OPINIÓN: En materia de derechos humanos, igual de omiso el gobierno de AMLO que el de Peña Nieto

Pese al discurso oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador, que asegura que con la llegada de la Cuarta Transformación México es otro, al menos en materia de protección de derechos humanos no han ocurrido cambios sustanciales; todo sigue igual que durante el pasado gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

En México, al día de hoy, todavía persiste una crisis en el Estado de Derecho que mantiene en vilo la protección de las garantías individuales. Igual que en la pasada administración, sigue siendo el Estado no solo el principal agresor de los derechos de las personas, sino el más omiso para la reparación del daño.

Y es que durante los primeros 19 meses del actual gobierno federal, en México no han ocurrido cambios sustanciales en las políticas públicas que permitan la promoción y el respeto a los derechos humanos, los que mantienen prácticamente esta materia en el mismo estado de insolvencia que se observó durante la pasada administración reconocida como neoliberal.

Los renglones en que mayormente se ha acentuado el abandono de la defensa de los derechos humanos por parte de la actual administración federal son los relacionados a la impartición y acceso a la justicia, la desaparición de personas, la militarización de la seguridad pública, la seguridad para individuos defensores y periodistas, la violencia contra las mujeres, y la seguridad para infantes y adolescente, migrantes y pueblos indígenas.

Lo anterior no es un secreto a voces. Así quedó establecido en un documento elaborado por 23 organizaciones civiles y de defensa de los derechos de las personas, que se construyó en ocasión de la conclusión de negociaciones de un acuerdo global entre el Estado Mexicano y los Estados miembros de la Unión Europea.

Dicho acuerdo, que es la oportunidad de una nueva etapa en la relación bilateral de México con Europa, donde el fortalecimiento de las políticas de protección de los derechos humanos es tema fundamental, también puede ser la ocasión para que los Estados europeos ayuden a vigilar el respeto a los derechos humanos en México.

Por eso las 23 organizaciones más importantes de defensa de derechos civiles en México han plasmado en un documento los 12 casos de violación de derechos humanos que se consideran ejemplos de lo que se vive en el país, a fin de exponer el nulo avance del actual gobierno federal en la materia.

Estos 12 casos ejemplares de violación a las garantías individuales, que hablan de acoso laboral, agresión y asesinato de periodistas, encarcelamientos injustos, tortura, ataques armados, criminalización de la defensa del agua, feminicidios e imposición de proyectos de desarrollo, se entregaron a la representación de los Estados miembros de la Unión Europea, como propuesta de ayuda para consolidar en México el Estado de Derecho, la democracia y el respeto a los derechos humanos.

De acuerdo a la visión de organizaciones defensoras de derechos humanos como Artículo 19, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el acuerdo para cimentar una nueva relación entre México y los Estados de la Unión Europea puede servir para derribar los obstáculos existentes en el acceso a la justicia, que mantiene niveles importantes de impunidad que laceran a los mexicanos.

Los familiares de desaparecidos en México exigieron al gobierno acciones reales y que den resultados ante una tragedia que acumula más de 40.000 personas con paradero desconocido, 26.000 cuerpos sin identificar en morgues y más de 3.000 fosas clandestinas.

(EFE/Luis Torres)

Cifras que se estrellan con la realidad

Apenas el recién pasado 5 de julio el presidente Andres Manuel López Obrador señaló que en México, desde que llegó la Cuarta Transformación, “ya no hay violaciones a derechos humanos por parte del estado, antes era éste el mayor perpetrador, pero eso ya cambió”, dijo desde su conferencia matutina.

Pero las cifras oficiales, las de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo refutan: en 2019, el primer año de gobierno de la actual administración, según lo establecen los informes de actividades de la CNDH, el número quejas por violación de derechos humanos fue mayor en un 24.4 por ciento con relación al 2018, el último año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

De acuerdo a la CNDH, de todas las quejas presentadas ante esa instancia durante el primer año de gobierno de López Obrador, que fueron 11 mil 912, por lo menos 8 mil 881, el 74.5 por ciento, fueron ocasionadas por diez dependencias del gobierno federal, mientras que durante el 2018, el último año de gobierno de Peña Nieto, de las 9 mil 002 quejas ocurridas, un total de 6 mil 716, el 74.6 por ciento, fueron propiciadas por diez dependencias federales.

Las diez dependencias del gobierno federal de López Obrador que en 2019 ocasionaron la mayor cantidad de quejas por violación de derechos humanos, son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 3 mil 374 denuncias; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado (ISSSTE), que registró mil 822 quejas; la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), con 707, y el Instituto Nacional de Migración (INM), con 714 denuncias.

A la lista se suman la Secretaria del Bienestar, que registró 644 quejas; la Fiscalía General de la República (FGR), con 473 denuncias; el Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), con 451; la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 315; la Policía Federal (PF), con 274 acusaciones, y la Secretaria de Educación Pública (SEP), con 107 quejas por violaciones a los derechos humanos.

