidad de carpetas de investigación43 que se han dejado de lado simplemente porque así lo permite la legislación establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

De enero de 2015 a enero de 2019, antes de que Alejandro Gertz fuera encumbrado como titular de la nueva Fiscalía General de la República, sus antecesores al frente de la procuración federal de justicia dejaron en el olvido 23 mil 358 averiguaciones previas, bajo la facultad de abstenerse de investigar; 32 mil 629 carpetas de investigación se enviaron al archivo temporal; sobre otras 70 mil 746 carpetas de averiguación se acordó el no ejercicio de la acción penal, y en 3 mil 957 carpetas no se especifica la razón de la no judicialización, pero allí entra el llamado “criterio de oportunidad”, otra forma de utilizar a los “testigos protegidos”.

Ya con Alejandro Gertz Manero como cabeza de la procuración de justicia, la FGR ha mantenido casi esa misma tendencia de omisión en la persecución de los delitos federales; si acaso, hay una variación a la baja de apenas 10 por ciento. En los primeros tres años de este gobierno, el de la Cuarta Transformación, el que ha abanderado la causa popular de la aplicación estricta de la justicia en forma imparcial y sin miramientos, se han dejado de perseguir 26 mil 187 delitos contenidos en igual número de carpetas de investigación, bajo la facultad de abstención del Ministerio Público en la investigación; se han archivado otras 21 mil 553 carpetas de investigación, mientras que 65 mil 947 carpetas no se han judicializado por considerarse que no procede el ejercicio de la acción penal; además, otras 3 mil 547 carpetas de investigación no se han llevado ante un juez por razones no especificadas, en donde se encuentra también el “criterio de oportunidad”.

Así, con su propio criterio de oportunidad se ha manejado Alejandro Gertz Manero en todos sus cargos públicos. Es palpable que siempre ha utilizado la oportunidad a su favor, a veces para encarnar venganzas personales desde el poder, a veces nada más para mantenerse a salvo de las circunstancias que amenazan con alejarlo del poder. Cuando el rival es más débil que él, no tiene piedad. Se lanza. Ataca. Cuando se ha enfrentado a adversarios poderosos, sólo acecha, a la espera de un mejor momento.

El rencor contra Medina-Mora

Este último podría ser el caso de la confrontación que Alejandro Gertz Manero mantuvo con Eduardo Medina-Mora Icaza, cuando el hoy fiscal —siendo el comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP) en 2003, en la administración de Vicente Fox— desarticuló una red de negocios sucios dentro de esa corporación. Encabezaban la red Genaro García Luna y Wilfrido Robledo Madrid, quienes operaban bajo la instrucción de Eduardo Medina-Mora Icaza, entonces (2000-2005) director del Cisen y uno de los pocos hombres a los que escuchaba el presidente Fox.

Pese a que la desarticulación de esa red pudo deberse al convencimiento personal de Gertz Manero de atacar la corrupción, no queda de lado la rivalidad que ya desde entonces mantenía con Genaro García Luna, quien, como responsable de la Agencia Federal de Investigación (AFI) de la PGR, representaba una amenaza para la carrera de Gertz Manero, no sólo porque García Luna tenía mejores relaciones personales con el presidente Vicente Fox, sino porque el titular de la AFI ya aspiraba a ser comisionado de la PFP. Aunado a ello, García Luna era también uno de los hombres fuertes del grupo político de Eduardo Medina-Mora Icaza, y este siempre se opuso a que Gertz Manero formara parte del gabinete del presidente Fox bajo la denostación de ser un nazi.

La rivalidad entre Gertz Manero y Eduardo Medina-Mora se acrecentó desde el momento en que el presidente Fox designó al primero al frente de la PFP. Gertz Manero llegó en suplencia de Wilfrido Robledo Madrid, un incondicional de Medina-Mora y tutor en el espionaje de Genaro García Luna.[13] Como comisionado de la PFP, Wilfrido Robledo había convertido a dicha institución en un gran centro de negocios con los que se beneficiaba a Medina-Mora, desde el Cisen, y García Luna, ya al frente de la AFI de la PGR. Entre lo más rentable de esos negocios estaban las adquisiciones que hacía la PFP en relación con la compra de uniformes, calzado, armas, vehículos y equipos de espionaje para la funcionalidad tanto de la tropa policial como de las labores de inteligencia.

