CIDH urge a Brasil a investigar nueve muertes de presos tras motín en cárcel
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy las muertes de al menos nueve presos tras un motín en una cárcel brasileña y pidió al Estado que investigue los hechos.
“La CIDH urge al Estado a investigar y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos”, reclamó la institución en un comunicado, en el que también pidieron “identificar y sancionar a los responsables”.
En el suceso, que tuvo lugar el pasado 1 de enero en la Colonia Agroindustrial de régimen semiabierto en el estado de Goiás, también resultaron heridas otras 14 personas.
El escrito de la Comisión recogió informaciones del centro que apuntan a que el motín fue fruto de un enfrentamiento entre dos grupos rivales del crimen organizado y “la mayoría” de los cadáveres habían sido carbonizados y “dos decapitados”.
La CIDH recordó que los Estados tienen la obligación de investigar de oficio “y con la debida diligencia” las muertes que se produzcan bajo su custodia con ánimo de señalar a los “autores materiales”, pero también a “posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que por acción u omisión pudieran ser responsables”.
En relación al contexto en el que se producen los hechos, la entidad incidió en que se enmarcan en una coyuntura de “reiterados actos de violencia en los centros del sistema penitenciario de Brasil, caracterizado por graves problemas de hacinamiento y condiciones de detención inadecuadas”, lo que le provoca una “profunda preocupación”.
En esta línea, la Comisión explicó que Brasil tiene el deber “ineludible” de garantizar los derechos a la vida y la integridad personal de aquellos privados de libertad, incluidas la prevención y el control de los posibles brotes de violencia en los centros, el desarme de los reclusos, impedir la introducción de armas o sancionar actos de violencia y corrupción.
El comisionado de la CIDH Joel Hernández aseguró que “resulta imposible cualquier expectativa de rehabilitación personal” cuando el control de la seguridad “es ejercido por los propios presos” y el Estado no provee de las condiciones mínimas y servicios básicos.
En 2017, la CIDH -órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA)- ya condenó los actos violentos en cuatro centros que resultaron en la muerte de casi un centenar de personas en los estados de Roraima y Amazonas.
