OPINIÓN: Ovidio Guzmán, un factor que puede contribuir a mejorar las relaciones de seguridad México-EE.UU
De cara a la Cumbre de Líderes de América del Norte, a celebrarse en la Ciudad de México la semana entrante, inmejorable panorama de seguridad podría presentar el presidente Andrés Manuel López Obrador a sus homólogos Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá:
La reaprehensión de Ovidio Guzmán López, el heredero de la fracción del cartel de las drogas que comandaba Joaquín “El Chapo” Guzmán, dará la certeza, ante la visita a México de Joe Biden y Justin Trudeau, de que en México se avanza en serio en el combate al narcotráfico, y así se contribuye a la seguridad regional.
El principal heredero de “El Chapo” Guzmán, el también narcotraficante Ovidio Guzmán López, conocido como “El Ratón”, fue reaprehendido al amanecer de este jueves 5 de enero, tras un operativo de las fuerzas federales, el que –se sabe de forma extraoficial- habría sido coordinado con funcionarios de seguridad del gobierno de Estados Unidos.
De acuerdo a la versión oficial, emitida por el secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), General Luis Crescencio Sandoval, la acción de localización y captura de Ovidio Guzmán, se llevó a cabo solo con la participación de elementos de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (SEMAR), de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPyPC), del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Fiscalía General de la República (FGR).
En la postura oficial del gobierno mexicano, sobre la captura de Ovidio Guzmán, no se dijo sobre la participación de funcionarios de seguridad del gobierno de Estados Unidos, tal como sucedió durante el que también fue calificado de operativo exitoso, para lograr la detención del narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien fuera detenido el pasado 15 de julio del 2022.
Sin embargo, en el caso de Rafael Caro Quintero, objetivo prioritario de captura para el gobierno de Estados Unidos, la participación de agentes de seguridad de diversas agencias norteamericanas se dio a conocer en forma posterior, una vez que el gobierno mexicano se había atribuido la captura de Caro Quintero como un logro exclusivo del trabajo de inteligencia del gobierno mexicano.
De la misma forma que cuando se dio la detención de Rafael Caro Quintero, este mismo jueves el gobierno federal mexicano, en la personal del General Luis Crescencio Sandoval, reconoció como un logro exclusivo del trabajo de inteligencia del gobierno mexicano la captura de Ovidio Guzmán, el que era buscado también por el gobierno Estados Unidos bajo la consigna de una recompensa de 5 millones de dólares.
Así fue “el culiacanazo”
Sobre Ovidio Guzmán López es necesario recordar que el 17 de octubre del 2019, elementos de las fuerzas federales de seguridad realizaron un operativo en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa. El objetivo era la captura con fines de extradición de Ovidio Guzmán López, quien era y es considerado como uno de los mandos del Cartel de Sinaloa, junto con Ismael Zambada García, después de que Joaquín Guzmán Loera –padre de Ovidio Guzmán- fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua por una corte federal de Estados Unidos.
Previo a la detención de Ovidio Guzmán López, las fuerzas federales de seguridad se enfrentaron con células del Cartel de Sinaloa, con un saldo de 8 personas muertas, según informó en su omento la Secretaría de la Defensa Nacional (SDENA): Las víctimas fueron una persona ajena a los hechos, un elemento de la Guardia Nacional, un interno de la cárcel de Aguaruto y cinco presuntos integrantes de esa organización criminal.
Además, refirió el parte informativo de la SEDENA de entonces, también resultaron 19 militares lesionados, entre ellos un oficial y ocho agentes de la Guardia Nacional, siete soldados, un policía estatal y dos policías municipales.
Al saldo del llamado “culiacanazo” también se agrega el secuestro de 11 personas ligadas a la Secretaría de la Defensa Nacional, entre ellas dos oficiales y nueve elementos de tropa. Además, otras 20 personas, entre ellas familiares de militares, fueron retenidas como rehenes dentro de sus domicilios particulares por parte de elementos de las células del Cartel de Sinaloa, durante los enfrentamientos.