A su arribo como responsable de la PFP, Alejandro Gertz Manero encontró irregularidades de compras que favorecían a Genaro García Luna y a Wilfrido Robledo Madrid, los dos protegidos de Eduardo Medina-Mora. Gertz no lo pensó y ordenó una auditoría interna para conocer el grado de desfalco al que su antecesor llevó a la PFP. Los trabajos fueron encomendados a uno de los pocos hombres de confianza que se le conocen a Gertz Manero: Nicolás Suárez Valenzuela, quien ya había colaborado como asesor de Gertz cuando este fue secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Las pesquisas de Nicolás Suárez Valenzuela revelaron la compra irregular de 12 aeronaves: nueve helicópteros del tipo S-70A y UH60L o Black Hawk, y tres aviones de los modelos Gruman II, Falcon y Caza, se habían adquirido en un precio total de 320 millones de pesos. Las 12 aeronaves eran usadas, algunas con hasta mil 200 horas de vuelo; aun así, se hicieron pasar como unidades nuevas. Además, las aeronaves se compraron a particulares en México, Estados Unidos y Francia, cuando la PFP tenía convenios para el suministro de estas unidades con las empresas Bell Helicopter, de Estados Unidos, y Eurocopter, de Alemania.

También se encontró que, en la adjudicación directa de los contratos de compra que orquestaron García Luna, Eduardo Medina-Mora y Wilfrido Robledo, todos los involucrados en la red de negocios obtuvieron una utilidad de por lo menos 64 millones de pesos, al lograr precios de descuento para cada aeronave de hasta un 20 por ciento, dadas sus condiciones de uso.

Con esos elementos, Gertz Manero integró el expediente ER52/2001, dentro del Órgano Interno de Control de la PFP,[14] con el que también se dio parte a la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), a efecto de que iniciara la investigación correspondiente contra Genaro García Luna, Wilfrido Robledo Madrid y otros 21 funcionarios de la PFP, a los que solamente se les reclamó un daño al erario por la cantidad de 11 millones 693 mil 145 pesos. Entre los acusados por Gertz Manero también estaban Juan Antonio Reyna Caballero, María del Refugio Peñuelas Armenta, Jaime Enrique Martínez Torres, José Antonio Arenas Villanueva, José Luis Morales Hernández, Gabriel Antonio Novoa Fernández, Faustino Vicente Ruiz Taviel de Andrade, José Patricio Patiño Arias, Mario Alberto Páez Bernal, César Vélez Andrade, José Luis Carbajal y Vergara, Joel Cano García, Pedro de Jesús Pastor Herrera, Fernando López Martínez, Óscar Ochoa, Armando Rafael Leobardo Abaroa Madruga, Juan Carlos Alvarado Montagner, Vicente Ernesto Pérez Mendoza, Antonio del Río Soto, Luis García Espino y Jorge Vergara Berdejo.

El acto de Gertz Manero claro que causó molestia en Eduardo Medina-Mora, quien además de intervenir ante el presidente Fox para que aquel expediente fuera desechado y dejar a salvo a sus protegidos Genaro García Luna y Wilfrido Robledo, también comenzó a operar para que a Gertz Manero se le retirara del gabinete de seguridad del presidente Vicente Fox. Lo primero que surtió efecto en las gestiones de Eduardo Medina-Mora ante el presidente Fox fue que dentro de las sanciones por corrupción que corrieron a cargo de la Secodam quedara a salvo su protegido Genaro García. A él se le exoneró de toda responsabilidad. A Wilfrido Robledo no se le pudo salvar de sanciones porque Gertz Manero focalizó sus esfuerzos para que eso no sucediera.

En el dictamen final de la Secodam sólo se determinó responsabilidad administrativa para nueve de los 23 señalados de corrupción. Esto fue porque el encargado de la Secodam para dar seguimiento al caso fue Roberto Muñoz Leos, hermano de Raúl Muñoz Leos, quien en ese entonces era director general del Pemex y amigo personal tanto de Eduardo Medina-Mora como de Genaro García Luna.