En cuanto a las quejas registradas por dependencia en el último año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la CFE no registró ninguna queja, el IMSS solo tuvo 2 mil 532 denuncias en su contra, el ISSSTE informó mil 215, la SEP sumó 746, el INM fue acusado 587 veces, la SEDENA registró 382 quejas, la FGR un total de 375, la PF tuvo 356 quejas, la Secretaría del Bienestar, 311; en tanto que el INFONAVIT acumuló 212 denuncias.

De esta forma, las cifras hablan de que a pesar de la buena disposición del presidente López Obrador para llevar a cabo una política más certera en cuanto a la procuración del respeto a los derechos humanos, aún no ha podido consolidar una estrategia oficial que garantice lo establecido en la Constitución Política del país.

Los datos de la CNDH son reveladores en cuanto a la evolución ascendente de la violación de las garantías individuales, pues en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, las violaciones a los derechos humanos ya han afectado directamente a por lo menos 173 mil 937 personas, mientras que en último año del gobierno de Peña Nieto, en el 2018, se registraron solo 77 mil 005 mexicanos y mexicanas agredidos en sus derechos constitucionales.

La cantidad de quejas iniciadas en la CNDH por violación a las garantías individuales durante el primer año de gobierno de López Obrador también contrastan con las del 2012, que fue el año en que se registraron más violaciones a los derechos humanos durante el gobierno del presidente Felipe Calderón.

Según los informes anuales de la CNDH, en el 2012 -uno de los años considerados más violento en cuanto a agresiones a los derechos humanos- en esta dependencia se registraron 11 mil 011 quejas por agravios a particulares, las que representan un 7.6 por ciento menos que las quejas acumuladas durante todo el 2019.

Nuevo gobierno, la misma fórmula

Desde la sociedad civil la situación que prevalece en México en materia de respeto a los derechos humanos, se observa sin variación con relación al pasado. De acuerdo al activista Omar Esparza Zarate, coordinador de la organización general del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), durante lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador “se sigue notando una clara ausencia del Estado en cuanto a la protección de derechos humanos”.

Para este activista, el gobierno de la Cuarta Transformación continúa con la misma práctica de violación a los derechos fundamentales de las personas, “manifiesto principalmente en agravios a los pueblos indígenas, a los que no solo se les ignora sino que se atenta contra su salud y economía, al dejar de lado sus reclamos de infraestructura de servicios básicos e imponer proyectos macroeconómico”.

Esa –dijo Omar Esparza- es la misma práctica que se aplicó durante las dos anteriores administraciones, cuando igual que hoy el gobierno federal no hizo nada para superar el rezago de servicios en los pueblos originarios, “a los que se violentó en sus derechos y se terminó por sepultar con la imposición de proyectos mineros, agrícolas y del mal llamado desarrollo, que solo benefician a los grandes capitales trasnacionales”.

Por su parte, Renato Sales Heredia, quien fuera titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) considera que, en materia de seguridad pública, la administración actual no ha variado su estrategia con relación al pasado, sino que ha incurrido en un fraude constitucional al militarizar la seguridad de todos los municipios.

Según lo expuso Renato Sales, la estrategia de seguridad del actual gobierno federal, que por el solo hecho de violentar la Constitución ya es un atentado a los derechos humanos, está fincada en el paradigma militar que es someter al enemigo mediante la superioridad de la fuerza, donde el enemigo ahora sería el ciudadano común, al que se le priva de una policía civil de contacto.

Hay que recordar que la estrategia de militarización de la seguridad pública, según lo explicó Renato Sales, tiene su antecedente histórico en las reformas constitucionales hechas por el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, las que fueron la base para la estrategia militar ejecutada por el presidente Felipe Calderón y que después continuó el presidente Enrique Peña Nieto.

12 casos de antología

Tal vez por esa razón, o con base en sus propias investigaciones de campo, es que las 23 organizaciones de la sociedad civil, entre las que también se encuentran el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Comunicación e Información de la Mujer A.C., la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y el Consorcio por la Equidad y el Diálogo Parlamentario Oaxaca, reconocen la persistencia de una crisis en materia de derechos humanos en nuestro país.

Como ejemplo de esta crisis que se vive en México, se destacan entre cientos solo 12 casos graves de agravios a los derechos humanos, los que reflejan el punto inoperante del Estado Mexicano, donde queda manifiesta la omisión para atender los reclamos no solo de acceso y procuración de la justicia sino de reparación del daño a las víctimas.

El primero de esos casos, es el del acoso laboral que se lleva a cabo dentro de la agencia estatal de noticias Notimex, donde con el uso de recursos públicos y abuso de poder se coacciona e intimida a empleados de la agencia, además de diseñar y ejecutar campañas de odio, descrédito y calumnia en contra de periodistas y ex colaboradores, a quienes la titular de la dependencia Sanjuana Martínez considere adversarios.