El saldo que refiere la SEDENA sobre los enfrentamientos de Culiacán, durante la primera y fallida captura de Ovidio Guzmán López, difiere con el saldo que reconoce la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, la que -a través de su titular, Cristóbal Castañeda- reconoció que los enfrentamientos del “culiacanazo” habían dejado un total de 13 personas muertas.
Las otras cinco personas fallecidas que se agregan a las que reconoció la SEDENA, corresponden a cinco civiles que fueron encontrados ejecutados en la vía pública, un día después de los sucesos.
Durante el operativo de la primera captura de Ovidio Guzmán, la Fiscalía General de la República (FGR) de Alejandro Gertz Manero, fue totalmente omisa. No solo no asumió públicamente ningún tipo de responsabilidad sobre el fallido operativo, sino que tampoco participó en las acciones de captura de Ovidio Guzmán López, pese a que la FGR tenía la responsabilidad de la detención del narcotraficante, por una sola razón:
A través de los acuerdos internacionales de colaboración que mantiene la FGR con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el gobierno norteamericano le comunicó al fiscal Gertz Manero que el 2 de abril del 2018, una Corte Federal en el estado de Columbia, había girado una orden de aprehensión en contra de Ovidio Guzmán, por los delitos de asociación delictuosa para distribuir drogas.
Posteriormente, el 3 de septiembre del 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó al fiscal Alejandro Gertz Manero las gestiones necesarias ante la justicia mexicana para solicitar a un juez competente una orden de detención provisional con fines de extradición, en contra de Ovidio Guzmán, al que el gobierno norteamericano consideró –y lo sigue considerando- cabeza principal del Cartel de Sinaloa, al haber heredado la estructura criminal que dejó acéfala Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, luego de haber sido juzgado y sentenciado por un Corte Federal del estado de Nueva York.
Sobre la petición de una orden de captura con fines de extracción en contra de Ovidio Guzmán, que le hizo el gobierno de Estados Unidos a la FGR, esta dependencia cumplió: el 25 de septiembre del 2019, personas de la FGR adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, solicitó a un juez la citada orden de detención provisional en contra de Ovidio Guzmán, misma orden que fue otorgada el día de su petición.
Alejandro Gertz, se hizo de la vista gorda
Sin embargo, el fiscal general de justicia, Alejandro Gertz Manero, bajo su criterio, optó por no ejecutar con su personal, la Policía Ministerial Federal, la referida orden de captura. Prefirió ceder su responsabilidad de procuración de justicia a la Secretaría de Seguridad Pública, entonces a cargo de Alfonso Durazo Montaño, para que, a través de la Guardia Nacional, y en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigida por el general Luis Crescencio Sandoval González, hicieran el trabajo de la Fiscalía.
Así, el 4 de octubre del 2019 fue cuando la Fiscalía General de la Republica integró la denuncia de requerimiento por parte del gobierno de Estados Unidos. El 7 de octubre un agente del Ministerio Público Federal giró un oficio de investigación sobre Ovidio Guzmán a la Guardia Nacional.
Ese mismo 7 de octubre personal de la Guardia Nacional inició las investigaciones sobre Ovidio Guzmán, “El Ratón”, bajo la acusación de Delincuencia Organizada con la finalidad de acopio y tráfico de armas, secuestro, cobro de piso y delitos contra la salud.
Las pesquisas de la Guardia Nacional, que no de la FGR como debería corresponder, ubicaron tres posibles lugares en donde podría ser capturado Ovidio. Entre esos domicilios, se ubicó el de José Muro Pico No. 2403, del fraccionamiento Tres Ríos, en Culiacán, en donde finalmente habría de ser detenido y liberado.