En el dictamen final de sanciones que dio a conocer la Secodam contra los funcionarios que “autorizaron la adjudicación directa de diversos contratos, sin fundamento ni motivación y realizaron pagos improcedentes”, que inició el 25 de marzo de 2001 y concluyó el 7 de enero de 2002, sólo se señaló como responsables a Juan Antonio Reyna Caballero, José Antonio Arenas Villanueva, Gabriel Antonio Novoa Fernández, José Patricio Patiño Arias, Óscar Ochoa, Juan Carlos Alvarado Montagner, Vicente Ernesto Pérez Mendoza, Antonio del Río Soto y Wilfrido Robledo Madrid.

A este último se le sancionó con la inhabilitación para todo cargo público por un periodo de tres años, porque, como “comisionado de la PFP, suscribió indebidamente nueve contratos para la adquisición de aeronaves, los cuales fueron adjudicados de manera directa, sin fundamento ni motivo”.[15]

Los funcionarios absueltos de este caso fueron Genaro García Luna, María del Refugio Peñuelas Armenta, Jaime Enrique Martínez Torres, José Luis Morales Hernández, Faustino Vicente Ruiz Taviel de Andrade, Mario Alberto Páez Bernal, César Vélez Andrade, José Luis Carbajal y Vergara, Joel Cano García, Pedro de Jesús Pastor Herrera, Fernando López Martínez, Armando Rafael Leobardo Abaroa Madruga, Luis García Espino y Jorge Vergara Berdejo, todos muy cercanos a Eduardo Medina-Mora.

Tanto la persecución que llevó a cabo Alejandro Gertz de los funcionarios corruptos dentro de la PFP como la defensa que hizo de ellos Eduardo Medina-Mora ante el presidente Fox fueron agravios que ninguno de ellos dos olvidaron. Al tiempo, Eduardo Medina-Mora parecía ganar la partida al conseguir que el presidente Vicente Fox destituyera a Alejandro Gertz de la PFP y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para colocar en su lugar a Ramón Martín Huerta, quien, tras su muerte accidental (el 21 de septiembre de 2005), fue remplazado por Eduardo Medina-Mora.

Como secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina-Mora, en aras de cobrar un agravio no olvidado, no escatimó esfuerzos para hurgar en los anales financieros en busca de posibles malos manejos ejecutados por Alejandro Gertz Manero. No encontró nada grave. A lo mucho, halló algunas irregularidades de corte administrativo que no pudieron llevar al enjuiciamiento penal de Gertz Manero.

Por su parte, el hoy fiscal, ante la embestida de Eduardo Medina-Mora, se limitó a hacer lo que mejor sabe cuándo está en desventaja: sin cargo público que lo respaldara y sin ninguna protección presidencial, se mantuvo agazapado. Soportó la tempestad. La venganza llegó 15 años después. Apenas Alejandro Gertz Manero fue designado fiscal general de la República, con todo el poder del Estado, comenzó a hurgar en el pasado de Eduardo Medina-Mora. Lo que encontró bien habría podido plasmarlo en una carpeta de investigación que sin demora habría sido judicializada. Pero su venganza fue reprimida. Hubo fuerzas políticas externas que se lo impidieron; por un lado el presidente Andrés Manuel López Obrador no permitió que se llevara a juicio penal a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ), para no desacreditar al Poder Judicial. Por otra parte, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, abogó también por mantener en la honorabilidad la reputación de la Suprema Corte.

Hay que recordar que Eduardo Medina-Mora, quien fue procurador general de la República del 7 de diciembre de 2006 al 7 de septiembre de 2009, en el gobierno del presidente Felipe Calderón, y después embajador de México en Reino Unido, y a la postre —ya en la administración de Enrique Peña Nieto— embajador en Estados Unidos, fue designado como ministro de la SCJN el 10 de marzo de 2015, a propuesta de Enrique Peña Nieto, y permaneció en el cargo hasta el 3 de octubre de 2019, fecha en la que tuvo que renunciar a cambio de no ser procesado penalmente, esto tras un acuerdo establecido entre los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial.

