OPINIÓN: AMLO y Ebrard son responsables de la tragedia de los migrantes en Ciudad Juárez

El 7 de junio de 2019, el gobierno mexicano firmó un “acuerdo” con el gobierno de Trump negociado por Marcelo Ebrard, según el cual México se comprometía a: incrementar significativamente la presencia de la Guardia Nacional para disminuir el flujo de migrantes que transitan por México hacia Estados Unidos, recibir a los solicitantes de asilo que devolviera Estados Unidos mientras resolvía su solicitud y ofrecerles en territorio mexicano oportunidades laborales, acceso a la salud y educación para ellos y sus familias y proteger sus derechos humanos. Este acuerdo convertía a México en país de contención de migrantes. Un gravísimo error.

Ese acuerdo resultó ser muy malo para los migrantes y hoy podemos decir causante de la muerte de 39 de ellos en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua a las que quizá deberíamos sumar los 57 fallecidos en Chiapas en diciembre de 2021 y muchos otros que como no ocurren en grandes números no reciben la misma atención.

Un día después en un evento en Tijuana, tristemente llamado Acto de unidad en defensa de la dignidad nacional y a favor de la amistad con Estados Unidos, AMLO felicitó a Marcelo Ebrard por el acuerdo logrado con Donald Trump. Se dijo orgulloso de su trabajo profesional, político y diplomático. Ahí estaban, echando porras y aplaudiendo a rabiar, varios de los que hoy se desgarran las vestiduras.

Se cumplió con creces el prometido incremento de la guardia nacional, pagada por los contribuyentes mexicanos y se recibió a cuanto solicitante de asilo Donald Trump nos envió, pero no se hizo nada para que fuera en condiciones que no los pusieran en riesgo. Ni siquiera se pidió a Estados Unidos que se hiciera cargo de pagar la atención de estos solicitantes en territorio mexicano.

Por supuesto a esos migrantes, contenidos en las localidades fronterizas, nunca se les ha ofrecido empleo ni acceso a salud o educación y mucho menos se han protegido sus derechos humanos. Basta con ver lo que pasó en Ciudad Juárez.

Las localidades fronterizas mexicanas no están preparadas para recibir a estos migrantes quienes son abandonados a su suerte, en brazos del crimen organizado que domina esas localidades, en una ciudad que no conocen, deambulando a merced de extorsiones y abusos de autoridades locales, sin protocolos de atención y rechazados por una sociedad que los ve ajenos, como un problema. En su momento, muchos lo dijimos.

Así se engendró la tragedia en la que murieron 39 migrantes. De un plumazo, Ebrard con su “gestión” transformó a México de un país de tránsito a uno de contención de migrantes sin hacer nada para administrarla. Si aceptar la contención es éticamente cuestionable, hacerlo sin exigir ningún compromiso de quien la pide y sin dotar de los medios mínimos a quienes la instrumentan en los espacios que son impactados, como las ciudades fronterizas del norte de México, debería ser considerado un delito. En el centro de detención donde ocurrió la tragedia no había ni extinguidores.

Desde hace por lo menos 25 años México se convirtió, además de un país de salida de migrantes, en uno de tránsito hacia Estados Unidos. Los sucesivos gobiernos no hicieron nada al respecto y dejaron que el mercado controlara el proceso. Por eso el crimen organizado hizo del tránsito un gran negocio, porque son los verdaderos dueños de los territorios por donde pasan los migrantes y por eso fueron asesinados 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas en agosto de 2010. Por culpa del gobierno, por su omisión. Decirlo en ese entonces me convirtió en sujeto perseguido por funcionarios cercanos a Felipe Calderón, entonces presidente.

Lo ocurrido en Ciudad Juárez es aún peor, tiene agravantes porque tuvo lugar en un recinto federal, resguardado por autoridades mexicanas y se deriva de un acuerdo explícito del gobierno. Por eso AMLO no puede responder echando culpas a otros.

Por supuesto que hay una responsabilidad de los agentes y encargados del centro de detención o de la empresa privada encargada de su vigilancia, pero mal haríamos como sociedad en aceptar que ahí terminan las responsabilidades. Tampoco digamos que fue el Estado porque, aunque teórica y conceptualmente es correcto, eso diluye la responsabilidad, el Estado somos todos.

En este caso, los principales responsables son claramente identificables. Además de Ebrard y el propio AMLO, la lista debería incluir por lo menos al secretario de gobernación de quien formalmente depende el Instituto Nacional de Migración, y en consecuencia los centros de detención, al titular de ese organismo, al secretario de la defensa, al titular de la Guardia Nacional y al presidente municipal de Ciudad Juárez que no exigió a la federación, quizá por disciplina de partido, los recursos para atender a los migrantes.

AMLO ha dicho con frecuencia que la corrupción se barre, como las escaleras, de arriba hacia abajo. Hay que recordarle que las responsabilidades de los funcionarios públicos también y si de verdad no habrá impunidad que empiece con sus colaboradores.

*El doctor Jorge Santibáñez es presidente de Mexa Institute

@mexainstitute