Lo que está en juego en el juicio contra Genaro García Luna, acusado de trabajar para el cártel de Sinaloa
A pocos días de iniciado el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, un testigo dejó caer una acusación bomba: Un socio del cártel de Sinaloa declaró que había entregado personalmente maletines llenos de dinero al principal policía contra el narcotráfico de México, millones en sobornos para que el cártel operara con impunidad.
Ahora, el hombre que había sido considerado un arquitecto de la lucha antidroga en México y un socio clave de las fuerzas de seguridad estadounidenses está siendo juzgado en el mismo tribunal federal de Nueva York. Genaro García Luna -director de la versión mexicana del FBI de 2001 a 2006 y ministro de Seguridad Pública de 2006 a 2012- está acusado de conspirar con los delincuentes a los que aparentemente pretendía acabar. La selección del jurado comenzó el martes.
García Luna, de 54 años y detenido en diciembre de 2019, es el funcionario mexicano de más alto rango que enfrenta un juicio en Estados Unidos por cargos de narcotráfico: cuatro cargos de conspiración para traficar cocaína. Es como si el jefe del FBI o de la Agencia Antidrogas fuera acusado de recibir millones en dinero del narcotráfico.
García Luna se reunía con frecuencia con altos funcionarios de seguridad estadounidenses mientras ocupaba el cargo y a menudo se le presentaba como la cara pública de la guerra contra el narcotráfico en México. Pero los fiscales dicen que planean demostrar que el ex jefe de policía de México proporcionó al cártel un paso seguro para sus cargamentos de droga e información sensible sobre investigaciones del cártel o de bandas rivales.
Este es el juicio más importante sobre seguridad nacional y narcotráfico de este siglo, incluso más que el de El Chapo, dijo Rodolfo Soriano Núñez, sociólogo y exprofesor que ha estudiado durante mucho tiempo el uso de la fuerza militar en México.
“Sabíamos que el Chapo era sucio”, dijo Soriano, “pero el Chapo no es más que un campesino de la zona rural de Sinaloa”. García Luna, por el contrario, era un poderoso funcionario público que gozó de la confianza del presidente de México entre 2006 y 2012, Felipe Calderón, quien movilizó al ejército y a la policía federal en lo que se convirtió en una sangrienta batalla de más de una década contra los cárteles de la droga.
“Tiene el potencial de revelar uno de los aspectos clave de la llamada guerra contra las drogas aquí en México”, dijo Soriano, “que es el de los lazos, los vínculos, la conexión entre el poder político y las llamadas bandas de narcotraficantes”.
Lo que está en juego en el juicio
Los testimonios y las pruebas que puedan salir a la luz en el juicio podrían tener consecuencias de gran alcance a ambos lados de la frontera.
Con una carrera que abarca tres décadas, García Luna tiene un profundo conocimiento de la guerra contra el narcotráfico en México y vínculos con las administraciones del país que se remontan a principios de la década de 2000. Y mantuvo una relación especialmente estrecha con la DEA y el FBI desde finales de la segunda administración del presidente George W. Bush hasta la primera del presidente Obama, dijo Guadalupe Correa-Cabrera, profesora de la Universidad George Mason.
Las revelaciones del juicio podrían ser una mancha importante para las administraciones anteriores en México. Para los críticos de la guerra contra las drogas, una condena confirmaría el fracaso del esfuerzo conjunto de EE. UU. y México, que recibió miles de millones de dólares en ayuda estadounidense y fue culpado de fracasar en el intento de evitar decenas de miles de muertes.
“La colaboración no se ha traducido en el desmantelamiento de las redes de narcotráfico”, afirmó Correa-Cabrera. “Hoy, Estados Unidos consume más droga que nunca, y a través de la frontera entra más droga que nunca”.
El juicio podría ejercer una presión adicional sobre la decreciente cooperación en materia de seguridad entre los dos países. Durante los años de Calderón, las agencias de seguridad estadounidenses tenían esencialmente un pase libre para ir a donde quisieran en México, dijo Correa-Cabrera.
“Las agencias entraban hasta la cocina”, dijo Correa-Cabrera, utilizando una expresión mexicana. Señaló que la actual administración mexicana ha cambiado hacia una cooperación más limitada con las agencias de seguridad estadounidenses en territorio mexicano.
Y con las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 a la vista, los expertos dicen que Estados Unidos no tiene mucha influencia para presionar a las autoridades mexicanas a cambiar eso, teniendo en cuenta lo mucho que Washington depende de Ciudad de México para controlar la migración hacia Estados Unidos a través de México.
¿Quién es García Luna?
Como ministro de Seguridad Pública de 2006 a 2012, García Luna es ampliamente considerado como el arquitecto de la controvertida guerra de Calderón contra los cárteles de la droga.
García Luna comenzó su carrera en el Centro Nacional de Inteligencia, equivalente a la CIA en México, en 1989 y se unió a una unidad especial de contraterrorismo. Después de casi una década, se incorporó a la policía federal, y en 2001 el entonces presidente Vicente Fox lo nombró jefe de la nueva Agencia Federal de Investigación.
En la agencia, conocida como la AFI, disuelta desde entonces, García Luna dirigió lo que se consideró una transformación de las fuerzas policiales de México.
En una serie de entrevistas que Correa-Cabrera tuvo con García Luna en 2017 y 2018, éste dijo que la policía judicial federal tenía vínculos con el narcotráfico y que a él le habían dado la responsabilidad de limpiarla.