¿Qué fue lo que Alejandro Gertz Manero encontró en el pasado de Eduardo Medina-Mora que no quiso plasmar en una carpeta de investigación? ¿Y por qué no se le sometió a juicio? Las respuestas oficiales serán parte de los secretos de Estado que se llevará el gobierno de la Cuarta Transformación. No obstante, por fuentes extraoficiales en el interior de la FGR se sabe que lo que Gertz Manero descubrió —lo cual a final de cuentas es una omisión en la aplicación de la justicia y constituye al menos el delito de encubrimiento— fue una relación de complicidad de Eduardo Medina-Mora con miembros del crimen organizado… al parecer los mismos grupos con que estuvo relacionado el general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional (Sedena) en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Aun cuando oficialmente la FGR ha respondido —a una solicitud de información pública— que en poder de esa dependencia no obran “registros de denuncias, averiguaciones previas y carpetas de investigación”[16] en contra de Eduardo Medina-Mora Icaza, contradictoriamente en la misma respuesta se reconoce que la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción sí cuenta con información vinculada al ex ministro Medina-Mora y que dicha información “forma parte de las carpetas de investigación a cargo de esa Fiscalía, las cuales tienen el carácter de reservadas”.[17]

Pero más allá de la postura oficial que asumió la FGR sobre el caso, a fin de que las relaciones de corrupción de Eduardo Medina-Mora no afectaran la de por sí deteriorada imagen del Poder Judicial, destaca lo que refieren fuentes extraoficiales del interior de la FGR, que coinciden en señalar —con base en las investigaciones del fiscal Gertz Manero— que Eduardo Medina-Mora, en su calidad de procurador general de la República durante la administración del presidente Felipe Calderón, también brindó protección a miembros de los cárteles de Sinaloa y de los Hermanos Beltrán Leyva, como parte de la red criminal que estableció con ellos el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

En ese sentido, Medina-Mora sería la principal cabeza de la red de informantes dentro de la PGR que colaboró con el Cártel de los Beltrán Leyva, la misma red de la que alertó el gobierno de Estados Unidos, y que para darle una salida el gobierno de Felipe Calderón la sesgó, culpando a un grupo de 25 funcionarios de segundo y tercer nivel y a algunos agentes operativos de la PGR que nada tenían que ver. La Operación Limpieza le fue encomendada al propio Eduardo Medina-Mora, por cuya instrucción fueron procesados, aunque finalmente absueltos, la mayoría de los inculpados.

De acuerdo con las fuentes extraoficiales de la FGR, también se asocia a Eduardo Medina-Mora con la expansión y operatividad del llamado Cártel H2, que fue comandado por Francisco Patrón Sánchez, al que se le ligó en una investigación penal en Estados Unidos con el general Salvador Cienfuegos Zepeda. Según esas fuentes extraoficiales —que hablaron fuera de grabación para este trabajo—, Eduardo Medina-Mora filtraba información, a la par que lo hacía Genaro García Luna, a los jefes de los cárteles de Sinaloa y Beltrán Leyva, asociados con el régimen de Felipe Calderón, a fin de que pudieran evadir las acciones de combate al narcotráfico que algunos elementos de tropa de la Secretaría de la Defensa Nacional sí creyeron que iban en serio y actuaron de manera frontal contra la delincuencia organizada. Esas filtraciones de información causaron decenas de muertes de soldados.

En efecto, no debe olvidarse que sólo en el periodo de gestión de Eduardo Medina-Mora al frente de la entonces PGR, de diciembre de 2006 a septiembre de 2009, cuando desde su despacho se alertaba a diversas células criminales sobre los operativos de combate al narco, las fuerzas del crimen organizado asesinaron a por lo menos 116 soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional.[18] De ellos, 37 elementos fueron abatidos en combates frontales registrados en 2007; otros 53 en 2008 y 26 en 2009.

Hay más. El fiscal Alejandro Gertz también encontró que Eduardo Medina-Mora era parte de una red de lavado de dinero; con base en reportes de la National Crime Agency (NCA) de Reino Unido, la FGR estableció que en una cuenta bancaria de HSBC, manejada por Eduardo Medina-Mora, se habían hecho depósitos por 2 millones 382 mil 526 libras esterlinas, equivalentes a 66 millones 120 mil 697 pesos, que evidentemente era una cantidad muy superior a la que pudo haber obtenido de su salario como embajador de México en Reino Unido. De igual forma se encontró, con el apoyo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que cuando Eduardo Medina-Mora fue embajador de México en Washington recibió transferencias, también en una cuenta de HSBC, por la suma de 2 millones 130 mil dólares, equivalentes a 43 millones 609 mil 407 pesos.