En el contexto de esta crisis de derechos humanos, también se refiere el caso de la periodista y defensora Lydia María Cacho Ribeiro, la que fue sometida a actos de tortura psicológica y física, tocamientos e insinuaciones sexuales, amenazas de muerte, violencia verbal y física, así como actos de discriminación por razón de género durante y después de la detención arbitraria ocurrida el 16 de diciembre de 2005, misma a la que no se le ha hecho justicia.

Otro caso sin justicia es el que agravia al Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, cuyas integrantes son objeto de patrón sistemático de ataques. Tan solo desde la entrada en función del gobernador actual de Oaxaca, Alejandro Murat, además de constantes difamaciones, vigilancia e intervención de comunicaciones, la organización sufrió cinco allanamientos en la oficina y domicilios particulares. Ninguna de las denuncias interpuestas ha prosperado.

El Estado mexicano tampoco ha dado justicia a Damián Gallardo Martínez, un indígena Ayuuk, defensor de la educación, que el 18 de mayo de 2013 fue detenido violentamente en su domicilio y estuvo incomunicado durante 30 horas. A partir de ese momento fue víctima de tortura y permaneció preso injustamente durante cinco años y siete meses en la cárcel federal de Puente Grande, Jalisco.

Tampoco ha habido justicia para Fredy García Ramírez, un indígena zapoteco de 28 años que por defender su territorio frente a empresas trasnacionales hoy se encuentra recluido en el penal de Tanivet, en Tlacolula, Oaxaca, donde ha denunciado la falta de alimentación y atención médica adecuadas. En el contexto de la pandemia denunció la falta de atención médica frente a un número elevado de personas con síntomas de Covid-19.

Otro caso de agravio a los derechos humanos es el que se registra entre las personas defensoras del territorio del pueblo ikoots, en la comunidad de San Mateo del Mar, Oaxaca, los que desde el 2 de mayo de este año han sido víctimas de por lo menos tres ataques armados, de los que el gobierno estatal no ha querido conocer de manera oficial.

Pablo López Alavez, defensor de derechos de la etnia zapoteca, es otra víctima de violación de derechos humanos. Él fue detenido de manera arbitraria y con lujo de violencia en las cercanías del Río Virgen en su comunidad San Isidro Aloapam, Oaxaca, por un grupo de más de 15 hombres encapuchados, sin orden de aprehensión, y fue sentenciado a 30 años de prisión, solo por defender el bosque.

Uno de los casos más ominoso de la omisión del Estado mexicano en procuración de justicia, es el asesinato de la periodista María del Sol Cruz Jarquín, víctima de feminicidio el día 2 de junio de 2018. Fue asesinada con armas de alto calibre, en el municipio de Juchitán, Oaxaca, junto con la candidata a concejala Pamela Terán Pineda y el joven Adelfo Guerra Jiménez. A la fecha, no hay avances en la investigación del caso.

Otro feminicidio impune es el de Alondra Guadalupe González Arias, de 20 años. Ella vivía en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. El 10 de marzo de 2017, Alondra fue encontrada sin vida con signos evidentes de violencia en el departamento en el que había convivido con su expareja. La CNDH estableció la reparación integral del daño a la familia de la víctima, pero a la fecha no hay respuesta del Estado.

En la misma situación se encuentra el caso del feminicidio de Karla Pontigo, una estudiante de nutrición de 22 años de San Luis Potosí, quien fue encontrada el 28 de octubre de 2012 con una herida en la pierna, desangrándose en el lugar donde trabajaba los fines de semana. La Procuraduría General de Justicia del Estado concluyó que su muerte fue un accidente, a pesar de que presentaba varias heridas y golpes, y la autopsia realizada registró evidencia de una agresión sexual. Su familia sigue buscando justicia desde entonces.

Otro caso de violación colectiva de derechos humanos es la ejecución del proyecto del Tren Maya, el cual plantea la construcción de infraestructura vial y ferroviaria con el argumento de que será “motor del desarrollo inmobiliario, comercial y turístico de la Península de Yucatán”, pero el tendido de las vías y el paso del tren afectarán a más de 50 municipios en Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, donde viven indígenas y campesinos de los pueblos Ch’ol, Tseltal, Akateko, Awakateko, Chuj, Ixil, Jakalteko, Kaqchikel, Q’eqchi, Q’anjob’ales, K’iches, Mame y Maya.

Y finalmente, también se encuentra como agresor de derechos humanos el Proyecto Integral Morelos, un desarrollo energético que consta de dos centrales hidroeléctricas, que amenaza con dejar sin agua a las poblaciones del norte del estado de Morelos y del sur de Puebla. Esta obra, que ya ha costado la vida de algunos defensores del territorio, fue avalada por el gobierno federal actual.

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