“La AFI era la promesa de una mejor policía, no vinculada al narcotráfico”, dijo.
El gobierno mexicano comparó entonces la nueva agencia con el FBI. Cuando Calderón asumió la presidencia en 2006, ascendió a García Luna a su Gabinete.
Rumores y pistas frías
Poco después de que Fox asumiera la presidencia en 2000, el gobierno capturó a varios miembros del cártel de Sinaloa. Pero tras ese sprint inicial, las cosas se calmaron. Políticos de la oposición y expertos en seguridad empezaron a preguntarse por qué la caza del escurridizo líder del cártel, El Chapo, parecía haberse enfriado.
La guerra declarada por Calderón a los cárteles de la droga rompió viejas alianzas y empujó a los capos a luchar por el territorio. Hubo detenciones de alto nivel, pero en su mayoría de organizaciones rivales como los Zetas o los Beltrán Leyva. Los rumores de favoritismo gubernamental hacia el cártel de Sinaloa se hicieron más fuertes.
Durante el fragor de la guerra contra el narcotráfico en 2008, los mexicanos de varios estados se despertaron con pancartas, o narcomantas, colgadas de puentes o extendidas en la entrada de una catedral que acusaban a García Luna de proteger a los narcotraficantes.
Una de las afirmaciones más controvertidas apareció en una carta publicada en noviembre de 2012 en las páginas del prestigioso periódico nacional Reforma. Escribiendo desde la cárcel, Édgar “La Barbie” Valdez Villareal, capo del cártel de los Beltrán Leyva, acusó a García Luna y a sus colaboradores más cercanos de recibir dinero del narco desde 2002.
“Puedo dar fe de que ha recibido dinero mío, de grupos del narcotráfico y del crimen organizado”, dijo Valdez, antes de añadir: “Yo puedo ser culpable de muchas cosas, pero ellos, los funcionarios, son parte de la estructura criminal de este país”.
Los funcionarios dijeron que las acusaciones eran un intento de Valdez de obtener privilegios mientras estaba en prisión; García Luna permaneció intacto. (Valdez fue sentenciado en 2018 por un juez estadounidense a 49 años de prisión).
La vida de García Luna en Miami
Cuando el mandato de Calderón terminó en 2012, García Luna cayó fuera del ojo público. Casado y con dos hijos, obtuvo la residencia permanente en Estados Unidos y pronto se convirtió en un invitado habitual en conferencias organizadas por universidades estadounidenses.
Creó una empresa de consultoría de seguridad privada y gestión de riesgos con oficinas en Miami y Ciudad de México. Su clientela incluía gobiernos y empresas extranjeras, y su principal cliente era el gobierno mexicano, dijo su defensa en presentaciones previas al juicio.
En 2018, solicitó la naturalización como ciudadano estadounidense. Antes de su arresto en Miami, vivía en una mansión junto al agua “con un muelle y un barco para su uso”, todo dado a él por sus socios comerciales porque “no tenía riqueza”, escribió la defensa de García Luna en una presentación judicial.
“Como sus socios querían asegurarse de que García Luna siguiera involucrado en su negocio, le proporcionaron un lugar para vivir en Miami”, escribió la defensa.
A Brooklyn
Parece poco probable que el juicio de García Luna -que se espera que dure dos meses- sea tan teatral como el de Guzmán, famoso en todo el mundo por ser un artista de la evasión que eludió el arresto durante mucho tiempo.
Pero los fiscales han telegrafiado en documentos judiciales que esperan presentar numerosos testigos -incluidos antiguos miembros de alto rango del cártel de Sinaloa- para que declaren sobre los sobornos que se acusa a García Luna de aceptar.
El juez accedió a las peticiones de los fiscales de un jurado anónimo y parcialmente aislado, las mismas protecciones que se utilizaron durante el juicio de Guzmán.
Los documentos del caso son voluminosos. El abogado de oficio de García Luna, asignado por el tribunal tras la incautación de los bienes del acusado, se quejó en las primeras comparecencias ante el tribunal de tener que revisar “millones de páginas” de pruebas con escaso apoyo.
De ser declarado culpable, García Luna podría enfrentarse a una pena mínima de unos 20 años y máxima de cadena perpetua.
Otra detención, en el aeropuerto de Los Ángeles
El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha calificado el caso contra García Luna de emblema de la corrupción institucional de sus predecesores, especialmente Calderón, un viejo adversario político.
Sin embargo, López Obrador se enfureció cuando, un año después de la detención de García Luna en Dallas, las autoridades estadounidenses detuvieron a un exsecretario de Defensa mexicano, Salvador Cienfuegos Zepeda, momentos después de que aterrizara con su familia en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.
Al igual que García Luna, Cienfuegos fue acusado de colaborar con cárteles mexicanos de la droga mientras ocupaba el cargo.
López Obrador, enfrentado a una feroz reacción de los militares, denunció los cargos contra Cienfuegos y exigió a Washington que liberara al general retirado. La administración Trump finalmente retiró los cargos y devolvió a Cienfuegos a México, donde quedó libre.
En México, López Obrador -que en su día arremetió contra el despliegue de los militares contra los cárteles de la droga- ha sido duramente criticado por ampliar enormemente el papel de los militares en la seguridad interna.
“Está repitiendo los mismos errores” que Calderón, dijo Soriano.
Corona es corresponsal especial. Patrick J. McDonnell, jefe de la oficina del Times en Ciudad de México, contribuyó a este reportaje.
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