Ante la imposibilidad de poder demostrar la licitud de esos depósitos bancarios, y ante la amenaza de tener que rendir cuentas ante la justicia, por ello y por su relación con grupos del crimen organizado, Eduardo Medina-Mora se vio orillado por el fiscal Alejandro Gertz Manero a renunciar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo al que había llegado con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto el 10 de marzo de 2015. Presentó su renuncia,[19] sin mayor explicación, al presidente Andrés Manuel López Obrador el día 3 de octubre de 2019. Así se saldó el agravio. Así se rubricó la presunta venganza de Gertz Manero contra Medina-Mora porque este osó buscar desacreditarlo durante su gestión como secretario de Seguridad Pública y comisionado de la PFP.

Pero el gobierno federal de la Cuarta Transformación ha sido tan cuidadoso de no reconocer ningún tipo de animadversión —mucho menos del fiscal Gertz Manero— en la renuncia de Eduardo Medina-Mora, que hasta oficialmente se ha desligado de tener siquiera en sus archivos el documento físico de la renuncia del ministro. Recién ocurridos los hechos, se solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob), a través del Portal Nacional de Transparencia, una copia del documento de renuncia de Eduardo Medina-Mora, pero la dependencia respondió con una negativa: “Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y razonable de lo solicitado, no se localizó expresión documental relativa a la petición”.[20]

Aun cuando la renuncia de Eduardo Medina-Mora pudo haber significado un logro para el ego de Alejandro Gertz Manero, y el saldo favorable de aquella añeja disputa, al parecer no fue así del todo. Todavía faltaba la revancha contra su otro enemigo, que también trató de desacreditarlo durante la administración de Vicente Fox: Genaro García Luna, sobre el cual había mucha tela de donde cortar. Incluso, una fuente de la FGR refiere un acuerdo de Gertz con el presidente López Obrador; “Él dio luz verde para llevar a cabo la investigación sobre Genaro García Luna”, dadas las evidencias de los muchos manejos financieros que pudo documentar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, a cargo entonces de Santiago Nieto Castillo.

De modo que, apenas Alejandro Gertz asumió la titularidad de la Fiscalía General de la República, buscó a toda costa sumar los elementos probatorios necesarios para llevar a juicio a Genaro García Luna, aparentemente movido más por la venganza que por el interés de la debida procuración de justicia. La intención era —al menos— procesarlo por delitos de corrupción, para dejar intocada la honorabilidad de las instituciones públicas que encabezó. Pero Gertz se encontró con que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya tenía una investigación más avanzada, con mayores elementos de prueba y hasta testimonios que no se limitaban al ámbito financiero, sino que hablaban de actos criminales en el mundo de las drogas. Por eso se acordó con el presidente que la FGR sólo colaboraría aportando elementos complementarios que ayudaran a fundar la causa penal de aquella investigación que ya se cocinaba en Estados Unidos.

Para lograr el cometido —de aportar elementos de prueba a la causa criminal que la DEA le seguía a Genaro García Luna en Estados Unidos—, el fiscal Gertz Manero se valió de una estrategia cuestionable pero de buenos resultados: ubicó a ex colaboradores de García Luna, aquellos que habían trabajado muy de cerca con él, y les propuso un acuerdo de impunidad a cambio de información, la cual sería entregada a la DEA. Esto sucedió aun antes de que se emitiera la orden de aprehensión contra García Luna en Estados Unidos, la que habría de cumplimentarse el 10 de diciembre de 2019.

Entre febrero y agosto de 2019, el propio Gertz Manero entabló diálogos con al menos siete ex colaboradores de García Luna, quienes aceptaron ayudar extraoficialmente en la aportación de pruebas para integrar un proceso contra Genaro García Luna. A esos ex colaboradores de García Luna que ya trabajaban en la PGR se les permitió permanecer en sus cargos cuando se creó la FGR; a otros se les invitó a sumarse al equipo de Gertz Manero a cambio de sus aportaciones de información.

Por eso se entiende que, aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado una postura pública de no permitir en cargos dentro del gobierno de la Cuarta Transformación a ninguno de los colaboradores más cercanos de García Luna, al cierre de este trabajo todavía eran muchos de los marcados con el signo de la corrupción que permanecían en cargos de la administración federal, sobre todo en dependencias como la FGR, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana e incluso la Secretaría de la Defensa Nacional.

