Última oportunidad de inquilinos para recibir apoyo pandémico antes de que se reanuden los desalojos

La pandemia ha golpeado a los inquilinos de Los Ángeles y se avecina una nueva ola de dolor: la moratoria estatal sobre los desalojos termina el 30 de septiembre. Pero esta crisis de vivienda no tiene por qué convertirse en una nueva crisis de personas en condición de calle.

Los californianos con ingresos por debajo del 80% de la mediana de su área son elegibles para recibir fondos del programa Ayuda con la Renta del COVID-19 para cubrir todos los alquileres y servicios públicos impagos desde el 1 de abril de 2020. El programa puede entregar hasta $7.2 mil millones, pero solo si más inquilinos solicitan el apoyo y las agencias procesan las aplicaciones más rápidamente. Las solicitudes están en housing.ca.gov/covid_rr.

Esta primavera, el 49% de los arrendatarios del condado de Los Ángeles le debía dinero al arrendador. En julio, el 36% en el área metropolitana más grande no cumplió con el pago del alquiler o expresó poca confianza para eliminar la deuda del próximo mes. Hay pocas razones para esperar que la situación sea mejor ahora: el crecimiento del empleo en agosto fue el más bajo en siete meses, y la tasa de desempleo local es del 10%, casi el doble del promedio nacional.

Con las moratorias estatales y locales terminando la próxima semana, los procesos de los desalojos comenzarán. A principios de noviembre, los propietarios podrán llevar a los inquilinos a la corte de reclamos menores y podrían iniciar los desahucios, convirtiendo, innecesariamente, lo que todos esperamos que sea una crisis temporal en una catástrofe de vivienda de varios años.

A pesar de la necesidad persistente y la fecha límite que se avecina, los fondos de $7.2 mil millones de ayuda federal y estatal se han distribuido a un ritmo alarmantemente lento. El gobierno federal ahora está presionando a los gobiernos locales para que aceleren las cosas: el Departamento del Tesoro probablemente recuperará los fondos no gastados del estado y los entregará a jurisdicciones con mejores resultados.

Los inquilinos que lo necesiten no pueden darse la libertad de retrasar la solicitud. California no puede permitirse demorar los gastos.

Hasta ahora, los californianos han solicitado solo alrededor de $2.6 mil millones de fondos disponibles, y el estado ha pagado solo $585 millones. En la ciudad de Los Ángeles, donde el Departamento de Vivienda e Inversión Comunitaria local coordina los fondos del programa de emergencia para apoyo de alquiler, las aplicaciones de asistencia de renta estatal estuvieron inaccesibles durante meses, mientras la ciudad luchaba con restricciones de fondos y un retraso administrativo. Las solicitudes finalmente reabrieron el 1 de septiembre.

Aunque lento, el programa estatal ha sido generoso. Las aplicaciones seleccionadas han recibido, en promedio, casi $12.000 por hogar. Pero la acumulación es desastrosamente grande. De los $530 millones en alquiler atrasado que los solicitantes de Los Ángeles buscaron antes de abril de 2021, solo $146 millones (28%) se habían procesado hasta el martes. La demora ha aumentado las tensiones entre los inquilinos y sus propietarios, ya que las moratorias de desalojo, que de todos modos brindaban una protección tenue, están llegando a su fin.

Por más difícil que sea, el programa Ayuda con la Renta del COVID-19 de California es más racional que lo que lo precedió: un mosaico desordenado de curitas pandémicas dirigidas por las autoridades de vivienda locales. Algunas ciudades tomaron medidas ya en junio de 2020; otras esperaron hasta noviembre. La elegibilidad por ingresos osciló entre $33.800 y $82.100 para un hogar de cuatro personas. Muchas ciudades utilizaron una lotería o entregaron fondos por orden de llegada. Algunas, como Inglewood y Pasadena, destinaron fondos a poblaciones más vulnerables. El condado de Los Ángeles priorizó los códigos postales con niveles más altos de riesgo de desalojo.

El resultado fue que familias similares fueron tratadas de manera inconsistente en todo el condado. Una familia de cuatro con un ingreso familiar de $30.000 solo sería elegible para $1.500 en Glendale, pero hasta $10.000 en el vecindario no incorporado de La Crescenta-Montrose. Una familia de cuatro que ganara $60.000 sería elegible para recibir asistencia en varias ciudades, pero no obtendría nada de la ciudad de Inglewood o de comunidades no incorporadas como Lennox o West Athens.

Cuando esos programas locales expiraron, el estado intervino. Pero el conocimiento de esto sigue siendo bajo entre los arrendatarios elegibles, y muchos han experimentado dificultades técnicas, barreras de traducción, así como problemas de documentación. Otros simplemente se mudaron de sus hogares anticipándose a no poder cumplir con las obligaciones de la renta. La renuencia de los propietarios a presentar una solicitud en nombre de los inquilinos también ha contribuido a la baja aceptación, con razones que van desde un papeleo excesivo hasta una estipulación, que fue derogada en junio, que requería que los arrendadores perdonen el 20% de las deudas vencidas.

La coordinación entre los esfuerzos de ayuda estatales y locales también ha creado desafíos logísticos y confusión, porque permanecen desincronizadas. La ciudad de Los Ángeles estableció su moratoria de desalojo para que expire un año después de que se levante la orden de emergencia pandémica, o en mayo de 2023 (lo que ocurra primero).

Sin una acción rápida y decisiva para coordinar el alivio del alquiler en las próximas semanas y meses, Los Ángeles podría enfrentar costos públicos sustanciales. Los desahucios tienen consecuencias que alteran la vida: los inquilinos desalojados sufren no solo lo obvio (inestabilidad de la vivienda y posible desamparo), sino también menores ingresos, más visitas al hospital y menor acceso al crédito. Los costos sociales de la falta de vivienda son asombrosos. Un estudio de 2014-15 encontró que el condado gastó casi $965 millones durante 12 meses en servicios para adultos solteros sin hogar.

Las comunidades en Los Ángeles que quieran mantener a los arrendatarios en sus casas podrían buscar otros métodos de desvío de desalojo mientras los pagos continúan siendo procesados y desembolsados. Stay Housed L.A., una asociación entre la ciudad, el condado y proveedores de servicios legales, es un paso en esa dirección y debe promoverse activamente entre los inquilinos que buscan ayuda. Los programas que combinan la asistencia legal con el apoyo financiero de emergencia pueden ser aún más efectivos. En Durham, Carolina del Norte, el 70% de las familias que participaron en un programa de desvío de desalojos de este tipo permanecieron en sus hogares. Los programas de mediación entre propietarios e inquilinos, como uno obligatorio que existe en Filadelfia, también podrían mantener las disputas fuera de los tribunales.

Finalmente, si un solicitante de Ayuda con la Renta recibe una notificación de desalojo, se debe hacer todo lo posible para acelerar el desembolso, porque los arrendatarios con un historial de desahucio tendrán dificultades para asegurar una vivienda en los próximos años. Esta aguda crisis no tiene por qué volverse crónica.

George Zuo es un microeconomista de la organización sin fines de lucro y no partidista Rand Corp., que investiga la movilidad económica para los estadounidenses de bajos ingresos.

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