Ya con Ovidio Guzmán plenamente ubicado para su captura, personal de la Guardia Nacional a cargo de las investigaciones, giró un oficio-solicitud de colaboración al alto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, esto el 8 de octubre del año de los sucesos. Al día siguiente, el 9 de octubre la Fiscalía General de la República fue informada de la situación previa que existía en los domicilios en donde se encontraba el objetivo.
Otra vez al día siguiente, el 10 de octubre, la misma FGR se limitó a solicitar un informe respecto a las personas y los inmuebles en donde se haría el operativo para la detención de Ovidio Guzmán. Sin dar señales de participación en el operativo que correspondía ejecutar a la FGR, esta dependencia recibió un informe completo, el 11 de octubre, de las personas y armas que había en el domicilio en donde se haría la captura.
Después de eso, no existe información oficial sobre las decisiones que se tomaron dentro de la FGR sobre el operativo ya puesto en marcha. Una fuente al interior de la Fiscalía General de la República refiere que el Fiscal Gertz Manero intentó abandonar el caso y dejarlo “como cosa pendiente”.
Pero fue el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, quien presionó para que el operativo se cumpliera y no se abortara, desechando los recursos empleados en la investigación. Aun así, la Fiscalía General de la República, por instrucciones de Gertz Manero, se mantuvo cinco días sin dar ningún tipo de respuesta a la espera del general Luis Crescencio Sandoval.
Con el operativo en suspenso, para la captura de Ovidio Guzmán y sin señales de respuesta del fiscal Gertz Manero, el secretario general Luis Crescencio Sandoval solicitó la autorización presidencial para avanzar contra el objetivo, aun sin la participación de personal de la FGR.
Finalmente, el presidente López Obrador, la mañana del 17 de octubre del 2019, ordenó a las fuerzas federales que se llevara a cabo la detención del hijo de “El Chapo”, y se puso en marcha el plan de captura, el que se coordinó solo entre los titulares de la SEDENA y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sin la participación del fiscal Alejandro Gertz Manero, del que se sabe solo conoció de las acciones cuando el operativo se ejecutó en su fase final.
Después, lo que ya se sabe: por instrucción presidencial se ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, con la única intención de salvar las vidas de las personas inocentes que fueron tomadas como rehenes por las células del Cartel de Sinaloa.
La teoría del complot
En la vorágine informativa que se ha generado en torno a la detención de Ovidio Guzmán, que es hasta hoy el más importante golpe que asesta el gobierno de la Cuarta Transformación a los grupos del narcotráfico, ha surgido desde adentro de la Secretaría de la Defensa Nacional una teoría del complot.
La teoría refiere que la captura de Ovidio Guzmán, que se puso en marcha desde hace por lo menos seis meses atrás, cuando comenzaron los trabajos de inteligencia para ubicar al detenido –tal como lo confirmó el general Luis Crescencio Sandoval-, hubo un acuerdo entre los mandos conjuntos del operativo, tanto del gobierno mexicano como del estadunidense.
Dicho acuerdo sería para llevar a cabo las acciones de ubicación y captura de Ovidio Guzmán, sin dar a conocer de dicha acción al presidente Andrés Manuel López Obrador, ni al titular de la Fiscalía General de la Republica, Alejandro Gertz Manero, a fin de evitar una orden de cese de los trabajos de investigación o, peor aún, una instrucción de liberación al término del operativo.
Como quiera que sea, la captura de Ovidio Guzmán servirá al presidente López Obrador para demostrar, la semana entrante, la voluntad y determinación del gobierno mexicano, ante los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, para continuar trabajando a favor de la seguridad región, uno de los puntos que se contemplan serán abordados en la próxima Cumbre de los Lideres de América de Norte.
Por lo que hace a Ovidio Guzmán, seguramente en las siguientes horas habrá de presentar un amparo ante la justicia mexicana, para evitar ser entregado en extradición al gobierno de Estados Unidos, en donde es reclamado por el delito de tráfico de drogas y lavado de dinero.
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