Entre los ex colaboradores de García Luna de los que se valió el fiscal Gertz Manero para cometer su venganza, que a la luz de la historia se observa como un acto justo, se encuentran Antonio Pérez García, quien fue invitado a colaborar dentro de la FGR como director de la Policía Federal Ministerial (PFM); Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, quien fue incorporado a la FGR como coordinador de Métodos de Investigación, y Jorge Domínguez Martínez Vértiz, que fue llamado a ser el director de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol.

Los funcionarios que fueron colaboradores de Genaro García Luna y a quienes recompensó el fiscal Alejandro Gertz Manero, manteniéndolos dentro de la estructura operativa de la FGR a cambio de sus aportes informativos, son Mario Romero Valdez, analista de la PFM; José Roberto Aragón García, jefe de departamento de Investigación de Delitos en la PFM; Luis Romero García, director de área en el Departamento de Asuntos Internos, y Martín Armendáriz Chaparro, inspector en la PFM.

Con los aportes de información de estos ex colaboradores de Genaro García Luna la FGR pudo establecer un importante nexo de colaboración con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sobre el cual se trabajó entre agosto y noviembre de 2019, hasta que el caso fue sólido y se logró que un juez federal de la Corte de Estados Unidos dictara la orden de aprehensión contra García Luna, la cual, tras cumplimentarse —a sólo 11 meses de la llegada de Gertz a la Fiscalía—, mantiene en vilo al ex secretario de Seguridad Pública de México.

No conforme con ello, y posiblemente previendo el escenario de que Genaro García Luna quedara en libertad tras el juicio programado para iniciar el 24 de octubre de 2022, Alejandro Gertz Manero se ha asegurado de que, al menos durante su gestión como fiscal general de la República, el gobierno mexicano pueda reclamar al ex secretario para ser juzgado en México. Por ello, la FGR mantiene a la espera la ejecución de una orden de aprehensión contra García Luna, bajo la acusación de haber permitido el ingreso de armas ilegales a suelo mexicano como encargado de la seguridad pública de México, en actos que sucedieron dentro del operativo Rápido y Furioso...

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[1] DeclaraNet, página oficial, declaración de Alejandro Gertz Manero, 30 de enero de 2019.

[2] Emilio Morales Valentín, El Universal, “¿Soy secretario de Protea? Dice Alejandro Gertz”, Ciudad de México, 15 de mayo de 2000.

[3] Gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador, versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina, 10 de octubre de 2019, disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-de-laconferencia-de-prensa-matutina-jueves-10-de-octubre-2019?idiom=es

[4] Ídem.

[5] Presidencia de la República, Manuel Martínez Cevallos, respuesta a la Solicitud de Información núm. 0210000170813, México, Distrito Federal, 4 de noviembre de 2013.

[6] Peritaje de Psicología, Aproximación al Perfil Psicológico de Alejandro Gertz Manero, 25 de marzo de 2021. Documento de elaboración propia, ex profeso para esta investigación.

[7] Ídem.

[8] Ídem.

[9] Ídem.

[10] Ídem.

[11] Ídem.

[12] Fiscalía General de la República, respuesta a la Solicitud de Información núm. 0001700234921, Ciudad de México, 8 de septiembre de 2021.

[13] J. Jesús Lemus, El Licenciado, HarperCollins México, 2020.

[14] Policía Federal Preventiva, Órgano Interno de Control, expediente ER52/2001, Ciudad de México, 25 de febrero de 2003.

[15] Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, comunicado de prensa núm. 182/2002, México, Distrito Federal, 28 de abril de 2002.

[16] Fiscalía General de la República, respuesta a la Solicitud de Información núm. 0001700505219, Ciudad de México, 26 de noviembre de 2019.

[17] Ídem.

[18] Secretaría de la Defensa Nacional, respuesta a la Solicitud de Información núm. 0000700106309, Lomas de Sotelo, Distrito Federal, 24 de julio de 2009.

[19] Eduardo Medina-Mora Icaza, Renuncia al Cargo de Ministro de la SCJN, Ciudad de México, 3 de octubre de 2019.

[20] Secretaría de Gobernación, respuesta a la Solicitud de Información núm. 0000400348019, Ciudad de México, 16 de octubre de 2019.